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Ecuador: septiembre 18, 2024

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Ecuador, septiembre 18, 2024
Ecuador Continental: 19:36
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Voto telemático en el exterior provoca investigación en la Fiscalía y amenazas de juicio político a los consejeros del Consejo Nacional Electoral

El Universo .- Informe de la OEA levantó alertas, habla de fallas del sistema y de afectaciones que sufrieron los ecuatorianos en el exterior que no pudieron votar El movimiento Revolución Ciudadana (RC), prepara acciones políticas y judiciales en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), por el voto telemático en el exterior y podría conllevar al inicio de un juicio político en contra de los cinco consejeros una vez que se instale la Asamblea Nacional.   La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), en su informe preliminar levantó alertas, habla de fallas del sistema y lamentó que el voto telemático implementado por el CNE no haya garantizado la participación de los ecuatorianos residentes en el exterior, y sostiene que hubo contradicciones de la principal autoridad electoral y ausencia de respuestas oportunas a los electores y organizaciones políticas.   La presidenta nacional del movimiento y prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, este 24 de agosto, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra del Consejo Nacional Electoral para que investigue un supuesta alteración del sistema informático y la obstrucción al sistema electoral que si es un tipo penal que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad e incluso inhabilidades para ejercer cargos públicos. El artículo 331 del COIP, se refiere a delitos contra los derechos de participación y habla sobre obstaculización de proceso electoral. En este acápite se establece que la persona que con violencia o amenaza impida u obstaculice un proceso electoral en cualquiera de sus fases, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la persona responsable es una o un servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo público por el doble del tiempo que dure la pena privativa de libertad.   Según la dirigente correísta el informe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), determina que la aplicación del voto telemático en Ecuador no estuvo lista, pero sin embargo, las autoridades electorales lo implementaron y por ello, el fracaso. Además, dijo que el CNE pretendía aplicar el voto telemático en Loja y Azuay, pero que su organización política se opuso. El movimiento Revolución Ciudadana así como Centro Democrático, en esta semana, realizaron un pedido expreso al CNE para que llame a nuevas elecciones en el exterior. Pero las autoridades del Consejo Electoral señalaron que se pronunciarán una vez que conozcan el informe final sobre el proceso del voto electrónico.   “Si no dan paso a que haya nuevas elecciones tendrán que responder los consejeros del Consejo Nacional Electoral en un juicio político”, advirtió Aguiñaga, porque a su criterio se vulneraron los derechos de los migrantes a elegir a sus representantes del Gobierno y ante la Asamblea Nacional.   Por eso, dijo, que cuando se instale la nueva Asamblea se iniciará el juicio político, antes de que este mismo Consejo Nacional Electoral realice una nueva convocatoria a las elecciones generales de 2025.   Aguiñaga sostuvo que cientos de migrantes, sabiendo que no es obligatorio votar, se registraron, se organizaron e inclusive prepararon sedes para votar todos, pero no pudieron ejercer su derecho, porque no les llegó el código respectivo que habilitaba sufragar.   Dijo que hubo ecuatorianos que intentaron hasta quince veces ingresar al sistema en el proceso electoral del domingo 20 de agosto, pero que no lo lograron; por lo tanto, no hubo las garantías suficientes para que los ecuatorianos que residen en el exterior puedan sufragar de manera electrónica.   Informe preliminar OEA y voto telemático El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), contenido en 20 páginas, dedica un acápite sobre los hallazgos en el voto telemático para los ecuatorianos residentes en el exterior, y señala que por primera vez se aplicó para la totalidad de las 101 zonas electorales del exterior, que hubo 409.250 ciudadanos empadronados en el exterior, pero se inscribieron un total de 123.854 (30,26%) electores para votar en estas elecciones.   Del total de inscritos, apenas 51.643 (41,70%) ejercieron el voto, y según el informe la baja participación de ciudadanos en el exterior pudo tener relación con los problemas que experimentó el sistema de voto telemático a lo largo de la jornada y que en muchos casos impidió a las personas ejercer el sufragio.   Si bien las causas específicas de la falla del sistema aún se desconocen, la Misión constató que el uso del voto telemático implica distintos riesgos, entre ellos que la aplicación esté bajo el control de una empresa, inseguridades relacionadas al entorno del votante y la posibilidad de emitir múltiples votos desde un mismo dispositivo, entre otros.   La misión de la OEA, advirtió al CNE acerca de la necesidad de un abordaje integral de las amenazas a esta modalidad de voto.   Informes contradictorios La MOE/OEA notó que el día de la elección el CNE brindó información en redes sociales que se contradecía con lo informado en conferencias de prensa sobre lo que estaba sucediendo con el sistema de votación telemática e incluso manifestó que este operaba con normalidad cuando los problemas persistían.   Esto, añade el informe, contrasta con las declaraciones brindadas por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en horas cercanas luego del cierre de la jornada electoral, de que el sistema de voto telemático había sufrido ataques cibernéticos.   Una vez iniciada la transmisión de resultados, la Misión observó que en el sistema de voto telemático se mostraba una gran cantidad de “actas con novedad” y “actas pendientes” sobre las que no había claridad.   Al mediodía del 21 de agosto, la MOE/OEA, sostuvo una reunión con el pleno del CNE donde externó sus preocupaciones con relación al posible impacto de los ataques dirigidos alsistema de votación telemática, transmitió las inquietudes de las organizaciones políticas y exhortó al CNE a informar a todos los actores interesados sobre la situación de las actas del exterior que no estaban pudiendo ser validadas en la

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El noboísmo recuperó el voto de 2006 y reaparece en la política tras 10 años de retiro

