Organizaciones sociales y grupos de Derechos Humanos denunciaron que la intervención militar que las autoridades llevan a cabo en Socio Vivienda II segrega y criminaliza a los habitantes de este sector de Guayaquil.
Desde los primeros días de septiembre, policías, militares y miembros del Municipio de Guayaquil han realizado intervenciones en este sector. El lugar es uno de los más peligrosos de la ciudad, amparados en el estado de excepción que regía en esos días y que fue renovado por el Gobierno nacional.
La Red de Organizaciones del Noreste señaló que la militarización de Socio Vivienda II no ha constituido una solución real a la problemática de inseguridad. “Al contrario ha agudizado las condiciones de segregación y criminalización que sufren al menos 3 000 familias”, aseguraron.
Socio Vivienda es un asentamiento construido en el gobierno de Rafael Correa, en el que se trasladó a muchas personas de otros sectores urbanos marginales de Guayaquil. En esta zona son escasos los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad.
En su denuncia, señalaron que la población vive en zozobra desde su asentamiento en el lugar, ya que no han recibido ni los títulos de propiedad de las casas que ocupan. “Documento que es elemental para crear sentido de pertenencia”.
Militarización cambia a zona de Guerra
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) señaló que la presencia de policías y militares en el sector y los operativos que realizan, imponen ambientes similares a zonas de guerra. Aseguran que estas acciones instauran el miedo y la incertidumbre, lo que viola “el derecho a la integridad personal de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros grupos”.
“Las comunidades de Guayaquil no son violentas, reciben violencia por la falta de política social de prevención y decisiones improvisadas, sin planificación y sin resultados técnicos”, señala la CDH.
Desde el pasado 5 de septiembre, al menos 500 miembros de la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, permanecen en el plan habitacional Socio Vivienda II, con el objetivo de tomar el control tras escenas de violencia difundidas a través de redes sociales. En videos se evidenció el enfrentamiento a tiros entre dos grupos violentos.
La Red de Organizaciones Sociales del Noroeste señala que la intervención militar es el resultado de “una política de seguridad que únicamente concibe a la violencia como respuesta y solución a la problemática”.
Representantes piden ser tomados en cuenta
Tanto las organizaciones barriales como los organismos de derechos humanos piden a las autoridades que se las escuche y que se reconozca el conocimiento que tienen tras trabajar muchos años en la zona.
Consideran que la labor de las Organizaciones Sociales del Noroeste se ha centrado en la protección de comunidades excluidas por parte de la política pública. “Poseemos estudios y planes, que requieren apoyo estatal, para crear buena práctica de articulación interinstitucional, que se focalice en los centros educativos de aquel sector de Guayaquil”.
Los representantes sostienen que la militarización del sector no constituye una solución real los problemas de inseguridad y que no ayudan en nada para la erradicación de la violencia y la lucha contra las organizaciones delictivas que mantienen atemorizada a la comunidad.
En un informe sobre Seguridad y Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) identificó que la participación de la sociedad en las políticas de seguridad ciudadana, desde el enfoque preventivo, son mucho más eficaces que las habituales relacionadas con operativos policiales de investigación o detención, que en su mayoría suelen violar derechos.
Por esto, las organizaciones locales piden al Gobierno Nacional comprometerse con la seguridad ciudadana y aplicar medidas técnicas, que logren el resultado deseado de forma integral, buscando la prevención como un modelo de comunidad donde la existencia de derechos sea real. “La única vía para reducir la violencia, es atacar la desigualdad”, señalaron.
Fuente: El Comercio
