El 15 de octubre venció el plazo de la octava prórroga otorgada por el Estado para la firma del contrato con las empresas telefónicas. Desde 2023 se negocian las nuevas condiciones. La falta de un convenio impide la llegada de nueva tecnología e inversiones.
La última vez que el Estado firmó un contrato con las operadoras de telefonía móvil fue en 2008, y debía renovarse en 2023.
17 años después, las condiciones para Conecel (Claro) y Otecel (Movistar y Tuenti) se mantienen sin cambios porque no se ha firmado el nuevo contrato. Para preservar el servicio, Arcotel entregó una prórroga indefinida a Claro y ha ejecutado ocho prórrogas con Movistar. La última culminó este miércoles, sin una respuesta oficial, sobre si habrá o no una novena renovación.
El experto en derecho y telecomunicaciones Juan Carlos Solines advirtió que «estas prórrogas de más de dos años están ocasionando que los usuarios de telefonía móvil no puedan beneficiarse de los avances tecnológicos que el nuevo contrato debe contemplar».
La falta de un contrato, dice, perjudica directamente a los usuarios, ya que las operadoras no implementan nueva tecnología, como la red 5G, por ejemplo.
Además, la renovación del título habilitante es un paso imprescindible para que la compañía Millicom, con su marca Tigo, pueda ingresar al país, luego de adquirir Movistar y Tuenti Ecuador, que operan bajo Otecel.
«Esa negociación privada de compra de la operación de Telefónica aquí también está condicionada a la firma de los contratos. Es una cadena de consecuencias por la no firma», agregó Solines.
En un reportaje de Ecuavisa se menciona que no ha existido un pronunciamiento oficial de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) sobre un nuevo plazo para firmar la renovación del contrato.
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