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Jueza que favoreció a Wilman Terán desistió de habeas corpus

Enma Tapia, jueza de la Corte Nacional, desistió del recurso de habeas corpus planteado contra la Fiscalía General, que la investiga por favorecer con un fallo al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Tapia y la también magistrada Katherine Muñoz, votaron a favor de que Terán será cambiado de la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país, hacia la Cárcel 4, de Quito. Además, dispusieron que goce de servicio de internet por al menos 8 horas diarias, y de otros beneficios necesarios para su defensa. El otro integrante del tribunal votó en contra. Como respuesta, y con la autorización de un juez, la Fiscalía allanó las viviendas y oficinas de Tapia y Muñoz, bajo sospecha de posible cohecho. Un proceso que fue denominado “Caso Confourtable”. Las medidas incluían el traslado de Tapia, aunque no detenida, para que rinda su declaración. El fiscal subrogante, Wilson Toainga, había dispuesto su localización, inmovilización y traslado sin esposas. La jueza protestó por estas acciones y planteó un habeas corpus. Sin embargo, antes de realizarse la diligencia, la Fiscalía desistió de la medida, y Tapia hizo otro tanto. El caso iba a ser tratado por el presidente de la Corte Nacional, José Suing, y los jueces Gustavo Durango y Rossana Morales. Enma Tapia pedirá un proceso por “error inexcusable” contra su compañero, Pablo Loaiza, el juez que autorizó el allanamiento. Durante los allanamientos del pasado viernes, la Policía decomisó documentos y computadoras.

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Corte Nacional cierra filas en torno a juezas investigadas

Hay preocupación en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), por la investigación abierta contra dos de sus juezas, por favorecer con un fallo al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. El caso fue denominado “Confortable”. Un comunicado, difundido en redes sociales y firmado por José Suing, presidente encargado de la CNJ, recuerda que la independencia y la integridad judicial, así como el ejercicio adecuado de las potestades públicas, son los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. “Por el bien de la administración de justicia, es imperativo que se respeten las competencias y las decisiones de los jueces y las juezas, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura”, agrega el comunicado. Por ello, apunta el documento, “pedimos que se respete, en todo momento, el debido proceso, como garantía del derecho a la defensa, y la observancia de la presunción de inocencia, así como la independencia judicial”. Este documento es la respuesta al allanamiento de las oficinas y domicilios de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, quienes resolvieron acoger el habeas corpus planteado por Terán, y decidir su traslado de “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad situada en Guayaquil, a la Cárcel 4 de Quito. El tercer juez del tribunal se pronunció en contra. Adicionalmente, Terán gozará de al menos 8 horas diarias de internet, a fin de garantizar su derecho a la defensa. El exfuncionario es el principal acusado de crear una red de corrupción, integrada por jueces, funcionarios y policías, que vendía fallos a cabecillas de organizaciones criminales, incluyendo al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Sus propios exasesores revelaron los enormes montos que cobraba. Sin embargo, para jueza Tapia, una de las implicadas en la investigación, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), ni el Ministerio de Salud, presentaron pruebas para refutar las alegaciones de “daño psicológico” del accionante. Razón suficiente, según ella, para favorecerlo. También rechazó cualquier influencia externa o presión. La investigación es por presunto cohecho. Según las juezas, Terán demostró que había recibido “tratos inhumanos y degradantes” en “La Roca”.

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