Ecuavisa .– Daniel Noboa sigue el legado de su padre y busca llegar a la Presidencia en la segunda vuelta de elecciones de Ecuador 2023. Un Noboa en la papeleta no es ajeno para la historia de Ecuador; por el contrario, ese apellido ha aparecido en elecciones presidenciales y legislativas. En esta ocasión, Daniel Noboa se disputará la llegada a Carondelet contra el correísmo, en una especie de Déjà vu de lo que ya ocurrió en 2006 cuando su padre Álvaro se enfrentó contra Rafael Corrrea.   Daniel Noboa se inauguró en la política oficialmente en 2021, cuando fue electo como asambleísta de Santa Elena por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Su paso por el Legislativo fue fugaz y terminó al ser cesado por la muerte cruzada, decretada por Guillermo Lasso.   Sin embargo, no fue la primera vez que él vivía una campaña política, pues participó de cerca de la actividad de su padre, desde 1998, cuando solo tenía 11 años, la primera vez que Álvaro Noboa buscó llegar a Carondelet. Los Noboa han intentado en seis ocasiones llegar a la Presidencia   En el 98, Álvaro Noboa se candidatizó a la Presidencia por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), fundado por Abdalá Bucaram y logró pasar a segunda vuelta contra Jamil Mahuad, con un 26.61%. Pero en el balotaje final no le fue muy bien, perdió con una diferencia de unos 100 mil votos.   Luego de probarse como político, el empresario decidió fundar su propia agrupación que primero se llamó Frente Nacional de Independientes Álvaro Noboa y luego pasó a ser Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN).   Tras la crisis de 1999 por la dolarización, Noboa nuevamente intentó llegar a ser Jefe de Estado, en esa ocasión se enfrentó contra Lucio Gutiérrez en la segunda vuelta y nuevamente quedó perdedor.   Al estar tan cerca del poder, decidió intentarlo una vez más en 2006, en esa ocasión, era uno de los favoritos de las encuestas, sin embargo, sorprendió Rafael Correa, un político nuevo que aparecía por primera vez en el mapa y lograba el segundo lugar. En la segunda vuelta, Noboa no logró mantener la delantera y nuevamente perdió con 13 puntos de diferencia. Álvaro Noboa no se rindió, se candidatizó dos veces más en 2009 y 2013, teniendo el peor desempeño de su carrera política, alcanzando el tercer y cuarto lugar respectivamente. En ambas ocasiones ganó Correa en primera vuelta.   Ahora, su primogénito intenta participar en un escenario político distinto y con una imagen fresca. En el Legislativo, el ‘noboísmo’ tuvo una importante participación que se diluyó y ahora regresa   Si bien Álvaro Noboa no logró conseguir la Presidencia, su organización política sí obtuvo varios puestos en el Congreso o en la Asamblea Nacional.   La vez que más éxito tuvo fue en 2006, cuando logró ganar 26 curules. Noboa tuvo la oportunidad de fungir como principal opositor, sin embargo, perdió el control de sus diputados y para 2007 varios de ellos fueron destituidos por orden del Tribunal Supremo Electoral, por intentar bloquear la Asamblea Constituyente a la que convocaba Correa.   En 2007, Noboa finalmente ganó una contienda como asambleísta constituyente nacional, sin embargo, fue destituido por no presentar su declaración patrimonial de bienes.   En 2009 ganó nueve puestos en la Asamblea, uno de ellos fue Vicente Taiano, un líder del PRIAN que luego de esa participación se alejó de Noboa y el partido.   Annabella Azín, madre de Daniel, también ha participado activamente en la política: fue congresista y asambleísta. Ahora, también es una imagen visible en la campaña de su hijo pues participa en las brigadas médicas.  

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Arranca la campaña electoral para los candidatos a asambleístas provinciales calificados para los comicios del 20 de agosto

El Universo .– La campaña que inicia este 8 de agosto concluirá el próximo 17 de agosto y posterior a ello será el silencio electoral hasta el día de los comicios. Este 8 de agosto inicia oficialmente la campaña electoral de las candidaturas de asambleístas provinciales que participarán en las elecciones anticipadas 2023 que se desarrollarán el 20 de agosto próximo.   La campaña electoral se extenderá hasta el jueves 17 de agosto y al siguiente día inicia el silencio electoral hasta el día de los comicios.   El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), certificó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que no existen recursos pendientes por resolver y que las listas de asambleístas provinciales se encuentran en firme.   El último recurso que se tramitaba en el TCE, sobre las candidaturas a asambleístas de la circunscripción 1 Norte de Manabí, fue archivado y por lo tanto, se negó la inscripción de las candidaturas que reclamaba la alianza ADN, listas 4-35.   Los jueces, en el expediente, verificaron que la resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral el 26 de julio de 2023, no vulneró los derechos de participación de la organización política, sino que por el contrario, habiendo sido notificados, en legal y debida forma, y habiéndoseles otorgado el plazo legal para subsanar la falta de requisitos, éstos no fueron cumplidos de manera íntegra, sin que pueda evidenciarse omisiones que limiten el derecho de participación. Según el Calendario Electoral, la campaña de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior se extenderá hasta el jueves 17 de agosto de 2023. La campaña electoral de los ocho candidatos presidenciales inició el 13 de julio pasado una vez que las listas quedaron en firme.     En tanto que la campaña electoral de los candidatos a asambleístas nacionales inició el 3 de agosto pasado luego de que el TCE concluyó la etapa de evacuación de recursos en contra de la candidatura de Patricio Carrillo, del movimiento Construye Lista 25.

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Elecciones: CNE entrega casi 40.000 credenciales a las FF.AA. para que ejerzan su derecho al voto

Vistazo .- El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó 39.928 credenciales a los miembros de las Fuerzas Amadas (FF.AA.) en servicio activo, a fin de que puedan ejercer su derecho al voto facultativo en las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 y Consultas Populares del Yasuní y Chocó Andino.   El miércoles 2 de agosto, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, resaltó que históricamente las FF.AA. han trabajado junto a la Función Electoral, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.   “Ustedes son parte de este camino democrático que ha sido resultado de los esfuerzos mancomunados y la colaboración permanente”, destacó.   Las credenciales cuentan con tramas de seguridad anticopia y anti-escáner.   El personal de las FF.AA. en servicio activo deberá presentar al secretario de la Junta Receptora del Voto (JRV) la respectiva credencial, junto a su cédula de identidad o pasaporte original, para poder sufragar desde el recinto en el que brindarán el resguardo el domingo 20 de agosto.   En total son ocho los candidatos que aspiran a completar el periodo presidencial 2021-2025 interrumpido por el jefe de Estado, Guillermo Lasso, al declarar en mayo pasado la “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional con el que disolvió la Asamblea Nacional,

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CNE reprograma distribución de paquetes electorales y se prepara ante contingencias de inseguridad en comicios de agosto

