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Desconcierto entre los empresarios de Chile frente a la política nacional sobre el litio anunciada por Gabriel Boric

Internacionales / streaming streaming / 22/04/2023

EL PAÍS .- La nueva estrategia apuesta por un diseño donde el Estado mantenga el control de los proyectos. Las acciones de la principal productora del mineral en el país, SQM, se desploman Las relaciones entre el Gobierno de Chile y los empresarios han vuelto a tensarse, luego del anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la política nacional para explorar y explotar el litio. Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reúne a los principales gremios productivos del país, señaló que quedaron “descolocados” [desconcertados] luego de escuchar los anuncios que realizó el mandatario la noche del jueves en una cadena nacional. La nueva política para el desarrollo del litio del Ejecutivo chileno busca que el Estado vuelva a tener el control de este mineral, muy cotizado en el mundo por su uso en baterías eléctricas. Actualmente, experimenta un bum en sus precios. La estrategia anunciada por Boric apunta a una nueva institucionalidad en la que exista una colaboración entre el mundo público y privado, pero donde el control siempre quede en manos del Estado. El mercado tampoco quedó ajeno a la propuesta. Las acciones de la principal productora del mineral en Chile, SQM, vinculada al exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, cayeron casi un 15% en esta jornada. Su descenso arrastró AL Índice de Precios Selectivo de Acciones, IPSA, que mide en la Bolsa de Santiago las variaciones de precios de las empresas emisoras chilenas más grandes. El presidente Gabriel Boric Font durante un recorrido por la zona de explotación del litio en Antofagasta.GABRIELBORIC (TWITTER) “Hay que esperar que ese proceso se vaya desarrollando y, probablemente el mercado podrá ir aquilatando de mejor manera lo que eso significa para esa compaña en particular”, aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel. SQM tiene un contrato de arriendo con el Estado a través de Corfo hasta 2030 en el salar de Atacama, que concentra el 90% de las reservas de litio del país. Como parte de los anuncios, Boric dijo que su Gobierno respetará el contrato vigente con SQM, pero que a través de la cuprífera estatal Codelco se negociará con la minera no metálica para evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo y adelantar la producción conjunta en el salar Atacama. La empresa, a través de un comunicado, optó por la cautela. “Esperamos que el anuncio, cuyo texto estamos analizando –en el marco de un contrato vigente que mantenemos con Corfo–, sea un impulso a la expansión productiva en Chile”, escribió la compañía ligada a Ponce Lerou, junto con destacar el papel que SQM ha tenido para que el país sea protagonista mundial en la industria del litio. “Esperamos ser parte de este diálogo y conversación que ahora se inicia”, agregó la empresa. En la misma línea de la CPC, Richard von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, asociación gremial de las empresas, emitió un duro comunicado. “No entendemos esta señal de desconfianza”, indicó la Sofofa. La asociación empresarial agregó que la medida está “relegando al sector privado a un segundo plano, cuando estamos de acuerdo en la importancia de la cooperación público-privada y el rol del sector privado en el desarrollo del país”. Von Appen mencionó además que “no hay razón” para no replicar el modelo que existe actualmente en la industria del cobre en el país, “donde conviven Codelco y las empresas mineras privadas, promoviendo exitosamente la competencia y la innovación de todos los actores”. El representante del sector privado añadió que esperan que el Gobierno rectifique esta política “para restablecer la confianza del sector privado y por el bien de Chile y su gente”. Richard Von Appen, presidente de la Sofofa, después de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, el 17 de abril.MINREL_CHILE (TWITTER) En tanto, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que reúne a las empresas mineras, valoró la asociación público-privada para explorar y explotar yacimientos de litio, pero la asociación agregó que “resulta cuestionable que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama”. Luego del anuncio del presidente Boric, diversas autoridades de su Gobierno han intentado entregar señales de calma. “¡Gran noticia para Chile! Ya tenemos estrategia nacional para el litio”, escribió el canciller, Alberto van Klaveren, que durante la jornada calificó de “un error” hablar de una nacionalización. “Es un recurso estratégico, abierto a un desarrollo sustentable mediante la asociación público-privada y con miras a incorporar valor agregado y generar investigación y desarrollo tecnológico”, agregó el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Ejecutivo chileno. El propio mandatario, desde su gira a la nortina ciudad de Antofagasta, aseguró que su Administración ha “trazado una meta ambiciosa que va a requerir mucho diálogo” y valoró la opinión de la Cámara de Comercio de EE.UU. que “ve con buenos ojos” los anuncios del Gobierno chileno respecto del llamado oro blanco.

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El peso argentino se desploma en los mercados cambiarios paralelos

Internacionales / streaming streaming / 19/04/2023

EL PAÍS .- Las empresas que quieren acceder a dólares deben pagar entre 411 y 423 pesos por cada moneda estadounidense, un nuevo récord El Gobierno argentino sostiene como puede la cotización oficial del peso argentino, pero su valor en los mercados paralelos, no regulados, se desploma. A finales de la semana pasada se rompió la barrera de 400 pesos por un dólar y este martes se aceleró el ritmo de caída para equipararse a la inflación, del 104,3% interanual. Los argentinos que quieren ahorrar en dólares recurren a casas de cambio extraoficiales, donde pagaron 418 pesos por cada moneda estadounidense, 18 pesos más que el viernes pasado. Las empresas cuentan a su disposición instrumentos financieros como el “dólar MEP” o el “contado con liqui”. En el primer caso, por cada dólar tuvieron que depositar 411 pesos; en el segundo, 423 pesos. La depreciaciónn ha dejado casi sin valor los billetes que circulan de mano en mano en Argentina. El de mayor denominación, de mil pesos, equivale a cuatro dólares en el mercado oficial y a poco más de dos en el extraoficial. Para las empresas, cuadrar los presupuestos y planificar a medio y largo plazo se vuelve un rompecabezas imposible y desalienta inversiones productivas. Con el nuevo salto, la brecha entre las cotizaciones ha vuelto a aumentar. En el mercado controlado por el Gobierno, el paso hacia adelante ha sido minúsculo: de 222,5 a 223 pesos por dólar. En el “blue” (al que recurren los argentinos de a pie) y en los financieros la depreciación del peso ha sido casi del 5% en el mismo lapso. La caída del peso es la contracara de la inflación desbocada que registra Argentina, mientras crece la desconfianza en que el Gobierno de Alberto Fernández pueda frenarla en la recta final de su mandato. Según las últimas cifras oficiales, los precios aumentaron un 7,7% entre febrero y marzo, el peor dato intermensual desde la crisis del corralito de 2001-2002. La escalada de precios es tan rápida que ha dejado atrás incluso el ritmo de devaluación controlada que realiza el Gobierno, por lo que la mayoría de economistas daban por descontada una corrección el tipo de cambio paralelo esta semana. “La inflación de marzo por arriba de lo esperado, más emisión monetaria por el déficit, más dólar agro, más atraso cambiario, todo apunta a un dólar con alas hacia arriba en abril”, anticipó el analista Damián di Pace nada más conocerse el IPC de marzo. “Cada vez que salió un dato de inflación alto, el blue reaccionó acomodándose”, coincide la economista Elisabet Bacigalupo, de la consultora Abeceb. “Por ahora no estamos en una crisis cambiaria. No digo que no vaya a suceder”, tuiteó el periodista y economista Pablo Wende. Bacigalupo considera que el ministro de Economía, Sergio Massa, diseñó un plan económico destinado a “aguantar hasta las elecciones” presidenciales de octubre y evitar que salte todo por los aires antes. Los numerosos controles cambiarios y las devaluaciones encubiertas por sectores —como el ‘dólar agro’ o el ‘dólar tech’— forman parte de una amplia batería de medidas que han chocado con un obstáculo inesperado: la peor sequía de los últimos 60 años. El campo argentino, la principal fuente de ingreso de divisas, estima que la mala cosecha de esta campaña supondrá pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares. Es un duro golpe para los productores pero también para el Estado, que aplica importantes impuestos a las exportaciones agroindustriales. La disminución de ingresos deteriora aún más las cuentas fiscales e impide la acumulación de reservas y la reducción del déficit pactadas con el Fondo Monetario Internacional a cambio de la reestructuración de una deuda de 44.000 millones de dólares. El freno del campo se reflejará también en el Producto Interior Bruto: después de dos años de crecimiento, este 2023 las previsiones son de una contracción. Ante ese escenario adverso y a la espera de que el Banco Central decida un nuevo aumento de tasas de interés, los argentinos se vuelcan al dólar. Recurren a la moneda estadounidense para ahorrar pero también como termómetro de la salud de la economía. Ver el dólar por arriba de los 400 pesos despierta en algunos el fantasma de la hiperinflación. La cesta de la compra, que se ha encarecido casi un 30% en el primer trimestre, es otra mala señal: a principios de año, con mil pesos se podía comprar un kilo de carne. Hoy a duras penas alcanza para dos docenas de huevos o un kilo de tomates. El deterioro económico agrava la incertidumbre electoral y polariza aún más al país a cuatro meses de las elecciones primarias y a seis de las presidenciales. A través de las redes sociales, detractores del Gobierno peronista exigen la renuncia de Massa mientras que sus defensores advierten que en caso de ganar la oposición la pobreza aumentará y la situación empeorará aún más. La campaña electoral girará alrededor de cómo estabilizar la economía

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La paradoja de Latinoamérica: región líder en producción de alimentos y donde más se encarece la comida

