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Ecuador: febrero 17, 2025

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Ecuador, febrero 17, 2025

Una nueva caravana migrante parte desde el sur de México en Navidad y avanza hacia la frontera con Estados Unidos

El País .- Miles de personas atraviesan el país pocos días antes de que en la capital se lleve a cabo una cumbre entre representantes de México y EE UU para abordar con urgencia el problema migratorio. Comenzaron su andanza la víspera de Navidad, mientras la mayoría de las familias mexicanas se preparaba para reunirse en sus casas al calor de una cena y una bebida. Una nueva caravana de personas migrantes partió la mañana del domingo de Tapachula, en el sureño Estado de Chiapas, y ya en Navidad seguía marchando con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos para cruzar. Las crónicas de los diarios y las agencias señalan que se trata de una multitud de alrededor de 8.000 personas procedentes principalmente de países de Centro y Sudamérica. Vienen familias completas y personas en solitario, mujeres con sus hijos, hombres jóvenes y adolescentes. Una nueva caravana de gente expulsada de sus países por la pobreza y la violencia intentando una mejor suerte en EE UU. Justo este miércoles se llevará a cabo una cumbre bilateral entre altos funcionarios de México y Estados Unidos para abordar otra vez estrategias de contención de la migración. Dos agendas, la de las autoridades y la de la gente necesitada, se cruzarán en el tiempo esta semana. Los migrantes han bautizado esta caravana como “Éxodo de la pobreza”. Lejos de sus hogares, estas personas hicieron una parada la noche del domingo en un parque y recibieron alguna comida de parte de iglesias y vecinos de Chiapas, según reporta la agencia AP, que ha añadido que elementos de la Guardia Nacional y la policía local han seguido el avance de la marcha sin intervenir. “Hemos caminado mucho. Honestamente, no sé cuántos kilómetros. Mi hija no puede caminar más. La cargo en mis brazos porque necesita descansar, tiene solo tres años, y no está bien, está enferma”, ha dicho un hombre procedente de Honduras a Reuters. “El presidente de Estados Unidos debería ayudarnos como migrantes. En realidad, varios de nosotros solo vamos a EE UU por cinco, seis, siete años y regresamos a nuestros países. Por esta razón, le pedimos a Joe Biden que nos ayude”, dijo a esa agencia otro hombre hondureño. Los flujos migratorios desde Centro y Sudamérica han sido extraordinarios y han prendido las alertas de las autoridades de México y Estados Unidos. Entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, la cifra de migrantes detenidos en los cruces fronterizos con EE UU creció un 31%, al pasar de 53.016 a 69.462 detenciones, de acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estimado que un tercio de los migrantes son mexicanos. Las respuestas de las autoridades de EE UU para contener los flujos migratorios han sido drásticas y han amenazado las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Una medida ha sido el cierre de tres puestos fronterizos por parte de Washington de forma unilateral. Otro ejemplo es la promulgación de una dura ley antimigrante por parte del Gobierno de Texas que permite a las autoridades locales detener y deportar a México a personas sin papeles. La Administración de López Obrador ha alzado la voz contra estas medidas y ha exigido que se replantee el enfoque con el que se aborda el fenómeno migratorio. El asunto ha escalado y ya ocupa un sitio prioritario en la agenda de la relación bilateral. La semana pasada, López Obrador y Biden sostuvieron una llamada oficial a solicitud del mandatario estadounidense para hablar del tema. En la comunicación, el Gobierno mexicano “insistió en la necesidad de reabrir a la brevedad los cruces fronterizos para garantizar los dinámicos flujos comerciales y potenciar la relación económica”, detalló en un comunicado. La Casa Blanca, por su parte, matizó “que se necesita con urgencia medidas de cumplimiento adicionales para que se puedan reabrir los puertos de entrada clave a través de nuestra frontera compartida”. Los jefes de Estado acordaron que una comitiva de altos vuelos de EE UU visitase México y sostuviese este miércoles una reunión con el presidente López Obrador. La delegación será encabezada por el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y contará con la participación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall. Es previsible que en ese encuentro se detallen las “medidas de cumplimiento adicionales” requeridas por Washington para ceder a la petición del Gobierno mexicano de que se reabran los puntos de paso en la frontera. La Administración de López Obrador ha mantenido una posición de rechazo a las políticas coercitivas para contener la migración, y ha demandado a Estados Unidos una mayor colaboración para resolver las causas estructurales que motivan la salida masiva de personas de sus países de origen y sus intentos por llegar a EE UU, aun con los enormes riesgos que significa atravesar México de manera ilegal. López Obrador ha ofrecido a los gobiernos de países expulsores —especialmente Venezuela, Honduras, Belice y Colombia— dirigir inversiones a esos territorios para financiar programas sociales y de trabajo. El Gobierno mexicano ha indicado que en la reunión bilateral del miércoles se insistirá a la delegación estadounidense en avanzar en esa agenda de soluciones estructurales. “No comprenden que uno tiene necesidad de salir adelante. ¿Por qué no nos pueden ayudar, dar la mano? Necesitamos apoyo de ellos [los gobiernos]”, declaraba a AP una mujer hondureña que iba en la caravana con un niño de siete años. “Esta travesía ha sido bien fuerte para nosotros los migrantes. Necesitamos ayuda de Migración y del gobierno, que se pongan la mano en el corazón y nos den un salvoconducto”, decía a la agencia una mujer venezolana. La multitud migrante seguirá su curso por territorio mexicano. Habrán avanzado cientos de kilómetros para cuando llegue Año Nuevo. Como ha ocurrido en esta Navidad, la festividad pasará ajena para ellos, de lado, como un camión raudo que rebasa indiferente.

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El régimen de Ortega y Murillo expulsa al Comité Internacional de la Cruz Roja de Nicaragua

El País .- El organismo emitió un comunicado que detalla únicamente que cierran operaciones “a pedido de las autoridades”. Concluye una labor humanitaria que deja en total desprotección a los presos políticos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó este lunes de Nicaragua al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En un comunicado emitido por la oficina regional de la organización, se informa que cerraron operaciones “a pedido de las autoridades nicaragüenses, terminando así su misión humanitaria en el país”. La expulsión de la CICR ocurre cuando familiares de siete presos políticos denuncian que las autoridades del penal La Modelo trasladaron a los reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia a una huelga de hambre que iniciaron para demandar mejor alimentación y respeto a sus horas de descanso nocturno, ya que los custodios golpean las verjas impidiendo conciliar el sueño. Además exigían salidas con más frecuencia a patio sol, un trato más humano de parte de los carceleros y el ingreso de material de lectura. Uno de los presos políticos fue “salvajemente golpeado”, según la denuncia. El rol del CICR ha sido vital en lo concerniente a los presos políticos de Nicaragua. En 2019, cuando los Ortega-Murillo aprobaron una ley de Amnistía muy cuestionada por organismos de derechos humanos, la CICR se encargó de conciliar con opositores y el Gobierno la lista de 200 reos de conciencia que fueron excarcelados en ese proceso. Mientras que en el año 2021, ante las repetidas denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos que los presos políticos sufrían en la temida prisión de El Chipote, el organismo solicitó una visita para comprobar el estado de los opositores que en febrero de 2023 fueron desterrados en Estados Unidos. Sin embargo, la visita nunca concedida por el régimen sandinista. “El CICR recibió en 2018 la autorización de las autoridades de Nicaragua para abrir una misión en el país, enfocada en objetivos exclusivamente humanitarios. En enero de 2019 el CICR estableció una Misión permanente en Managua, y en marzo de ese mismo año el CICR y el Gobierno de Nicaragua formalizaron un acuerdo para visitar a personas detenidas”, contextualiza el comunicado de la Cruz Roja sin dar mayores detalles de su expulsión. Una relación que pendía de unos pocos hilos No obstante, la relación con los Ortega-Murillo ya pendía de unos pocos hilos. En marzo de 2022, el régimen expulsó a Thomas Ess, jefe de misión del CICR. En esa ocasión la oficina de la CICR dijo desconocer las razones del oficialismo para retirar el beneplácito de su jefe de misión. “Nos ha tomado por sorpresa”, aseguraron. El trabajo del CICR en Nicaragua se ha centrado en estos años en tres grandes áreas de trabajo: “Apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense para brindar servicios de restablecimiento del contacto entre familiares y para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables; prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad; y actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las fuerzas armadas y de seguridad, y el derecho internacional de los derechos humanos”. Una labor que ya había sido golpeada en mayo pasado, cuando el Gobierno canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y confiscó sus bienes, los cuales fueron otorgados al Ministerio de Salud (Minsa) y renombrados como “Cruz Blanca de Nicaragua”. Presos políticos en total desprotección Aunque en el comunicado emitido este 18 de diciembre el CICR “reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua”, defensores de derechos humanos externaron su preocupación al perder el único resquicio institucional que quedaba en Nicaragua para abogar y velar por los más de 90 presos políticos que los Ortega-Murillo mantienen en sus prisiones estas navidades. Un número que ha venido aumentando cada semana —en un efecto llamado “puerta giratoria”— bajo un régimen totalitario que apresa sacerdotes y hasta catedráticos, como Freddy Quezada, exprofesor de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua). El sociólogo Quezada, de 65 años, fue secuestrado por civiles el miércoles 29 de noviembre, luego de criticar en redes sociales a la pareja presidencial. El catedrático después fue trasladado a la cárcel La Modelo. “Como hace en más de 80 países, la labor que realiza el CICR tiene una finalidad exclusivamente humanitaria, y se apega estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. A través de la acción directa y de un diálogo bilateral y confidencial con autoridades, personas afectadas por consecuencias humanitarias, y otros interlocutores clave, el CICR trabaja en la promoción de entornos respetuosos de la vida y dignidad humana”, agregó el organismo en su comunicado de cierre.