El Universo .- La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ratificó que no hay ninguna posibilidad de que se suspendan las elecciones por temas de seguridad.   La distribución de los paquetes electorales empezará cuatro días más tarde de lo previsto en el calendario electoral por el retraso que hubo en la impresión de las papeletas relativas a la dignidad de asambleístas nacionales cuyas candidaturas recién quedaron en firme esta semana.   Lo anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, al inaugurar el primer simulacro nacional de las elecciones anticipadas 2023, cuando restan 22 días para los comicios donde los ecuatorianos elegirán al presidente y vicepresidente, 137 asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, se pronunciarán a nivel nacional sobre la consulta popular del Yasuní ITT, y a nivel del Distrito Metropolitano respecto al Chocó Andino.   Por el retraso en la calificación de las listas de asambleístas nacionales y su correspondiente impresión, el CNE se vio en la necesidad de reprogramar el transporte de los paquetes electorales a los diferentes lugares, sobre todo, a los recintos de difícil acceso; por ello, la distribución en territorio nacional empezará el 6 de agosto y no el 2 de agosto como estaba previsto. Con estos cambios, aseguró Atamaint, “garantizamos que llegaremos a tiempo gracias a la estrategia planificada por el Comando Conjuntos de las Fuerzas Armadas que es el responsable de llevar adelante la distribución de los paquetes electorales”.   La titular del CNE señaló que en cuanto a la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto existe un registro del 40%, por lo que hizo un llamado a los encargados de instalar las mesas, dar curso al proceso y contar los votos a capacitarse, pues quienes no lo realicen tendrán una sanción económica por no cumplir este mandato. En torno a las auditorías electorales, Atamaint, dijo que se acreditaron siete auditores nacionales y siete provinciales para mirar de cerca cada una de las actividades que realiza el CNE, en esta etapa de preparación de los comicios. Ellos podrán realizar las observaciones necesarias tras el primer simulacro.   Al realizar una evaluación del avance del proceso señaló que hasta el momento las papeletas electorales de los binomios presidenciales, consultas populares de Yasuní y del Chocó Andino, y de 20 provincias ya están impresas al 100%, falta por imprimirse las papeletas de las provincias de Pichincha, Galápagos, Esmeraldas y Cañar. En cuanto a la impresión de las papeletas de las nueve listas de asambleístas nacionales hasta el momento lleva un 5% de avance.   Para el proceso electoral también habrá observadores nacionales e internacionales en un total de 1.500 delegados, y una comisión técnica de la Unión Europea.   Simulacro electoral Para el simulacro realizado este 29 de julio, el CNE seleccionó 24 recintos emblemáticos, uno por cada provincia, también se pusieron a prueba los Centros de Procesamiento Electoral y el Centro de Digitalización de Actas. En el simulacro se determinó que el orden sobre el conteo de votos, llenado de actas y publicación de los resultados será el siguiente: El 100% de las actas del binomio presidencial. El 100% de las actas de la dignidad de asambleístas. El 100% de las actas de la dignidad de asambleístas provinciales y del Exterior. El 100% de los resultados de la consulta popular del Yasuní ITT. El 100% de los resultados de la consulta popular del Chocó Andino, en el caso de Quito.   En el simulacro los técnicos del CNE pusieron a prueba el procesamiento del 100% de las actas para los binomios presidenciales, 70% de las actas para asambleístas y el 50% de actas para la consulta popular del Yasuní. Los ajustes se realizará en los próximos días y habrá un segundo simulacro el próximo 13 de agosto.   Plan de seguridad nacional En el primer simulacro electoral también se puso a prueba el plan de seguridad que prepara el CNE ante posibles contingencias, pues en la jornada se simuló inclusive la colocación de artefactos sospechosos y también se activo un explosivo, frente a lo cual miembros de la Policía y Fuerzas Armadas activaron un operativo de seguridad que incluyó la evacuación de los ciudadanos que estaban dentro del recinto.   La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que si bien no se puede adelantar a las contingencias, dijo que se tomará en cuenta las zonas de riesgo determinadas por el Gobierno para aplicar medidas de alta seguridad.   Admitió que en los últimos días se registra en el país un repunte de la violencia y la criminalidad, pero confía dijo en el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, e hizo un llamado a mantener la calma en la jornada electoral. En caso que se presente una contingencia en uno de los recintos electorales, en el día de las elecciones, las autoridades del CNE analizarán en caso, pero que bajo ningún concepto se suspenderá la jornada electoral a escala nacional; se podría tomar decisiones puntuales, todo dependerá de las recomendaciones que realice la mesa de seguridad.   “No hay ninguna posibilidad de que se suspendan las elecciones, la Constitución y el Código de la Democracia no dan razones para una suspensión de las elecciones”, replicó Atamaint.   Respecto a la solicitud de reguardo policial, la autoridad del CNE, dijo que hasta el momento existen 29 pedidos de seguridad para los candidatos: 1 en Imbabura, 2 en Esmeraldas, 2 en Chimborazo, 14 en Los Ríos, 3 de Guayas, 1 de El Oro y 6 en Cañar.

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Elecciones Ecuador 2023: los candidatos a la Presidencia critican la ola de violencia pero pocos plantean soluciones

Vistazo .- candidatos continúan con su campaña, con miras en las elecciones de Ecuador 2023, a pesar de la crisis de inseguridad.   La inseguridad es el principal tema en la agenda de los candidatos a la presidencia de las elecciones de Ecuador 2023 y los últimos acontecimientos violentos, ocurridos desde el pasado sábado 22 hasta este martes 25 de julio, ya son parte de sus discursos. En entrevistas, publicaciones en redes sociales o en discursos en mítines, la mayoría de aspirantes a Carondelet se han pronunciado, con diferentes estrategias.   En esos cuatro días, Ecuador conoció la noticia de una nueva matanza en la Penitenciaría del Litoral y secuestros a guías penitenciarios en varias cárceles a escala nacional; también estremeció al país entero la muerte de Agustín Intriago, uno de los alcaldes con mayor aprobación; además hubo una serie de atentados en Esmeraldas que incluyó escenas de un policía tomado como rehén y niños protegiéndose de las balas. Interactive content by Flourish Los candidatos aprovecharon para criticar al Gobierno   El presidente Guillermo Lasso optó nuevamente por declarar estado de excepción para enfrentar la inseguridad en Manabí, Los Ríos y el cantón Durán; así como para intervenir las cárceles y enfrentar la crisis en los centros penitenciarios.   Sin embargo, los candidatos creen que esas medidas no son suficientes. Por ejemplo, Jan Topic, del Partido Social Cristiano, responsabiliza al actual gobierno de “esta terrorífica realidad” y critica el bajo presupuesto que le ha destinado a la seguridad.   Esto último también fue parte del discurso de Luisa González en una entrevista radial. Dijo que si hay un ministro que no es capaz de ejecutar el presupuesto debería ser retirado. “Ya basta de tanta indolencia e incapacidad para gobernar”, dijo la candidata del correísmo. Bolívar Armijos también apuntó a los errores de la administración actual. “Tenemos un Gobierno que no ha dado pie con bola”, dijo en una entrevista con Radio Sonorama. Los demás candidatos no centraron su atención en lo que hizo el Presidente, sino que atacaron a sus contrincantes. ¿Dialogar con los más buscados? En medio de la crisis, se difundió el video del candidato a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, planteando la propuesta de dialogar con los más buscados de cada provincia. Sus compañeros dijeron que no quiso decir lo que dijo y que en realidad se refería a un plan para identificar a los delincuentes. Sin embargo, los candidatos no dejaron escapar esa oportunidad para cuestionar la propuesta. Otto Sonnenholzner dijo: “Con los delincuentes más buscados no hay que sentarse a dialogar”, porque eso significaría darles espacio y, bajo su plan, hay que hacer todo lo contrario. Fernando Villavicencio criticó a Arauz: “Vaya a reunirse con el comité ejecutivo de la Revolución Ciudadana, porque ellos son los más buscados”. Pero, ¿qué proponen los candidatos? Nadie aterriza con acciones concretas o que no se han intentado antes para enfrentar la inseguridad. Topic hace una advertencia para los delincuentes: “Tienen hasta el 20 de agosto para irse, porque los voy a perseguir y los voy a encarcelar”. Dice tener un plan, aunque no da mayores detalles de qué haría si enfrentara esta crisis. Sonnenholzner habla de un régimen de máxima seguridad, es decir, que quien cometa un delito contra la vida tendrá que enfrentarse a las mayores penas. La candidata González hace referencia a lo que fue el gobierno de Rafael Correa y promete tomar las mismas acciones. Además, plantea fortalecer la inteligencia del Gobierno, de la Policía y Fuerzas Armadas. Xavier Hervas compartió el video de los niños protegiéndose de las balas en Esmeraldas. Su plan es: policías y militares trabajando juntos para recuperar los espacios en los que el Estado ha perdido jurisdicción; algo que ya ha hecho el Gobierno de Lasso. Bolívar Armijos promete reforzar el equipamiento de la fuerza pública y que su Gabinete sea el más preparado. Hace referencia a la inversión social, principalmente en Esmeraldas, provincia de la que es oriundo. Fernando Villavicencio estuvo justamente en esa provincia, un día después de los atentados que dejaron en vilo a los esmeraldeños. Continúa haciendo referencia al concepto de mafia. Plantea una cárcel de máxima seguridad en un lugar apartado del país. Yaku Pérez publicó una carta abierta a Lasso para enfrentar los últimos sucesos. El primer punto es convocar al Cosepe, también plantea movilizar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a los lugares más conflictivos, lo que ya está contemplado en el estado de excepción.