Internacionales / streaming streaming / 13/04/2023

EL PAÍS .– Si bien la inflación alimentaria ha aumentado en todo el mundo, la FAO asegura que la magnitud del fenómeno en Latinoamérica y el Caribe es mucho mayor que en otras regiones América Latina vive una paradoja. Es una región líder en producción de frutas, verduras, pescado y carne a escala mundial y exporta cientos de miles de millones de dólares en comida cada año. Pero es también la región en donde más se ha encarecido la comida, por lo que casi 57 millones de personas pasan hambre. El problema se ha agudizado a partir de la pandemia de la covid-19, cuando quedaron expuestas las vulnerabilidades de la región, entre ellas una subinversión en el desarrollo de fertilizantes propios. Si bien la inflación, tanto general como la de alimentos en particular, ha aumentado en todo el mundo, la magnitud del incremento en Latinoamérica y el Caribe es mucho mayor que en otras regiones, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La tasa de inflación de los alimentos promedio para la región alcanzó 43,9% en septiembre de 2022, muy por encima, por ejemplo, del 30% registrado en Asia, región con la segunda inflación alimentaria más alta en el mundo. El fenómeno guarda relación con varios factores. La depreciación de las monedas en los respectivos países impacta el precio de aquellos alimentos importados. El incremento en el precio de los combustibles, también a escala global, afecta el transporte y la distribución. Además, la guerra en Ucrania ha tenido también un efecto importante ya que Rusia es uno de los principales suministradores de fertilizantes a América Latina y la guerra complicó tanto la producción como la compra de éstos productos desde febrero del año pasado. La región es exportadora neta de alimentos. América Latina acumula el 14% de la producción mundial de productos agrícolas y pesqueros. Brasil y Argentina han apostado por las tecnologías transgénicas para multiplicar sus cultivos, mientras que, en México, empresarios de sectores como el aguacate han invertido en fuertes campañas publicitarias en el exterior para colocar su producto. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) asegura que la región exporta anualmente productos por valor de 160.000 millones de dólares. El 87% de esta cantidad tiene como destino otras regiones del mundo; solo el 13% restante se queda en los países productores. Esta es una de las razones por las que resulta paradójico que 49,4 millones de personas en América Latina y 7,2 millones en el Caribe pasen hambre, según datos de la Cepal. El 5 de abril, México encabezó una videollamada con seis jefes de Estado y dos ministros de la región para llegar a un acuerdo en la reducción de aranceles que pudiera resultar en menores precios de productos básicos. La idea era buscar “soluciones conjuntas frente a las presiones de precios y la carestía presentes en la región”, así como “fortalecer la integración y el comercio regional”, según la declaración de la alianza. “Para abordar una posible crisis de seguridad alimentaria y hambre, los países pueden implementar una serie de respuestas políticas integradas”, recomendó la FAO en un reporte publicado el martes. “Los programas de apoyo agrícola, como proporcionar a los agricultores semillas, fertilizantes y herramientas, así como capacitación e infraestructura, como sistemas de riego, pueden ayudar a mejorar la producción de alimentos”. Las políticas de protección social, empezando por los programas de alimentación en las escuelas o vouchers o transferencias monetarias, pueden ayudar a la población de bajos ingresos a acceder a alimentos nutritivos, apuntó la multilateral. “Las políticas de regulación de precios pueden garantizar que los alimentos estén disponibles y accesibles a precios asequibles”, señaló el organismo.

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Sin gasolina, con colas fantasma y sin ver la luz al final del túnel en Cuba

Internacionales / streaming streaming / 10/04/2023

EL PAÍS .– Una nueva crisis de abastecimiento de combustible semiparaliza el transporte público y privado en la isla. En Cuba no escampa. Ni se ve la luz al final del túnel. Luego de meses de apagones debido al pésimo estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en los últimos días una nueva crisis de abastecimiento de combustible ha semiparalizado el transporte público y privado en Cuba, provocando colas kilométricas en las gasolineras y escenas delirantes, como la de cientos de choferes y taxistas durmiendo en sus vehículos durante varios días a la espera de un camión cisterna que nadie sabe cuándo llegará. Son las llamadas “colas fantasma”, que la gente hace a cuenta y riesgo en los alrededores de los destartalados servicentros que despachan gasolina y diésel, pero solo por si acaso, sin seguridad alguna de que finalmente se produzca el milagro de repostar. Para matar el tiempo y el aburrimiento, algunos hasta jugaban al dominó bajo un árbol. “Estamos peor que nunca. Uno ya no sabe para dónde mirar”, dice Manuel, dueño de un Lada ruso que tiene más de 40 años rodando por las calles de La Habana. Es Sábado de Gloria, y Manuel habla en la fila con otros dueños de coches. Entre ellos comentan que antes se han vivido otras crisis similares y que al final la situación se ha normalizado. “Esto no puede seguir así, sin abastecimiento de combustible no se puede estar mucho tiempo, porque si no todo colapsa”, dice el interlocutor más optimista. Piensa que, como en otras ocasiones, las autoridades acabarán “por resolver un barco de petróleo en algún lado” y que esta nueva crisis también pasará. Varios se le echan encima. “No, compadre. La situación hoy es diferente. Esto ya es cíclico. Cuando no es la gasolina es el apagón, y después faltará el pollo y habrá que conseguir un barco de pollo, y de nuevo faltará el diésel…”, argumenta un joven que dice estar haciendo los papeles en la embajada española para adquirir la nacionalidad y marcharse del país. En el último año, cerca de 320.000 cubanos —el 3% de la población— entraron ilegalmente a EEUU por la frontera mexicana, según datos de los servicios migratorios norteamericanos. En una cola fantasma se puede escuchar cualquier opinión, hasta la más extrema y exagerada. Pero lo cierto es que el momento actual es especialmente difícil para todo el mundo. El transporte público desde hace años viene funcionando muy mal. En La Habana, una ciudad de más de dos millones de habitantes, en diciembre de 2021 había solo 878 autobuses, o guaguas, (menos de la mitad que a principios de los años noventa), y de ellos 440 no funcionaban debido a falta de neumáticos, baterías, filtros de aceite, material para coger pinchazos, y por roturas diversas. Hoy la situación es incluso más grave, admiten las autoridades, que han reconocido que se trata de la peor crisis del transporte público en los últimos 10 años. El problema se agrava con el actual desabastecimiento de combustible. En la capital, las paradas de autobús están abarrotadas y la gente tarda horas en cubrir un trayecto entre el centro y los barrios más alejados. Los taxis ruteros y los privados, que eran una alternativa, también se detienen y cobran cada vez más caro los trayectos a una población que ya está exhausta por la inflación. El salario de un profesional en Cuba está entre los 4.000 y 5.000 pesos, mientras que un litro de aceite vegetal cuesta 700 y un kilo de leche en polvo, 2.000—. En el mercado informal, un euro equivale a 185 pesos. Más allá del actual déficit de combustible, diversos economistas aseguran que la crisis cubana es general y estructural, de modelo. Y que el Gobierno debe introducir verdaderas reformas de calado y liberalizar la economía, no seguir poniendo parches que a estas alturas ya no funcionan. “El asunto es de vida o muerte, de máxima prioridad”, indica el economista cubano Omar Everleny, que recuerda que acaban de cumplirse tres décadas del informe Solchaga, que redactó en 1993 el exministro de Economía de Felipe González Carlos Solchaga sobre los cambios que deberían introducirse en la isla para hacer sostenible el sistema. “Resulta llamativo que el informe parece recién redactado. Parte de sus apreciaciones están vigentes hoy. Me pregunto si se necesitan nuevos diagnósticos o lo que se necesita es poner en marcha algunas de esas recomendaciones”, considera Everleny. Observa este economista que es cierto que hace dos años “por fin se aprobó” la ley que ha permitido la creación de más de 7.000 pequeñas y medianas empresas privadas, una de las demandas de Solchaga, y aunque estas empiezan a convertirse en el factor más dinámico de la economía, todavía diversos obstáculos lastran su funcionamiento —como los elevados impuestos, la excesiva burocracia que ralentiza y complica cualquier gestión o la ausencia de un mercado cambiario oficial que permita a los nuevos empresarios adquirir las divisas que necesitan para importar y cerrar el ciclo de sus negocios—. En aquel informe, recuerda Everleny, Solchaga advertía de la importancia del ritmo y de la concepción de una reforma integral. “La globalidad de la reforma es, en nuestra opinión, un ingrediente esencial del éxito. Pero no es el único requisito. También hace falta que las medidas se adopten con la máxima urgencia. Que se hagan antes de que el deterioro económico desemboque en una irreversible degradación y caos que comprometa la confianza de la nación en sí misma y erosione el liderazgo de sus dirigentes. En la actual situación económica, la pasividad o el empeño en reformas parciales equivale, con toda probabilidad, a confiar en que sea el exterior quien imponga la filosofía, ritmo e intensidad de las reformas”, expresaba en el documento el exministro español. A juicio de Everleny, aunque algunas de sus sugerencias hayan sido puestas en práctica en años recientes, las reformas de calado se han aplazado “durante demasiado tiempo”. Todavía, asegura, “se sigue pensando en la llamada empresa socialista estatal, sin comprender que el Estado debe

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Guayaquil, la ciudad ecuatoriana donde cunde el terror del crimen organizado, según diario El País