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Impuestos inflados y cobros extraoficiales: Daniel Ortega hace negocios con los migrantes haitianos

El País .- El régimen sandinista ha encontrado en el éxodo masivo una forma de recabar efectivo al abrir las fronteras a decenas de miles de haitianos que usan Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos La pista del aeropuerto internacional de Managua, el Augusto C. Sandino, tuvo un mes de octubre intenso: en ella aterrizaron un promedio de 18 vuelos chárter al día provenientes, en su mayoría, de Haití. Vuelos cargados con miles de haitianos que usan Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos y evitar el brutal paso por la selva del Darién en Colombia y Panamá. Se trata de una oleada masiva en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encontrado una manera eficaz de hacer negocios: ingresos por los aterrizajes de las aeronaves fletadas y una serie de cobros oficiales y extraoficiales a cada migrante; ganancias que se traducen en varios millones de dólares mensuales, de acuerdo con fuentes aeroportuarias y migratorias consultadas por EL PAÍS. Así como sucedió con los cubanos, Nicaragua no le exige visado de ingreso a los haitianos. Manuel Orozco, el experto migratorio del Diálogo Interamericano, señala en su más reciente informe que los datos de vuelos de agosto a octubre de 2023 apuntan a más de 260 aviones fletados que llegaron a Managua, es decir, alrededor de 30.000 haitianos. “Esto supone casi el 60% de todas las llegadas de haitianos a la frontera entre Estados Unidos y México. Algo similar ocurre con los vuelos de La Habana a Managua, que suman unos 50 vuelos mensuales durante 2023, es decir, 5.700 pasajeros de media al mes, el 40% del número de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México”. El flanco más lucrativo del negocio migratorio de los Ortega-Murillo es el cobro de un impuesto de ingreso al país que imponen a los haitianos, pero que empezaron a aplicar también a los cubanos. Por norma general, todo extranjero al ingresar a Nicaragua “deberá cancelar un arancel turístico de 10 dólares americanos”. “Están exentos de dicho arancel los ciudadanos de los países del Convenio CA-4 (Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua)”, establece la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI). No obstante, a los migrantes les cobran entre 150 y 200 dólares de ingreso. Se trata de un cobro discrecional, coinciden dos fuentes allegadas al aeropuerto Augusto C. Sandino. El tablero de llegadas del aeropuerto Augusto C. Sandino muestra 16 vuelos provenientes de Puerto Príncipe (Haití), en un sólo día. “El funcionario migratorio decide cuánto cobrarles a los haitianos, pero suele ser entre 150 y 200 dólares. Esa gente viene desesperada por pasar a Estados Unidos y termina pagando ese dinero. Traen dinero porque muchos venden sus casas, pertenencias u otros familiares en Estados Unidos financian el viaje, entonces pagan para que no los detengan. Cuando pagan, a unos les dan un papel hecho a mano por el oficial migratorio en el que le dan cinco días para abandonar Nicaragua. En otros casos no les dan nada y a otros ni les sellan el ingreso en el pasaporte. Es todo discrecional y hasta se presta para corrupción entre los agentes porque todo es en efectivo”, insiste otra fuente cercana a Migración y Extranjería de Nicaragua. Si se hace el cálculo de 31.000 haitianos que han ingresado en las últimas semanas por un cobro promedio de 150 dólares por cada uno, el régimen de Ortega y Murillo agrega a sus arcas 4,65 millones de dólares. Impuesto de ‘salida sin salida’ Entre el viernes 20 y el domingo 22 de octubre aterrizaron en Managua 36 vuelos chárter procedentes de Haití, un país que lleva sumido en una grave crisis sociopolítica desde julio de 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su vivienda por un comando de mercenarios colombianos. Otra parte del negocio es el landing fee (tasa de aterrizaje) que se le cobra a las aerolíneas que aterrizan en el Augusto C. Sandino. Aterrizar un chárter cuesta entre 2.000 a 3.000 dólares, en función del tamaño de la aeronave y los servicios que se requieran del aeropuerto. Es decir, uso de manga para desembarcar, uso de escaleras, estibadores para descargar equipaje, recargo de combustible, uso de hangar, entre otros servicios. “A estos chárteres que están viniendo de Haití les cobran un promedio de 2.000 dólares, básico, porque no hay manejo de equipaje. La gente viene sólo con una mochila y se baja del avión. Además, el landing fee tiene que ver con el tamaño del avión. Los que vienen de Puerto Príncipe han sido, en su mayoría, pequeños: tipo Embraer 175. Caben en ellos entre 50 y 75 asientos”, explica la fuente asociada al negocio de los vuelos fletados. Si se toma en cuenta el promedio diario de 18 chárteres aterrizando en el Augusto C. Sandino desde Haití, República Dominicana e islas Providenciales, con un costo base de 2.000 dólares por landing fee, se trata de 36.000 dólares diarios. Es decir, aproximadamente unos 1,08 millones de dólares mensuales. Sin embargo, la estimación puede variar porque se siguen registrando vuelos chárter desde Cuba, así como otros tres provenientes de Kirguistán que pasaron por Bulgaria e hicieron escala en Managua en septiembre. Eran aviones más grandes: Airbus 330. Otro aspecto del negocio migratorio de los Ortega-Murillo es el impuesto de salida que imponen a los vuelos chárter, una decisión ejecutada con la llegada de los vuelos de Puerto Príncipe. El tributo se llama “Derecho de terminal para pasajeros salientes” y las fuentes ligadas a la industria aeronáutica catalogan como “improcedente”. Usualmente, ese impuesto se incluye en el precio de los tickets redondos, y es de 44,23 dólares. Cuando se trata de un pasaje de una sola vía, es decir de ingreso como el que compran los miles de migrantes, no solía cobrarse. “Han encontrado una nueva forma de sacar más dinero al cobrar el impuesto de salida a pesar que los chárteres regresan prácticamente vacíos. Es absurdo, porque la mayoría de esos pasajeros salen por tierra hacia Estados Unidos”, explica la fuente. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) muestran esa diferencia entre embarques y desembarques durante 2022

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México albergará una cumbre migratoria con 11 países latinoamericanos

Primicias .- Según el presidente López Obrador, particparán representantes de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes 9 de octubre de 2023 que su país albergará una cumbre sobre migración con mandatarios de 11 países de Latinoamérica el 22 de octubre en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. “Vamos a llevar a cabo el 22 de octubre una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio, nos vamos a reunir, los estoy invitando para reunirnos en Palenque, Chiapas, el día 22 de octubre», expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina. El gobernante mexicano informó de la presencia de los mandatarios de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá. «Nada más me falta hablar con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, todos los demás me han confirmado que van a asistir y vamos a tratar entre nosotros, es como un acuerdo de buena vecindad, vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos”, dijo. El encuentro ocurrirá mientras México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio «sin precedentes», como advirtió la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en septiembre. En la nueva oleada migratoria, el mandatario calculó que a la frontera de México con Centroamérica llegan hasta 6.000 migrantes diarios, mientras que a la de Estados Unidos arriban hasta 10.000. «Son los países que tienen más injerencia en todo lo relacionado con la migración, ya sea porque son sus pueblos, sus habitantes de esos países los que están emigrando, o como en el caso de Costa Rica, Panamá, el caso nuestro, incluso también el caso de Colombia, son países por donde pasan los migrantes«, detalló. «Y sí, ha crecido mucho la afluencia migratoria, el flujo migratorio”, resaltó. López Obrador buscará una propuesta común de la región sobre migración para después presentarla en noviembre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien agradeció por implementar alternativas legales para migrar a ese país. El planteamiento del gobernante mexicano se centrará en «dar atención en los pueblos de origen a los que toman la decisión de echarse a andar por necesidad». «Cómo garantizamos que haya trabajo, que haya bienestar en los pueblos de nuestros países para atemperar, para reducir el flujo migratorio, no estar pensando solo en medidas coercitivas, en retenes, en muros, en militarizar las fronteras, a ver, vamos atendiendo las causas”, declaró. #Andrés Manuel López Obrador #Centroamérica #Ecuador #México

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Dos años de bitcoin en El Salvador de Bukele: un experimento opaco con una moneda poco utilizada

