La creación de la reserva marina, de 8 millas alrededor de nuestro perfil costero, es de enorme importancia para el desarrollo económico del país.
Así lo señaló el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, en los micrófonos de “Punto de Orden”.
Este sector, explicó, concentra enormes reservas de corales, el 90% de las mantas gigantes, y a las 7 especies marinas de tortugas. Además, genera importantes recursos por turismo de buceo.
Esta reserva, señaló el ministro, fue establecida de esa manera por razones científicas, y estará destinada al trabajo de la flota pesquera artesanal, en la cual trabajan 60.000 ecuatorianos. Es decir, 60.000 familias.
Conseguir este objetivo no fue fácil, agregó. Durante varios meses la Asamblea Nacional presionó para que se redujera la reserva a solo 3 millas, al parecer por presiones de poderosos grupos industriales.
Adicionalmente, la zona creada ya no podrá ser alterada, pues fue colocada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Un recurso protegido por la Constitución, y libre de cualquier reforma externa.
Manrique precisó que todos los países del mundo tienen áreas protegidas, si bien Ecuador es el primero que eleva esa protección a nivel constitucional.
Actualmente existen 72 áreas protegidas en el país, de las cuales 12 han sido creadas en este gobierno.
Al establecer un “área protegida”, el gobierno también asume la obligación de establecer recursos económicos y administrativos, para garantizar que se cumpla la protección.
El siguiente paso, según el ministro, será impulsar programas de protección ambiental en el perfil costero, a fin de detener la contaminación.
La idea es que los fabricantes de todos los productos desechables, también sean responsables de su recolección y reciclaje, mediante convenios con las comunas que habitan en la zona costera. Un trabajo compartido que es fundamental para defender nuestro ecosistema.
Alto a minería ilegal
En otro ámbito, Manrique destacó la importancia del anuncio del presidente Lasso, de declarar oficialmente a la minería ilegal como “un delito contra el Estado”.
Esta decisión, explicó, permite movilizar recursos para combatir el problema, y coordinar acciones de control con la Fiscalía, la justicia y la propia Asamblea.
Asimismo, se establecerán protocolos de vigilancia financiera más estrictas, a fin de establecer de dónde salen los recursos para esta actividad. Por ejemplo, para la compra de la costosa maquinaria pesada, que puede ser rastreada a través del Servicio de Rentas Internas.
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