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Ecuador: febrero 8, 2025

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Ecuador, febrero 08, 2025
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Una nueva caravana migrante parte desde el sur de México en Navidad y avanza hacia la frontera con Estados Unidos

El País .- Miles de personas atraviesan el país pocos días antes de que en la capital se lleve a cabo una cumbre entre representantes de México y EE UU para abordar con urgencia el problema migratorio. Comenzaron su andanza la víspera de Navidad, mientras la mayoría de las familias mexicanas se preparaba para reunirse en sus casas al calor de una cena y una bebida. Una nueva caravana de personas migrantes partió la mañana del domingo de Tapachula, en el sureño Estado de Chiapas, y ya en Navidad seguía marchando con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos para cruzar. Las crónicas de los diarios y las agencias señalan que se trata de una multitud de alrededor de 8.000 personas procedentes principalmente de países de Centro y Sudamérica. Vienen familias completas y personas en solitario, mujeres con sus hijos, hombres jóvenes y adolescentes. Una nueva caravana de gente expulsada de sus países por la pobreza y la violencia intentando una mejor suerte en EE UU. Justo este miércoles se llevará a cabo una cumbre bilateral entre altos funcionarios de México y Estados Unidos para abordar otra vez estrategias de contención de la migración. Dos agendas, la de las autoridades y la de la gente necesitada, se cruzarán en el tiempo esta semana. Los migrantes han bautizado esta caravana como “Éxodo de la pobreza”. Lejos de sus hogares, estas personas hicieron una parada la noche del domingo en un parque y recibieron alguna comida de parte de iglesias y vecinos de Chiapas, según reporta la agencia AP, que ha añadido que elementos de la Guardia Nacional y la policía local han seguido el avance de la marcha sin intervenir. “Hemos caminado mucho. Honestamente, no sé cuántos kilómetros. Mi hija no puede caminar más. La cargo en mis brazos porque necesita descansar, tiene solo tres años, y no está bien, está enferma”, ha dicho un hombre procedente de Honduras a Reuters. “El presidente de Estados Unidos debería ayudarnos como migrantes. En realidad, varios de nosotros solo vamos a EE UU por cinco, seis, siete años y regresamos a nuestros países. Por esta razón, le pedimos a Joe Biden que nos ayude”, dijo a esa agencia otro hombre hondureño. Los flujos migratorios desde Centro y Sudamérica han sido extraordinarios y han prendido las alertas de las autoridades de México y Estados Unidos. Entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, la cifra de migrantes detenidos en los cruces fronterizos con EE UU creció un 31%, al pasar de 53.016 a 69.462 detenciones, de acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estimado que un tercio de los migrantes son mexicanos. Las respuestas de las autoridades de EE UU para contener los flujos migratorios han sido drásticas y han amenazado las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Una medida ha