ElPaís .- Las reservas en esta criptomoneda del país han perdido el 37% de su valor. El Gobierno ha otorgado una licencia para emitir bonos denominados en bitcoin a una empresa multada en EE UU.   Hace dos años, El Salvador asombró al mundo convirtiéndose en el primer país en hacer del bitcoin una divisa oficial. Periodistas de todo el mundo viajaron a la nación centroamericana de 6,3 millones de habitantes, conocida por sus playas y su diáspora en Estados Unidos, para documentar una nueva realidad monetaria. El 7 de septiembre de 2021, cuando entró en efecto la nueva ley relativa a la criptomoneda, se sintió como un momento atípico en el que un pequeño país sostuvo por unos instantes la atención del mundo entero.   El interés ha bajado, pero el experimento sigue. Es tentador clasificar la Ley Bitcoin, como se llamó al proyecto legislativo que permitió hacer del activo digital moneda de curso legal, como un éxito o un fracaso. Nada es tan sencillo en El Salvador del presidente Nayib Bukele. La bitcoinización del país es difícil de analizar porque es opaca y tiene varios objetivos distintos: la inclusión financiera, las ganancias para las finanzas públicas y la reputación del protagónico presidente.   El experimento empezó con varias compras por parte del Gobierno de Bukele. El monto exacto de bitcoin que tiene El Salvador como parte de sus reservas internacionales no se sabe, ya que el Gobierno no lleva un registro público y lo más cercano que existe a un anuncio de compra han sido escuetas publicaciones del presidente en sus redes sociales. Hay un portal de internet que lleva su propia cuenta y estima que El Salvador ha perdido 37% del valor de sus inversiones en bitcoin, equivalente a 45 millones de dólares, con la caída del precio del activo digital desde 2021. Se estima que El Salvador tiene actualmente 76,5 millones de dólares en bitcoin. Como suele suceder en el “mundo cripto”, como se le conoce a la industria, el portal nayibtracker.com no incluye información sobre sus dueños o quién lo maneja.   Nayib Bukele en la «Semana Bitcoin», en Teotepeque (El Salvador), en noviembre de 2021.JOSE CABEZAS (REUTERS) Para introducir la moneda a la población, y con la idea de que se utilice en todo tipo transacciones (desde la compra de una pupusa en la calle hasta un inmueble), el Gobierno abrió una billetera digital llamada Chivo con el equivalente a 30 dólares en bitcoin para cada ciudadano. Cientos de ellos fueron hackeados y el dinero fue robado junto con su identidad. Quizás esto espantó a muchos. Uno de los beneficios de las criptomonedas es la rapidez con la que se pueden enviar remesas del extranjero y así lo promovió el Gobierno. Pero solo el 1,3% de las remesas se transfirieron usando billeteras digitales que utilizan criptomonedas en lo que va del año, de acuerdo con los datos más recientes del banco central. En comparación, el 4% de las remesas enviadas a México se hace a través de criptomonedas, según la firma especializada Chainalysis.   Esta semana, una firma de investigación para la inversión conocida por los aficionados de las criptomonedas Ark Invest encendió las redes sociales cuando publicó un reporte en el que asegura que la adopción de bitcoin en Argentina sobrepasa la de El Salvador. “Es comprensible que los ciudadanos de El Salvador prefieran realizar transacciones en dólares, la cual se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador en 2001 y ha protegido el poder adquisitivo de la inflación y las devaluaciones que han devastado a otros países de la región”, dice el reporte firmado por el analista David Puell. “Por el contrario, el precio de bitcoin ha sido bastante volátil frente a los crecientes problemas mientras se esfuerza por evolucionar hacia un sistema monetario con mayor liquidez y adopción global”, escribió Puell.   “Esta noticia tiene mucho sentido”, dice Mónica Taher, vicepresidenta en RocketFuel, empresa global procesadora de pagos en criptomonedas. Taher fue la directora de tecnología e innovación para la agencia de promoción de negocios del Gobierno de Bukele, InvestSV, hasta octubre. Además de la diferencia en el tamaño de ambos países, en Argentina creció, de manera orgánica, un racimo de empresas de tecnología desde hace por lo menos dos décadas que hoy son referencia en la industria, explica Taher. Durante su tiempo en el Gobierno, fue la encargada de atraer y orientar empresas interesadas en operar en el país. “Se vino una avalancha de empresas que no sabíamos ni qué hacer”, recuerda la exfuncionaria. “Todos estaban emocionados, especialmente el primer año y fue muy lindo ver una especie de migración en reversa: no eran los salvadoreños que estaban migrando a Estados Unidos, ahora eran estos extranjeros de todos los países habidos y por haber que decidieron mudarse”.   Una protesta frente al Monumento a la Constitución, el 1 de junio de este año.ALEX PEÑA (GETTY IMAGES) Al ver el interés de empresas en el país centroamericano, la República Centroafricana anunció en abril de 2022 que haría a bitcoin y otras criptomonedas como monedas legales. Pero su experimento fracasó y menos de un año después el Congreso revirtió la legislación.   “El objetivo, para mí, del uso de bitcoin en El Salvador es incrementar la libertad económica de las personas de manera que no haya intermediarios y, dentro de eso, empoderar a la mujer para que controle sus propias finanzas”, dice Taher. Pero “si no hay un proceso educativo coherente, la adopción masiva va a tardar muchísimo en el país”, advierte la especialista.   Hace unos meses, el Gobierno de Bukele otorgó la primera licencia para emitir instrumentos denominados en bitcoin, como bonos y/o acciones, a la empresa Bitfinex, fundada en Hong Kong en 2012. Junto con su empresa hermana, Thether, Bitfinex tuvo que dejar de operar en Nueva York cuando, en febrero de 2021, la procuradora general de ese Estado declaró que “encubrieron imprudente e ilegalmente” pérdidas de 850 millones de dólares. Unos meses después, el Gobierno federal en ese país les puso una multa

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Tribunal Electoral de Guatemala suspende al partido del presidente electo

Primicias .– El partido político Movimiento Semilla, de Guatemala, fue suspendido por el Tribunal Supremo Electoral de ese país, por una orden judicial. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió de forma provisional al partido político Movimiento Semilla, con el que ganó la presidencia el progresista Bernardo Arévalo de León, el 20 de agosto.   El ente electoral suspendió el 28 de agosto la figura jurídica de Semilla por una orden judicial, emitida por el juez penal Fredy Orellana el 12 de julio de 2023, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018, durante la fundación del partido.   La suspensión fue confirmada por miembros del Movimiento Semilla, tras ser notificados oficialmente.   Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se desligaron de la orden enviada por uno de sus funcionarios, Ramiro Muñoz, registrador de ciudadanos.   En rueda de prensa, los magistrados dijeron que no están “al tanto” de la decisión de suspender a Semilla. Y añadieron que el partido político tiene tres días para apelar la decisión.   El cese de la vida jurídica de esta organización política opacó la oficialización de resultados electorales por parte del Tribunal Supremo Electoral.   La presidenta del tribunal electoral, Irma Palencia, ratificó que el binomio presidencial de Arévalo de León y Karin Herrera fueron electos el 20 de agosto para gobernar el país centroamericano para el período 2024-2028.   “Los ciudadanos lo dijeron en las urnas, y nosotros hoy lo estamos garantizando”, sentenció la magistrada Palencia.   Suspensión “ilegal” Hasta el 28 de agosto, la suspensión del partido había sido detenida por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, por considerar ilegal suspender un partido en plena contienda electoral. Previo a ganar la presidencia el pasado 20 de agosto, Arévalo de León había asegurado a medios internacionales que no descartaba nuevos ataques para evitar que tome posesión el 14 de enero de 2024.   Arévalo de León obtuvo 2,4 millones de votos en la segunda vuelta y se impuso a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que se adjudicó 1,5 millones de sufragios.

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El autoritarismo de Nayib Bukele contagia la política latinoamericana

