La Fiscalía llamó para la próxima semana al expresidente Rafael Correa, para que declare en torno a la demanda planteada en su contra, por posible “traición a la patria”.
La causa fue iniciada por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, a título personal.
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El motivo fue la campaña que realizó Correa en medios de comunicación internacionales, exigiendo sanciones contra Ecuador, su propio país, en respuesta a la incursión policial de abril pasado, a la embajada de México en Quito, donde fue arrestado el exvicepresidente Jorge Glas.
Correa incluso pidió bloquear el puerto de Guayaquil, para causar enormes daños económicos, como supuesta medida de presión para que Glas sea liberado.
Consultada por “Punto de Orden”, Núñez informó que la documentación respectiva, con las declaraciones y amenazas del exmandatario, ya fue ingresada al proceso judicial, y sostuvo que se configuró el delito de “traición a la patria”.
Caso Abad
En tanto, en su calidad de ministra, continúa el trámite del sumario administrativo contra la actual vicepresidenta, Verónica Abad, por el retraso injustificado de su viaje de Israel a Turquía.
Abad, designada cómo embajadora por la paz en Medio Oriente, debía presentarse en la capital turca, Ankara, el 1 de septiembre pasado, pero recién llegó el día 9, sin presentar justificación.
Núñez recordó que, de acuerdo a la ley, Abad es una servidora pública, y por tanto debe acogerse a las obligaciones respectivas.
Ella pidió su traslado
Además, puntualizó que fue la propia vicepresidenta quien pidió su traslado, por razones de seguridad.
Núñez precisó que no es posible destituir a Abad mediante un sumario, pues la Constitución establece fórmulas específicas para ello. Sin embargo, caben otras posibles sanciones.
Acuerdo con empresarios y trabajadores
En otro ámbito, la funcionaria destacó los diálogos sostenidos con empresarios y trabajadores, a propósito de la difícil situación que vive el país, a causa de los racionamientos eléctricos.
Una alternativa sería que las industrias que no tengan generadores, y que no puedan trabajar a jornada completa por falta de energía, carguen las horas pendientes a vacaciones de sus empleados, siempre que ellos estén de acuerdo.
En cambio, no es posible exigir que laboren sábados y domingos, sin cubrir el pago extraordinario que establece la ley.
Sin despidos
Tampoco es válido despedir a los trabajadores, sin pagar indemnización. Algo que ya dejó en claro la Corte Constitucional.
En todo caso, se crearon mesas técnicas permanentes, que buscan posibles soluciones que no perjudiquen a ningún sector.
