La suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días, tras un sumario administrativo iniciado por el Ministerio del Trabajo, genera cuestionamientos legales.
“Aberrante”
Consultado por «Punto de Orden», el reconocido jurista, Julio César Cueva, calificó de «aberrante» la resolución contra la segunda mandataria.
Para empezar, dijo, el sumario no toma en cuenta el marco legal, y no respeta la proporcionalidad.
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Lo peor, dijo Cueva, es que el expediente cita las leyes y jamás se basa en ellas.
Según el jurista, este puede ser el caso más ilegal que ha visto durante su ejercicio profesional.
A su criterio, la vicepresidenta debe plantear una acción de protección, y ganarla de inmediato, en vista de los atropellos cometidos.
Sin embargo, conociendo la forma en que opera la justicia ecuatoriana, no le sorprendería que su caso sea dilatado indefinidamente, hasta que su reinstalación pierda todo efecto.
Cueva advirtió que el funcionario que tramitó el sumario contra Abad, cometió falsedad ideológica, pues suspende a una autoridad de elección popular. Sin mencionar que se violentó el debido proceso, y no se concedió el derecho a la defensa.
Cualquier juez, precisó el experto, debería concederle de inmediato la acción de protección a Abad, sin siquiera convocar a una audiencia.
Casos Metástasis y Encuentro
Por otra parte, Cueva cuestionó el manejo de la Fiscalía, en los denominados casos «Metástasis» y «Encuentro».
En el primero de ellos, el jurista advirtió que, en el afán de conseguir una sentencia rápida, antes que caduquen las prisiones preventivas de los principales implicados, la Fiscalía ha cometido graves errores, que podrían llevar a la nulidad del proceso.
Entre ellos mencionó el arresto de personas inocentes, y la reducción del número de testimonios.
Parecida situación en el caso «Encuentro», en el cual es defensor de Hernán Luque, uno de los acusados.
Hasta ahora, dijo Cueva, no han podido demostrar un solo contrato firmado por su cliente, y que demuestre tráfico de influencias.
Luque está bajo arresto domiciliario en Argentina, a la espera de su extradición a Ecuador.