El País .- El modelo del presidente de El Salvador ha logrado contener a las pandillas a costa de un profundo deterioro de las libertades y las garantías democráticas. La fascinación que despierta en algunos sectores abre una nueva confrontación política en la región Miedo y alivio. Mencionar a Nayib Bukele en El Salvador significa evocar un modelo de seguridad que ha acorralado a las maras, las principales organizaciones criminales del país centroamericano, y al mismo tiempo el terror que la guerra sin cuartel contra las pandillas ha despertado en parte de la sociedad. El éxito del llamado régimen de excepción se construye sobre las cenizas de derechos y libertades. Muchos lo justifican y lo aplauden, a tenor de la popularidad del presidente. El coste es un retroceso de las garantías y del Estado de derecho.   A salvadoreños como don Cabaña, sin embargo, parece no importarles. “Vaya a saber a cuántas familias mataron, a cuántas jóvenes violaron, ¿y ahora que están en la cárcel están pidiendo perdón, llorando?”. A este hombre de 60 años se le amarga el humor cuando se acuerda de cómo era antes vivir en Las Margaritas, su hogar, y lo a gusto que estaba viendo el partido en la cancha del barrio. “Aquí, desde temprano, no se podía salir de la casa. Aquí, donde estamos platicando, se juntaban y no se iban”. ¿Quiénes? “Los de las letras”, dice en un susurro. La MS, pues. La Mara Salvatrucha 13. Los jóvenes de esta colonia de San Salvador juegan a fútbol aprovechando los últimos momentos de luz de la tarde. Cuando oscurece, se encienden unas farolas y ahora son ellos los que no se van. Se quedan ahí mismo y se ponen a platicar, se ríen entre ellos.   Tras 25 años viviendo en este lugar, don Cabaña —el nombre es ficticio, por seguridad— nunca había visto una escena como la que tiene enfrente. Viste una playera con el nombre del popular presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Mi esposa y yo las mandamos a hacer”, cuenta. Habla con orgullo. “Lo que está haciendo el señor presidente está muy bien. El hombre tiene mucha mente y mucha fuerza para encaminar al país”, dice. Caída la noche, por las calles de la colonia aflora la vida. Si a un recién llegado le dijeran que en este país no existieron las maras, lo creería. En El Salvador, un país con menos de 6,5 millones de habitantes, el Gobierno ha detenido a 71.000 personas a las que acusa de haber cometido delitos como integrantes de la MS-13 o del grupo antagónico, Barrio 18. Las “manchas” (pintadas) de las pandillas han desaparecido de las calles. Los militares han instalado puntos de revisión en las carreteras con tanquetas, y la Policía Nacional recorre las calles exhibiendo armas. Las escenas de personas capturadas en las comisarías son frecuentes, lo mismo que las de familias haciendo guardia afuera de los centros de detención en busca de sus parientes.   La otra cara de la moneda de la llamada guerra contra las maras es un palpable deterioro de las garantías democráticas, según las denuncias de Naciones Unidas, así como de diversos organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch. La celebración de juicios masivos, la construcción de megacárceles, el hacinamiento, los abusos policiales y la exhibición de los detenidos a través de videos de propaganda gubernamental han hecho saltar las alarmas de buena parte de la comunidad internacional, pero también han incubado una suerte de efecto contagio en algunos países de Latinoamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impulsó en junio una ofensiva similar contra las pandillas. Ecuador, asfixiado por el crimen organizado, decretó el estado de excepción la semana pasada tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en plena campaña. Y en Colombia o Chile el modelo de Bukele impregna el debate político.   El régimen de excepción Ese es el sistema que ha modificado radicalmente la geografía cultural del país centroamericano a lo largo de los últimos 17 meses, tiempo en que el presidente ha impuesto el régimen de excepción como política contra las maras. Antes, por aquí no se podía caminar; antes, no se podía estar en la calle a esta hora; antes, no se podía entrar a la colonia de enfrente… Los salvadoreños hablan en pasado, como de una época remota. “Ahora, ya podemos descansar un poco de eso, ya se puede dormir en las noches”, afirma la señora Tere, de 67 años, mientras atiende su negocio de prendas en Cimas de San Bartolo, sede del cuartel general de “los del número” —la mara Barrio 18—. Los comerciantes de esta colonia eran extorsionados; el monto a pagar dependía del tamaño o la prosperidad del negocio. A algunos habitantes la pandilla les arrebató sus casas para ponerlas en renta, y a otros les cobraban una cuota por la tenencia de sus vehículos. En uno de los pasajes de esta colonia la pandilla había erigido un homenaje a su soberbia, una pared que rezaba: “Bienvenidos al corazón de Barrio 18″. La pintada ya ha sido cubierta con un grafiti alusivo a la Navidad. Los vehículos de combate del Ejército permanecen estacionados sobre la entrada del municipio de Sensuntepeque, El Salvador.VÍCTOR PEÑA El estado de excepción se impuso luego de que se rompiera la tregua secreta entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, en marzo de 2022. La política de mano dura ha desplomado la tasa de homicidios de 103 a 2 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, y ha convertido al que hace unos años fuera el país más letal de América en uno de los más pacíficos, de acuerdo con las estadísticas. Este es el argumento por el que algunos políticos de la región se han visto tentados por el modelo de Bukele, y el mandatario, que usa las redes sociales para su campaña permanente y para burlarse de las críticas, quiere ser visto como ejemplo a seguir.   Esta semana, por ejemplo, tras la victoria de Javier Milei en las primarias de Argentina,

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La expulsión de nicaragüenses y sus remesas familiares: el negocio redondo del régimen de Ortega

El País .- Los ingresos por remesas familiares en 2022 rozaron los 2.500 millones de dólares   Humberto llegó hace menos de trece meses a Miami, luego de partir de Nicaragua en una “excursión” hacia Guatemala, cruzar México y entregarse a la Patrulla Fronteriza en la orilla norte del Río Bravo. Estuvo recluido unas semanas en un centro de detención hasta que su tía respondió por él; le pagó un boleto de avión a la Florida y lo puso a trabajar en un restaurante familiar en esa ciudad húmeda y calurosa, donde el universitario está a la espera de su asilo. Enviar dólares a su madre y su hermano menor, quienes se quedaron en Managua, fue una de sus prioridades al recibir sus primeros pagos en dólares.   “Me vine antes de que aprobaran el tema del Parole humanitario, me crucé mojado, porque en Nicaragua no miraba futuro. Ganaba unos 350 dólares mensuales en una tienda de ropa, pero no me alcanzaba para pagar mi universidad, ayudar a mi hermano y a mi mamá con la casa”, relata Humberto a EL PAÍS. “Ahora les envío más o menos esa cifra como remesa, pero espero poder aumentar ese dinero cuando me salga el asilo, logre seguir estudiando y tener un mejor trabajo en este país”.   Humberto, quien dejó una carrera de ingeniería, es parte del éxodo de 725.000 nicaragüenses que han dejado Nicaragua desde el año 2018, cuando estallaron las protestas sociales y el país quedó sumido en una crisis sociopolítica, mezclada con desempleo y maneras totalitarias. Casi el 7% de la población total de una nación está en fuga. Entre 2021 y 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) calcula más de 200.000 registros de nicaragüenses atravesando las fronteras estadounidenses. La mayoría de ellos, como Humberto, comparten la misma prioridad: enviar remesas a sus familiares.   De hecho, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta el mes de mayo pasado, las remesas provenientes de Estados Unidos estaban creciendo a un ritmo superior al 80%. Tres de cuatro dólares que ingresaron por remesas familiares en 2022 tuvieron su origen en Estados Unidos, seguido de Costa Rica y España. Un negocio redondo: en suma, durante el año 2022, los ingresos por remesas familiares alcanzaron un total de 2.469,7 millones de dólares. Paradójicamente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han encontrado en estos giros desde el exterior uno de sus principales sostenes económicos.   “Una política expulsión y exclusión” “Es una política de expulsión y exclusión”, revela en ese sentido una reciente publicación de Diálogo Interamericano, titulada “Indicadores sobre la situación económica nicaragüense en 2023: factores de dependencia y opciones de presión”.   “El crecimiento está impulsado en gran medida por las remesas familiares, que proyectan aumentar a 5.000 millones de dólares en 2023″, detalla el estudio realizado por el politólogo Manuel Orozco. “Esto quiere decir que la dependencia económica de las remesas será superior al 30% del PIB y un millón de hogares recibirán dinero”.   Por otra parte, estos movimientos reflejan la importancia que tiene Estados Unidos como el principal socio comercial de Nicaragua, pese a que el régimen de Ortega y Murillo mantiene un discurso antiimperialista y las relaciones diplomáticas experimentan serios encontronazos, al punto que Washington se ha quedado sin embajador en Managua y, en su defecto, nombraron a un encargado de negocios. “Las exportaciones a Estados Unidos representan el 35% del PIB, la mitad proviene de la zona franca, de 130 empresas, 34 estadounidenses y más de 40 nicaragüenses”, agrega Orozco en su análisis.   Enrique Sáenz, economista y opositor exiliado en Costa Rica, explica a EL PAÍS que las remesas familiares representan “dólares líquidos o euros, ya que si vienen de España, también se transforman en dólares”. “Los que provienen de Costa Rica también son divisas a las que se le llama divisas líquidas, porque entran directamente a alimentar las reservas del Banco Central y ahí vemos a los sirvientes de la dictadura presumiendo con la magnitud de las reservas que se acumulan en el BCN”, sostiene.   “Mientras el tirano se llena la boca hablando en contra del imperialismo, los nicaragüenses hacia dónde se dirigen es hacia el imperio y es desde el imperio desde donde envían estos dólares con su sudor, con su desvelo para poder ayudar a sus familias que padecen desempleo, que padecen subempleo y además sufren las consecuencias de la carestía de la vida”, insiste Sáenz. Y, para ejemplificar la situación en Nicaragua, el economista recurre a la última encuesta de la firma CID Gallup. Publicado en marzo pasado, el sondeo revela que las proyecciones económicas de los nicaragüenses para 2023 son negativas en un 47%, frente a un 42% que mantienen el optimismo que será mejor. Para la encuestadora, un factor que genera pensamientos de estabilidad económica es que los emigrantes envían remesas a sus familias.   La migración masiva, coinciden los economistas y expertos, ha dirigido a Nicaragua un bajo crecimiento económico del 3% en 2022. Aunque las cifras macroeconómicas todavía mantienen a la economía fuera de aprietos –aunque sin generar riqueza–, los nicaragüenses todavía no consiguen llegar a final de mes, en un contexto de constante alza de la canasta básica y los servicios.   “Los nicaragüenses siguen viviendo con los niveles de ingresos de 2017 de 2 mil 200 dólares anuales per cápita (el ingreso familiar en Nicaragua es de 250 dólares mensuales, con 1,5 personas ganándose algo), mientras que la canasta básica de alimentos es de 6 mil anuales”, compara Orozco. “Tampoco se percibe un aumento de la fuerza laboral en la economía formal. Todo lo contrario: la informalidad va en crecimiento. Los que están bien son los nicaragüenses que trabajan en el comercio o reciben remesas”, detalla el informe del Diálogo Interamericano.

