El pacto entre el gobierno, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, es “vergonzoso”.
Así lo afirmó el reconocido jurista José Chalco, en diálogo con “Punto de Orden”.
Para el analista, todo acuerdo político debe ser transparente y en beneficio del país. Es decir, los actores están obligados a convocar una rueda de prensa, y detallar los objetivos establecidos.
En cambio, este entendimiento solo apunta al “metro cuadrado” de interés de cada una de las partes. O lo que es igual, lo que ganarán en la repartición de las dignidades legislativas.
Chalco lamentó que, en medio de la severa crisis que vive el país, a nivel institucional, social y económica, la alianza ADN, el PSC y el correísmo solo se preocupen de acaparar los cargos de la Asamblea Nacional, sin mencionar siquiera las leyes que emitirán o eliminarán, o su supuesto plan de fiscalización.
Lo visto solo demuestra, dijo, que prima el interés partidista y no el interés del país.
Además, el jurista advirtió que los nuevos aliados ni siquiera mencionan si respetarán la Constitución, las sentencias ejecutoriadas y el debido proceso. Como citó previamente, solo les importa su “metro cuadrado” de poder.
¿Coincidencia?
Por extraña “coincidencia”, agregó Chalco, apenas se conoció del pacto, el ex ministro Juan Falconí, el candidato correísta que no ganó el concurso para nuevo contralor, planteó una acción de protección para detener la posesión de quien sí obtuvo la victoria, Mauricio Torres.
Y señala esa “coincidencia”, porque corresponde precisamente a la Asamblea designar fecha para la posesión de Torres.
No cabe impedir posesión de Carrillo
Por otra parte, advirtió que la nueva Asamblea no puede impedir la posesión del representante de CONSTRUYE, Patricio Carrillo, como anuncia desde ya el correísmo.
Según la Revolución Ciudadana, Carrillo no puede asumir su curul, debido a que fue censurado y destituido como ministro del Interior, a principios del presente año. Una sanción que incluye la pérdida de sus derechos políticos por determinado plazo.
José Chalco explicó que, de acuerdo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la cual está adscrita Ecuador, solo se pierden derechos políticos por sentencias penales, que no es el caso del legislador de Construye. Y eso es algo de obligatorio cumplimiento.
Además, precisó que la Asamblea, el día de la primera sesión, solo está obligada a comprobar la identidad y las credenciales de los nuevos parlamentarios, y no a revisar si están políticamente habilitados.
