No hubo acuerdo en la Asamblea Nacional, para dar paso a las reformas al Código Integral Penal (COIP).
Pese a los intensos cabildeos, la Revolución Ciudadana, promotora de los cambios, no consiguió el apoyo necesario. La polémica surgió porque en la Comisión de Justicia, donde tiene mayoría, introdujo varios temas, pero sin dar paso a una adecuada socialización.
La Fiscalía y numerosos sectores judiciales, así como varios bloques legislativos, en especial de CONSTRUYE y SUMA, habían anticipado su rechazo, debido al contenido de algunas de las reformas.
Cerca de 30 asambleístas se inscribieron para participar en el debate del pleno, lo cual extendió la jornada varias horas.
Mientras intervenían los parlamentarios, en la Presidencia se notaban intensas conversaciones entre representantes del correísmo, el gobierno y el PSC.
Artículos polémicos
La controversia se debe a ciertos artículos, que para muchos constituyen “legislación a la carta”, para favorecer a los líderes políticos sentenciados por actos de corrupción.
Por ejemplo, una de las reformas permitía acoger el recurso de revisión, con el simple pronunciamiento de una relatoría de las Naciones Unidas, aparte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya existía.
También generó rechazo la posibilidad de levantar la reserva de casos delicados, investigados por la Fiscalía.
Viviana Veloz, legisladora de la RC, afirmó que el proyecto no busca beneficiar al ex presidente Rafael Correa. En su afán de salvar la idea, su bloque planteó dividirlo en dos partes.
Sin embargo, CONSTRUYE y SUMA, así como legisladores de otras bancadas, señalaron lo contrario, y reiteraron su rechazo.
Cerca de las 15h00, CONSTRUYE planteó el archivo de las reformas, ante la protesta del grupo correísta. La sesión se suspendió hasta las 16h00, pero tampoco hubo acuerdo.
Finalmente, el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, la suspendió definitivamente, sin aclarar cuándo sería reanudado el tema.
La Fiscalía anticipó que, en el evento de ser aprobadas las reformas, planteará una acción para declararlas inconstitucionales, en vista del grave peligro que significaría para ciertos casos penales.
Asimismo, el presidente Noboa podría optar por el veto total, con lo cual no se podría retomar el proyecto en un año.