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El infierno de Bukele en El Salvador: un país sumergido en un Estado policial, sin derechos ciudadanos y bajo censura

El País .- El presidente ha impuesto un Estado de excepción que le permite un control sin precedentes y consolidar un sistema autoritario bajo el argumento de poner fin a la violencia   El Gobierno de El Salvador movió a inicios de julio su maquinaria diplomática para prohibir la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica. El régimen del populista Nayib Bukele exigió que se suspendiera del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que denuncia las arbitrariedades cometidas por las autoridades durante más de un año de un estado de excepción impuesto por el mandatario para hacer frente a la violencia de las pandillas que desangraba al país.   Los ojos de la censura se posaron principalmente en el cuento Barberos en huelga, una dramática y terrible historia que narra cómo los hombres —vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, ayudantes de barberos, chóferes de transporte público— desaparecen al ser detenidos por vincularlos sin pruebas con las llamadas maras. Un recuento de una realidad infernal en un país donde han sido detenidas más de 77.000 personas, se han suspendido las garantías ciudadanas, se ha militarizado la seguridad, han sido denunciadas torturas y desapariciones y la censura se impone como política de Estado. Un mural sobre del presidente Bukele en las calles de San Salvador.SALVADOR MELENDEZ (AP) Bukele, que mantiene niveles altos de popularidad que son la envidia de otros líderes latinoamericanos, impuso desde marzo del año pasado un régimen de excepción que le ha dado luz verde para restringir los derechos constitucionaless en un país que no ha logrado cerrar aún las heridas de una guerra civil que, en la década de los ochenta, causó más de 70.000 muertos y dejó un nefasto recuerdo de abusos militares. A través del estado de excepción, las autoridades salvadoreñas han desatado una cacería que recuerda los abusos de aquella época. Miles de personas son sometidas a diario a revisiones y cateos en retenes militares establecidos en todo el país y se ha desatado una cacería contra hombres jóvenes, por vivir en zonas controladas por pandillas o llevar tatuajes. Hay denuncias de torturas y condiciones inhumanas en las cárceles, además de un centenar de muertos bajo custodia por maltratos de las autoridades carcelarias. La censura es ya una norma y la persecución contra voces críticas, periodistas y sindicalistas ha impuesto un estado de terror en la sociedad.   “Cualquier persona puede ser capturada arbitrariamente”, afirma Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, una organización que vela por el respeto a los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Hemos encontrado en las denuncias recibidas que han sido detenidos jornaleros, sindicalistas, pescadores, agricultores, personas que han cuestionado a la policía. Hay sindicalistas capturados por protestar porque no les han pagado sus sueldos y más de 3.000 vendedores informales han sido desalojados de San Salvador, la capital, y amenazados con capturarlos bajo el régimen de excepción si protestan”, explica el activista.   Este organismo hizo público a finales de mayo un informe demoledor, en el que denunciaba que al menos 153 reos murieron por torturas, golpes, estrangulación o por falta de atención médica. El organismo documenta que 75 cadáveres presentaban laceraciones y hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o señales de ahorcamiento. “Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado”, advirtió en esa ocasión Cristosal. Para reforzar su política de seguridad, Bukele ordenó la construcción de la que ha llamado la prisión más grande de América, un inmenso complejo de alta seguridad donde han sido trasladados miles de reos y que es denunciado como centro de torturas. A ese infierno carcelario se une la angustia que genera en la ciudadanía la presencia constante de militares en las calles del país. Pandilleros esperan ser llevados a sus celdas en el Centro de Confinamiento de Terroristas.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (VIA REUTERS) Los militares tienen luz verde para detener autobuses y bajar a quienes consideren sospechosos, allanar casas sin órdenes judiciales, basados en denuncias anónimas, o imponer estados de sitio en zonas del país donde la población se encierra por temor a ser capturada. “De las denuncias que hemos recibido, más de 3.400, en el 98% de los casos no hay pruebas de que las personas detenidas tengan vínculos con las pandillas. El procedimiento usado para estas capturas muestra que no hay una investigación previa, ni orden de captura dictada por un juez, sino por operativos policiales y detenciones a criterio. Este nivel de arbitrariedad hace que buena parte de estas capturas no tenga sustento”, explica Abrego. El mandatario, que controla el Congreso y las cortes, ha logrado una reforma que le permite desarrollar juicios masivos, con audiencias de hasta 900 presos. “Estos juicios colectivos limitan el ejercicio de la defensa, porque hacen que los abogados tengan menos oportunidad de demostrar que su defendido es inocente”, advierte el activista.   Lo que desconcierta a los analistas es que a pesar del infierno desatado por Bukele en su guerra contra las pandillas, sus niveles de popularidad siguen siendo altos, hasta de un 90% según algunos sondeos. Esa popularidad se debe al hecho de que muchos salvadoreños se sienten seguros ahora, dado que las maras habían impuesto su ley en amplias zonas del país, donde cobraban impuesto incluso a las vendedoras callejeras de comida, el pago de una cuota para entrar o salir de un barrio o redadas violentas que dejaban decenas de muertos. El Salvador tenía una de las tasas de homicidio más altas del continente.   “Hay prácticas de violaciones a derechos humanos que no veíamos desde el conflicto armado. Se está utilizando el régimen de excepción para la represión, para limitar la libertad de expresión. El Gobierno cuenta con un aparato de comunicación muy fuerte y una estrategia publicitaria muy exitosa, que genera un mensaje importante, con el que cala la idea de que la seguridad está encima de los derechos. La baja criminalidad hace que la gente se sienta aliviada”, explica Abrego. Un alivio que, sin embargo, mantiene a los salvadoreños en una

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Víctimas de Daniel Ortega instan a la cumbre entre la UE y la Celac a unirse para elevar la presión sobre el régimen

El País .– Más de 150 perseguidos políticos y organismos en defensa de los derechos humanos piden al cónclave la creación de un grupo de apoyo a Nicaragua para alentar una transición a la democracia.   La cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada para el lunes y el martes en Bruselas, será una cita crucial no solo para mejorar la coordinación entre las dos orillas del Atlántico o concretar planes de inversiones, sino también para alentar debates políticos y encauzar demandas democráticas. Más de 150 víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instan a los Ejecutivos de América Latina, a la UE y a sus Estados miembros, “a establecer un ‘Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense’, integrado por Gobiernos de todo el espectro político, para contribuir a una transición democrática” en el país centroamericano.   La petición, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que se divulgará este viernes, está suscrita por cerca de 30 organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos y detalla las funciones del grupo. Por ejemplo, “debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia de acciones pacíficas, públicas y privadas, que sean concertadas para buscar la liberación de los presos políticos, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión y la realización de elecciones libres y justas, tan pronto como sea posible”.   Encabezada por el escritor y premio Cervantes Sergio Ramírez, la escritora Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro, los opositores Félix Maradiaga o Juan Sebastián Chamorro, o Dora María Téllez, la antigua Comandante Dos de la revolución sandinista, la iniciativa está dirigida concretamente al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren. El Gobierno de Gabriel Boric se ha mostrado como uno de los más sensibles de la región ante la grave deriva del régimen de Ortega y Murillo y uno de los más contundentes en la defensa de los derechos humanos. Ese es precisamente el propósito central de la solicitud, que busca “una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que vive el país”.   Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), uno de los organismos que promueve petición, recuerda que “la crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”. “Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua no tiene más tiempo que perder”, enfatiza.   En medio de un aislamiento internacional cada vez más profundo, el aparato sandinista ha acelerado la represión política de toda voz disidente. La carta menciona algunos de los episodios más graves. El más reciente es la embestida contra la Iglesia católica, sacerdotes y prelados, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado por la justicia de Ortega a más de 26 de cárcel y que la semana pasada rechazó por segunda ocasión un exilio forzoso. “En los últimos años, pocos países de la región han registrado un deterioro en la situación de los derechos humanos tan grave como el observado en Nicaragua, incluyendo ataques sistemáticos a los medios de comunicación independientes, el desmantelamiento de la sociedad civil y la consolidación de un régimen autoritario”, indica el documento, suscrito también por Carlos S. Maldonado y Wilfredo Miranda, redactor y colaborador de EL PAÍS.   Mientras el Gobierno de Ortega rehúsa cualquier intento de mediación diplomática, la población no tiene ante sí ningún horizonte de cambio. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GEDHN) concluyó el pasado mes de marzo “que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones y persecución por motivos políticos”. Además, recuerdan los firmantes, “no se ha permitido ingreso de observadores internacionales al país desde que el Gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales de 2018″.   Como consecuencia, los últimos procesos electorales han sido una farsa. Y según cálculos de organismos nicaragüenses hay todavía 64 presos políticos a pesar del destierro, consumado el pasado mes de febrero, de 222 opositores encarcelados de forma arbitraria. A ese intento del régimen de librarse de voces incómodas y rebajar la presión internacional siguió otro golpe: 317 críticos fueron despojados de su nacionalidad.   En este contexto, las víctimas de Ortega confían en que la cumbre UE-Celac “sea una oportunidad para discutir desafíos apremiantes en materia de derechos humanos en países de Europa y América Latina y el Caribe, como el retroceso democrático, la violencia e inseguridad y los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo”. Los firmantes celebran los pronunciamientos de Gobiernos como chileno o de instancias internacionales como el Servicio Europeo de Asuntos Exteriores, pero lamentan que la respuesta internacional haya carecido “de la coordinación y el alineamiento necesarios para contribuir de manera efectiva a que se adopten pasos para la transición hacia una democracia fundada en la libertad y los derechos humanos”. Por esta razón, el cónclave de Bruselas se perfila también como una oportunidad para alentar una transición hacia la democracia en Nicaragua.

