El gobierno suspendió este martes las operaciones de 39 radares de tránsito, ubicados en 3 provincias del país, especialmente en Los Ríos, y que violentaban las normativas legales.
Pero el escándalo no queda ahí. El asambleísta del movimiento ADN, Adrián Castro, reveló el verdadero alcance de estos equipos, instalados para, según el propio comunicado oficial, “meterle la mano a los bolsillos de los ecuatorianos”.
En una entrevista con un medio televisivo, Castro explicó que los radares producían “ganancias” por 1.000 millones de dólares al año. Y gran parte de ese dinero era para las empresas contratistas.
Castro precisó que el jugoso contrato fue firmado por el entonces director de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Ernesto Pólit, con los consorcios Seviecu y Ecuatransit.
El acuerdo fue elaborado en un tiempo récord, y establecía una duración de 12 años. Es decir, pretendían robarle a los conductores 12.000 millones de dólares, en concepto de supuestas multas.
Los polémicos radares fueron instalados sin considerar las especificaciones internacionales. En algunas vías había demasiados, sin previo aviso y con el exclusivo propósito de multar a los choferes.
Por orden del gobierno, los contratos serán auditados exhaustivamente, y los exdirectivos, responsables de los mismos, pasarán a ser investigados por la Contraloría.
El tema mereció reacciones positivas de los usuarios, pero también piden indagar a los agentes de la CTE y la ATM. Muchos de ellos se han convertido en “vacunadores”, por su afán de sacarle dinero a la gente.