Nacionales / streaming streaming / 09/04/2023

EL PAÍS .- Las balaceras se multiplican mientras el Gobierno deja en manos de los ciudadanos el combate contra la inseguridad La promesa de mano dura del Gobierno ecuatoriano y de ganar la guerra que declaró contra el crimen organizado hace dos años, después de tres masacres carcelarias que cobraron la vida de 200 presos, cambió con el reciente anuncio del presidente Guillermo Lasso de autorizar la tenencia y porte de armas a civiles para defensa personal, llamando al combate a todos. “Tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación el 1 de abril y que ha desatado toda clase de críticas. “Esto es parte de la mirada militarista de la seguridad que ha venido implementando el presidente”, señala el analista Luis Carlos Córdova y que, en su opinión, “ahora traslada la responsabilidad a la sociedad civil”. La decisión del presidente llega cuando el país enfrenta la peor crisis de inseguridad de su historia. En el 2022 los homicidios intencionales alcanzaron una cifra récord de 4.603, eso significó un 83% más que en el 2021 y ubicó al país como uno de los más violentos de América con una tasa de 25 crímenes cada 100.000 habitantes. El foco de esa violencia se concentra en Guayaquil, la ciudad costera más importante, que además, mueve gran parte de la economía por tener cinco de los ocho puertos del país y que históricamente han atraído una importante migración interna que busca oportunidades de una mejor vida. Pero las políticas públicas de la ciudad no han sabido responder al crecimiento de la población, y lo que ha hecho es excluir a los barrios de las obras públicas, y “se han convertido en un búnker para los grupos delincuenciales”, dice Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil. Por lo menos unas diez bandas criminales disputan a sangre y fuego el poder de territorios, a través de extorsiones, secuestros, robos, asesinatos perpetrados por sicarios y atentados terroristas. Pintan su insignia en las paredes para sembrar terror en la población que ha cambiado su dinámica de vida. “Ahora pasamos [el tiempo] encerrados en las casas”, dice Virginia Cedeño, una madre de cuatro hijos que vive en el barrio Isla Trinitaria, un sector deprimido del sur de la ciudad, donde la mayoría de sus habitantes viven del trabajo informal, ante la falta de oportunidades. El sector se formó por invasiones, a los que con los años el Municipio llevó los servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado. En el mejor de los casos, las calles tienen asfalto. La falta de planificación hace de estos lugares una masa de concreto, sin vegetación, ni parques, que crecieron desde las orillas de los esteros, los brazos de mar que llevan a los puertos. Jamás imaginaron que su ubicación se convertiría en un factor estratégico para los delincuentes que se dedican a traficar con droga utilizando los contenedores de carga. El miércoles por la noche, 25 jóvenes armados en motocicletas fueron con pintura a marcar las paredes de las casas de la Isla Trinitaria. “LK, CZ”, escribieron en los muros de varias cuadras. “Significa Latin Kings, y las otras letras deben ser del nombre del sujeto que ganó la guerra. Ahora el barrio le pertenece”, dice Virginia, quien describe que la pugna ha desangrado al barrio, también arrebató la vida de su esposo, quien fue asesinado hace ocho meses a pocos metros de la casa. Casi se han normalizado las balaceras que se producen constantemente en el sector, por lo que las armas han dejado de ser algo extraño. “Yo usaría un arma si es que la vida de mis hijos estuviera en peligro”, añade la madre, que ha visto cadáveres en el portal de su casa, y ha sufrido las consecuencias de explosiones de bombas que lanzan los criminales sin distinguir. Aunque reflexiona sobre las consecuencias legales: “El problema es que los delincuentes son protegidos por la justicia en este país”. Hay razones suficientes para los temores de Virginia, cuando tanto el Gobierno como el sistema judicial permitieron la libertad del principal cabecilla de una de las bandas más peligrosas de Ecuador. A través de un informe favorable de la dirección de la prisión y de una medida cautelar concedida por un juez, alias JR, sentenciado por siete asesinatos, se fue a su casa con un grillete electrónico. Publicaba en redes sociales las fiestas en burdeles y las armas que usaba su equipo de seguridad. Después, intentaron asesinarlo, se quitó el dispositivo y se esfumó. Ahora es de nuevo prófugo de la justicia. Por ahora, Virginia no tiene las posibilidades económicas para acceder a un arma, ni a las municiones, ni al curso de entrenamiento que demanda el permiso para tenerla legalmente. El Ministerio de Defensa es el que debe entregar los certificados de destreza en armas, el Ministerio de Salud tiene a cargo las pruebas psicológicas y se deberá implementar un sistema de registro que estará bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero existen dudas de que los certificados que se emitan para tener armas se obtengan de forma regular, dada la corrupción reconocida en las instituciones. Incluso el Gobierno de Estados Unidos retiró la visa a varios generales por presuntos vínculos con el narcotráfico. En noviembre pasado, en la bodega policial del cuartel Modelo, en Guayaquil, descubrieron que faltaban 150 armas, que algunas se han encontrado en escenas de crímenes. Otro hecho trascendental ocurrió en 2018, cuando se allanaron las oficinas de la Comandancia del Ejército en Quito para desarticular una red que traficaba armas del Ejército y las vendía a alias Guacho, cabecilla de las disidencias colombianas conocidas como Frente Oliver Sinisterra. “Si es que esas condiciones existen en el país, pretender que con más armas importadas no va a crecer el tráfico de armas interno es una ingenuidad”, explica Córdova. El Ministerio de Salud también ha estado envuelto en escándalos por emitir de forma irregular 2.300 carnés de discapacidad en el año

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Colombia prepara la primera ley sobre desplazamiento climático en América Latina

Internacionales / streaming streaming / 07/04/2023

EL PAÍS .- Un proyecto de ley propone al Estado reconocer la existencia del desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático y la degradación ambiental En 2005, cuando la crisis climática aún no había ganado la importancia política que tiene hoy, el profesor británico Norman Myers, quien falleció en el 2019, hizo pública la conclusión de un estudio en el que llevaba tiempo trabajando: para 2050, el cambio climático desplazaría a alrededor de 200 millones de personas en el mundo. Se trató de una cifra que ganó críticos y adeptos. Que fue cuestionada y que, incluso, fue retada, proponiendo que, para ese entonces, los desplazados climáticos alcanzarían los mil millones de personas. Pero lo cierto es que la estimación puso en el radar un tema sobre el que hoy se empieza a hablar con más preocupación. Aunque históricamente la humanidad ha sido nómada y siempre ha migrado – o elegido quedarse en un lugar – por las condiciones climáticas que la rodean, el hecho de que la temperatura empiece a alcanzar niveles extremos empieza a intranquilizar a académicos y gobiernos. Ahora, 18 años después de que Myers hiciera esa estimación, Colombia quiere convertirse en el primer país de Latinoamérica con una ley que abarca el desplazamiento climático, aunque el tema aún está gateando. A través de un proyecto de ley que fue apenas radicado para primer debate en el Congreso del país— y que tendría que lograr tres debates más para ser ley— los congresistas Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Duvalier Sánchez (Alianza Verde), y Daniel Carvalho (Independiente), proponen al Estado colombiano que “reconozca la existencia del desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático y la degradación ambiental”. Claros y oscuros Hablar de desplazamiento asociado al cambio climático y las presiones ambientales no es un tema fácil. No solo por las implicaciones que tiene, sino porque no es sencillo definir quién puede catalogarse como tal. El camino lógico es pensar en personas que se han visto forzadas a moverse por un huracán o por desastres relacionados con el clima. Pero como han señalado investigadores internacionales como Dominic Kniveton, esas migraciones, incluso las asociadas al cambio climático, pasan por un proceso de decisión de las personas en las que influyen varias cosas. Otros han argumentado que hay desplazamiento climático por razones aparentemente menos lógicas. Un estudio publicado en el Journal of Environmental Economics and Management, por ejemplo, encontró un fuerte vinculo entre las migraciones y la agricultura. Con sequías, no hay cultivos. Y sin cultivos, no hay ingresos, por lo que las personas eligen moverse de su lugar. Por esto, uno de los puntos más álgidos de este proyecto de ley gira entorno a la definición. El documento, tal cual como está propuesto, lo señala así: “Entiéndase por desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático y a la degradación ambiental, la movilidad humana de carácter forzado de una persona, familias o grupos sociales quienes se ven obligados a desplazarse de su territorio, abandonando su lugar de residencia habitual, núcleo familiar y social, su actividad económica y/o modos de subsistencia como resultado o para evitar los efectos de catástrofes naturales o del cambio climático”. Pero para Clara De La Hoz Del Real, doctora en sociología y especialista en migraciones climáticas, investigadora en el proyecto ERC PREFER de la Universidad Paris-Saclay-UVSQ (CEARC), la categorización del desplazamiento climático debería pasar antes por una reflexión de fondo y un debate social que permita evitar la reproducción de lógicas de poder. “Construir categorías es un proceso social que en este caso implica asignar a las personas afectadas ciertos derechos, pero no debería restar otros. En Colombia, la categoría de desplazamiento, y la figura institucionalmente construida del desplazado, llevan cargas políticas y sociales de estigmatización, de victimización y de exclusiones que reflejan la dominación de los que formulan y asignan estas etiquetas sobre aquellos a quienes son asignadas. Por eso, esa construcción de una categoría debe hacerse no solo desde los actores estatales, sino desde un enfoque societal, inclusivo y horizontal, para evitar que la intención e intervención del Estado sean nocivas”, señala la experta, quien también sugiere que, en un tema como este, la política pública no debería olvidar la responsabilidad que tiene el Estado frente al cambio climático y sus fenómenos asociados, como por ejemplo los desastres. Para Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, “aunque el proyecto de ley pone sobre la mesa un tema necesario y tiene una intención interesante”, debe también tener en cuenta el desplazamiento forzado, así sea por cambio climático, como “una figura jurídica que visibiliza cómo el cambio climático efectivamente vulnera los derechos humanos”. Además, la política pública que salga de allí, tendría que pensarse como una intersección que una la gestión del riesgo, el ambiente y el sector vivienda. “Es un tema muy complejo que no necesariamente debe verse como algo negativo cuando se hace la caracterización técnica como es”, agrega. Su último punto, de hecho, es bastante importante, pues dentro de la academia – y dentro de las cosas que se le ha retado a la hipótesis de Myers, quien incluso dio pie para que se hable también de refugiados climáticos – es que migrar por el cambio climático, si se logra bien, puede ser visto como un proceso de adaptación de los humanos. Lo que se viene ahora para Colombia es una profunda discusión.