sido el cierre de tres puestos fronterizos por parte de Washington de forma unilateral. Otro ejemplo es la promulgación de una dura ley antimigrante por parte del Gobierno de Texas que permite a las autoridades locales detener y deportar a México a personas sin papeles. La Administración de López Obrador ha alzado la voz contra estas medidas y ha exigido que se replantee el enfoque con el que se aborda el fenómeno migratorio. El asunto ha escalado y ya ocupa un sitio prioritario en la agenda de la relación bilateral. La semana pasada, López Obrador y Biden sostuvieron una llamada oficial a solicitud del mandatario estadounidense para hablar del tema. En la comunicación, el Gobierno mexicano “insistió en la necesidad de reabrir a la brevedad los cruces fronterizos para garantizar los dinámicos flujos comerciales y potenciar la relación económica”, detalló en un comunicado. La Casa Blanca, por su parte, matizó “que se necesita con urgencia medidas de cumplimiento adicionales para que se puedan reabrir los puertos de entrada clave a través de nuestra frontera compartida”. Los jefes de Estado acordaron que una comitiva de altos vuelos de EE UU visitase México y sostuviese este miércoles una reunión con el presidente López Obrador. La delegación será encabezada por el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y contará con la participación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall. Es previsible que en ese encuentro se detallen las “medidas de cumplimiento adicionales” requeridas por Washington para ceder a la petición del Gobierno mexicano de que se reabran los puntos de paso en la frontera. La Administración de López Obrador ha mantenido una posición de rechazo a las políticas coercitivas para contener la migración, y ha demandado a Estados Unidos una mayor colaboración para resolver las causas estructurales que motivan la salida masiva de personas de sus países de origen y sus intentos por llegar a EE UU, aun con los enormes riesgos que significa atravesar México de manera ilegal. López Obrador ha ofrecido a los gobiernos de países expulsores —especialmente Venezuela, Honduras, Belice y Colombia— dirigir inversiones a esos territorios para financiar programas sociales y de trabajo. El Gobierno mexicano ha indicado que en la reunión bilateral del miércoles se insistirá a la delegación estadounidense en avanzar en esa agenda de soluciones estructurales. “No comprenden que uno tiene necesidad de salir adelante. ¿Por qué no nos pueden ayudar, dar la mano? Necesitamos apoyo de ellos [los gobiernos]”, declaraba a AP una mujer hondureña que iba en la caravana con un niño de siete años. “Esta travesía ha sido bien fuerte para nosotros los migrantes. Necesitamos ayuda de Migración y del gobierno, que se pongan la mano en el corazón y nos den un salvoconducto”, decía a la agencia una mujer venezolana. La multitud migrante seguirá su curso por territorio mexicano. Habrán avanzado cientos de kilómetros para cuando llegue Año Nuevo. Como ha ocurrido en esta Navidad, la festividad pasará ajena para ellos, de lado, como un camión raudo que rebasa indiferente.