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Recusación de Patricio Carrillo contra juez electoral fue aceptada por el TCE

El Universo .- El juez Richard González publicó un tuit en contra de Carrillo en marzo de 2022. Un mensaje publicado en Twitter en contra de la designación de Patricio Carrillo como ministro del Interior, fue la razón por la que el juez electoral suplente Richard González fue removido como sustanciador de la causa que impulsa Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, para impedir que Carrillo sea candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones anticipadas por el movimiento Construye, lista 25. La separación de González de la causa fue decidida la noche del miércoles 19 de julio por el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con tres votos a favor y dos votos salvados, con lo cual se aceptó la recusación planteada por Patricio Carrillo en contra de Richard González.   Según la resolución aprobada por el TCE, González incurrió en “enemistad manifiesta”, al haber publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el 29 de marzo de 2022, en el cual expuso: “Montaje judicial. Aquí está la razón por la que montaron un fraude judicial al exdefensor del Pueblo Freddy Carrión. Una afrenta para las víctimas sería nombrar a Patricio Carrillo como ministro. Es hora de reclamar a la Fiscal General Diana Salazar por qué no ha investigado”.   El texto fue parte de las pruebas que presentó Carrillo para evidenciar que el juez electoral tendría un conflicto de intereses y podría no ser imparcial al momento de sustanciar la causa que promueve la titular de la Revolución Ciudadana.   Otra prueba fueron trinos que compartió González que fueron emitidos por el Colectivo Acción Jurídica Popular -organización a la que pertenecería el juez, según Carrillo-, en los que también se expresaron críticas hacia el exministro del Interior. Sin embargo, esto último fue descartado por el TCE debido a que no se puede atribuir la autoría de esos mensajes al juez recusado. González se dio por notificado con la recusación el 15 de julio, “sin embargo, no ha dado contestación a los cargos dentro de los tres días determinados”, precisó el juez Fernando Muñoz, presidente del TCE y quien atendió la recusación.   Los votos salvados de la resolución provinieron de los jueces electorales Ivonne Coloma y Roosevelt Cedeño.   Coloma argumentó que el tuit de González, de marzo de 2022, es ajeno al actual contexto de las elecciones anticipadas; en ese sentido, dijo que el recusante no ha podido demostrar un supuesto conflicto de intereses.   Por su parte, Cedeño aseguró que no hay faltas evidentes ni manifiestas. Además comentó que “al parecer hay algo oscuro” de parte de Patricio Carrillo para apartar a González de la causa en su contra.   Con la decisión de la mayoría del pleno del TCE el expediente de la causa volverá la Secretaría del organismo para sortear y elegir a un nuevo juez sustanciador.   El proceso en cuestión tiene que ver con un recurso subjetivo que interpuso Marcela Aguiñaga, con el argumento de que Patricio Carrillo está impedido de participar en los comicios del 20 de agosto, debido a que en febrero de este año la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, lo censuró por incumplir funciones cuando fue ministro del Interior. Con ello, quedó impedido de ejercer cargos en el sector público por dos años.

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Moderadores podrán silenciar o llamar la atención a candidatos que se desvíen de preguntas: algunas reglas para el debate de los presidenciables

El Universo .– El Consejo Nacional Electoral presentará este viernes el renovado Manual de debates que regirá este mecanismo, que se realizará el 13 de agosto.   La principal premisa para el debate electoral de los candidatos a la Presidencia de la República, que se realizará el 13 de agosto, es que sea más dinámico y que llegue más a la gente y para esto el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentará este viernes el renovado Manual de debates que regirá este mecanismo democrático.   Patricia Hidalgo, vocera del Comité de Debates, indicó que uno de los principales cambios que tendrá este espacio es que el moderador tendrá un rol más protagónico y podrá incluso silenciar a los candidatos que no estén respondiendo de acuerdo con lo que se le haya planteado en la pregunta.   “Los moderadores tendrán un rol más protagónico, un campo de acción más grande. Van a poder silenciar al candidato que no conteste la pregunta, van a poder decirle conteste o se le quita este tiempo”, explica.   Hidalgo menciona también que hasta el viernes, el Comité entregará la terna de los moderadores y que la próxima semana serán entregadas todas las preguntas finales.   “El debate durará hasta tres horas, desde las 19:00 hasta las 22:00. Los candidatos responderán una pregunta de cada eje, sí hay réplica y contrarréplica”, dice.   De acuerdo con la nueva dinámica propuesta, cuatro de los cinco ejes serán abordados y tendrán interacción entre los candidatos. El quinto eje será abordado por los moderadores, quienes podrán interpelar, repreguntar en los mismos tiempos establecidos en el manual.   Hidalgo precisó que los aspirantes no responderán a la misma pregunta, sino que cada uno tendrá un cuestionamiento diferente, pero enmarcado en los ejes temáticos. Reitera también que el debate será transmitido por cadena nacional y que quien no asista estará incurriendo en una falta electoral. Se va a desarrollar en cinco momentos, por cada eje temático, cada uno tendrá un tiempo entre 36 y 38 minutos.   Sobre el presupuesto para la ejecución del debate presidencial, el CNE no ha adelantado detalles sobre montos referenciales; pero ha dicho que la contratación para el centro de debates será directa o régimen especial con canales de televisión públicos.   Los ejes temáticos para este debate serán cinco: seguridad, economía, política social, democracia y sostenibilidad. Fueron establecidos a través de varios mecanismos: una encuesta realizada a 5.600 personas a escala nacional; se consultó con instituciones y organizaciones sociales, medios de comunicación, asesores políticos y académicos; y los planes de trabajo de los candidatos.   En caso de haber segunda vuelta, está previsto que el debate se realice el 1 de octubre. Cinco ejes temáticos Seguridad y gestión integral de los impactos de la delincuencia y el crimen organizado: se plantean preguntas sobre las estrategias para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, los altos índices de violencia, abordando aspectos clave como la prevención estructural del delito, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y los planes de inclusión social Régimen económico, creación de empleo y desarrollo productivo: se establecen preguntas relacionadas con la política económica propuesta en los planes de gobierno, las estrategias para promover la creación de empleo, la diversificación productiva, el fortalecimiento de la economía popular y solidaria, además del impulso al desarrollo económico sostenible. Política social (educación, salud, cultura, bienestar familiar y social): se discuten temas fundamentales, como las políticas educativas, el acceso equitativo a servicios de salud, la promoción de la cultura, el bienestar familiar y social y las estrategias para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Democracia, institucionalidad y participación ciudadana: se analizan cuestiones relacionadas con la fortaleza de nuestras instituciones democráticas, la lucha contra la corrupción, la transparencia, el respeto a los derechos civiles y políticos, así como la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Sostenibilidad, gestión de riesgos y conservación del medioambiente: se formulan preguntas relacionadas con las políticas ambientales, la gestión de riesgos naturales, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible, abordando temas cruciales para garantizar el futuro de las próximas generaciones.