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El chavismo enarbola la lucha anticorrupción y redobla la purga interna

Internacionales / streaming streaming / 07/04/2023

EL PAÍS .- Los mandos bolivarianos pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública. La purga política que ha iniciado el Gobierno de Nicolás Maduro enfundada en la consigna anticorrupción y que ya ha llevado a importantes cuadros políticos y gerentes públicos a prisión, no tiene precedentes en la historia del chavismo. En el epicentro de las tormentas, señalado de forma tácita, y en total silencio, se encuentra Tareck El Aissami, hasta hace poco uno de los pilares más poderosos del andamiaje revolucionario. El proceso anticorrupción en curso es la comidilla cotidiana y el tema de conversación por excelencia en las calles, la mayoría de las veces de manera socarrona e incrédula. La radio y la televisión oficial adelantan la información con prudencia, pero la indignación, cuando no la decepción, hierve en las redes sociales. El fiscal general, Tarek William Saab, ha declarado que 51 personas – entre altos funcionarios y empresarios vinculados al régimen- tendrán que presentarse ante los tribunales por existir “elementos de convicción” que indican que forman parte de una trama fraudulenta hilvanada para desviar los fondos de la república en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la siderúrgica Corporación Venezolana de Guayana. Saab informó que 262 funcionarios más están siendo procesados e investigados. Casi todos los inculpados conocidos –Hugbel Roa, Pedro Maldonado, Joselit Ramírez- son cercanos en lo personal al exministro de Energía y Petróleo y exvicepresidente del Área Económica, El Aissami, cuyo paradero se desconoce. El último en ser detenido ha sido Hugo Cabezas, también del entorno político de El Aissami. Cabezas fue presidente del Saime, la oficina de los servicios nacionales de identificación; es actual directivo de la empresa Cartones Venezolanos, vinculada a la CVG, y fue gobernador del Estado Trujillo. Saab no quiso adelantar información sobre un posible juicio al propio El Aissami. Los montos desviados en negocios ilegales en esta ocasión han sido calculados en tres mil millones de dólares. El propio Nicolás Maduro afirmó sentirse “indignado” ante tal conducta, y prometió que, al final de las pesquisas, el dinero sería reinvertido en obras de gobierno y gestión social. Aunque no es el primero, ni el más grave del voluminoso expediente de casos de corrupción en los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los mandos revolucionarios pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública. Alguna circunstancia parece haber disparado la espoleta para abrir la cacería interna. “Los equilibrios internos son complejos dentro del chavismo”, afirma la politóloga y escritora Colette Capriles. “Maduro sale adelante con esta iniciativa, no por un tema moral, sino político. Los excesos de El Aissami y el resto de los dirigentes han puesto en peligro a la propia coalición gobernante. Maduro tiene rato urgido de ingresos, el descontento social está aumentando, tiene planes de hacer inversiones sociales que le permitan encarar las próximas elecciones con perspectivas de victoria, y ha descubierto que la plata le faltaba. Maduro siente que puede orientar esta iniciativa y obtener réditos políticos con ella afianzando su autoridad”. Una apreciación similar tiene Stefania Vitale, académica del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Universidad Central de Venezuela. “Creo que hubo sorpresa ante la magnitud de los montos, y eso se puede haber combinado con las tensiones del momento. Aquí hay necesidades de dinero, pero es un tema, sobre todo, de economía política. Maduro está buscando reorientar las cosas con sus decisiones”. En el pasado se produjo una enorme cantidad de desprendimientos por razones ideológicas en el seno del oficialismo –Luis Miquilena, Henri Falcón, Ernesto Alvarenga, Gustavo Márquez, Rodrigo Cabezas-; o por desavenencias políticas, legales y personales, como Andrés Izarra, Gabriela Ramírez, Luisa Ortega Díaz o Miguel Rodríguez Torres. Las crisis a causa de la corrupción, a pesar de las múltiples denuncias, investigaciones legislativas y reportajes periodísticos que la han documentado en estos años, no han sido nada relevantes, y solo han sido explotadas aquellas que han tenido utilidad política para Miraflores. El exministro de Defensa Raúl Baduel, un líder influyente en los cuarteles, enfrentado personalmente a su antiguo amigo Hugo Chávez, fue llevado a la cárcel bajo cargos de corrupción, aunque era muy obvio que existía interés en sacarlo del camino y opacar su influencia. Jorge Giordani, tutor personal de Hugo Chávez, y durante años su ministro de Planificación, terminó execrado de las filas revolucionarias al asumir Maduro la presidencia, al presentar quejas por la corrupción desbordada y criticar con dureza la política económica oficial. El voluminoso expediente de corrupción y excesos orquestado en los años de Rafael Ramírez frente a PDVSA, -denunciados en 2016 por parlamentarios de la oposición mientras los fondos nacionales se evaporaban en medio de una prolongada crisis cambiaria-, fueron tenazmente negados por toda la clase política chavista, que bloqueó las investigaciones y terminó cercenando al legislativo en sus funciones para abrir las compuertas de las protestas populares generalizadas de 2017. Al salir de PDVSA, Ramírez fue primero embajador ante Naciones Unidas, para luego renunciar a su cargo y quedarse en el exterior en calidad de exiliado. Es ahora, casi seis años después, cuando los tribunales chavistas han decidido formalizar cargos contra él. “El ingrediente de este proceso interno es que se ha presentado en un momento en el cual los ingresos fiscales del estado venezolano están muy limitados para cubrir el número de necesidades del país,” afirma Piero Trepiccione, politólogo y coordinador del jesuita Centro Gumilla. “Maduro necesita recursos para encarar la reelección. Frente a su debilidad en la opinión pública y su poca popularidad, afinca su autoridad, con una recomposición que le permite concentrar poder.”

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El ELN le hace jaque a la paz total de Petro

Internacionales / streaming streaming / 30/03/2023

EL PAÍS .-El ataque de la guerrilla que deja nueve militares muertos pone en peligro toda la arquitectura de la estrategia de paz que tiene el presidente. Gustavo Petro lleva media vida promoviendo un discurso de paz después de haber sido un joven y miope guerrillero que creía en la lucha armada para llegar al poder, más como una ensoñación que como un propósito realizable. Hace unos meses, estaba convencido de que podría trasladar ese transformación que él mismo vivió en persona a los dirigentes del ELN, unos hombres con modales de seminaristas que han sobrevivido décadas escondidos en las profundidades de la selva. Sin embargo, la negociación con ellos resulta tan ardua que ahora mismo pone en peligro lo que Petro ha llamado la paz total, la ausencia absoluta de violencia en Colombia. Un acuerdo para no matarse más que está en el aire. El presidente quiso que el diálogo avanzara rápido y por eso anunció en vísperas de año nuevo un alto el fuego que en realidad no existía. No fue ni una confusión ni un malentendido. Creía, y así lo ha contado a este periódico gente que trabaja de cerca con él, que una vez anunciado el armisticio la guerrilla no tendría más opción que acatarlo. Era un movimiento audaz, una jugada que empata con su personalidad, pero que no dejaba de ser arriesgada. Le salió mal. El ELN tardó tres días en desmentirle y dejarle claro que nadie les iba imponer acuerdos que estuvieran fuera de la mesa negociación. Desde entonces, Petro espera con ansias el alto el fuego mientras el ELN se muestra impasible, convencido de que sería un suicidio bajar la guardia en medio de la guerra que libra en sus territorios. Pero después del ataque en la madrugada del miércoles que dejó nueve militares muertos y ocho heridos, resulta inaplazable una discusión sobre el tema. Así lo ha hecho saber el jefe de los negociadores del Gobierno, Otty Patiño, que le da prioridad absoluta a exigir un alto el fuego y de hostilidades en la reunión de urgencia que ha convocado Petro para el lunes después del atentado. El ELN, de todos modos, no opina igual, las urgencias no son lo suyo. El comandante Pablo Beltrán ha dicho que ese acuerdo supone quedarse como una estatua y eso los pone en riesgo. Beltrán está convencido de que las fuerzas armadas colombianas están compinchadas con los otros grupos armados con los que se disputa el territorio, el Clan del Golfo y otros ejércitos derivados del paramilitarismo. El asunto resulta clave porque sin acuerdo con el ELN no hay paz total que valga, todo se desmorona. Un acuerdo con esa guerrilla, que se ha sentado a hablar sin ningún éxito con otros seis presidentes, son los cimientos sobre lo que debe construirse el resto, la primera piedra de la iglesia. Las condiciones son inmejorables para el ELN, que enfrente tiene a un Gobierno de izquierdas con el que comparte muchos postulados. Hasta ahora nunca había tenido una oportunidad semejante, en esa mesa de negociación hay gente como Patiño, exguerrillero del M-19, o María José Pizarro, hija del líder de esa guerrilla asesinado en plena campaña presidencial de los años noventa. Gente que ha llegado a la izquierda por senderos parecidos. Esta no ha sido la primera crisis que ocurre en la negociación. La primera surgió a raíz del alto el fuego que Petro se fabricó de la nada y la segunda a cuenta de unos tuits del presidente en los que comparaba a la guerrilla con el narcotraficante Pablo Escobar. Hubo una tercera de menor calado, una minicrisis, que se zanjó con una reunión entre las partes por una entrevista que dio a este periódico Pablo Beltrán. Se refirió en términos muy duros a los negociadores del Gobierno, aunque empezaba con una declaración entusiasta a la pregunta de que por qué esta vez iba a ser la negociación definitiva después de seis fracasadas: “La novedad es que tenemos un Gobierno progresista que tiene en su programa lograr la paz. Coincide con nosotros en que la paz es una urgencia del país y lo único que nos hace viables como nación. Somos socios en este asunto”. Ese factor todavía no ha sido determinante, no ha logrado dar un impulso. Hay mucho en juego. Petro ansía el alto el fuego y el ELN lo retrasa. Hasta que eso ocurra se pueden dar matanzas como la de los militares, a la que a buen seguro responderá el Ejército con una ofensiva. En resumen, más muertos.

