La funcionaria advierte que el crimen organizado, se ha infiltrado en instituciones públicas y medios de comunicación digitales. También denuncia que quieren debilitar la tarea de la Fiscalía.
La fiscal, Diana Salazar, insistió: lo que planteó la Asamblea Nacional en su contra es un “narcojuicio” -a pesar que el término molesta al correísmo- y está lista para afrontarlo.
Reconoció que “es un término duro” pero necesario, ya que casos como “Metástasis” han demostrado la forma en que el crimen organizado, se infiltra en instituciones públicas y medios digitales.
Durante una entrevista concedida a Ecuavisa, reiteró recibió el alta médica para reanudar sus actividades, una vez superada la etapa riesgosa de su embarazo. Y esas labores incluyen responder a la interpelación presentada por el correísmo.
El proceso fue suspendido en mayo pasado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), precisamente por su delicada salud. Sin embargo, el riesgo ya quedó atrás.
Salazar remarcó que ella misma pidió la reactivación del juicio político, por motivos de transparencia. Y más aún al no existir razones políticas o jurídicas para una eventual moción de censura y destitución, ya que su despacho ha actuado con contundencia.
La fiscal recordó que una de las acusadoras, Gissela Garzón, reconoció no saber nada de derecho. Aun así, se presentará a responder las acusaciones, confiada en que desestimará las supuestas pruebas.
Salazar reiteró que la intención de la interpelación, es debilitar su labor, “justamente cuando hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
Una especie de “revancha”, dijo, por mostrar la estructura que mantenía dentro del Estado, y por los vínculos de ciertos miembros del correísmo en las redes de corrupción, citando entre ellos al exasambleísta Ronny Aleaga, actualmente prófugo.
Salazar repasó además los allanamientos realizados a las oficinas y las viviendas de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, de la Corte Nacional, quienes favorecieron al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, con el cambio de prisión: desde “La Roca”, de Guayaquil, a la Cárcel 4, de Quito.
La fiscal advirtió que no existe contra ellas una persecución, sino que se trata del resultado de una investigación, motivada por una denuncia.
Además, precisó que Terán, dentro de la Cárcel 4, lidera una campaña para que los demás implicados en la red de corrupción judicial, y que están detenidos ahí, no se acojan al procedimiento abreviado, como ha ocurrido con varios. Gracias a los testimonios de quienes sí aceptaron confesar, se ha podido conocer la forma en que se vendían sentencias a cabecillas criminales, incluyendo al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Terán, apuntó la fiscal, señala “a viva voz que aún mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia”, y que por ende los beneficiará para que no sean sentenciados.