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Desde recuperar el control de las cárceles hasta proponer reformas al IESS contiene el plan de trabajo de Jan Topic

El Universo .- El candidato de la alianza electoral Por un País sin Miedo, listas 6-3-1, apunta por la seguridad como el punto de partida de acciones en más frentes.   La seguridad es la bandera que enarbola el empresario Jan Topic, candidato de la coalición electoral Por un País sin Miedo, en su objetivo de convertirse en el próximo presidente de la República. De ese tema se desprenden otras propuestas contenidas en el plan de trabajo que presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE), como requisito indispensable para su inscripción y que también fue firmado por la candidata a la Vicepresidencia, Diana Jácome.   El binomio recoge en 46 páginas las ideas que propone implementar durante el año y medio de gobierno, en caso de ganar las elecciones anticipadas.   “Nuestro plan es realista y pragmático, adaptado a las necesidades del país para abordar la compleja situación económica, las contingencias naturales de El Niño y del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi; y, especialmente el fenómeno social de inseguridad que ahora además es un fenómeno económico que debe ser vencido desde la técnica, la experiencia y el valor con resultados de corto y mediano plazo”, dice un extracto de la introducción del documento, cuyo lema y objetivo general es la “Seguridad de la nación”.   Llama la atención que si bien la seguridad es la punta de lanza de Topic, en el plan de trabajo el tema ocupa de manera particular apenas una página. Es el primero de los 26 objetivos específicos, que abarcan temas económicos, sociales, de vivienda, salud, educación, género, migración, transición ecológica, empleo, inversiones, turismo, entre otros.   Se plantea como desafío recuperar el control de los espacios propios del Estado, empezando con las cárceles y las áreas donde el Estado tiene plena competencia y obligación de ejercer funciones. De ahí se proponen cinco áreas de trabajo: protección de los derechos y libertades, preservación del orden público, mantenimiento del orden público, desarrollo económico y defender los derechos humanos.   Otro objetivo es implementar mecanismos que aseguren el desempeño independiente, técnico y eficaz de las instituciones. Para ello, se piensa crear un Consejo de Estado, que esté integrado por las máximas autoridades de los poderes del Estado, con el propósito de tomar decisiones y dar seguimiento a estas.   El binomio impulsará el esquema de economía social de mercado, “con reglas claras que fomenten además el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional, fomentando la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero”. Se buscará mantener un equilibrio con la economía circular y el desarrollo de la gestión integral de recursos naturales, incluyendo a los recursos hídricos.   Para el área social, la apuesta es, entre otras, fortalecer el sistema de salud, mejorando la infraestructura, dotación de medicinas y equipamiento de hospitales y centros; contratación y capacitación de personal médico y de enfermería. Se contempla ampliar la cobertura del servicio.   También se plantean cambios en el sistema de seguridad social. Uno de ellos es devolver al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) los recursos provisionales e implementar “reformas de fondo” que tendrán como propósito “separar las prestaciones de salud” que hoy brinda el IESS, “de las labores técnicas de administración de los fondos provisionales que son su razón de ser”.   La idea es que el IESS “podrá cubrir a título de prestaciones la vejez, la cesantía y sin duda la enfermedad, pero no proveerá directamente de servicios que pueden ser prestados a través del sector privado”.   Por otro lado, se desarrollarán programas para prevenir y reducir el consumo de drogas, así como disminuir la oferta y el mercado ilícito de sustancias.   En el sector de educación se reformulará el contenido del bachillerato, mejorar la formación docente, actualizar el currículo educativo. Así también se trabajará en disminuir la desnutrición infantil con programas de atención a la alimentación escolar.   Para el fomento del empleo, el binomio promoverá desde el Estado la ejecución de obra pública. Y para incentivar la contratación de trabajadores en el sector privado, se planteará la creación de un “sistema de contratación paralelo al régimen de contratación individual” que existe en el país, “bajo dependencia”. Habrá la posibilidad de “permitir que, por libre acuerdo entre las partes, aprueben trabajadores y empleadores una contratación por horas”. Para luchar contra la corrupción las propuestas incluyen crear fiscalías especializadas, unidades de investigación y organismos anticorrupción, así como garantizar la independencia y eficiencia del sistema judicial.

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CNE detecta 1.469 hallazgos de campaña anticipada en 16 provincias del país

