La decisión de un juez de Quito, que ordenó a la Asamblea reanudar los juicios políticos contra 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, genera desde ya roces entre diversos partidos y movimientos.
El juez aceptó una acción de protección solicitada por la legisladora Inés Alarcón, de la bancada de gobierno, y dispuso que se retomen las interpelaciones contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo.
La Comisión de Fiscalización del Parlamento, presidida por el correísmo, había dispuesto archivar las causas, para darle preferencia a los procesos contra las ministras actuales de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior, Mónica Palencia, y después contra la fiscal general, Diana Salazar.
De acuerdo a la ley, los juicios políticos deben ser tramitados de acuerdo al orden en que son planteados.
Pero la maniobra no le resultó a la RC5, pues el pleno archivó la causa contra Sommerfeld. Y ahora los procesos contra Palencia y Salazar podrían quedar en la cola.
Desacato
Pocas horas después de conocerse la disposición del juez, el secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, anunció que no lo acatarían, por tratarse de una intromisión entre poderes del Estado.
Lo curioso es que Muñoz no tenía atribuciones para dar tal anuncio, pues su labor es solo administrativa.
Si se cumplen sus palabras, la primera interpelación sería la de Diana Salazar; luego la de Palencia; posteriormente la de Andrea Arrobo, ex ministra de Energía; y finalmente la de Fernando Muñoz, quien fue hace poco destituido como presidente del Tribunal Contencioso Electoral.
Caso contrario, procederían primero los juicios contra Corral, Montalvo y Arosemena, en ese orden.
La decisión se tomará los primeros días de septiembre, cuando culmine la actual vacancia.