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López Obrador lanza un nuevo pulso a los ministros de la Corte por sentencias del pasado: “No han hecho nada en beneficio del pueblo”

El País .- El presidente elabora al vuelo un decálogo de preguntas que, dice, deberían responder a la sociedad los jueces del alto tribunal, en el marco de la disputa por los fideicomisos del Poder Judicial El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido explicaciones a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por diversas sentencias adoptadas en el pasado por el máximo tribunal y que, a decir del mandatario, no han beneficiado al pueblo sino a grupos de intereses, desde el crimen organizado hasta la delincuencia de cuello blanco. El nuevo reclamo de López Obrador se da en medio de la pugna por los recursos depositados en diversos fideicomisos del Poder Judicial, de los que el Gobierno quiere echar mano y que los jueces han defendido con firmeza. El presidente ha formulado este martes, al calor de su conferencia mañanera, un decálogo de preguntas para los ministros del Supremo, en un tono de exigencia de rendición de cuentas. Algunos cuestionamientos se refieren a resoluciones adoptadas por la Corte en temas como la consulta popular sobre la reforma energética, el intento de desafuero en contra suya cuando fue mandatario de Ciudad de México (2005) o el incendio de la guardería ABC. Se trata de sentencias de hace años, y en varias de las cuales no tuvieron participación los ministros que hoy integran la Suprema Corte. Cinco jueces ingresaron entre 2009 y 2012; los restantes seis lo hicieron a partir de 2015. En realidad, el decálogo de preguntas sintetiza las deudas del Poder Judicial anotadas en la libreta de López Obrador. La ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, declinó el lunes una invitación al Congreso para abordar, en una reunión de trabajo, el tema de los fideicomisos judiciales. Morena, el partido oficialista, ha elaborado una iniciativa para eliminar 13 instrumentos y hacerse con 15.000 millones de pesos depositados en ellos, con el argumento de que son ahorros para pagar privilegios a una casta. El Poder Judicial ha defendido que la eliminación de fideicomisos puede afectar los derechos laborales de jueces y trabajadores. López Obrador ha aplaudido este martes que la ministra Piña no acuda al Congreso, porque, ha dicho, eso “es más espectáculo”, “dimes y diretes”. El presidente ha afirmado que, en lugar de intercambiar puntos de vista sobre los fideicomisos, los ministros deberían responder otras preguntas, que ha cavilado al vuelo. Su primera pregunta fue: “¿Por qué ganan 700.000 pesos mensuales?”, y ha agregado: “Que expliquen por qué ganan eso, ¿por qué, además del sueldo, tantas prestaciones?, ¿cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan?”. Segunda: “¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados y ministros por corrupción?”. El “nunca” fue una hipérbole o una imprecisión. El portal del Consejo de la Judicatura da cuenta de decenas de sanciones impuestas a funcionarios judiciales, desde la suspensión a la inhabilitación, tanto a trabajadores administrativos como a jueces y magistrados. Tercera pregunta de López Obrador: “¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna?”. Fue una alusión a Ricardo Márquez Blas, a quien la ministra Piña designó coordinador de Fortalecimiento Institucional del Supremo. Márquez fue titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando esta dependencia era encabezada por Genaro García Luna, el zar de la lucha contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. García Luna fue declarado culpable este año en Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Cuarta pregunta: “¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?”. Quinta: “¿Qué han hecho, qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México?”. Y ha pedido: “Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años”. Su sexta pregunta: “¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo?”. Es uno de los temas sensibles de López Obrador y lo ha sacado a relucir en diversas ocasiones. Fue en 2014 cuando el Supremo rechazó una solicitud de consulta popular sobre la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto. López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas encabezaron movimientos populares en contra de esa reforma, que permitió las inversiones extranjeras en la explotación de los bienes nacionales. El partido fundado por López Obrador, Morena, promovió la consulta popular, pero esta fue denegada por la Corte. Solo cinco de los 11 ministros actuales formaban parte del Supremo y tuvieron lugar en la votación. De hecho, el único ministro que votó a favor de la consulta fue José Ramón Cossío, ahora en retiro y que ha sido objeto de múltiples críticas de parte del oficialismo. Arturo Zaldívar, hoy aliado de López Obrador, votó en contra, lo mismo que Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y hoy senadora de Morena. El pleno de la Corte razonó entonces que la reforma energética era un asunto vinculado a la recaudación de impuestos y que esos temas no pueden ser objeto de consulta popular. Séptima pregunta del presidente al Supremo: “¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores?”. El mandatario se refirió a una reforma aprobada en el Gobierno de Felipe Calderón al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La reforma, avalada por el Congreso en 2007, permitió, entre otras cosas, la transferencia de fondos públicos de salud al sector privado, y creó un régimen de aportaciones con base en la capitalización individual del trabajador. En la fecha de esa reforma ninguno de los actuales ministros formaba parte de la Corte. Octava: “¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC?”, dictó López Obrador en referencia a la tragedia en la que murieron 49 niños y niñas de una guardería de Sonora, el 5 de junio de 2009. La desgracia puso al centro del debate el sistema de subrogación de guarderías del IMSS, esto es, la posibilidad de que sujetos particulares administren el servicio de guarderías con la supervisión del Gobierno. En aquel

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López Obrador advierte a Vulcan que tomará acciones legales si no acepta venderle sus 2.000 hectáreas en Quintana Roo

