Se creará una unidad especializada para la investigación de los delitos donde se produzcan lesiones o muerte causadas por un policía o militar.
El 20 de enero de 2019, una mujer embarazada falleció tras recibir varias puñaladas de su pareja. El hecho ocurrió en Ibarra, Imbabura. La chica estuvo de rehén por más de una hora amedrentada por un cuchillo. La situación despertó críticas el accionar de la Policía Nacional que no evitó la muerte de la joven ecuatoriana en manos de su novio, un ciudadano venezolano.
¿La ley que regula el uso legítimo de la fuerza, aprobada por la Asamblea Nacional, podría impedir que estos hechos se vuelvan a repetir?
Según el artículo 21 de esa normativa, hay autorización del uso legítimo de la fuerza en el control del orden público, la protección interna y la seguridad ciudadana.
El literal b establece que están autorizados los servidores de la Policía o de Fuerzas Armadas (estos últimos en estado de excepción), en caso de que se ejerzan acciones de violencia en contra de las personas o del servidor policial o militar o bien se realicen amenazas por parte de una persona que se encuentre armada y que ponga en peligro la vida e integridad física o sexual de terceras personas.
Para el ex comandante de la Policía el general (sp) Ramiro Mantilla, quien ejerció el cargo entre 2017 y 2018, en ese hecho no se actuó con inmediatez.
A su criterio, ese tipo de situaciones eran nuevas en Ecuador. Mencionó que en países como Brasil o México hay casos más frecuentes de secuestros y amenazas, que se producen en las calles.
El exalto oficial consideró que los policías tuvieron temor de herir a la víctima, y agregó que esos servidores no estaban seguros de que un eventual disparo impacte exclusivamente contra el victimario.
“Como institución no se dio una respuesta adecuada para contener este caso”, reflexionó.
Mantilla opinó que con esa normativa hechos similares se podrían evitar debido a que se adecúa al presupuesto principal de que una vida de una persona corre peligro.
“Ese es el principal hecho para hacer uso legítimo de la fuerza y especialmente con arma de fuego”, explicó.
Añadió que actualmente existe mucho temor en filas policiales para aplicar el uso legítimo de la fuerza por cuanto en ocasiones anteriores, cuando han usado su arma de dotación en defensa de ciudadanos o en defensa propia, y se produce la muerte de un sospechoso, son acusados de homicidio o asesinato.
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Por el delito de “extralimitación” en la ejecución de un acto de servicio, el cabo de Policía Santiago Olmedo fue sentenciado a tres años de cárcel.
Esto, debido a su actuación el 11 de julio de 2021, cuando por defender a un adolescente de un asalto disparó a tres sospechosos, dos fallecieron y uno resultó herido, en Riobamba, provincia de Chimborazo.
El Gobierno anunció que Olmedo contará con asesoría legal para su defensa.
Con la nueva ley, indicó Mantilla, los policías se sentirán con más garantías ante ese tipo de hechos.
Destaca que habrá la presunción de inocencia, podrán defenderse en libertad con la asignación de un abogado, lo que hoy no se produce.
Acerca de la muerte de la joven ecuatoriana acuchillada, Ramiro Narváez, asambleísta del Carchi y presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Legislatura, que tramitó el proyecto, expresó que la Policía sí pudo disparar porque estaba legalmente facultada, pero no lo hizo porque no había claridad en las leyes.
“Había esa ambigüedad en la ley. (…) Un policía puede utilizar un arma letal para salvar la vida de un ciudadano o la suya propia, eso queda claro en la ley…”, precisó el legislador.
Si los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o agentes penitenciarios, en sus actos de servicio han usado la fuerza y como resultado se inicie un proceso administrativo o judicial en su contra recibirán asesoría jurídica especializada y patrocinio institucional por su respectiva entidad. Así lo indica el artículo 65.
La disposición transitoria cuarta de la norma indica que la Fiscalía General del Estado creará una unidad especializada para la investigación de los delitos donde se produzcan lesiones o muerte causadas por un policía, militar o de seguridad penitenciaria.
Sin embargo, esa disposición se da en medio de falta de personal de esa entidad.
Diana Salazar, fiscal general, mencionó el pasado 2 de marzo del 2022, que se deberían incorporar al menos 577 agentes fiscales con sus respectivos secretarios y asistentes para cumplir con el estándar latinoamericano y atender fehacientemente las demandas ciudadanas de acceso a la justicia penal.
Fuente: El Universo