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Encerrados y carbonizados: la muerte de decenas de migrantes en México revela la crudeza de la crisis migratoria en Estados Unidos

Internacionales / streaming streaming / 29/03/2023

EL PAIS .- Un incendio en una instalación del Gobierno en Ciudad Juárez deja 38 muertos y 28 heridos. Las autoridades dicen que los migrantes lo provocaron La muerte de decenas de migrantes este lunes en Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, profundiza la crisis en la frontera. Saturada desde hace años, el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami), dependiente del Gobierno federal, ha elevado el horror de las penalidades habituales de la travesía a un nuevo nivel. Las autoridades contaban el martes por la tarde 38 muertos y decenas de heridos, todos hombres, la peor tragedia que se recuerde en una instalación gubernamental. Las dudas sobre la actuación de sus responsables marcan lo ocurrido. En un vídeo que empezó a circular el martes se ve a guardas del centro dejando a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo se tragan la imagen. El terror que sugiere el vídeo, la desesperación y la muerte que adelanta, chocan con las primeras reacciones del Gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Este martes, el presidente señalaba que los migrantes se enteraron de que iban a ser deportados, cuando estaban en el centro de detención. Parte de los 68 habían sido detenidos la tarde anterior en la ciudad. Otros volvían deportados de Estados Unidos, según informaron medios locales: “Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, dijo el mandatario. Lo anterior no explica por qué estaban encerrados en celdas, o por qué los vigilantes no abrieron cuando vieron el fuego. Por qué parece que se van. Además, deja fuera otras posibles explicaciones, apuntadas en algunos medios desde el martes de madrugada: el hambre de los migrantes, la sed… Organizaciones internacionales han levantado la voz estos días, empezando por Naciones Unidas, que ha exigido una investigación “exhaustiva” de lo ocurrido. Otras han sido más críticas, caso de Refugees International. Rachel Schmidtke, su abogada senior para la región, ha dicho: “El Inami tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia”. Bomberos y otras autoridades trabajan para sacar a los migrantes durante el incendio, el lunes por la noche en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua (México).JOSE LUIS GONZALEZ (REUTERS) América Latina vive múltiples crisis migratorias, alimentadas por la violencia, el hambre, la falta de oportunidades, el cambio climático… En los últimos cinco años, cientos de miles de ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, por citar unos pocos, han cruzado selvas y desiertos para tratar de llegar a Estados Unidos o Canadá. No ha sido fácil. Muchos han encontrado la muerte en el camino, por la misma violencia de las mafias o por la logística criminal de traficantes y transportistas. Ahora, también, el Estado aparece como facilitador de su desgracia. No es nada nuevo. Los últimos dos presidentes de EE UU, Donald Trump y Joe Biden, han confiado a México parte de su política migratoria, consistente en detener a los que llegan antes de que toquen su puerta. México ha aceptado. En los últimos dos años, el país ha registrado números record de detenciones de migrantes de manera consecutiva. En 2021 fueron 228.115. En 2022, 444.439. Al norte del río Bravo, el Gobierno ha ido cerrando rutas a los migrantes, incluso las de asilo político o humanitario, bajo candado todavía gracias a una directiva sanitaria recuperada por Trump en tiempos de la pandemia de covid-19, el título 42, que Biden conserva. En México, las cosas han cambiado mucho en pocos años. El presidente López Obrador llegó al cargo en diciembre de 2018 con un discurso humanista, transversal, que pronto chocó con las amenazas de Trump de construir un muro en la frontera. Una barrera que, dijo, pagarían los mexicanos. La batalla retórica fue por un lado y la realidad por otro. López Obrador dijo que nadie en México pagaría ningún muro, pero en la práctica convirtió al Inami en barrera, apoyado en la corporación de seguridad nacida bajo su mandato, la Guardia Nacional. Personas se manifiestan afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, este martes.JOSE LUIS GONZALEZ (REUTERS) La multiplicidad del Inami en tareas de seguimiento y persecución a migrantes, solos o en caravana, no ha detenido el flujo. Lo ha ocultado, mandándolo aún más al margen. Así, las tragedias se han sucedido. En diciembre de 2021, un tráiler lleno de migrantes chocó en Chiapas, en el sur de México, dejando un saldo terrible: 54 muertos y más de 100 heridos. Antes, en febrero, una caravana de migrantes que se movía a salto de mata en Tamaulipas, en el noreste, topó con un grupo de policías que, por un motivo aún sin aclarar, les acribillaron. Luego prendieron fuego a sus cuerpos. Eran 17. Pero todo lo anterior no se compara con lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez, porque allí, los migrantes estaban a cargo del Estado mexicano. El Inami, que depende nominalmente de la Secretaría de Gobernación, gestiona la estación migratoria del Puente Internacional Stanton-Lerdo, a menos de un kilómetro de EE UU. Sus agentes están a cargo de las instalaciones y de quienes están dentro. Hasta ahora, el instituto ha dicho que colaborará con la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Está por ver qué actitud adopta el Gobierno, si trata el asunto como un error puntual, protocolos no seguidos por agentes concretos, o apunta al sistema. Este martes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dado alguna pista de lo que podría seguir. En un tuit, el alto funcionario ha dicho que “los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR”, sin dar más detalles. A la vez, algunos medios cercanos al Gobierno han informado de avances en los trabajos de la Fiscalía, que insisten en la responsabilidad de los migrantes en el incendio.

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La Fiscalía chilena abre una unidad de investigación por las amenazas contra las autoridades

Internacionales / streaming streaming / 29/03/2023

EL PAÍS .- Chile adopta por primera vez esta medida para proteger a fiscales y jueces. Además, al menos cuatro alcaldes y dos diputados han sido amenazados de muerte El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, que asumió en enero pasado, dispuso la creación de una unidad especial para investigar las amenazas del crimen organizado a las autoridades. Es una medida inédita en Chile, que nunca se había visto en la necesidad de tener un organismo especializado para atender este tipo de asuntos. Actualmente, al menos hay cuatro alcaldes de municipios de Santiago de Chile que se encuentran amenazados de muerte tras haber realizado denuncias contra el narcotráfico. Además, fiscales tanto del norte como del sur del país han sido víctimas de amedrentamientos verbales y por escrito. El último caso, del lunes recién pasado, fue la amenaza de muerte a dos diputados opositores, Miguel Mellado y Mauricio Ojeda, que representan a la región de La Araucanía, ubicada a unos 700 kilómetros de Santiago. Sus nombres aparecieron en un lienzo después de un atentado en un puente que se adjudicó uno de los ocho grupos radicales que operan en ese territorio. El Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó una querella. Valencia nombró a cargo de esta nueva unidad al jefe de la fiscalía metropolitana sur, Héctor Barros, que liderará un equipo de 13 fiscales de todo el país. El investigador está en pleno diseño de la estructura de trabajo, que contemplará la indagatoria de amenazas a autoridades, entre ellas jueces y fiscales, siempre y cuando provengan de organizaciones asociadas al crimen organizado. Incluso, está en evaluación que las indagatorias también contemplen los amedrentamientos a las policías. Barros es especialista en crimen organizado y su jurisdicción abarca a 12 municipios del sector sur de Santiago. Precisamente, tres de los alcaldes que han sido amenazados de muerte –Claudia Pizarro de La Pintana, Gustavo Toro de San Ramón y Germán Codina de Puente Alto– pertenecen a este territorio, y sus causas han sido investigadas por su fiscalía. La cuarta autoridad es Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, un municipio del sector oriente de Santiago y el quinto más grande del país. Desde febrero, Carter ha impulsado una polémica medida de demolición de viviendas asociadas a narcotraficantes, que ha sido respalda por la ciudadanía en la última encuesta Cadem con un 83%. “Con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco, hace meses atrás empezaron a aparecer carteles, panfletos y un mono mío ahorcado. La última vez fue el miércoles (22 de marzo), cuando hicimos la última demolición. Los soldados de los narcos me gritaron: ‘Sabemos dónde vives, quiénes son tus hijos, vamos a matar a su mamá. Pero el miedo dura un segundo”, relató Carter en una rueda de prensa. Pizarro, cuyo municipio La Pintana es el más pobre de Santiago, fue la primera autoridad en tener protección policial debido a las amenazas de muerte que comenzaron en 2019, por lo que se encuentra con protección policial desde esa fecha. Aunque la alcaldesa nació y vivía en esa misma comuna, por medidas de seguridad debió cambiarse a otra. “Permanente tengo temor, tengo miedo. Han marcado mi oficina. Es bastante complejo vivir con protección policial”, dijo en una entrevista el domingo pasado. “Bonita tu familia” Hasta antes de la creación de la unidad que lidera Barros, las amenazas a autoridades en Chile las investigaba cada una de las fiscalías donde se realizaba la denuncia. Hoy, en cambio, estarán centralizadas en su repartición. En julio de 2022, la Asociación Nacional de Fiscales, que preside Francisco Bravo y que agrupa al 90% de los persecutores del país, realizó una encuesta que reveló que el 30% de los fiscales, o su entorno familiar, han recibido amenazas por las labores propias de su trabajo. El sondeo también arrojó que, de ellos, cerca del 10% dijo haber recibido agresiones físicas. Bravo explica a EL PAÍS que realizaron la encuesta luego de una serie de amenazas a fiscales tanto de la zona sur de Chile, donde indagan casos de violencia rural, y de las regiones del norte, que concentran causas de narcotráfico y crimen organizado. “A partir del 2015, a medida en que en Chile los delitos de homicidio con armas de fuego han aumentado considerablemente, este tema ha concitado una mayor preocupación para nosotros”, señala. En el sur, grupos radicales han dejado pancartas y lienzos con los nombres de a lo menos tres fiscales. De ellos, solo se ha hecho público uno. En julio de 2021, tras un atentando incendiario en La Araucanía, apareció un lienzo con la siguiente amenaza: “Fiscal Enrique Vásquez. Bonita tu familia. Te tenemos en la mira”. Es una situación similar a la que han enfrentado en esa zona los tres últimos alcaides de la cárcel de Angol, en la misma región, con mensajes de un tono parecido. Bravo agrega que existe preocupación de su gremio, en especial por los fiscales de la zona norte del país. Menciona a Tarapacá, Arica y Antofagasta, tres regiones de Chile donde el crimen organizado configura una nueva criminalidad, en parte asociada a la irrupción de bandas internacionales que han llegado al país en forma irregular. Recuerda que, luego de la encuesta, la fiscalía nacional, que entonces lideraba Jorge Abbott, realizó un nuevo estudio con características similares, pero en esa ocasión se seleccionó a los fiscales según su situación de riesgo: alto, medio o bajo. “Según la información que tenemos, cerca de 50 fiscales en Chile están una situación de riesgo alto”, dice Bravo, que no entrega detalles por razones de seguridad.