El Universo .- La autoridad electoral remitirá los informes correspondientes al Tribunal Contencioso Electoral para la aplicación de las sanciones correspondientes.   Aun no arranca la campaña electoral, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), detectó 1.469 casos de campaña anticipada en 16 provincias, lo cual será informado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para el juzgamiento y sanción correspondiente.   El Ecuador está convocado por el CNE para el próximo 20 de agosto a acudir a las urnas para elegir a un presidente y vicepresidente de la República y a 137 asambleístas nacionales, provinciales y representantes del exterior. También entre las papeletas habrá una referente a la la consulta popular sobre el Yasuní, y en el caso de Quito, se agregará una papeleta sobre la consulta popular en el Chocó Andino.   El consejero del CNE, José Cabrera, advirtió que la institución electoral, a través de las delegaciones provinciales, realiza a diario los monitoreos, y que según los reportes al 11 de julio, a nivel nacional, se encontraron algunas evidencias de campaña anticipada. La mayoría de los casos se tratan de concentraciones, marchas, colocación de vallas publicitarias no autorizadas. Será el TCE quien juzgue, de acuerdo a las evidencias que presente el CNE, si amerita o no sanción a la organización. El Código de la Democracia en su artículo 278 determina como infracciones electorales graves y advierte que serán sancionadas con multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años, a quienes realicen actos de campaña anticipada o precampaña electoral. Cabrera manifestó que el CNE toma en cuenta todo lo que están realizando los candidatos e incluso se ha detectado la colocación de vallas publicitarias, y que en primera instancia se pedirá que la organización política correspondiente baje la publicidad, caso contrario la institución podría bajar las vallas. En el juzgamiento de los casos de campaña electoral, señaló Cabrera, se tomará en cuenta aquella publicidad anticipada de los candidatos. Recordó que cada delegación provincial electoral tiene la obligación de realizar el monitoreo y fiscalizar todos los casos de campaña anticipada. Hallazgos de campaña anticipada Provincias Número de hallazgos Azuay 46 Bolívar 2 Carchi 13 Chimborazo 24 Cotopaxi 81 El Oro 683 Esmeraldas 69 Guayas 38 Loja 120 Los Ríos 154 Manabí 93 Morona Santiago 13 Orellana 6 Pastaza 2 Santa Elena 98 Zamora Chinchipe 27 (I)

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Cercanos al correísmo estarían a un paso de formar parte de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral

La Hora .- Postulantes que dicen sentirse perjudicados planean presentar acciones de protección por presuntas irregularidades. Algunos postulantes cercanos al correísmo estarían a un paso de formar parte de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), previsto en el artículo 18 de la Constitución. En el grupo de los mejores puntuados dentro de la etapa de calificación de méritos (experiencia en temas electorales) que se desarrolla en la comisión ciudadana de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aparece Eduardo Franco Loor, quien fue uno de los abogados del expresidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos, y actualmente prófugo de la justicia en Bélgica.   En las elecciones del 5 febrero de 2023, Franco Loor (con calificación de 46,75 puntos en la fase de méritos) no logró estar entre los más votados para integrar el Cpccs, y en el camino decidió probar suerte para formar parte del Pleno del CNE que organizará las elecciones presidenciales y legislativas en 2025, después de la etapa de transición por efectos de la ‘muerte cruzada’.   Exjuez de la Corte Constitucional La comisión ciudadana que elegirá a los nuevos vocales del CNE está presidida por Roberto Bhrunis. En 2008, durante el régimen de Correa, Bhrunis se desempeñó como juez de la Corte Constitucional (CC).   Otra de las mejor calificadas (con 46 puntos) por la comisión del Cpccs en esta fase del concurso es Vielka Párraga Macías.  Al igual que Franco Loor, ella apareció en en spots publicitarios utilizando ropa con el mismo tono que usaron los candidatos a las elecciones seccionales del movimiento correísta Revolución Ciudadana.   Aunque en las elecciones del 5 de febrero de 2023, Párraga no alcanzó los votos  suficientes para ser vocal principal en el Cpccs, los números sí le alcanzaron para ser vocal suplente en el Consejo Ciudadano.   Dicen sentirse perjudicados Entre un grupo de aspirantes que, según dicen, no recibieron por parte de la Comisión Ciudadana de Selección una calificación “justa” en la fase de méritos, hay inconformidad.   Mencionan, por ejemplo, que, en el caso de Vielka Párraga, el reglamento establecería una prohibición de que un consejero se postule para otra dignidad.   Los postulantes que se sienten perjudicados no descartan que una vez que finalice el concurso previsto para los últimos días de agosto, presentar acciones de protección, o en un caso extremo no se presentarían a la convocatoria de la prueba escrita y práctica que se evalúan sobre 30 y 20 puntos, respectivamente.   “Con esto, la legitimidad de la designación de los nuevos vocales, quedará en duda”, comentó una aspirante que decidió no continuar con las siguientes etapas del concurso, y que pidió la reserva de su nombre.   En el concurso, la Comisión de Selección deberá nombrar dos vocales principales y dos suplentes.   Mónica Banegas Cedillo es otra postulante con una de las mejores calificaciones (fue puntuada con 48,5). Formó parte del Cpccs entre 2010 y 2015.  Junto a Fernando Cedeño (exasambleísta de la Revolución Ciudadana) Marcela Miranda y Luis Pachala consolidaron una mayoría al interno del Cpccs.   Exfuncionario del CNE Daniel González Pérez (47 puntos) también forma parte del grupo con los mayores puntajes.  González fue asesor- jefe de despacho de Juan Pablo Pozo, expresidente del CNE.   En mayo de 2017, Rafael Correa condecoró hoy a Juan Pablo Pozo con la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz “por su trabajo” durante el proceso electoral de ese año en el cual se eligió al nuevo Presidente de la República para el periodo 2017-2021. (SC)   Sorteo público y renovación parcial Entre las atribuciones del Cpccs, está realizar un sorteo público para cumplir con el artículo 18 de la Constitución y proceder con la renovación parcial del CNE.   “El CNE se integrará por cinco consejeros principales y cinco suplentes y ejercerán sus funciones por seis años y se renovarán parcialmente cada tres años; dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda y así sucesivamente”, refiere este numeral de la Carta Política.   A la par, dice la Carta Política del Estado, una comisión ciudadana de selección del Cpccs deberá operativizar el concurso para llenar las dos vacantes de los vocales del CNE que deberán dejar sus cargos luego del sorteo público.

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Dispersión de movimientos resultará en una Asamblea Nacional sin mayorías

