Primicias .- Las acciones e inacciones de los gobiernos de turno, sumadas a determinados acontecimientos internacionales, abrieron el camino para el crecimiento de la espiral de violencia que vive el país.
Atentados con explosivos, masacres carcelarias, asesinatos selectivos, tiroteos, vehículos incendiados. Estos acontecimientos, que parecían lejanos para los ecuatorianos, son ahora una realidad, que se vuelve más frecuente.
Precisamente, desde el 22 de julio, varios de esos sucesos han sacudido al país, en una nueva escalada de violencia en Manabí, Esmeraldas y Guayas. Lo que obligó al Gobierno a responder de la única manera que conoce: decretar un estado de excepción.
Pero ¿cómo pasó Ecuador de ser una ‘isla de paz’ a un territorio en disputa por el crimen organizado nacional e internacional?
La respuesta de los expertos coincide: nunca lo fue.
Desde enero de 2018, cuando hubo un bombardeo en un cuartel policial en San Lorenzo (Esmeraldas), Ecuador ha sido testigo de la evolución del patrón de la violencia ejercida por los grupos criminales que ya existían en el país:
- Inicialmente, una violencia segmentada, que desde la lectura policial, implicaba peleas entre bandas.
- Mayores niveles de ferocidad y violencia extrema. Empiezan las masacres carcelarias y aparecen los primeros decapitados, colgados de un puente en la vía Durán.
- Empiezan las prácticas de terror en espacios públicos, quemar vehículos, coches bomba cerca de gasolineras, amenazas de explosivos en centros urbanos.
- Ahora, los asesinatos selectivos, como el del alcalde de Manta, Agustín Intriago.
El problema se venía gestando desde hace años. Y las decisiones de los gobiernos de turno y los cambios en el escenario internacional crearon las condiciones ideales para la expansión del crimen organizado y la violencia.
Los académicos y expertos en seguridad María Fernanda Noboa y Luis Córdova analizaron con PRIMICIAS la cronología de los hechos y decisiones que condujeron al país a este momento:
El final de la guerra
Noboa se remonta a la firma del acuerdo de paz con el vecino Perú, en 1998, como un momento clave en el camino del país. Ya que, fuera de los beneficios expresos, esto terminó con las amenazas que le otorgaban a las Fuerzas Armadas su razón de ser.
Por lo que, desde entonces, la institución entró en un proceso búsqueda de motivos para mantener su vigencia y su presupuesto. Y volteó su mirada hacia el norte, donde Colombia enfrentaba su propio conflicto interno, que hasta ese momento no había representado una real amenaza para la seguridad ecuatoriana.
El Plan Colombia
Precisamente a esto le siguió el Plan Colombia, ideado por el presidente Andrés Pastrana, en 1998, que implicaba la firma de un acuerdo con Estados Unidos para terminar el conflicto armado y lanzar una estrategia antinarcóticos.
A esto se sumó el fracaso de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Y la subsiguiente llegada de Álvaro Uribe al poder, que cambió la estrategia de seguridad del Estado.
Uribe, con el Plan Patriota, arremetió contra las FARC y el ELN. Puso sobre la mesa el concepto de amenaza terrorista, que utilizó para enfrentar a los hasta entonces grupos guerrilleros
La frontera norte empieza a cambiar
El creciente discurso sobre terrorismo en el vecino empieza a permear en Ecuador alrededor de 2004 y las Fuerzas Armadas cambian su visión de la frontera norte, en la que no habían tenido problemas con las guerrillas colombianas.
El Estado ecuatoriano empieza a reclamar un mayor control de la frontera por parte de Colombia y a fortalecer nuevamente a las propias FF.AA.
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Cambio de estrategia
En noviembre de 2006, Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta electoral con el 56,67% de los votos. EFE
Con la llegada de Rafael Correa al poder, la mirada del gobierno ecuatoriano hacia los grupos guerrilleros de Colombia cambió. No se los volvió a ver como terroristas y la presión de Estados Unidos dejó de tener cabida en el territorio nacional.
Por ejemplo, se cerró la polémica base de Manta.
Noboa explica que hubo acuerdos tácitos entre el correísmo y las FARC, para que la violencia del conflicto y del creciente negocio del narcotráfico, que ya había cruzado la frontera ecuatoriana, no afecte a la población.
Córdova recuerda que, además, la concentración de poder durante ese gobierno permitió la configuración de redes extorsivas, con apoyo estatal, porque se termina pactando con grupos criminales.