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Cristina Kirchner: “Si me van a meter presa, no me importa”

Internacionales / streaming streaming / 22/03/2023

EL PAÍS .- El Grupo de Puebla arropa a la vicepresidenta de Argentina en un evento con críticas a los jueces que la condenaron por corrupción. Cristina Kirchner dice que no le importa si la meten presa por corrupción. “Lo que me importa es reconstruir un país como el que alguna vez tuvimos”, aclaró. Se refería a “la década ganada”, como llama a los 12 años, entre 2003 y 2015, en los que gobernó Argentina junto a su marido ya fallecido, Néstor Kirchner. Cristina Kirchner ya no habla de la gestión que integra como vicepresidenta y ni siquiera nombra a Alberto Fernández, el presidente. Prefiere destinar las pocas apariciones que hace a criticar a los jueces que en diciembre la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta vez fue en centro cultural que lleva el nombre de su marido, ubicado en la exsede del correo, a metros de la Casa Rosada en Buenos Aires. Kirchner cerró un encuentro del Grupo de Puebla organizado en su honor bajo el lema Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial. El partido judicial trabaja, según la lectura del kirchnerismo, por la proscripción de Kirchner en las elecciones generales de octubre. Lo de este martes fue un mitin kirchnerista. Participaron tres expresidentes latinoamericanos – Rafael Correa, Evo Morales y Ernesto Samper- y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Entre el público estaba el uruguayo José Mujica. La excusa fue la presentación de un libro coordinado por el exjuez Baltasar Garzón que desgrana con duras críticas la causa judicial contra Kirchner, a la que consideran víctima de lawfare, esto es el uso político de la Justicia para perseguir opositores. Garzón agradeció al presidente argentino, Alberto Fernández, por promover la creación del Grupo de Puebla. La mención de Fernández, que no asistió al evento, no mereció un solo aplauso. Pero cuando el colombiano Samper nombró a Kirchner, los 2.500 asistentes estallaron en un “Cristina, presidenta” que duró varios minutos. Kirchner apoyó la mano en el corazón y escuchó el clamor con una sonrisa. “Qué bueno una caricia después de tantos golpes”, dijo en el arranque de su discurso. Kirchner recibió el primer golpe el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó asesinarla de un disparo en la cabeza en la puerta de su casa. El 6 de diciembre, fue condenada en la llamada causa Vialidad por recibir sobornos para el reparto de la obra pública. Dijo entonces que era víctima de un “pelotón de fusilamiento judicial”, se declaró proscripta y anunció que no sería “candidata a nada” en las próximas elecciones. En cada de sus apariciones escucha el pedido de sus seguidores para que revea su decisión y se presente a la presidencia. El “Cristina presidenta” interrumpió varias veces su discurso. Kirchner habló de lawfare, de economía, del FMI y de la oposición, a la que acusó de entregar en 2019 “el país hecho percha”. Criticó también al Fondo Monetario Internacional y el crédito de 44.000 millones de dólares que en 2018 entregó a Mauricio Macri. “Discúlpenme si hablo mucho de economía últimamente, pero todas las persecuciones tienen que ver con la economía. Tiene que ver con esa Argentina que vino a reconstruir el Estado democrático constitucional”, dijo. Sobre la Justicia, la acusó de “disciplinar a los dirigentes del campo popular”. Al final, el público volvió a pedir que sea candidata, pero Kirchner nada dijo al respecto. El entuerto judicial en el que está complica la estrategia electoral de la vicepresidenta, pese a que es la dirigente que más caudal de votos tiene dentro del peronismo. En la práctica puede ser candidata, porque su condena a inhabilitación para ejercer cargos públicos no está firme. Pero Kirchner teme que si se lanza a la carrera, la Corte Suprema se apure a ratificar la sentencia antes de las elecciones. Por ahora solo puede aspirar a que, tras el operativo clamor de sus seguidores, el peronismo se rinda a su popularidad y le ceda la estrategia para las elecciones de octubre.

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Javier Milei, el candidato libertario que capitaliza el descontento en Argentina

Internacionales / streaming streaming / 20/03/2023

EL PAÍS .- El diputado que apela a los descreídos de la política crece en las encuestas para la presidencia de Argentina armado con una motosierra y la promesa de destruirlo todo. Javier Milei era hasta hace poco menos de dos años un economista provocador de pelo negro ensortijado e insulto fácil. Los programas políticos de televisión lo amaban: con su verba incendiaria y sin filtro aseguraba el espectáculo. Pero en 2019 decidió dejar el análisis económico, se postuló a diputado y ganó. Nadie se lo tomaba muy en serio hasta que anunció su intención de postularse a presidente y comenzó a ascender en los sondeos. Cuanto peor le va a Argentina, mejor le va a Milei, que ha sabido atraer el voto bronco de los descreídos de la política. Esta semana, el candidato libertario grabó un video para presentar su “plan motosierra”, una mezcla de ideas ultraliberales donde no hay ministerios de Educación, Salud, Obras Públicas ni Desarrollo Social, se permite la venta y compra de órganos y la delincuencia se resuelve armando sin restricciones a los civiles. La crisis que vive Argentina está pasando la factura a los políticos. El estancamiento económico y la frustración social por la falta de futuro da alas a figuras emergentes que prometen dinamitarlo todo para empezar de cero. La fórmula le sirvió a Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, cuando se temió un contagio en Argentina. Pero el peronismo, en su versión kirchnerista, encontró la fórmula para neutralizar cualquier aventura individual antisistema y se impuso en las elecciones de 2019. El fracaso de aquel experimento, con Alberto Fernández como presidente y Cristina Kirchner como vice, abrió la puerta del Congreso a Milei en las elecciones de medio término. Y desde entonces, su figura no para crecer. La Libertad Avanza de Milei es hoy la tercera fuerza política en Argentina, y ya nadie se ríe de sus posibilidades electorales. Un promedio de seis encuestas nacionales elaboradas por el diario Clarín dio al economista el 17% de los votos. Está, cuando faltan cinco meses para las elecciones primarias obligatorias y siete para las generales, apenas por detrás de las dos grandes coaliciones que hoy dominan el escenario argentino: el gobernante Frente de Todos (25%) y Juntos por el Cambio (27%). Milei ha logrado quebrar la polarización, instalándose desde el margen como un árbitro electoral. Los últimos días concentró todas sus fuerzas en un armado nacional que le dé fortaleza en el interior del país. Pesca en río revuelto. Cuando el peronismo no ordena, la estampida de dirigentes locales abunda. Mieli se asoció a todo tipo de personajes. En Tucumán (norte), por ejemplo, lleva como candidato a gobernador a Ricardo Bussi, hijo de un exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad. Bussi presentó su candidatura con un video donde dispara a un blanco fijo en medio de imágenes de asaltos a civiles. “Que la próxima vida no sea la tuya”, dice a cámara. Milei tomó el guante desde Buenos Aires. Consultado por una periodista del canal de noticias TN por qué defendía la libre portación de armas, respondió con el estilo que ya es su marca de campaña: “¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes?”. El votante de Milei no necesariamente defiende el porte libre de armas, propone la venta de órganos, quieren el fin de la educación gratuita o llaman a quemar el Banco Central para terminar contra la inflación. Los une la protesta contra todo lo establecido y coincide en que los políticos son “una manga de delincuentes y ladrones”. “Tiemblen políticos. Sigan mintiéndole a la gente. No le gusta nuestro plan porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar y van a tener que laburar como personas honestas” dijo Milei durante la presentación de su plan. Su frase de cabecera es “odio a los zurdos de mierda”. Y para diferenciarse de “la casta”, cada mes sortea su sueldo de diputado nacional. El crecimiento electoral de Milei ya es un problema para los partidos tradicionales. Sus votantes son en su mayoría jóvenes y de clase media, pero también crecen en las barriadas pobres del extrarradio de Buenos Aires que fueron tradicionalmente peronistas. El Gobierno poco puede hacer. El dato de inflación de febrero difundido el martes alcanzó el 6,6% y el interanual superó por primera vez el 100% desde 1991. A medida que se profundiza la crisis y crece el malhumor social, el ministro de Economía, Sergio Massa, pierde fuelle como posible candidato de consenso en un peronismo que hoy se desangra en peleas intestinas. No le va mejor a Juntos por el Cambio, la coalición opositora creada por el expresidente Mauricio Macri. El discurso de Milei obliga a los precandidatos de centro, en particular el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a pendular hacia la derecha. Y da alas al mismo tiempo a las figuras más extremistas de la alianza, como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Mauricio Macri. Que Milei terminara fagocitado por Juntos por el Cambio parecía una obviedad meses atrás. Pero el diputado crece en las encuestas y conseguir su apoyo cotiza cada vez más alto. Su aspiración es pasar a una segunda vuelta en las elecciones de octubre y captar todo el malestar posible en las urnas. Milei ya no provoca risas.

