Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de peculado se sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
La Fiscalía comenzó la investigación el 12 de octubre de 2020, luego de recibir un informe con indicios de responsabilidad penal de parte de la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de unos 500.000 dólares (preliminarmente), en un contrato de compra de insumos y prótesis para la unidad técnica de traumatología del Teodoro Maldonado.
El 2 de junio del año pasado, la Fiscalía del Guayas, con colaboración de personal de la Policía Nacional, ejecutó allanamientos a viviendas en Guayaquil, Daule y Nobol, donde seis personas fueron detenidas.
En la audiencia de formulación de cargos realizada al día siguiente, el juez de garantías penales Ubaldo Macías dictó prisión preventiva contra Julia M. P., Carlos V. F. y Christian L. K., mientras que a César V. B. y Angélica R. J. les dispuso medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante la Fiscalía; a Susana E. D. le dictó arresto domiciliario.
Tres meses después se detuvo a otros tres funcionarios que habrían participado en el hecho.
El fiscal César Suárez dijo en ese entonces: “Existe la suscripción de un contrato en el que el proveedor hace la entrega de ciertas prótesis, pero se determina que existirían ciertos sobreprecios y adicionalmente no entrega cierta parte de los insumos que tenía que haber entregado”.