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Un juez guatemalteco suspende el Movimiento Semilla, el partido de Bernardo Arévalo

El País .– La formación, que debe disputar la segunda vuelta el próximo 20 de agosto, afronta una causa penal promovida por Rafael Curruchiche, un funcionario sancionado por Estados Unidos por corrupción   Un juzgado ha ordenado la tarde de este miércoles la suspensión del partido Movimiento Semilla, la opción elegida por un 12% de los votantes de Guatemala el pasado 25 de junio como salida al sistema autoritario que vive el país centroamericano. Fue la fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones en casos de corrupción, el organismo que emprendió una causa penal contra el partido que se conformó al calor de las protestas de 2015 contra la descomposición del sistema democrático.   El anuncio de la cancelación de la formación liderada por Bernardo Arévalo ocurrió mientras los guatemaltecos esperaban a que el Tribunal Supremo Electoral anunciara la oficialización de los resultados de las elecciones, que pese a ser cuestionados por varios partidos fueron confirmados por un segundo escrutinio. La segunda vuelta presidencial se disputará el próximo 20 de agosto.   La Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Curruchiche, ha informado de que un juzgado ordenó la cancelación a partir de una denuncia recibida en mayo de 2022 por parte de un ciudadano que protestó por haber sido afiliado al partido sin su consentimiento. Después de estudios grafológicos se concluyó que “la firma y letra fueron falsificados”, dijo Curruchiche en una grabación que se difundió mientras se esperaba la oficialización de resultados en el tribunal electoral. A las puertas del tribunal se estaba celebrando una protesta que demandaba la convocatoria formal de la segunda vuelta, pero que se fue nutriendo de voces en rechazo de la acción judicial contra Semilla.   Antes de que la fiscalía anunciara las acciones contra el partido, los dirigentes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa en la que repudiaron cualquier acción que pudiera poner en riesgo las candidaturas o al partido. “Los señalamientos no han llegado a instancias judiciales. Las denuncias se han desestimado porque no tienen validez y esta vez será igual. No se afectará ni el partido ni las candidaturas de Bernardo y Karin” explicó el diputado Samuel Pérez, secretario del movimiento. El candidato a la presidencia por Semilla, Bernardo Arévalo, es un sociólogo de 64 años y Karin Herrera es la química-bióloga de 55 años que se postula para la vicepresidencia. Minutos antes del anuncio, el exconstituyente Roberto Alejos, dijo a ELPAÍS que toda acción contra un partido que va a segunda vuelta es “claramente malintencionada”. Y esta acción de la fiscalía se enmarca además en un proceso electoral especialmente viciado. Tres candidatos a la presidencia con potencial de llegar a segunda vuelta, han sido excluidos de la actual contienda electoral.   El Movimiento Semilla escaló desde los últimos lugares de las encuestas y se colocó como la segunda opción más votada. El 26 de junio fue un día de alegría para el partido que se conformó por un grupo de académicos que se plantea reformas profundas de un país en el que más de la mitad de la población vive en pobreza. Ganar la elección puso a Semilla en la mira de un sistema que, de forma legal, fue excluyendo a candidatos que no fueran afines al partido en el Gobierno y sus aliados. Días después de la primera vuelta, Arévalo señaló en una entrevista con ELPAÍS que la persecución penal “es un recurso que tienen a la mano y que no han dudado en usar en veces anteriores”. Entonces, el aspirante se refirió precisamente a este caso. “Se trata de un caso espurio que sabemos que están montando. Nosotros lo salimos denunciando públicamente alrededor de un tema de problema de firmas en la fundación del partido hace seis años y que se han dedicado a tratar de buscar algún tipo de cuestión”.   El partido se enteró de los problemas en la afiliación de militantes e inició una investigación interna. Al detectar las inconsistencias presentó “una denuncia ante el Ministerio Público de la persona que había estado involucrada en ese caso”. “El sistema no se va a quedar tranquilo y va a aceptar mansamente que venga un partido al que sencillamente no habían visto venir este y que ahora estén a punto de perder el control del Ejecutivo, que es clave central para poder viabilizar toda la economía de la corrupción alrededor de la cual se tejen esas lealtades espurias. Sabemos que van a intentar todo y estamos listos para resolverlo”, manifestó Arévalo anticipándose a las acciones que anuncia hoy un Ministerio Público bajo la jefatura de Consuelo Porras, la fiscal general nombrada por el presidente Alejandro Giammattei.

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El Tribunal Electoral y los dos ganadores de la primera vuelta piden desatascar el proceso electoral en Guatemala

El País .- La oficialización del escrutinio sigue detenida por las acciones del partido en el Gobierno y un exconvicto aliado.   A dos semanas de las votaciones, Guatemala sigue sin oficializar los resultados y convocar a la segunda vuelta presidencial que, como se confirmó en la revisión de escrutinios, se disputará entre el socialdemócrata Bernardo Arévalo y Sandra Torres, la exprimera dama que se ha lanzado por el voto conservador. El 25 de junio, 5.5 millones de ciudadanos acudieron a votar, después de que las cortes de justicia dejaron fuera de la contienda a tres de sus presidenciables favoritos.   En una elección que tuvo al voto nulo como la opción más votada, un 17%, Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, logró el 15% de los votos válidos y Arévalo, del Movimiento Semilla, escaló desde los últimos lugares de las encuestas para quedar segundo, con el 12%.   Una nueva intervención de las cortes detiene la oficialización de los resultados electorales, que se paralizó el 1 de julio, cuando la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a nueve agrupaciones políticas, entre estos el partido Vamos, al que pertenece Alejandro Giammattei, y Cambio, del exdiputado Manuel Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, y ordenó repetir las audiencias de revisión de los escrutinios a nivel nacional. Salvada la etapa y sin que se hayan detectado cambios significativos en los resultados, tres de las nueve agrupaciones políticas bajo la dirección del partido Cambio, presentaron una nueva acción legal con la que persiguen que se cuente voto por voto y han encontrado eco en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que de forma unilateral, ha pedido a la autoridad electoral los informes para resolver la procedencia del recuento.   Desde el Tribunal Supremo Electoral “hay voluntad” de oficializar los resultados lo antes posible, en “respeto al calendario electoral y al voto de los ciudadanos”, ha dicho a ELPAÍS la presidenta de ese organismo, Irma Palencia. Además, en el informe enviado a la Corte Suprema la madrugada del sábado, la autoridad electoral pide “que se deniegue el conteo físico de cada uno de los votos, por ser una actividad que no se encuentra regulada en la ley”. Así, el tribunal planta posición en el pulso que se mantiene con el bloque de partidos que piden el recuento de votos y que tienen como operadores más visibles a los Baldizón y al partido en el gobierno. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.   “Estamos detenidos por el amparo” que los nueve partidos bajo la dirección de Cambio presentaron ante la sala constitucional y que ésta “resolvió sin competencia”, señaló Palencia. La magistrada se refiere a que, por tratarse de un cuestionamiento hacia las autoridades electorales, el amparo se debió analizar en la Corte Suprema, donde sigue su curso.   Palencia sostiene que el Tribunal y las juntas cumplieron con lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad. Durante tres días las Juntas Electorales revisaron nuevamente los las impugnaciones sobre los escrutinios y cotejaron las actas manuscritas con el sistema informático, sin encontrar inconsistencias relevantes que modifiquen los resultados de la elección presidencial que se divulgaron conforme avanzaba el procesamiento de las papeletas en cada una de las 24.585 mesas receptoras de votos.   Las juntas electorales preparaban los datos consolidados que servirán para oficializar los resultados, pero debieron interrumpir esa tarea para trabajar en los informes que pidió la magistrada Valdés, detalló Palencia. La Corte Suprema no ha explicado porqué Valdés actuó en solitario y el tribunal electoral no responde a la pregunta de porqué atendieron la solicitud.   El Movimiento Semilla ha presentado ante la la sala constitucional una queja por la acción unilateral de la magistrada Valdés. “Confiamos en que el máximo tribunal Constitucional resolverá a la brevedad para poder reanudar de inmediato la campaña y el proceso electoral en su conjunto, al tiempo de permitir la adjudicación de los cargos que correspondan a lo conquistado por todas las organizaciones políticas durante la primera ronda de elecciones”. cita un pronunciamiento del partido.   Que se convoque a segunda vuelta Tanto Torres como Arévalo han pedido que se oficialicen los resultados para avanzar hacia la segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto. “Se están judicializando los resultados y eso nos preocupa, hoy cumplimos dos semanas después de la primera vuelta y no se toma una decisión”, señaló Torres durante una reunión con sus correligionarios. En las pasadas elecciones de 2019, los resultados se hicieron oficiales dos semanas después de las votaciones.   Arévalo confía en que el pueblo no se dejará robar el voto pero teme un escenario en el que no se defina la elección presidencial, como ha pasado con la Corte Suprema. Los magistrados de esa corte se han mantenido cuatro años en el cargo porque el Congreso no elige a los relevos. El otro frente del Movimiento Semilla son las denuncias penales, también dirigidas por los Baldizón y el partido Cambio, que promovió la acción judicial que dejó fuera de la contienda a Carlos Pineda, que iba puntero en las encuestas presidenciales.   El partido de Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, y Vamos, la agrupación que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei, insistieron en abrir las urnas y contar voto por voto, pero las juntas no accedieron porque lo consideran ilegal y porque violentar las bolsas con las papeletas puede reclamarse como una causa para anular las elecciones Por el papel que los Baldizón han jugado durante el proceso electoral, analistas como Edgar Gutiérrez los ubican como operadores de Alejandro Giammattei, el partido Vamos y la alianza oficialista. Sin embargo, “más allá de haber firmado el amparo, no hay ninguna comunicación con Giammatei ni el partido Vamos”, dice Jorge Baldizón. Baldizón trata de explicar la necesidad del recuento a partir de su inferencia en torno a la sorpresa electoral de Semilla. “No es posible que si Semilla ganó una sola alcaldía haya tenido esa cantidad

