La Fiscalía de Quito, a través de Isabel Jiménez, se encargará de continuar el proceso por la muerte de la subteniente del Ejército Aidita Pamela Ati, ocurrida a fines de junio en un fuerte militar en la región amazónica.
El proceso de instrucción, de 60 días de duración, culminó de forma oficial. Sin embargo, Jiménez no está conforme, y solicitará diligencias adicionales.
Asimismo, la familia de Ati cambió de abogado, ante la falta de resultados con el defender anterior. El nuevo jurista, Galo Quiñónez, denunció inoperancia de la anterior fiscal de Orellana, a quien podría denunciar por negligencia.
Entre las fallas de la funcionaria, Quiñónez citó no pedir una autopsia psicológica, necesaria para demostrar que Ati fue víctima de un femicidio. Además, cuestionó su floja acusación contra los 4 principales sospechosos del crimen, lo cual permitió que salieran en libertad con medidas alternativas.
Ante la premura, tanto el defensor como la fiscal tratan de acelerar ciertas diligencias, 12 en total, para reunir los elementos necesarios en torno al caso. Una de las pericias contempla la revisión de los teléfonos celulares de los acusados, y de las cámaras de seguridad del fuerte militar, donde ocurrieron los hechos.
Ati falleció el 28 de junio pasado, en el Fuerte Militar Napo, luego de participar en una fiesta no autorizada donde hubo abundante consumo de licor. La joven oficial fue llevada a su habitación por los 4 militares procesados, donde supuestamente se ahogó en su propio vómito mientras dormía.
Sin embargo, la autopsia determinó después que hubo agresiones físicas y sexuales, y que la joven pereció ahorcada.
