Durante el juicio político a vocales de la Judicatura, la exjueza Beatriz Suárez explicó que la justicia falló a favor de una demanda contra del Consejo.
El juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por supuesto incumplimiento de funciones, avanza en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
El viernes se realizó de manera virtual el segundo día de la audiencia de sustanciación, dentro de la etapa de actuación de pruebas, en el juzgamiento de los vocales Fausto Murillo (actual presidente), Maribel Barreno y Juan José Morillo, así como contra la expresidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado.
Los exjueces que comparecieron en la sesión insistieron que el proceso de evaluación y remoción que aplicó la Judicatura a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fue ilegal, que no está contemplado en la Constitución ni en ninguna norma, sino que se sustentó en reglamentos creados por el Consejo.
Recordaron que en diciembre de 2021 la Corte Constitucional (CC) determinó en sentencia que el reglamento que usó la Judicatura para evaluar a jueces y conjueces en 2019 es inconstitucional.
Beatriz Suárez y Darío Velasteguí, exjueces destituidos de la CNJ, expusieron que la sentencia de la Corte Constitucional confirma que los vocales del Consejo de la Judicatura incumplieron sus funciones. Además, comentaron que detrás de la evaluación se escondían intereses políticos.
“Que se tomaron la Corte (Nacional de Justicia) fue un hecho y para hacerlo levantaron una nueva figura que es la de los conjueces temporales que no existe en ninguna parte de nuestro estamento jurídico. Se puso a gusto y paciencia del Consejo de la Judicatura. Los cargos de la CNJ solo pueden ser llenados mediante concurso público”, expuso Suárez.
La consecuencia de esto es que el Estado deberá responder económicamente por las indemnizaciones que se fijen para los jueces y conjueces nacionales removidos, luego de que se obtuvo un fallo favorable a una demanda en contra de la Judicatura que fue impulsada por varios jueces y conjueces perjudicados, explicó Suárez.
El asambleísta Byron Segovia preguntó a cuánto ascienden las liquidaciones por las indemnizaciones determinadas en la sentencia.
Sin dar mayores detalles, la exjueza informó que el proceso judicial de este recurso se encuentra en etapa de ejecución. “Entiendo que está por los 7 u 8 millones de dólares. Eso le va a costar al país”, dijo Suárez; no obstante, explicó que los exmagistrados vigilarán que se concrete el proceso de repetición. Además, los perjudicados también presentarán acciones de daño moral contra cada vocal de la Judicatura.
La Comisión de Fiscalización también escuchó la intervención del Wilson Toainga, fiscal General del Estado subrogante, quien fue convocado para hablar sobre la selección de fiscales provinciales.
Toainga aclaró que no es competencia de la Fiscalía llevar a cabo un concurso de méritos y oposición para elegir a nuevos funcionarios. La institución respeta la decisión del CJ, ya sea que los servidores hayan sido nombrados por encargo o sean titulares.
La situación de los fiscales provinciales es otra razón que motivó el juicio político a la Judicatura, que tiene como interpelante a a la asambleísta correísta Viviana Veloz. La legisladora señala que los vocales del CJ incumplieron sus funciones al no realizar el concurso de méritos, permitiendo que los fiscales estén prorrogados en sus funciones.
La audiencia de sustanciación en la Comisión de Fiscalización continuará el sábado y el lunes de manera virtual, las sesiones presenciales se retomarán el siguiente día.
Para el martes 9 de agosto está previsto que comparezcan el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y la fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Fuente: El Universo