El País .- El mandatario ofrece a la empresa 8.000 millones de pesos para adquirir sus canteras de tierra caliza y convertir el terreno en una reserva natural El Gobierno de López Obrador busca zanjar de una vez por todas el largo conflicto con Vulcan Materials. La minera estadounidense es propietaria de una cantera de caliza en la selva de Quintana Roo, mantiene desde hace años un conflicto con la Administración federal por el control de esos predios. La disputa ha escalado en la medida en que se acerca el fin de este mandato. Este viernes, el presidente ha vuelto a cargar contra la empresa en su conferencia matutina a través de un video en el que acusa a la empresa de causar un daño ecológico y ha asegurado que resolverán la controversia antes de 2024. La propuesta del Ejecutivo apunta a la compra de los predios por entre 6.000 y 8.000 millones de pesos, sin embargo, también advirtió de que si la empresa no responde a esta oferta se considerarán acciones legales: “No ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”, zanjó. Vulcan ha estado presente en México desde 1986, cuando firmó un acuerdo con el Gobierno federal para extraer roca caliza de dos terrenos cerca de Playa del Carmen, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano. El acuerdo incluía la construcción de un puerto para exportar el material a EE UU, donde Vulcan es el mayor productor de material de construcción, con 1.400 millones de dólares en ganancias el último año. En 1996, la empresa compró, a través de su subsidiaria Calica, otros dos terrenos colindantes, El Corchalito y La Adelita, con una superficie de 1.251 hectáreas. El trasfondo del conflicto entre ambas empresas es una demanda que Vulcan emitió en contra del Estado mexicano en 2018. Vulcan alega que la Administración anterior, que clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales, generó pérdidas a las inversiones hechas en México. La empresa exige en un panel internacional una indemnización millonaria bajo el amparo del TLCAN. La minera acusó a México de incumplir las obligaciones recogidas en el tratado comercial sobre un trato “justo y equitativo” para la inversión privada. El Gobierno de López Obrador ha sido enfático en que no están dispuestos a pagar esta indemnización: “Hay una denuncia internacional, ellos alegan de que la clausura fue ilegal y están pidiendo que se les paguen 1.500 millones de dólares, nosotros estamos planteando que se destruyó el territorio y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona. Además, tienen cerca de 2.000 hectáreas más concesionadas y es selva, no, no es posible”, agregó López Obrador este viernes. El plan del Gobierno es, una vez de hacerse del terreno en disputa, construir un centro de recreación en la zona ya afectada y el resto, unas 2.000 hectáreas serán declaradas como reserva natural protegida. La empresa ha eludido a hacer comentarios sobre los comentarios del presidente, en tanto el arbitraje internacional sigue en curso.

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López Obrador usa su batalla con el Poder Judicial como bandera para pedir que en 2024 “continúe la transformación”