Lo cual fue expuesto tras la captura de alias ‘Gerald’ que, en ese entonces, llegó a ser el principal exportador de cocaína desde las costas de Manabí, con ayuda de los Choneros.
Al permitir que las estructuras y economías criminales operen en el país, de manera paralela al Estado, esto ayudó a que su organización crezca y se expanda, explica Noboa.
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Los actores dentro del mercado de la cocaína
Durante el mandato de Juan Manuel Santos se firmó el proceso de paz con los guerrilleros de las FARC en Colombia. EFE
En 2016, el gobierno del colombiano Juan Manuel Santos logró firmar el acuerdo de paz con las FARC e inició un proceso similar con el ELN.
La desmovilización de gran parte de los guerrilleros y paramilitares, provocó un cambio de geopolítica en el mercado de la cocaína. Se generó un vacío de poder en la zona de cultivos de coca y de manejo de la producción, fabricación y distribución de narcóticos en Colombia.
Esto provocó que se multipliquen las organizaciones que se dedican al negocio de la cocaína y sus actividades conexas.
A la vez, la captura de alias ‘Gerald’, en 2017 en Estados Unidos, dejó un vacío similar en Ecuador. Ahí aparecieron liderazgos y grupos, locales y extranjeros, que querían ocupar su lugar.
Este escenario se presentó como una oportunidad también para otras mafias que habían entrado previamente en el país y manejaban negocios de pocas regalías, como la albanesa.
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Un sorpresivo viraje estatal
Lenín Moreno, junto a la vicepresidenta Alejandra Muñoz y al ministro Oswaldo Jarrín, en Guayaquil, el 25 de julio de 2020. Captura Presidencia
Para mayo de 2017 llegó Lenín Moreno al poder, como heredero del correísmo. Pero la línea política duró poco.
Al separarse de Rafael Correa, Moreno cambió a las autoridades en el sector de seguridad, lo que seguramente rompió las redes de protección que existían hacia estos negocios ilícitos, explica Córdova.
Eso se evidencia en los operativos que destaparon redes de tráfico de armas, por parte de militares que tenían vínculos con el colombiano Frente Oliver Sinisterra, por ejemplo.
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La pandemia, un doble problema
La llegada de la pandemia de Covid-19 modificó el mercado y la demanda de cocaína y otros narcóticos en el mundo. Y ocasionó, a la vez, una crisis económica de características nunca antes vistas.
La presión de los consumidores en Europa y Estados Unidos obligó a los carteles mexicanos a buscar ‘mano de obra’ ecuatoriana para su negocio, explica Noboa.
Lo que hizo que el cartel de Sinaloa aterrice con fuerza en Manabí, inicie la disputa por los puertos ecuatorianos y las rutas del Pacífico y que el cartel Jalisco Nueva Generación tome acciones para proteger su parte del negocio ilegal.
Con toda esa presión internacional, Ecuador dejó de ser país de paso de las drogas para convertirse en centro de acopio, exportador y ahora productor.
A la vez, el gobierno de Moreno tomó medidas de austeridad, que a ojos de Córdova, fueron el ‘tiro de gracia’ a la poca institucionalidad que le quedaba al Estado y lo dejó vulnerable a que el crimen lo contamine y prospere.
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La guerra contra las drogas
Reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) en el Palacio de Carondelet. Quito, 27 de abril de 2023 Primicias
Ya en mayo de 2021, en medio de ese escenario, llega Guillermo Lasso al poder e intenta aplicar una fórmula fracasada: declarar la guerra contra las drogas. Córdova lo califica como un error y Noboa resalta el desconocimiento del gobierno de los fenómenos y cómo enfrentarlos.
Guillermo Lasso intentó ejecutar una reforma institucional como parte de su estrategia, pero no pudo. La intención de extraditar a los miembros del crimen organizado fue rechazada en las urnas y la reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas quedó en el aire.
Además, no hay políticas públicas para separar el problema de salud del crimen organizado y Córdova dice que “se mete en el mismo saco” a consumidores y traficantes.
Mientras que Noboa agrega que la tabla de consumo de drogas dio paso a un creciente problema de microtráfico, que ahora forma parte de la espiral de violencia por el control de los territorios.
A esto se suma la militarización del problema de seguridad, que genera también una competencia entre el Estado y los grupos delincuenciales por tener más y mejores armas para enfrentarse.
Los militares ejecutan tareas para las que no están entrenados y los policías se contagian de la doctrina militar.
Lo que termina en que el Estado destine cada vez más recursos para comprar armamento y tecnología de seguridad, otro negocio millonario en el mundo, en lugar de realizar inversión social.
