La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, mostró este jueves su preocupación por la seguridad de los jueces anticorrupción en Ecuador, que en diciembre pidieron al Consejo de la Judicatura que se mejoren sus condiciones de seguridad para poder ejercer sin peligro, tras la renuncia de un compañero que denunció presiones y amenazas.
«Noticias alarmantes sobre la seguridad de jueces y operadores judiciales, especialmente de aquellos que investigan casos de alto impacto relacionados con corrupción y graves violaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por el crimen organizado y denuncias de connivencia con sectores del poder judicial», escribió la experta en su cuenta X
Cabe anotar que, en una carta que se hizo pública el 26 de diciembre, diez jueces anticorrupción denunciaron al Consejo de la Judicatura que los informes de riesgo que les realizan «no obedecen a la realidad», ya que, según los analistas, el nivel de riesgo disminuye con el tiempo, cuando sus cargos son una «fuente de peligro» que aumenta con la exposición pública.
Señalaron también que habían alertado de la precaria situación en la que ejercen en otras siete ocasiones, y que hasta el momento solo habían conseguido que les asignen dos policías, pero sin logística ni financiamiento, ya que ellos deben cubrir los gastos de ese personal.
La carta fue enviada después de que se conoció que uno de sus compañeros, el juez Carlos Serrano, renunció a su cargo tras recibir supuestas presiones por parte de un funcionario de la Judicatura por un caso de lavado de activos en el que fue procesado un narcotraficante serbio, y también supuestas amenazas por ser parte del tribunal que sentenció al extranjero.
