El 16 de marzo de 2026 será la instalación de una nueva audiencia para resolver en el caso que procesa a los exvocales del Cpccs cercanos al correísmo: Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos; además, la actual vocal Nicole Bonifaz y el excandidato presidencial, Andrés Araúz, indagados por presunta asociación ilícita.
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Para ese 16 de marzo, según la presidenta del Observatorio de Control Ciudadano (OCC), Mónica Jaramillo, está prevista, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso denominado por la Fiscalía como CASO LIGADOS.
Inicialmente, la diligencia estaba prevista para enero de 2026, pero la defensa de Nicole Bonifaz solicitó su diferimiento y, la jueza del caso, Daniella Camacho, fijó la diligencia para el 16 de marzo.
La cercanía del proceso electoral para los comicios de 2027
Ante la proximidad del proceso para los comicios seccionales de 2027 convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y consultada si, de darse un llamamiento a juicio, los sospechosos del presunto delito podrían participar en las elecciones, Mónica Jaramillo dijo que sí podrían participar como candidatos.
Recordemos la infracción electoral en que habrían incurrido
Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor levantaron el impedimento que tenían en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por incurrir en infracción electoral tipificada en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia.
La sanción se basó en que durante la campaña electoral de 2023, en la que postularon para ser vocales del Cpccs, fueron promocionados por la Revolución Ciudadana pese a que es una prohibición determinada en la Constitución y en la Ley del Cpccs.
La sentencia del TCE se dictó el 31 de enero de 2024 y se ordenó la destitución y la pérdida de los derechos políticos por cuatro años. El 7 de febrero de 2025, la Secretaría General sentó razón de que la sentencia estaba ejecutoriada.
Pero el juez del TCE, Patricio Maldonado moduló la sentencia y redujo la sanción a un año de suspensión de los derechos políticos, que se contará a partir de la ejecución: desde el 7 de febrero de 2025.
La decisión del juez del TCE se produjo tras analizar una solicitud de Franco Loor y Verduga para que se reduzca la sanción con base en las reformas al Código de la Democracia aprobadas en la Asamblea en 2025.
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