La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, informó que la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura inició un proceso administrativo contra la empresa Hidroplayas por el manejo inadecuado de las lagunas de oxidación de General Villamil Playas y por operar sin contar con el permiso ambiental correspondiente.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Aguiñaga señaló que la intervención responde a incumplimientos ambientales detectados en el sitio. En su pronunciamiento enfatizó que las normas deben cumplirse sin excepción y que la Prefectura actuará para hacerlas respetar en todo el territorio provincial.
La decisión se da en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa Playas, luego de que residentes denunciaron fuertes olores y afectaciones al entorno. Técnicos de la Prefectura realizaron inspecciones en las lagunas de oxidación y encontraron que se ejecutaban trabajos sin la autorización ambiental requerida.
El informe preliminar de la Dirección de Gestión Ambiental concluyó que las actividades realizadas incluyen movimientos de tierra y remoción de sedimentos sin medidas de manejo ambiental, lo que estaría provocando descargas contaminantes que impactan directamente a la población y al ecosistema cercano.
Desde el Municipio de Playas se ha defendido la intervención alegando que la infraestructura estaba en riesgo de colapso, especialmente por la temporada de lluvias. La directora municipal de Medio Ambiente, Karen Lindao, sostuvo que existía peligro de desbordamientos, por lo que se dispuso una acción inmediata para evitar una contingencia mayor.
Las autoridades locales también han señalado que las lagunas fueron diseñadas hace más de tres décadas para atender a una población mucho menor, lo que ha generado una sobrecarga del sistema. Hidroplayas ha indicado que su labor consistía en dragar los sedimentos acumulados para mejorar la capacidad operativa de las piscinas.
No obstante, la Prefectura del Guayas considera que la ejecución de estos trabajos sin los permisos ambientales ni los protocolos técnicos adecuados constituye una infracción. El proceso administrativo buscará determinar responsabilidades y posibles sanciones, mientras continúa la evaluación de los impactos ambientales generados en esta zona turística del Guayas.
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