El objetivo básico de todo radar de velocidad es preventivo. Sin embargo, ciertos municipios, con la ayuda de empresas privadas, los volvieron exclusivamente recaudatorios.
En diálogo con “Punto de Orden”, el ministro de Transporte, Roberto Luque, reconoció que, en efecto, algunos organismos seccionales, al asumir la competencia del transitó, se pusieron como meta convertir a estos dispositivos en “inversión y retorno”. Es decir, volverlos fuente de dinero.
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Como resultado, lo que debió ser un servicio público, en el cual lo óptimo era no imponer multas, fue transformado en un gran negocio.
Es por ello que el Gobierno Nacional, dijo, tomó la decisión de clausurarlos, y solo mantenerlos solo como equipos informativos.
Abusos
Luque recordó que los Municipios clase “B”, abusando de la competencia de tránsito, instalaron radares en vías donde no tienen jurisdicción.
De acuerdo a las denuncias, muchos de ellos fueron ubicados en curvas o cuestas, lo cual no es técnico.
El ministro reconoció también que el sistema de impugnación de las multas no es claro, y en algunos casos, como en el cantón Playas, ni siquiera hay sitios habilitados para pagarlas.
Lamentablemente, agregó Luque, la clausura de los radares solo rige hacia adelante, y no las ya aplicadas.
En Salinas
Uno de los radares abusivos estaba ubicado a la entrada de Salinas, donde sancionaba a los conductores que rebasaban los 50 kilómetros por hora. Algo que el ministro calificó de “perverso”.
Basta de abusos
El secretario de Estado también trató las múltiples denuncias, que revelan los abusos cometidos por los agentes de tránsito, conocidos como “vacunadores con casco”.
Para evitar los chantajes de los malos elementos, durante las “batidas”, será obligatorio el uso de las “bodyscam” (cámaras corporales), que registrarán su labor durante los operativos.
En caso de ser detenido por un agente, dijo, el conductor tendrá pleno derecho de pedir que se identifique, y que esté grabando el procedimiento con su cámara.
Crisis energética
En otro ámbito, Luque destacó los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional, para enfrentar la grave crisis eléctrica.
El funcionario ratificó que Ecuador vive la peor sequía en décadas, y ahora busca la forma de cubrir el déficit.
A su criterio, la contratación de energía nueva, y la mejora en las condiciones hídricas, permitirán paulatinamente mejorar la situación.