El país .- El presidente desafía la ley electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos usar sus cargos para promover el voto a su favor o en contra de otros partidos.   El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha usado su investidura para pedir el voto a favor de su partido, Morena, en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. El mandatario ha llamado este jueves a votar “porque continúe la transformación” para que su movimiento logre una mayoría calificada en el Congreso que posibilite una reforma al Poder Judicial, al que el presidente considera corrupto y contrario a los intereses de la nación. Si bien López Obrador no ha mencionado directamente a su partido, el concepto de “transformación” alude al nombre que él mismo ha dado a su movimiento, la Cuarta Transformación, una referencia a las revoluciones históricas que han configurado a México. Los dichos del presidente en su conferencia mañanera desafían la Constitución y las leyes electorales, que en general prohíben a los funcionarios usar sus cargos públicos para influir en el voto de los ciudadanos. Hace unos días hubo una nueva etapa de tensiones con las autoridades electorales, luego de que el INE ordenó a la Presidencia de la República incluir una cortinilla en las transmisiones de la mañanera para advertir sobre la neutralidad que debe observar el mandatario en sus expresiones. “Tenemos que seguir haciendo conciencia para no dejarnos someter y actuar con libertad, y no dejarnos engañar, por eso sí creo que el Poder Judicial se va a reformar hacia adelante, y es una tarea que va a quedar pendiente, pero que se puede resolver ya en nueve meses [en junio de 2024], si la gente vota porque continúe la transformación”, ha dicho el presidente en su conferencia de este jueves. “También el pueblo es libre, y si dice ‘no nos gusta’, cada quien va a decidir libremente, y nada de coerción, nada de amenazas”, ha agregado. López Obrador ha retomado sus críticas al Poder Judicial a propósito del caso Ayotzinapa, en el que el mandatario acusa un pacto de impunidad entre funcionarios y jueces federales. Concretamente, el presidente ha criticado un amparo concedido por un juez a Tomás Zerón, exmando de la Fiscalía General y quien está prófugo en Israel. El recurso legal impide a las autoridades mexicanas referirse a él como “torturador”. Precisamente, el Gobierno le acusa de haber recurrido a la tortura de presuntos implicados en la desaparición de los normalistas para abonar a la cuestionada verdad histórica. “Son muchos intereses, mucha mezquindad”, ha afirmado López Obrador. “Hay que limpiar el Poder Judicial, se necesita, y la mejor forma, el mejor método, es el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, así como se elige a los diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República: de manera directa”, ha indicado. Hace unos meses el mandatario describió por primera vez sus anhelos de que en las elecciones del 2 de junio Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo ganen no solo la presidencia, sino también el Congreso. Este “plan C”, como lo ha llamado él mismo, consiste en que en septiembre del año próximo, una vez que tomen posesión los nuevos diputados, él envíe al Congreso una iniciativa de reforma para cambiar en la Constitución el modo de selección de los jueces, en lo que sería su última gran maniobra legislativa antes de entregar el poder. El presidente ha reseñado en su mañanera de este jueves que en México, en el siglo XIX, la Constitución permitía a la ciudadanía elegir a los jueces. Actualmente, los ministros de la Corte son propuestos por el Ejecutivo y elegidos por el Senado. A su vez, los magistrados son designados por la Corte. “Se va a renovar el Poder Judicial, yo tengo confianza en eso, nada más hay que hacerlo por la vía legal y democrática, hay que esperar las elecciones, ya no falta mucho. Son elecciones importantísimas, porque no solo es elegir a las nuevas autoridades, es también decidir si se continúa con el proceso de transformación o no, ¿y quién va a decidir? El pueblo, los ciudadanos, porque así es la democracia, entonces yo tengo confianza de que se va a seguir avanzando”, ha sostenido esta mañana. El artículo 134 de la Constitución establece para los servidores públicos la obligación de usar con imparcialidad los recursos públicos, esto es, “sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Ese mismo artículo señala que la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Por su parte, el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales penaliza los actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones “que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido”. Precisamente, la cortinilla que el INE le ordenó a la Presidencia de la República desplegar en las mañaneras recitaba lo que indica la normatividad mexicana: “Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Sin embargo, a instancias de López Obrador, la Presidencia incluyó una “posdata” dedicada a los “conservadores” y a quienes están “contra la transformación del país”: “No veas este programa, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”, decía el recado de López Obrador.

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La DEA, sobre Los Chapitos: “El Cartel de Sinaloa nunca ha sido más poderoso ni ha hecho más dinero”