La Hora .– De 18 países, Ecuador y Argentina son los que más número de organizaciones políticas registran. Las elecciones anticipadas presidenciales y legislativas que organiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 20 de agosto de 2023, dejan en evidencia la crisis de los partidos políticos en Ecuador.   De acuerdo con un reporte del CNE, al menos 33 movimientos inscribieron aspirantes para asambleístas entre nacionales y provinciales y hay nueve alianzas. Así, el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Sociedad Patriótica (PSP), la Izquierda Democrática, la Revolución Ciudadana, Pachakutik, Centro Democrático y otros, buscan mantenerse a flote, en medio de una oleada de movimientos que buscan espacios en el próximo periodo legislativo.   Esta dispersión resultará en una Asamblea sin mayorías, y el Presidente de la República que resulte electo tendrá que enfrentar un Parlamento altamente dividido.   Fuentes del CNE alertan que los movimientos pequeños han proliferado en estas elecciones. Esto era lo que se buscaba evitar con la pregunta 5 de la consulta popular que planteó, en febrero de 2023, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero que no tuvo el apoyo de la población en las urnas.   El Gobierno buscaba un mayor control de los movimientos políticos.   ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?, decía la pregunta que no tuvo el respaldo ciudadano.   La interrogante planteaba reducir el negocio electoral con una enmienda que establecía requisitos más estrictos para la conformación de movimientos, sin importar su alcance territorial, y evitar que el Estado siga destinando altos presupuestos para la promoción y financiamiento de las organizaciones políticas.   El sistema actual El sistema de partidos permite que en 205 de los 221 cantones se requiera menos de 100 adherentes para existir; en 80 cantones menos de 100; en 125 menos de 100; mientras que en 14 cantones menos de 500, y en 2 cantones menos de 1.500.   Esto ocasiona un riesgo de dispersión del voto, pero una vez inscrito, el Estado debe entregarles un fondo público a sus candidatos, señala el texto con las argumentaciones que, en su momento, planteó el Gobierno para defender su propuesta de consulta popular.   Entre 2013 y 2021, el Estado desembolsó $122’519.359 como “fondo de promoción electoral” para fomentar las propuestas de los candidatos de partidos y movimientos en tiempos de campaña.   Existe una disparidad en los requisitos de inscripción entre los partidos y movimientos políticos. Aunque ambos deben presentar mínimo un 1,5% de respaldos del padrón electoral, para los partidos eso implica 201.751 afiliados. Pero los movimientos pueden presentar solo 20.175 adherentes permanentes y 181.576 adherentes o simpatizantes. (SC)   La representación ciudadana no se garantiza Actualmente existen 272 movimientos políticos en Ecuador, pero eso no garantiza la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. Por el contrario, son agrupaciones que le cuestan al Estado millones de dólares en inversión,   Otro rubro que la Ley Electoral ordena cancelar a las agrupaciones políticas es el Fondo Partidario Permanente (FPP) que consta en el Presupuesto General del Estado.   El artículo 356 del Código de la Democracia dice que las agrupaciones políticas recibirán los recursos del Fondo Partidario si obtuvieron el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional o, al menos, tres representantes en la Asamblea Nacional, o el 8% de alcaldías, o mínimo una concejalía en el 10% de los cantones del país. Solo para el pago del FPP de las tres últimas elecciones, el estado asignó cerca de $9 millones a las organizaciones políticas.   Alianzas inscritas Somos Alianza 18-33 Alianza Napo sin miedo Alianza de la Renovación Alianza el progreso no se detiene Alianza Unidos Seguridad y Progreso Alianza RC-Sumac Yuyay 62 PSC-Madera de Guerrero Alianza Seguros Haciendo Historia RC-MAR Alianza Unidos Somos Más Algunos movimientos inscritos Movimiento Cívico por Ambato Movimiento Peninsular Creyendo en nuestra gente de Santa Elena. Movimiento Provincial únete de Santa Elena Movimiento Social del Carchi. Movimiento Amauta Yuyay de Loja Azuay sin Miedo Unidos por el Azuay Movimiento Político Semilla de Pastaza Movimiento Somos Bolivarenses Por la Unidad Provincial de Bolívar Movimiento Intercultural Gente Activa Movimiento Tsáchila Movimiento Sucumbíos Tierra de Valientes Futuro y Esperanza de Azuay

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Planes de candidatos presidenciales son analizados en Cámara de Comercio de Guayaquil

La Cámara de Comercio de Guayaquil realiza foros y conversatorios, para instruir a sus afiliados sobre los planes de los candidatos a la Presidencia de la República. Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo del gremio, explicó que el objetivo de estos encuentros es analizar a fondo las propuestas de gobierno, y permitir que los empresarios planteen sus inquietudes. Como parte de este proceso, el 6 de julio habrá un nuevo foro, moderado por la periodista Andrea Bernal, en el cual se estudiarán las iniciativas de cada aspirante. Un acto similar se cumplió a principios de año, antes de las elecciones seccionales del 5 de febrero. Sobre seguridad Además del tema electoral, Díaz Granados explicó que la Cámara de Comercio de Guayaquil, organiza permanentes talleres sobre seguridad. En uno de ellos participaron elementos de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional (UNASE). El directivo advirtió que durante los anteriores gobiernos, no se dio importancia al fortalecimiento de la Policía. Al punto que apenas hay algo más de 50.000 elementos en todo el país, cuando lo ideal sería tener al menos 80.000. De ahí que el sector empresarial busca la forma de ayudar a las autoridades, con el afán de que el trabajo contra la delincuencia sea conjunto. Es decir, coordinado entre gobierno central y gobiernos seccionales. Díaz Granados mencionó el alto costo que tiene para el sector producto, la acción de los delincuentes “vacunadores”, que incluso han provocado el cierre de negocios. De ahí la necesidad de fortalecer la acción policial en todos los ámbitos. Urgente apoyo a sector privado Finalmente, el directivo exhortó al gobierno a tomar acciones urgentes, para evitar que el futuro Fenómeno de El Niño provoque excesivos estragos en el país. Entre las medidas que debería tomar, dijo, señaló la reducción de aranceles para productos estratégicos, y para productos y bienes de capital, así como insumos y materias primas, que son elementales para mantener en marcha al sector productivo. También mencionó la necesidad de reestructurar las deudas con la banca pública, y crear nuevas modalidades de contratos de trabajo. En su opinión, la iniciativa de promover “zonas francas”, contemplada en un decreto-ley, era una excelente idea, y por ello lamentó que la Corte Constitucional emitiera un dictamen en contra.

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CNE garantiza transparencia en los comicios de agosto

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, descartó posibles irregularidades en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. En diálogo con “Punto de Orden”, explicó que está garantizada la transparencia de los comicios, y calificó de “antojadizos” y “sin sustento técnico”, los comentarios sobre un posible fraude. Pita explicó que hay observadores registrados, y que, adicionalmente, partidos y movimientos pueden acreditar delegados en todas las juntas que deseen, a fin de constatar que el proceso, y en especial el escrutinio, transcurrirá sin contratiempos. Estos observadores, dijo, junto con varios organismos internacionales, vigilan, aconsejan, recomiendan y apoyan los preparativos electorales ecuatorianos. Como parte de las medidas de precaución, agregó Pita, los integrantes del CNE realizan visitas a todas las capitales provinciales del país, a fin de constatar el buen funcionamiento del sistema de cómputo. Esta red es de última tecnología y cuenta con las debidas seguridades, que no solo garantizan la seriedad de las elecciones, sino que permiten detectar posibles ataques cibernéticos, y de dónde proceden. Por otra parte, el directivo explicó que la preparación de las elecciones avanza dentro del cronograma, que, en vista de la premura, tuvo que ser apretado. En este marco, recordó que la campaña electoral comienza oficialmente el 8 de agosto, y termina el 17 del mismo mes. Finalmente, Pita reconoció que el CNE debió exigir cambios en la campaña electoral, para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya que varios candidatos utilizaron ropa y colores plenamente identificados con una organización política, lo cual está prohibido por la ley. Él, en calidad de vicepresidente del organismo, presentó ante el pleno una moción contra esta irregularidad, pero fue desechada.

