El denominado “Quinto Puente” de Guayaquil debe ser impostergable. Lo declaró el actual gobierno, y lo ratifican muchos otros sectores.
Uno de ellos es el ex ministro de Transporte, César Rohón, quien durante su gestión impulsó la necesidad de hacer realidad esta obra.
En diálogo con “Punto de Orden”, Rohón explicó que al dejar la cartera, con el cambio de gobierno, estaba en marcha el proceso precontractual para la actualización de los estudios. Un punto muy necesario, pues los diseños originales datan del 2009.
La ley establece que toda obra de ingeniería, debe poseer estudios que no excedan los 5 años. De concretarse los nuevos, estarían listos en enero o febrero próximos.
Rohón anotó que el “Quinto Puente” no es político, sino un proyecto técnico, fundamental para Guayaquil y todo el país. Incluso lo califica como el más importante del presente siglo, ya que uniría el puerto con Durán y muchas otras poblaciones, sin cruzar por la vía Perimetral.
La obra contempla un eje vial de 44 kilómetros, de los cuales el 70% están en Guayaquil. Consiste en un puente atirantado sobre el río Guayas, de 3,3 kilómetros de largo y 70 metros de altura, y puentes adicionales sobre los esteros Corvina y Mojahuevo, y sobre el río Bulu Bulu. El costo aproximado sería de 680 millones de dólares, y el plazo de ejecución, de entre 4 y 5 años.
El financiamiento provendría del sector privado, ya que el g0bierno carece de los recursos necesarios.
Los actuales diseños establecen 6 carriles para el puente atirantado, y 4 carriles para la vía terrestre, con opciones a una ampliación a futuro.
El ex ministro precisó que, dentro de este análisis, hay que contemplar un peaje que sea real, y que permita recuperar el alto costo de la inversión. Posiblemente 10 dólares de ida y otros 10 de regreso para los camiones.
En su opinión, sería muy conveniente para el sector de la transportación, que se ahorraría una hora de viaje en cada recorrido, además del combustible.
El tema del peaje es fundamental, anotó. Actualmente, cada vehículo liviano paga un dólar de peaje en todo el país, en carreteras de primer nivel. Una cantidad inferior al costo real de mantenimiento, que es 1,50. Es decir, el Estado subsidia 50 centavos de dólar, por cada automóvil que cruza las vías.
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