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Bukele sustituye a Uribe como inspiración de la derecha en Colombia

Internacionales / streaming streaming / 19/03/2023

EL PAÍS .- La admiración por el presidente de El Salvador crece entre figuras como María Fernanda Cabal mientras Petro lo busca como enemigo. Un nombre de origen árabe ha entrado de lleno en la política colombiana. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se abre paso como nuevo representante de la polarización. Al mismo tiempo, la figura de Álvaro Uribe, que hasta ahora había ocupado ese lugar, se ha difuminado en los últimos tiempos. Entre la oposición tampoco hay un líder que lo releve. La buena y extraña relación entre el expresidente y Gustavo Petro ha dejado vacío el hueco del antagonista, necesario para una figura como Petro, que creció políticamente desde la confrontación al uribismo. El joven autócrata salvadoreño ha ocupado ese espacio con gusto. El presidente de Colombia ya tiene con quien pelear y la derecha más radical ha encontrado a quien encumbrar. Bukele se deja querer: “Creo que iré de vacaciones a Colombia”, dijo en Twitter. El primero en nombrar al salvadoreño fue el propio Petro, aunque sus palabras podían haber pasado desapercibidas. En un acto en Bogotá, el presidente se refirió a la política de seguridad de su homólogo centroamericano: “El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas”. Bukele colgó el vídeo en su perfil de Twitter: “Los resultados pesan más que la retórica”, le contestó. Ahí se abrió la veda. Empezó un intercambio de mensajes en la red social que se mantiene con el paso de los días. Los ataques entre ambos han ido en aumento. En uno de ellos Bukele interpela al colombiano: “No entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”. Un golpe bajo contra Petro, que días antes había solicitado a la Fiscalía que abriera una investigación a su propio hijo por corrupción. Nicolás Petro está la mira de la justicia por supuestamente utilizar su apellido para quedarse con dinero destinado a la campaña a la presidencia de su padre. Petro, conocido por su afición a tuitear y no evitar ningún charco, respondió retador: “Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos”. Así han seguido varios días. Este mismo jueves, aunque sin citar a Bukele, Petro se refirió a las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración”. El filón estaba servido para la derecha, tan huérfana de líderes desde las pasadas elecciones, donde los partidos tradicionales ni siquiera alcanzaron la segunda vuelta. La primera en entrar a la batalla en defensa de Bukele fue María Fernanda Cabal, senadora del ala más radical del uribismo. “Presidente Nayib Bukele, Gustavo Petro jamás construyó un colegio y menos una universidad. Lo que sí hizo fue promover centros de consumo de drogas, en vez de rehabilitar adictos”. Se refería a su época como alcalde de la capital. Días después, la revista Semana, de tendencia conservadora, dedicó su portada al presidente de El Salvador. “El milagro Bukele”, tituló. Una referencia religiosa para un hombre que ya se presenta ante su pueblo como un “instrumento de Dios”. La publicación narra la carrera presidencial del joven mandatario, de 41 años, obviando deliberadamente algunos detalles no menores. Por ejemplo, se limita a decir que aspira a la reelección, pero no cuenta que la Constitución lo prohíbe. Tampoco explica su deriva autoritaria, su mangoneo sobre la justicia, sus abusos contra los derechos humanos amparado en un único fin: acabar con las pandillas. En solo dos semanas, Semana ha publicado más de 15 noticias sobre el salvadoreño. El fenómeno Bukele que aterriza ahora en la política colombiana no es único. Más allá de su popularidad avasalladora en El Salvador por la caída espectacular de la violencia, que supera el 90%, sus vídeos, perfectamente coregrafiados, circulan en los chats de whastapp de tendencia ultraderechista de todos los países de América Latina y hasta de España. Una política de mano dura que genera tanta atracción en unos como rechazo en otros. Un episodio ya conocido en Colombia, en el que se prioriza la reducción de la violencia a la salud de la democracia. Países como Costa Rica ya han anunciado que copiarán el modelo Bukele. Organismo internacionales han llamado la atención sobre los abusos en el país, que ha aumentado su política propagandística. En los vídeos que se difunden, con música ambiente y planos cinematográficos, se ven a miles de pandilleros sometidos, esposados de pies y manos y vestidos con un calzón blanco, durante su traslado a la supercárcel de máxima seguridad que Bukele inauguró hace un mes. Una prisión con espacio para 40.000 presos, lo que la convertiría en la mayor del mundo. La senadora Cabal ya ha convertido en apuesta política su política de seguridad: “Prometo que vamos a replicar el modelo de Bukele en Colombia para que los niños puedan crecer con sus padres. No vamos a perdonar bandidos y no vamos a dar impunidad”, dijo en Twitter. La derecha tiene un nuevo ídolo. El presidente ya encontró enemigo.

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Gustavo Petro confirma la muerte de 21 mineros tras las explosiones en las minas de carbón de Sutatausa

Internacionales / streaming streaming / 16/03/2023

EL PAÍS .- Dos días después de la explosión en el municipio minero, el presidente lamenta que los trabajadores murieron bajo tierra. Marco Rincón escuchó la tragedia en forma de tres explosiones: “Se oyó como si fueran tres detonaciones de dinamita, pero luego supe que era algo mucho peor”. Lo que escuchó en la noche oscura del martes, poco después de las ocho de la noche, ocurrió dentro de las montañas andinas del municipio minero de Sutatausa, a solo dos horas de Bogotá. Rincón, un hombre de 62 años, vive en una pequeña casa blanca ubicada cerca a varias minas de carbón, en la vereda Peñas de Cajón, y lo que oyó venía de debajo de la tierra. “Esas minas bajan un poco más de un kilómetro de profundidad y decían que ahí la combinación del metano con polvillo de carbón podía explotar en cualquier segundo”, dice Rincón, quien fue minero por más de 40 años. La combinación química nunca explotó cuando él estaba bajo tierra. Sí le ocurrió a más de 30 mineros en la noche del martes. “Nunca vi algo así, se lo juro”, dice. La explosión ocurrió en unas minas interconectadas cuando los 30 trabajadores apenas empezaban su turno nocturno, que va de las las seis o siete de la noche a las dos o tres de la mañana. Algunos de ellos llevaban solo un año trabajando allí, otros más de 10, la mayoría había visto a sus padres y hermanos dedicarle su vida a la extracción del carbón. En la madrugada del miércoles las autoridades informaron que nueve de ellos habían logrado salir de las minas con vida. Pero en la madrugada del jueves, dos días después de la explosión, el presidente Gustavo Petro confirmó que 21 de los 30 mineros perdieron la vida. Un hombre que se encontraba cerca de la mina Los Chocos es llevado a una ambulancia para recibir primeros auxilios.VANNESSA JIMÉNEZ ¿Qué ocurrió en Sutatausa? “Según las hipótesis iniciales, lo que ocurrió fue una aglomeración de gases: gas metano, monóxido de carbono, y polvillo de carbón. Juntos son altamente explosivos”, dice el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos. Desde la noche del martes un enorme grupo de rescatistas llegó a la zona, pero varias características han hecho muy difícil entrar en grupos grandes para buscar a los cuerpos bajo tierra: el largo kilómetro de profundidad por bajar, las más de 500 hectáreas subterráneas por revisar y el aire tóxico que se mantiene en las minas. En la tarde del miércoles los rescatistas aún esperaba que ocurriera un milagro y aparecieran con vida 10 de los mineros (los autoridades habían confirmado la muerte de 11 de ellos, y el rescate de 9). Farfán, que intenta ocultar las ojeras que le han dejado más de 20 horas de vigilia, no se adelanta al futuro. Pero su tono no suena optimista. Un colega suyo, unos metros más adelante, lo dice explícitamente: “Si están vivos, sería un milagro”. Desde que salió el sol en la mañana del miércoles decenas de mineros, hombres y mujeres, vestidos con botas pantaneras y ruanas para defenderse del frío andino, observaban desde lejos las operaciones de rescate. En Sutatausa hay minería informal y formal de carbón, pero las minas donde ocurrió la explosión son formales y en principio cumplen con la regulación de prevención contra accidentes. “Somos más de 100 personas los que trabajamos acá y, no me gusta decir esto, pero menos mal el accidente fue de noche y no de día, porque hubiéramos podido morir muchos más”, dice un minero que prefiere no dar su nombre. Jhon Chiquizá, uno de los mineros que trabaja en las labores de rescate.VANNESSA JIMÉNEZ Él explica que las minas deberían tener muy buenos ventiladores, para que circule el aire bajo tierra. “Eso no siempre pasa, uno lo siente cuando falta el oxígeno, por el calor, y lo mejor que uno puede hacer en ese momento es salirse”, añade. Las autoridades no han dicho si las minas fallaron en cumplir con los protocolos, pero varios familiares de los fallecidos y desaparecidos están molestos porque no fueron las empresas quienes los llamaron a contarles del accidente. Se enteraron por redes sociales. “Ustedes lo que quieren es que nuestras familias se mueran bajo tierra para no pagarles la salud”, le grita un hombre mayor a un militar, antes de que su familia lo abrace y lo aleje de la confrontación. La Cruz Roja también está presente en Peñas de Cajón, dando apoyo psicosocial a los familiares de los desaparecidos o fallecidos, y protegiéndolos de la jauría de periodistas internacionales y nacionales que han llegado. Varios de los cadáveres siguen bajo tierra y sus familiares miran desde lejos los hoyos por los que bajaban sus hermanos o hijos a trabajar. Miran con la triste esperanza de reconocer un cuerpo, pero verlo sin vida. Cerca a ellos hay un mural con el dibujo de un minero y un niño. En él, el padre le dice a su hijo que en manos de Dios está la posibilidad de que “nosotros, los mineros de corazón, salgamos desde las entrañas de la tierra a ver a nuestros seres amados”. Familiares de los mineros atrapados esperan información alrededor de una carpa de la Cruz Roja.VANNESSA JIMÉNEZ Algunos familiares quieren acercarse a la prensa. Nidia Sofía Monroy, por ejemplo, es una mujer de 20 años que carga en sus brazos a un bebé de un año y cuenta que su hermano es uno de los desaparecidos. “No he podido decirle a mi mamá lo que pasó. Ya perdimos a otro hermano hace unos meses en un accidente de tránsito, y a ella se le paraliza un lado del cuerpo por el estrés”, dice después de una noche sin dormir. Otra es Angela Cristina Pineda cuyo hijo, Cristian Eduardo, de 31 años, también quedó atrapado en la mina esa noche. “Él me contó hace un mes que supo de un escape de gases en la mina, pero la verdad pensaba que eso ya se

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Bukele intensifica su guerra contra las pandillas con el traslado de 2.000 nuevos presos a la supercárcel de máxima seguridad