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Junta Electoral de Cañar rechaza objeción del PSE contra precandidatura de Virgilio Saquicela

El Universo .- Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, acudirá al TCE para impugnar la precandidatura de Virgilio Saquicela Espinoza. La Junta Provincial Electoral de Cañar negó el recurso de objeción presentado por Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), en contra de la precandidatura de Virgilio Saquicela Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional que aspira a regresar al Parlamento en las elecciones del 20 de agosto próximo por esa tienda política.   Pero la misma Junta, por unanimidad de sus integrantes, negó la inscripción de las precandidaturas de los tres aspirantes principales y suplentes y concedió un plazo de 48 horas para que subsanen las observaciones e incumplimientos detectados en la presentación del plan de trabajo, porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 97 del Código de la Democracia, pues no hace referencia a un diagnóstico actual de la provincia, de la misma manera el mecanismo de rendición de cuentas considera un periodo de cuatro años, situación que por la temporalidad no se ajusta a la realidad actual.   El presidente nacional del PSE, Gustavo Vallejo, anunció que acudirá a la siguiente instancia electoral, esto es, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para impugnar las precandidaturas de toda la lista de aspirantes a asambleístas por el partido que él dirige a nivel nacional y que no observaron los lineamientos establecidos por el consejo directivo.   Vallejo comentó que este miércoles el PSE se reunirá para conocer la resolución de la Junta Provincial Electoral y definir el camino a seguir, pues dijo que la precandidatura de Virgilio Saquicela para asambleísta por Cañar en representación de los socialistas no está dentro de la línea de la directiva nacional.   La lista de los precandidatos inscritos en Cañar para asambleístas provinciales por el PSE la integran: Candidatos principales Candidatos suplentes Virgilio Saquicela Espinoza Ana Paula Gárate Bernal Verónica Harris Ortega Miguel Ángel Rodríguez Ángel Chucho Cuvi Diana González Ortiz Argumentos de la Junta La Junta Provincial Electoral del Cañar en sus argumentos para negar la objeción a la lista de precandidatos a asambleístas por el PSE señaló que es improcedente en razón que la objeción se ejerce cuando existe inconformidad con las candidaturas presentadas por inhabilidades legales o cuando hay inconformidad con el resultado numérico de los escrutinios en los procesos de democracia interna.   Pero que en este caso, los hechos materia de análisis y narrados por el objetante no se subsumen ni se encuadran a la casuística necesaria para su procedencia; lo que denota son “problemas o conflictos de carácter interno en la nómina de sus precandidatos por parte de la organización política para este proceso electoral”.   Que en la Delegación Provincial Electoral del Cañar se cuenta con el informe respectivo de democracia interna del PSE, el cual enuncia que este se desarrolló de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.

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Candidatos deben definir una hoja de ruta para la lucha contra la de corrupción

La Hora .- La socióloga Gloria Ardaya Salinas apela a un consenso entre los candidatos y la sociedad civil para la construcción de una agenda de país para superar la crisis política, social, y económica.   El problema de la corrupción en Ecuador afecta cada vez más a los ciudadanos que exigen más control de las entidades del Estado.   En tiempos de precampaña y campaña electoral (del 8 al 17 de agosto), la lupa ya está sobre las propuestas que, sobre esta materia, plantearán los ocho precandidatos a la Presidencia de la República que participarán en los comicios anticipados del 20 de agosto de 2023.   Las estrategias electorales de los postulantes deben estar enfocadas en presentar proyectos serios y opciones medibles en el terreno. A partir de entonces se podría generar una vigilancia ciudadana para evaluar su cumplimiento o no.   Contrario a la teoría de prometer que se impulsarán leyes a través de la Asamblea Nacional, y reformar la política anticorrupción, los aspirantes deben ir “del dicho al hecho”, a través de acciones concretas, pero previamente, definir una hoja de ruta.   Un primer paso, a criterio de Freddy Salas, presidente del Comité Ecuatoriano de Oficiales de Cumplimiento, es que los indicadores anticorrupción deben ser públicos y prácticos.   Sistemas técnicos Por ejemplo, los candidatos pueden proponer que las instituciones del Estado cuenten con sistemas de gestión anticorrupción “certificables”, con el apoyo del sector privado, para “castigar de forma severa” los actos de corrupción que emerjan de los diferentes estamentos.   Otro indicador que puede ser tomado en cuenta por los presidenciables es habilitar, en caso de llegar al poder, departamentos anticorrupción en las instituciones estatales en las que el problema es “más crítico”, como el petrolero.   Pero estas dependencias no deben estar integradas por políticos, sino por técnicos que conozcan si los procedimientos van a ser efectivos. Estas personas deberán encargarse de medir la eficiencia del sistema anticorrupción: cuántos casos se han investigado, si se han producido sanciones, cuántos han llegado a un proceso judicial o cuántos han terminado en sentencia.   Una decisión en este sentido, reflejará que los aspirantes al sillón presidencial han tomado el pulso a la preocupación de los ciudadanos y toman en serio la lucha anticorrupción.   Jueces especializados En el país existe una normativa anticorrupción. Muestra de ello es la vigencia de la Unidad de Jueces Especializados en temas anticorrupción, conformada por 14 magistrados encargados de juzgar 44 tipos penales.   Pero esto solo es una parte de la cadena. El Estado es el encargado de normar que se judicialicen y castiguen los actos de corrupción.   Aunque todavía hay cierto rechazo en la población a involucrarse en temas políticos, el llamado del Comité Ecuatoriano de Oficiales de Cumplimiento es que, si se quiere combatir este flagelo, debería haber una mayor participación y empezar a conocer y analizar los planes de los candidatos en esta materia.   Agenda de país Para Gloria Ardaya Salinas, socióloga, lo normal es que los candidatos tengan un programa de gobierno lo más concreto posible, en el que especifiquen cómo debería ser su gestión de política pública, y pueda ser verificado.    Sin embargo, sostiene que lo ideal sería que se produzca un consenso para la construcción de una agenda de país entre los candidatos y la sociedad civil, en medio de una crisis política, social económica e internacional que atraviesa Ecuador.   La agenda podría estar relacionada con tres temas centrales: reactivación económica,  seguridad y corrupción, que le restan al país inmensos recursos económicos.  (SC)   Recuperar los dineros sustraídos La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), a través de su coordinador, Germán Rodas, propuso a los ocho candidatos presidenciales hablar con frontalidad, exponer sus propuestas con claridad para recuperar los dineros sustraídos, sin que se convierta al soborno, cohecho y otros delitos en una mercancía electoral.   Es necesario que los aspirantes a ocupar la primera magistratura del país no evadan esta problemática y que sea abordada con responsabilidad.   En febrero, la CNA propuso una reforma legal para que los sentenciados por corrupción no puedan salir de prisión hasta que no paguen los valores dispuestos, como indemnización y reparación al Estado. Ahí hay un tema tangible en el que debe haber compromisos no solo desde los presidenciables, sino también entre quienes aspiran ocupar las 137 curules en la próxima Asamblea Nacional que asumiría funciones en octubre de 2023.

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