El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 70.000 “Bonos Raíces”, 100 tractores, 330 títulos de propiedad, entre otros beneficios, a campesinos del Chimborazo.
El acto tuvo la participación de más de 5.000 personas.
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La gestión se realizó a través del Ministerio de Agricultura.
“Sin engaños”
En su intervención, el mandatario destacó el esfuerzo del Gobierno para ayudar a la gente del campo.

“Hoy los recursos llegan a ustedes sin intermediarios, sin líderes gremiales que los engañen. Llegan donde siempre debieron estar: en sus manos”, sostuvo.
Noboa remarcó además que, gracias a las medidas contundentes, como la eliminación del subsidio al diésel, se puso fin a las economías criminales que vivían del contrabando e ilegalidad.
“Estamos corrigiendo esa injusticia, porque ahora los recursos llegan
directamente a quienes trabajan la tierra”, reiteró.
Precisamente, gracias a ello, el “Bono Raíces” beneficia a cerca de 70.000 agroproductores a escala nacional. Esta iniciativa comprende una transferencia de 1.000 dólares por familia, que permite la compra de más recursos y herramientas para mejorar la siembra y producir más. La meta del Gobierno Nacional es llegar a 100.000 campesinos.
“Es decir que esos mil dólares, bien invertidos, se multiplican mucho más”, puntualizó el presidente.
En este acto también se entregaron 100 tractores, 330 títulos de tierra y 110 kits de nutrición, entre otros insumos. Estas acciones se suman a un esfuerzo nacional que ya incluye cerca de 26.000 títulos regularizados, 497 unidades móviles y más de 662.000 asistencias técnicas en todo el Ecuador.
No permitirá politización del agua
Como parte de su intervención, el Jefe de Estado anticipó que, en atención al pedido de los agricultores, y como parte de su compromiso de democratizar el acceso al líquido vital con un sentido de justicia, solicitará a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, revisar cada una de las juntas de agua, para que ningún líder gremial intente presionar con retirarles el acceso, si no se alinean a sus intereses políticos particulares, como históricamente se ha intentado.
“Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años a la cárcel, quien quiera quitarles el agua”, sentenció Noboa.