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Nayib Bukele busca perpetuarse en el poder

El País .- El mandatario salvadoreño oficializa este domingo su candidatura a la reelección, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe y en medio de críticas por su modelo autoritario. “No soy un dictador”, se ha defendido No hay prohibición constitucional que cuente para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El controvertido mandatario ha anunciado que este domingo oficializará su candidatura a la reelección, a pesar de que hay candados legales establecidos en la Constitución de su país que le impiden repetir mandato. Desde el partido del presidente, Nuevas Ideas, han justificado la necesidad de que Bukele continúe en el cargo para mantener un modelo político que ha logrado reducir los niveles de inseguridad en el país centroamericano, pero voces críticas advierten de que se trata de un movimiento para perpetuarse en el poder y critican la deriva autoritaria del político. “No soy un dictador”, se ha defendido Bukele, en el cargo desde 2019.   La proclamación de este domingo junto a su vicepresidente, Félix Ulloa, es el fin de un proceso que inició en septiembre de 2021, cuando los magistrados de la Sala Constitucional, impuestos por Bukele y leales al mandatario, hicieron una “interpretación” de la Ley Fundamental en la que establecían que la reelección en períodos continuos es viable, con lo que despejaron el camino del popular presidente para repetir mandato. Ese mismo año, el Tribunal Electoral informó de que admitía la resolución de los jueces y dará luz verde a la inscripción de una candidatura de Bukele y Ulloa. La Constitución salvadoreña, en vigor desde 1983, establece en su artículo 152 que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”. Es decir, no permite de ninguna manera dos mandatos sucesivos, aunque la redacción deja la puerta abierta a los mandatos alternos.   Bukele cuenta con una enorme popularidad entre la población de su país, que se debe principalmente a una brutal ofensiva lanzada hace más de un año contra las pandillas y grupos criminales que sembraban el terror en las ciudades salvadoreñas. Hasta la fecha han sido apresadas al menos 68.000 personas y las estadísticas oficiales muestran una reducción muy importante en cuanto a homicidios y otros crímenes. Organismos de derechos humanos, sin embargo, han denunciado un uso extremo de la fuerza y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluyen muertos por torturas, golpes, estrangulación, hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. Además de su controvertida guerra contra las maras, Bukele ha avanzado en el control del aparato del Estado. El presidente ya había consolidado su poder en 2021 con una victoria sin precedentes en las elecciones legislativas, tras lograr un número de diputados inédito que le ha dado mano libre para impulsar su agenda política.   El presidente ya había enfrentado las críticas a mediados de junio, cuando inauguró en San Salvador los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bukele, arropado por miles de seguidores que gritaban su nombre, se mostró sonriente durante la ceremonia de apertura de los Juegos y retó a los periodistas que lo critican a que visiten las ciudades del país y constaten la seguridad que él ha logrado. “No soy un dictador”, dijo Bukele en medio de los aplausos y vítores de una audiencia que exigía “reelección”. Los Juegos han sido una costosísima puesta en escena valorada en 100 millones de dólares (unos 91,5 millones de euros) para vender al mundo un país seguro y bueno para los negocios, una Singapur centroamericana, como el mismo Bukele lo ha definido. Bukele ha criticado a la agencia estadounidense de noticias Associated Press por una crónica sobre su aparición en los Juegos. AP citó a Alan McDougall, un historiador del deporte de la Universidad canadiense de Guelph, quien hizo una comparación del uso de grandes eventos deportivos por gobiernos autoritarios para lavar su imagen. “Organizar con éxito un evento internacional puede dar confianza a un régimen para actuar con impunidad. El deporte es un atajo para ganarte a ti mismo, ni siquiera popularidad, solo aceptación”, explicó McDougall. El analista, según AP, hizo referencia “al uso del atletismo como herramienta política en la década de 1930, cuando la Italia dirigida por Mussolini fue sede de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos se celebraron en la Alemania nazi”. Bukele reacciono con mofa en Twitter, su red favorita para comunicar sus decisiones. “AP literalmente me está comparando con Hitler y Mussolini. Reductio ad Hitlerum: ganamos el debate”, escribió. Aunque los salvadoreños celebran los bajos índices de criminalidad y muestran adoración hacia su presidente, hay acciones de Bukele que levantan las alertas sobre un giro autoritario en su Gobierno. Recientemente, las autoridades pidieron a la Feria del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica, que retirara del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que reúne relatos que critican el régimen de excepción impuesto por Bukele, las violaciones a los derechos humanos y las desapariciones forzosas. Al Gobierno salvadoreño le molesta especialmente el cuento titulado Barberos en huelga, una conmovedora y alarmante narración que explica cómo el Ejército tomó las calles e hizo desaparecer a miles de hombres jóvenes en su guerra contra las maras. “El Gobierno de mi país prohibió la presentación de mi libro. ¿Bajonea? Sí, un vergo. ¿Vamos a callar? No. No nos van a callar”, escribió en Twitter Recinos, quien anunció que presentará su libro este sábado. Acciones como esta ponen en alerta a escritores, periodistas e intelectuales de El Salvador, que temen que la censura se convierta en algo común en su país, mientras Nayib Bukele busca perpetuarse en el poder.

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La presidenta Xiomara Castro ordena en Honduras una ofensiva contra las pandillas similar a la de Bukele

El Pais .- La mandataria cumple con su promesa de tomar “medidas drásticas” tras la ola de violencia que desangra al país centroamericano.   La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha cumplido con su promesa de tomar “medidas drásticas” para luchar contra la violencia que desangra a su país. Las autoridades de seguridad hondureña han anunciado este lunes los resultados de una ofensiva policial y militar contra las pandillas que controlan amplios territorios en Honduras y siembran el terror entre la población. La Policía Militar ha hecho públicas imágenes que muestran a centenares de hombres arrestados y obligados a permanecer en ropa interior mientras son custodiados por decenas de oficiales, en una medida que pretende recuperar el control de las cárceles. “Iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”, ha dicho José Manuel Zelaya, secretario de Estado de Defensa Nacional. Las imágenes reproducidas por las autoridades recuerdan a las duras medidas tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su guerra contra las pandillas y que han generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.     La ofensiva de las autoridades hondureñas se da tras el sangriento fin de semana registrado en el país, que dejó al menos 21 muertos. Una nueva masacre registrada el sábado en el interior de un billar en el sector de Choloma, en el norte de Honduras, dejó 13 muertos. Otras ocho personas han sido asesinadas en otros crímenes en el resto del país, que cada mañana despierta con noticias terribles de asesinatos y violencia. Estos hechos se registran apenas cinco días después de que 46 reclusas murieran en una reyerta entre integrantes de pandillas rivales, registrada en una cárcel de mujeres. Debido a estos hechos, Castro ha decretado un toque de queda que afecta a Choloma y en San Pedro Sula, la ciudad más importante del país, y ha anunciado una operación policial que incluye allanamientos, capturas de posibles criminales y retenes. “He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del Narcotráfico que opera impunemente”, escribió la presidenta en una cadena de mensajes publicados este domingo en su perfil de Twitter.   Un operativo en la carcel Francisco Morazán, en Tamara (Honduras), el 26 de junio.FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (AFP) Castro y su Gobierno se han visto superados por la violencia de las pandillas y el crimen organizado, que controlan amplios territorios en el país. La Administración intenta enviar a la población un mensaje de fuerza y este lunes Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta, ha afirmado que las medidas tomadas por Castro y las autoridades de seguridad son “decisiones contundentes para poner fin a los remanentes de la narcodictadura. Estos esfuerzos son base sólida para vencer el terrorismo y la criminalidad”.   Las imágenes distribuidas por la Policía Militar muestran un despliegue enorme en las cárceles, además del avance de oficiales en zonas controladas por las pandillas, la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, que se disputan de forma sangrienta los territorios. Los oficiales presumen en las imágenes en control de las cárceles, con centenares de reos en los patios, sentados o de rodillas y ropa interior. Los videos muestra, además, la captura de centenares de armas de alto calibre, teléfono celulares y satelitales, explosivos de fabricación casera y toda una munición que los reos mantenían abiertamente en las prisiones, con el visto bueno de autoridades corruptas. “La vida y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera”, ha justificado José Manuel Zelaya la ofensiva.   Tras hacer públicas las imágenes este lunes, las autoridades hondureñas han recibido críticas de organismos de derechos humanos. En total despliegue bukelista de populismo punitivo, el Gobierno de Xiomara Castro replica políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos”, ha criticado Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacioanl “El falso dilema entre la seguridad y los derechos, nos ha pasado alta factura en la región”, ha agregado. Este organismo ha sido muy crítico de la política de seguridad de Bukele, que ha detenido al menos a 68.000 personas en El Salvador, obviando en muchos casos el debido proceso y violentado los derechos de los detenidos, según las denuncias de organizaciones civiles. El Salvador ha cumplido ya más de un año en estado de excepción y con restricciones a las garantías constitucionales.

