La Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que permite la destrucción de información clasificada como reservada o confidencial en un plazo máximo de 30 días después de finalizar procesos de auditoría o investigación. La disposición fue incorporada dentro del proyecto de ley que sanciona el uso indebido de uniformes y distintivos institucionales.
La normativa autoriza la denominada “eliminación controlada de información clasificada”, facultando a la Contraloría a destruir documentos físicos o realizar el borrado seguro de archivos digitales una vez concluidos los procedimientos internos. La medida ha generado preocupación entre organizaciones de transparencia y acceso a la información pública.
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y Transparencia Internacional Ecuador cuestionaron la reforma y solicitaron al presidente Daniel Noboa que vete la disposición. Las organizaciones consideran que la medida limita el derecho ciudadano a la información, afecta los mecanismos de control social y contradice estándares internacionales que obligan al Estado a preservar documentos para garantizar la rendición de cuentas.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante 2024 la Función Ejecutiva declaró como reservados 1.417 documentos, equivalentes al 82 % de toda la información clasificada por el Estado ese año. Entre las entidades con mayor número de documentos reservados se encuentran la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el Ministerio de Defensa, el Consejo de la Judicatura, el Centro Nacional de Inteligencia y la UAFE.
Actualmente, la legislación establece que la información reservada puede desclasificarse entre cinco y quince años después de su emisión. Sin embargo, los críticos advierten que esta nueva facultad permitiría la desaparición definitiva de documentos antes de que puedan ser revisados por la ciudadanía o por futuros procesos de fiscalización.
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