Entre 40.000 y 50.000 dólares cobraban ciertos jueces, por cada sentencia que emitían en favor de cabecillas criminales.
Así lo reveló Xavier Armijos, exfuncionario del SNAI, y uno de los involucrados en el denominado “Caso Plaga”.
Armijos se acogió al procedimiento abreviado, y aceptó confesar sus delitos y delatar a los integrantes de la red de corrupción, integrada por funcionarios judiciales y policías.
El testigo señaló que trabajaba en la cárcel de Turi (Azuay), a cargo del área jurídica. Ahí trabó conocimiento con el abogado Lenín Vimos, quien gestionaba los procesos penales contra líderes de bandas delictivas, tanto en esa prisión como en la de Azogues, y algunos casos más en Manabí.
Vimos trabajaba directamente con el exjuez Benny Molina, quien servía a líderes de organizaciones criminales. Fue ahí que se enteró que los magistrados cobraban decenas de miles de dólares por emitir sentencias favorables.
Vimos era abogado de “Los Lobos”, y amigo cercano de Colón Pico, un peligroso delincuente actualmente detenido.
Gracias a su trabajo jurídico, el detenido contactaba a presos dispuestos a pagar por su liberación. Luego de recibido el dinero, agilizaba los trámites de excarcelación.
En total, anotó, recibió por estas actividades ilegales 200.000 dólares.
Armijos dijo que se entregó a la justicia, “porque la conciencia no lo dejaba tranquilo”.
También conoció que Molina, procesado y destituido por ordenar la libertad del exvicepresidente Jorge Glas, recibió por ese caso 77.500 dólares.