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Bukele inscribe su precandidatura a la reelección a pesar de la prohibición constitucional

El País .- El controvertido mandatario se apoya en una resolución de magistrados leales para pasar por encima del artículo 152 de la Constitución, que prohíbe repetir mandato.   Nayib Bukele avanza en sus pretensiones de mantenerse en el poder en El Salvador a pesar de la prohibición a la reelección establecida en la Constitución del país centroamericano. Nuevas Ideas, el partido del mandatario, anunció la noche del domingo que ha inscrito las precandidaturas de Bukele y su vicepresidente, Félix Ulloa, para compartir por la reelección en las elecciones previstas para el próximo año. La candidatura de Bukele se sustenta en un controvertido fallo de la Sala de lo Constitucional, cuyos jueces, nombrados por el mandatario y leales a él, hicieron una lectura de la Constitución que despeja el camino del popular presidente para repetir mandato.   Aunque Bukele no se ha pronunciado sobre el anuncio de su partido, sí retuiteó el mensaje que Nuevas Ideas publicó el domingo en su cuenta de Twitter. “Comunicamos al pueblo salvadoreño que el Presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, en el partido más grande de la historia de El Salvador. Las Nuevas Ideas son invencibles”, apuntaba el movimiento creado por Bukele y que se ha convertido en una fuerza política arrolladora en El Salvador.   El controvertido mandatario cuenta con una enorme popularidad en su país y se da por descontado que ganará las próximas elecciones, a pesar de las críticas hechas a sus medidas para combatir la delincuencia. Bukele ya había consolida su poder en 2021 con una victoria sin precedentes en las elecciones legislativas, tras lograr un número de diputados inédito que le ha permitido el control de importantes instituciones y le ha dado mano libre para impulsar su agenda política, que incluye una guerra contra las pandillas que desangraban el país. Desde hace un año, Bukele mantiene un estado de excepción en El Salvador y la suspensión de las garantís constitucionales, además de impulsar una fuerte reforma en las cárceles y de apresar a más de 68.000 personas, acusadas de pertenecer a agrupaciones criminales. El mandatario ha reaccionado con mofa a las críticas de organizaciones de derechos humanos que denuncian sistemáticas vejaciones contra los detenidos y de opositores políticos, que lo tildan de un nuevo “dictador”.   La oposición, precisamente, se ha visto desbordada por el huracán político que representa Bukele y su movimiento. Hartos de tres décadas de corruptelas e incapacidad de hacer frente a los problemas que los aquejan, los salvadoreños han castigado con dureza a los partidos tradicionales, el izquierdista Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Tras las sucesivas derrotas, los medios salvadoreños informaron en mayo que ambas organizaciones, otrora archienemigas, se unirán para formar un frente común con el propósito de derrotar al actual presidente en las elecciones previstas para 2024. El mandatario reaccionó furibundo y criticó con dureza la nueva alianza. “Unos años después, consuman su unión. Una guerra civil que dejó 85,000 muertos, un millón de desplazados, cinco décadas de atraso, nuestra infraestructura destruida, el nacimiento de las pandillas y unos acuerdos de paz falsos, que nos sumergieron en 30 años más de pobreza y subdesarrollo. Dividieron a un país en dos y pusieron a que nos matáramos, entre hermanos; financiados (ambos) por poderes extranjeros. Todo eso, y muchas cosas más, para terminar en esto. Dios los perdone”, dijo en su momento Bukele.   Prácticamente sin oposición fuerte, con un enorme control de todo el aparato del Estado y con el apoyo popular a su favor, Bukele solo cumple un mero trámite para lograr la reelección. El mandatario, que no ha tenido que reformar las leyes para lograr consolidarse en el poder, pasa de esta forma por encima de la Constitución, que en el artículo 152 establece que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”. Los magistrados de la Corte de los Constitucional, leales al presidente, hicieron una controvertida lectura de las leyes y decidieron que Bukele sí puede reelegirse. De esta manera, Bukele contradice sus propias posiciones críticas cuando aspiraba a llegar a la Presidencia. “La Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que se que ocupe el poder para quedarse en el poder”, dijo hace unos años el joven político en un programa de televisión.

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Sandra Torres disputará la presidencia de Guatemala con Bernardo Arévalo, el candidato sorpresa

El País .- El postulante del progresista Movimiento Semilla, surgido de las protestas anticorrupción de 2015, logra un inesperado segundo lugar en el recuento con el 97% de las actas procesadas   La ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue la opción más votada en las elecciones de este domingo en Guatemala y se enfrentará a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un partido consolidado en la primavera ciudadana de Guatemala, que inesperadamente se colocó en el segundo lugar de las preferencias de los guatemaltecos.   Con el 97% de las actas procesadas, la candidata de la UNE, que pasó de la socialdemocracia a unas posturas más conservadoras, tiene el 15,69% de los votos, frente al 11,8% de los apoyos del líder del Movimiento Semilla, de centroizquierda. Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta que se celebrará el 20 de agosto. Tras un recuento, que se ejecuta de forma manual, y avanzó con lentitud desde el cierre de las horas a las 6 de la tarde, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo, cerca de las 3.30 de la mañana hora local que la tendencia era irreversible.   El ascenso del Movimiento Semilla en la primera vuelta de este domingo fue la gran sorpresa de la jornada. Ninguna encuesta de las publicadas durante la campaña le daba más del 3% de los votos. Esos sondeos situaban en segunda y tercera posición al diplomático Edmond Mulet y a la exdiputada Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, que finalmente quedaron en quinto y sexto lugar con el 6,73% y el 6,58% de los votos respectivamente. Por delante de ellos quedaron en tercera y cuarta posición Manuel Conde, del partido oficialista Vamos, con un 7,83% de los votos y Armando Castillo, de Vivir, con el 7,29%.   La victoria del voto rechazo Las elecciones de este domingo mostraron en general un fuerte rechazo al sistema de los partidos tradicionales y la corrupción que permea diferentes niveles del Estado. De hecho, la mayoría de guatemaltecos que fueron a las urnas optó por el voto nulo (17,39%), un volumen que supera la aceptación que logró Torres, mientras que un 6,9% de los ciudadanos votaron en blanco.   Tras una campaña marcada por las denuncias de fraude por la cancelación de tres candidatos que iban punteros en las encuestas, los tres postulantes excluidos del proceso, Thelma Cabrera, del izquierdista Movimiento de Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú, del derechista Podemos, y Carlos Pineda, un finquero sin experiencia política previa que se hizo muy popular gracias principalmente a redes como TikTok, llamaron a sus seguidores a invalidar su voto a modo de rechazo a un proceso que han considerado fraudulento.   Una voluntaria del instituto Belén muestra una papeleta a la presidencia invalidada por un votante en la que se lee: «Todos son ladrones».ESTEBAN BIBA (EFE) La participación fue casi del 60%, algo más de dos puntos que la de las últimas elecciones, las de 2019, en las que ganó Alejandro Giammattei. De los 9,3 millones de guatemaltecos convocados a las urnas este domingo, 5,5 emitieron su voto. De ellos, más de 955.000 votaron nulo, más de 866.000 optaron por Sandra Torres y casi 649.000 por Bernardo Arévalo, que se acabó convirtiendo en el candidato de la esperanza para los ciudadanos cansados de los partidos tradicionales. Su paso a la segunda vuelta fue totalmente inesperado, incluso para el propio partido y sus seguidores. Antes de la medianoche, cuando llevaban horas en segunda posición, Arévalo y su candidata a vicepresidenta, Karin Herrera, ofrecieron una rueda de prensa en la que interpretaban el resultado como un fuerte rechazo a la forma en la que se ha hecho política en Guatemala hasta ahora. “Creemos que el electorado estaba harto, cansado del sistema político coptado y buscaba una alternativa decente y creíble”, dijo el candidato en el Centro Nacional de Información (CNI) instalado en un hotel capitalino. Esta es la primera vez que el Movimiento Semilla postula candidatos a la presidencia. En las pasadas elecciones de 2019, un fallo constitucional frenó la aspiración presidencial de la exfiscal Thelma Aldana, ahora en el exilio, como otros jueces, fiscales y operadores de la justicia que combatieron la corrupción y después fueron perseguidos. “Estamos muy contentos porque somos un partido político. No somos una colección de personas sino un partido que responde a una plataforma y una visión”, dijo Arévalo a los periodistas. “Nosotros siempre tuvimos claro que las encuestas no reflejan lo que las personas estaban pensando”, manifestó, si bien definió el paso a la segunda vuelta como una “agradable sorpresa”. Tres días antes de los comicios, las encuestas le pronosticaba un 2,9% en la intención de voto. Poco después, Sandra Torres también habló a los medios. “No sabemos con quién, pero estamos preparados para ganar la elección y para que yo sea la primera presidenta de Guatemala”, dijo en una rueda de prensa en la que ya daba por hecho por hecho su paso a segunda vuelta. La ex primera dama también criticó la lentitud del recuento pese a la inversión hecha por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para mejorar el sistema de conteo. “Estoy preparada para gobernar y para liderar Guatemala. Yo voy a llegar a dar resultados ese primer día de mi Gobierno. La gente me conoce y sabe que hemos trabajado, que tengo experiencia, conozco el Estado, conozco las necesidades de la gente. Cuando la gente más me ha necesitado ahí he estado”, dijo Torres por la noche en una entrevista con Nuestro Diario, un periódico popular y el de mayor circulación del país. La ex primera dama vs el “hijo del mejor presidente de Guatemala” Torres apela a su experiencia como primera dama durante el mandato del que fuera su esposo Álvaro Colom (2008 a 2011). Entonces, se puso al frente de programas de asistencia a la población más desfavorecida que llegaron a sectores rurales y zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado. Es precisamente en esas áreas donde Torres, de 67 años y comunicadora de profesión, tiene un

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