EL UNIVERSO .- La acción de protección que exige, entre otras cosas, un “presupuesto suficiente” para el trabajo de la Función Judicial lo planteó como ciudadano Wilman Terán.
El próximo miércoles 19 de abril, la jueza de Pichincha Cecilia Pareja dará a conocer si acepta o no la acción de protección presentada como ciudadano por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), contra el primer mandatario, Guillermo Lasso, y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, con el fin de exigir el “presupuesto suficiente” para el trabajo de la Función Judicial.
La resolución resumirá los argumentos dados por las partes en más de doce horas de una audiencia que se suspendió el pasado 10 de abril.
En la diligencia participaron más de 20 víctimas que recordaron sus casos médicos, administrativos, para fundamentar la teoría de Terán de que se está afectando la dignidad humana de los funcionarios del sistema de justicia y de sus usuarios al tener desde el Ejecutivo un “goteo muy limitado” de recursos durante los últimos diez años. Terán señaló que no solo está solicitando $ 265 millones como reparación integral, sino que pide “que sea declarado vulnerador de los derechos el Poder Ejecutivo, representado por Guillermo Lasso y su ministro de Finanzas”.
En vereda contraria estuvieron abogados de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Secretaría de Planificación y de la Procuraduría General del Estado. Desde el Gobierno se aseguró que el CJ devuelve fondos -por ejemplo, en los últimos diez años habrían devuelto $ 500 millones de $ 4.500 entregados-, que la demanda no tiene sustento y que ha existido un cumplimiento efectivo por parte de la Función Ejecutiva respecto de los presupuestos que se envían a la Función Judicial.
Según Terán, quien asumió su propia defensa, a la jueza Pareja le fueron entregados informes que revelan que en el sistema de justicia existen al momento 651.485 causas represadas. El accionante sostenía que por el problema estructural que atraviesa la Función Judicial se estima que las causas en materias civiles, contencioso administrativas y tributarias, inquilinato, laboral, contravenciones, penal, tránsito,… demoran en promedio entre cinco, seis y hasta ocho años.
También recordó que hoy hay 267 jueces provinciales a nivel nacional, pero se requieren 364 y que todavía no es lo que se ajusta al estándar internacional. Que hay 101 tribunales distritales, cuando lo óptimo es tener 123; que para tribunales penales existen 186 juzgadores y lo que se necesitan son 243; que existen a nivel nacional 1.362 unidades judiciales, cuando lo que se requiere son 1.888.
CONCURSOS PÚBLICOS | Para el concurso de Méritos y Oposición de Banco de Elegibles, Carrera Fiscales y Fiscales Provinciales, se requiere un monto de USD 1 millón 700 mil dólares aproximadamente.
— Wilman Terán (@teran_wilman) April 11, 2023