El País .- Anne Milgram, directora de la agencia antinarcóticos, asegura que la organización criminal opera en más de 40 países y subraya que los herederos de ‘El Chapo’ Guzmán son “más letales y despiadados”   Los Chapitos son más ricos, poderosos y sanguinarios que su padre. Así lo afirmó la directora de la DEA, Anne Milgram, en una conferencia este martes. Fueron 30 minutos de declaraciones explosivas sobre el poder de fuego del Cartel de Sinaloa, los cambios que ha habido bajo la tutela de los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, el efecto corrosivo del fentanilo en Estados Unidos y el papel de México en el negocio mundial de las drogas. “Sus hijos tomaron el control y el cartel nunca ha sido más poderoso, nunca ha hecho más dinero”, dijo la titular de la agencia antinarcóticos de EE UU en una charla auspiciada por el Instituto Milken. Milgram aseguró que la Casa Blanca ha identificado la presencia de la organización criminal en más de 40 países y puso en entredicho las afirmaciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que en el país no se produce fentanilo y que es solo un territorio de paso en la cadena mundial de la oferta de drogas sintéticas.   “Hay dos carteles, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que son responsables de prácticamente todo el fentanilo y las metanfetaminas que se consumen en Estados Unidos”, afirmó Milgram durante una conversación con Nick Kristof, columnista del periódico The New York Times. La directora de la DEA dijo que China es el epicentro de la cadena de suministro de la droga sintética, pero aseguró que desde hace años los socios de los grupos criminales han dejado de enviar productos terminados y se han centrado en proveerlos de precursores, los químicos que sirven para la fabricación de las dosis. “Compran precursores químicos de China, los envían a México, producen fentanilo en masa, buena parte la usan para hacer pastillas falsas y después lo introducen a Estados Unidos por tierra, por aire y por mar”, agregó la funcionaria, que llegó al cargo en junio de 2021.   “Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que esto está causando”, declaró Milgram en una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos en febrero pasado. En esta ocasión, Kristof preguntó si las presiones sobre el Gobierno de López Obrador darían más frutos en el combate contra los carteles de la droga, pero la directora de la DEA evitó dar una respuesta concreta, tras meses de tensiones entre ambos países en materia de seguridad. Sí dio un diagnóstico de cómo están las relaciones con Pekín: “Sabemos que China no va a cooperar con nosotros en la lucha antinarcóticos”. Anne Milgram, directora de la DEA, durante una charla en Beverly Hills (California), este martes.MIKE BLAKE (REUTERS) En cuanto a México, Milgram prefirió, en cambio, mandar un mensaje entre líneas para justificar la cacería que anunció la Administración de Joe Biden contra Los Chapitos el pasado 14 de abril. “Cuando tomé el cargo, quise dar un paso atrás y pregunté quién era el principal responsable del fentanilo que está matando a los estadounidenses. La respuesta fue el Cartel de Sinaloa”, señaló. Las autoridades estadounidenses empujan para concretar la extradición de Ovidio Guzmán El Ratón y ofreció recompensas millonarias para la captura de otros tres hijos de El Chapo: 10 millones de dólares por información sobre Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán y cinco millones de dólares para arrestar a Joaquín Guzmán. “Ellos tomaron el mando e hicieron que el cartel fuera más letal y despiadado, y fueron los primeros en fabricar fentanilo y transportarlo en las redes de distribución que vemos al día de hoy”, insistió la funcionaria. Los cuatro hijos del capo y más de una veintena de colaboradores enfrentan una batería de cargos que van desde delincuencia organizada y narcotráfico hasta portación ilegal de armas y lavado de dinero.   Milgram se refirió al fentanilo como “la crisis más urgente que enfrentamos como país” y “la mayor amenaza que hemos tenido que combatir”. “Lo que muestra la acusación contra los Chapitos es la cadena de suministro de fentanilo en todo el mundo”, afirmó. La funcionaria hizo un repaso de cómo el Cartel de Sinaloa evolucionó a partir de 2014 y 2015, incluso antes de la recaptura de El Chapo en 2016, y apostó por el fentanilo como el futuro del negocio. Agregó que se logró rastrear quiénes eran los socios chinos que los proveen de precursores y que también tienen identificados a sus emisarios en Estados Unidos. También habló del “enorme” margen de ganancias del grupo criminal. “A los carteles les cuesta entre 10 y 20 centavos hacer una de estas pastillas falsas en México, que se venden entre cinco y 30 dólares en Estados Unidos”, explicó a la audiencia.   A finales de marzo, la DEA dio a conocer en un informe que había creado células especializadas para atacar las estructuras financieras y de narcotráfico del Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, que se nutrían del trabajo de las 334 de la agencia en el mundo. Milgram no dijo en cuáles países operaban Los Chapitos, pero los documentos judiciales del caso contra ellos ponen de manifiesto un corredor panamericano que abarca desde Perú hasta Canadá. La acusación contra Los Chapitos también reveló que agentes antinarcóticos se infiltraron en la cúpula del grupo criminal y desgranaron las técnicas de trasiego, lavado de dinero y torturas contra capos rivales. Pero los hallazgos no cayeron bien al Gobierno de López Obrador, que reclamó que esas operaciones no fueron pactadas ni autorizadas. “Es una intromisión abusiva y prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”, reprochó el mandatario. En este último acto, no hubo ninguna mención sobre los roces que ha habido con México.

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