Un agente de la Policía Nacional, en servicio activo, Cristian Pedro V. M., fue enviado a prisión preventiva tras descubrirse su presunta participación en una trama de extorsión junto a otro sospechoso identificado como Agustín Teodoro J. G.
Ambos procesados recibieron esta medida cautelar luego de una audiencia realizada tras su aprehensión en un operativo policial.
La investigación se inició a partir de la denuncia de un ciudadano que habría recibido mensajes intimidatorios. El hecho ocurrió en Puyo, provincia de Pastaza.
De acuerdo con la Fiscalía, el caso se originó cuando un ciudadano denunció haber recibido mensajes intimidatorios en los que se le exigía el pago de 5.000 dólares a cambio de no atentar contra su vida ni contra la de su familia.
Según la denuncia, el afectado realizó varios depósitos bancarios a una cuenta a nombre de Agustín Teodoro J. G. Sin embargo, pese a los pagos efectuados, continuó recibiendo mensajes extorsivos en los que se le exigía completar el monto solicitado.
Ante la persistencia de las amenazas, el ciudadano decidió presentar la denuncia ante la Policía Nacional el 12 de marzo de 2026.
Tras haber recibido la alerta, los agentes iniciaron las primeras diligencias investigativas y verificaron la posible ubicación del presunto implicado.
Posteriormente, ejecutaron un operativo que permitió ubicar a Agustín Teodoro J. G. en un inmueble situado en San Miguel, provincia de Bolívar.
En el registro corporal practicado a los implicados se encontraron cuatro teléfonos celulares, que fueron ingresados como indicios relacionados con el delito investigado. Ambos sospechosos fueron aprehendidos en situación de flagrancia.
Durante la audiencia, el fiscal presentó como elementos de convicción la versión de la víctima, las versiones de los agentes aprehensores, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias.
Con base en el pedido de Fiscalía, la jueza que conoció la causa dictó prisión preventiva para ambos procesados. Al tratarse de un delito flagrante, dispuso además el inicio de la instrucción fiscal por el plazo de treinta días.
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