Internacionales / streaming streaming / 16/03/2023

EL PAÍS .-Las organizaciones civiles salvadoreñas y la comunidad internacional denuncian múltiples abusos a los derechos humanos durante el régimen de excepción que dura ya un año. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha hecho de las redes sociales su principal tribuna política, ha vuelto el miércoles a lanzar uno de sus tuits favoritos. Dos frases escuetas, incluido un recado para sus críticos, y un vídeo espectacular. El anuncio es el traslado de 2.000 presos más a la supercárcel de máxima seguridad, que inauguró hace poco más de un mes con otro de sus habituales despliegues mediáticos como el golpe definitivo en su guerra contra las pandillas. La semana que viene se cumplirá un año desde que Bukele decretó un duro régimen de excepción, que ya va por 11 prórrogas y que limita derechos y libertades constitucionales en todo el país. Tanto la comunidad internacional como organizaciones salvadoreñas de derechos humanos acusan al Gobierno de usar la tortura, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en su embestida contra las llamadas maras. El Gobierno, por su parte, responde con poca información, más allá de los mensajes en redes sociales del presidente, y saca pecho de una reducción histórica de la violencia. Traslado de pandilleros a la cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), este jueves.GOBIERNO DE EL SALVADOR (EFE) El vídeo del miércoles, de menos de minuto y medio, parece el tráiler de una serie de Netflix. Con música de película de acción, se repiten las escenas de presos esposados de pies y manos, vestidos con apenas un calzón blanco para que se vean los tatuajes, una de las marcas de las pandillas. Van saliendo en fila, con la cabeza agachada hacia un autobús que los lleva a la nueva cárcel, donde se colocan hacinados como animales en el suelo, en interminables filas de cuerpos pegados unos a otros. Los vídeos exhibiendo a los presos han sido una constante durante los últimos meses en el marco de su polémica política de seguridad. El texto que acompaña el vídeo dice: “Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Con esto, ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”. Hace menos de un mes, Bukele publicó otro vídeo similar con el primer traslado de presos a ese enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda América”. En aquella ocasión dijo también: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”. Traslado de presos, el miércoles.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (REUTERS) Ya van más de 60.000 detenidos, según las cifras del Gobierno, desde que arrancó en marzo pasado el régimen de excepción. La suspensión de garantías constitucionales incluye las detenciones injustificadas y la rebaja de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas. La incomunicación total con el exterior incluidos abogados y familiares, juicios virtuales sin intervención de testigos y en general un proceso plagado de opacidad e irregularidades. Organizaciones de derechos humanos del país han denunciado que apenas un tercio de los detenidos tienen vínculos comprobados con las pandillas. El resto, afirman, son producto de una campaña de limpieza social para ganar puntos de cara a las elecciones del año que viene. La guerra extrema contra las mafias ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, la estrategia electoral le está funcionando al presidente, que registra los mayores niveles de popularidad de un mandatario desde la vuelta a la democracia a principios de los noventa tras la sangrienta guerra civil. Policías militares con escudos antimotines escoltan a los pandilleros.GOBIERNO DE EL SALVADOR (EFE) Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) también han denunciado “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios. La investigación del organismo, que tuvo acceso a una base de datos oficial, registró desde marzo hasta agosto del año pasado la muerte de 32 personas bajo custodia en los penales. Además de hacinamiento extremo, “miles de personas, incluidos cientos de menores, detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso”. La deriva autoritaria del Gobierno de Bukele incluye también el asalto a las instituciones de justicia. En mayo de hace dos años, poco después de arrasar en las urnas y lograr el control de la Asamblea salvadoreña, el presidente impuso, saltándose todas las reglas, a un nuevo fiscal general y a nuevos magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estos golpes fueron respondidos con la reprobación de EE UU, ante lo que el presidente no ha dudado en entrar a la gresca perfilando un nuevo adversario en su agenda de polarización y campaña permanente. A esta situación hay que sumar también acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público. Presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el miércoles.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (REUTERS)

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Líder en energías renovables, Uruguay apuesta al hidrógeno verde

Internacionales / streaming streaming / 09/03/2023

EL PAÍS .-El país sudamericano, que experimentó una radical transformación de su matriz eléctrica, se prepara para producir hidrógeno verde, una industria incipiente no exenta de interrogantes. La última conferencia internacional de energías renovables, llevada a cabo en Madrid a finales de febrero, tuvo entre sus invitados especiales a Uruguay, el segundo país del mundo con mayor participación de energías renovables variables (como solar y eólica) en la generación de electricidad, según el informe REN21. “Europa está muy perdida con el tema energético y ven al caso uruguayo como un modelo muy fuerte a seguir”, dice a América Futura el físico Ramón Méndez, director nacional de energía de Uruguay entre 2008 y 2015, tras haber expuesto en Madrid las singularidades del proceso que logró descarbonizar la matriz eléctrica uruguaya por encima del 95% en menos de diez años. Méndez recuerda que, sin recursos como gas, petróleo o carbón, Uruguay, un pequeño país de 3,4 millones de habitantes, vivía en 2008 una “tormenta perfecta”, provocada por los altos precios del combustible, el aumento de la demanda eléctrica y la limitada infraestructura local que derivaron en una crisis de abastecimiento energético. “El hecho de no tener recursos nos ayudó a buscar caminos diferentes”, explica. Un acuerdo multipartidario alcanzado en 2010 adoptó como política de Estado la transición energética hacia las fuentes autóctonas y renovables, garantizando su ejecución y continuidad. Desde entonces, el país ha experimentado una transformación radical en la generación de electricidad, al reemplazar el uso de combustibles fósiles importados por una combinación de agua, sol y viento. Este último, sobre todo, cobró especial protagonismo: se instalaron 700 aerogeneradores, distribuidos en 41 parques eólicos, públicos y privados, con una capacidad total de generación de 1.500 megavatios que cubren más del 30% de la demanda eléctrica local. “A nivel mundial, Uruguay está en segundo lugar después de Dinamarca en penetración de energía solar y eólica”, dice a América Futura Marcelo Mula, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. En un año de lluvias normales, el 97% de la demanda eléctrica nacional es cubierta por energías renovables, mediante una combinación de eólica (32%), combustión de biomasa (17%), solar (3%), además de la tradicional y veterana hidroeléctrica (45%), según explica. El porcentaje restante corresponde a la electricidad generada por las centrales térmicas con combustibles fósiles, cuyo uso se incrementa cuando el clima afecta el funcionamiento de las otras fuentes limpias, como ha ocurrido debido a la “excepcional” sequía que azota al país desde 2020. Según la Agencia Internacional de la Energía, a escala global estos números son significativamente distintos: sólo el 24% de la electricidad consumida mundialmente se produce con fuentes renovables, mientras que más del 75% de la electricidad sigue dependiendo del carbón y otros combustibles fósiles. Un trabajador de Tecnogroup camina cerca de paneles fotovoltaicos en Constancia (Uruguay).MARIANA GREIF (BLOOMBERG) El modelo uruguayo: una asociación público-privada Méndez asegura que la rápida transformación de la matriz eléctrica uruguaya fue posible gracias al “rol fundamental” que jugó el Estado en el diseño y la dirección del proceso. En ese sentido, se estableció la asociación público-privada mediante contratos de compraventa de energía por un plazo de 20 años. Así, las empresas privadas que producen energía eléctrica están obligadas a vendérsela solamente a la eléctrica estatal UTE, que genera, transmite y distribuye la electricidad en Uruguay. Por su parte, la empresa pública se comprometió a comprar toda la energía eléctrica producida en el país, que destina al uso doméstico o a la exportación. Según el exdirector de energía, con este modelo, el país pasó de un costo medio de generación de 1.100 millones de dólares anuales a 600 millones. “Estamos gastando 500 millones de dólares menos que antes”, remarca Méndez. Durante este proceso, agrega, se volcaron 2.000 millones de dólares a la economía, se crearon 50.000 puestos de trabajo y se llegó al 99,9% de la electrificación en el territorio. Uruguay, por ejemplo, fue el primer país en Iberoamérica con el 100% de las escuelas rurales con acceso a la red eléctrica. Entre las obras concretadas durante la transición energética, Mula destaca la construcción de una planta de conversión energética en Melo (este del país), que permitió robustecer la interconexión con Brasil. “Desde 2018, Uruguay es un exportador neto de energía y (la eléctrica estatal) UTE es una de sus principales empresas exportadoras, superando a las ganaderas”, sostiene. Sin embargo, matiza: “Desde ese año hasta ahora no se ha instalado más potencia renovable y eso es un gran problema, porque la economía ha crecido y la demanda de energía también”. “Tenemos que volver a incorporar energía renovable”, remarca. La segunda transición: la apuesta por el hidrógeno verde En Uruguay, hay consenso en que el giro dado en el sector eléctrico ha contribuido significativamente a descarbonizar la economía, pero aún quedan muchas actividades que se alimentan de combustibles fósiles contaminantes. Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, recuerda que el 40% de toda la energía que consume el país proviene del petróleo. Y explica que la mitad de las emisiones de CO2 tienen su origen en la quema de gasoil, utilizado en la industria y en la movilidad, como camiones de carga y autobuses. “La transición energética tiene un debe muy importante en el sistema de transporte”, dice Viñas. Precisamente, hacia ese sector altamente contaminante apunta la segunda transformación energética que promueve el actual Gobierno, cuya hoja de ruta hacia 2040 propone la producción local de hidrógeno verde, un vector energético generado a partir de la electrólisis del agua mediante fuentes renovables, que se presenta como una alternativa no contaminante al uso de combustibles fósiles. Un hombre trabaja en la planta de biomasa en Tacuarembó.MARIANA GREIF ETCHEBEHERE (BLOOMBERG) “Uruguay está convencido de que tiene condiciones para formar parte de la economía del hidrógeno, con el objetivo de descarbonizar la producción de aquí a 2050″, señala a América Futura el ministro de Industria, Omar Paganini. Actualmente, indica, el Gobierno uruguayo está evaluando una serie de propuestas para desarrollar proyectos piloto de pequeña escala, orientados a las aplicaciones de hidrógeno verde y derivados, dirigidas al mercado

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