La audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia en el caso Singue llega a una año y medio de que se condenó a siete personas por peculado.
Sin la presencia de exvicepresidente Jorge Glas en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pues dio positivo para Covid-19 al interior de la Cárcel 4 en que se encuentra en Quito, se instaló, el mediodía de este viernes 29 de julio, la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia que siete procesados recibieron por el delito de peculado dentro del caso Singue.
Esta diligencia llega a darse a un año y medio de que fueron sentenciados Jorge Glas, el exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente; César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; y los exfuncionarios públicos de rango medio Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos.
Como coautores del delito de peculado fueron condenados a ocho años de cárcel Glas, Pastor, Pareja Yannuzzelli y Guerra; mientras que Cazar, Burgos y Donoso en calidad de cómplices se les impuso una pena de cuatro años de prisión.
El 26 de enero de 2021, un voto de mayoría resolvió que existía responsabilidad de estos siete procesados en un peculado que se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC).
El fiscal general subrogante Wilson Toainga aseguró en su momento que el perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de $ 33.5 por barril, cifra que, dijo, no tomó en cuenta el 100 % de las reservas probadas de hidrocarburo para el campo petrolero Singue.
El juez nacional Luis Rivera preside el Tribunal de Apelación que además está integrado por los jueces penales Daniella Camacho y Felipe Córdova. Rivera dispuso como reglas de la audiencia que cada uno de las defensas de los sentenciados tendrá 20 minutos para argumentar su pedido de apelación.
La representante de Capaya argumentó que existieron peritajes contradictorios e ilegales y aseguró que su cliente no abusó de fondos públicos, no se benefició de ello y tampoco benefició a terceros. Dueñas explicó que la mediatización de la justicia y el populismo penal han marcado a su defendido, quien, dijo, ha sido estigmatizado por la sociedad en general. “El escuchar el sobrenombre Capaya equivale a culpabilidad”.
La inexistencia del delito de peculado, pues jamás ha existido perjuicio contra el Estado dentro del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos del bloque Singue, que incluso hasta la presente fecha se mantiene operando con beneficios económicos para el Estado ecuatoriano por parte de la empresa Digoil, es el argumento central de Edison Loaiza, abogado de Jorge Glas.
El exvicepresidente no se conectó vía telemática a la audiencia, pues se encontraba en aislamiento en la Cárcel 4 al haber dado positivo para Covid-19. El hombre fuerte de los Sectores Estratégicos del correísmo cumple dos sentencias en firme por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016, de seis y ocho años de cárcel, respectivamente, y la pena de ocho años en la causo Singue.
Para Loaiza, si existía un perjuicio para el Estado la Procuraduría debió haber solicitado unilateralmente se deje sin efecto el contrato, pero hasta hoy no se ha dado. Reconoció el abogado que Glas que su cliente fue parte del Comité de Licitación de Hidrocarburos, aclarando que no existe ningún elemento de convicción del nexo causal que demuestre que haya adecuado su conducta a un verbo rector del delito de peculado.
“En este caso se tiene que observar y hacer un reexamen los señores jueces (de apelación), con respecto a lo que ocurrió en la audiencia de juzgamiento. Tienen que hacerlo, porque debieron haber observado el tema de acuerdo a la ley, la prueba que se ha presentado en este caso, pero no lo hicieron, porque como digo no existió ningún perjuicio contra el Estado. (…) A Jorge Glas lo sentencian por el deber de cuidado, que debió él haber observado y dicho que iba a existir un perjuicio contra el Estado en este contrato, cuando realmente no existió”, apuntó.
La defensa de Pareja Yannuzzelli, así como la defensa de Glas coincidieron en que no entienden cómo en este mismo caso se declaró la inocencia de uno de los tres miembros del Comité de Licitación de Hidrocarburos, del cual eran parte Glas y Capaya y tenían funciones similares en ese órgano, pero solo a los dos se les declaró culpables de peculado.
Juan Pablo Albán, parte del equipo de defensa del exministro Pástor, manifestó que ellos llegan a esta audiencia con nuevos hechos nacionales e internacionales que una vez más ratifican la inocencia de su patrocinado. El exfuncionario del correísmo asistió presencialmente a la audiencia en la CNJ.
“El pasado 24 de mayo, un tribunal de arbitraje internacional constituido bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de la Naciones Unidas para el derecho Mercantil Internacional emitió el laudo arbitral en el que confirmó que la actuación del Estado violó el contrato suscrito con Gente Oil y condenó al Ecuador a pagar una indemnización de casi $ 11 millones por daños patrimoniales y morales a la firma de origen qatarí y operadora del Campo Singue”, señaló la defensa de Pástor mediante un comunicado.
En audiencia Albán sostuvo que en la actuación de Wilson Pástor no hay un comportamiento contrario al derecho que haya vulnerado el bien jurídico. Refirió que en esta causa no hay un perjuicio para el Estado, pues mencionó que el patrimonio del mismo no solo que ha estado a salvo, sino que se ha incrementado.
“Quien podía decidir a quién se adjudicaba la operación del campo Singue no era Wilson Pástor, era el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas. No lo digo yo, lo dice la Ley de Hidrocaburos. (…) Wilson Pástor esta sentado aquí por haber cumplido con sus funciones de acuerdo a la Ley. Les ido señores jueces que tomen en cuenta que el proceso es nulo, que no hay prejuicio para el Estado, que por ende no se verifican los elementos de tipicidad del delito de peculado, … declaren la nulidad, porque existe la nulidad, y en subsidio, si no declaran la nulidad, ratifiquen el estado de inocencia de mi defendido”, concluyó Albán.
Cerca de las 13:00 la diligencia se suspendió hasta las 14:45. En la reinstalación será el turno de Paúl Ocaña, defensa de Burgos, Cazar y Guerra; de Nataly Vargas, abogada de Gustavo Donoso, y de los representantes de la Procuraduría General del Estado.
El fiscal Toainga también intervendrá en la diligencia. Él acudió de manera presencial a la diligencia.
Fuente: El Universo
