El recrudecimiento de la guerra en el Pacífico colombiano dificulta aterrizar el alivio humanitario que el Gobierno de Petro y los comandantes del ELN prometieron al cierre del primer ciclo de negociaciones.   El optimismo duró menos de 24 horas. En la mañana del lunes, el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN cerraban su primer ciclo de negociaciones de paz, en Caracas, anunciando alivios humanitarios para dos regiones rurales del litoral pacífico colombiano: el Bajo Calima y el Medio San Juan. La noticia fue bienvenida por miles de familias en estas dos zonas del país que han estado más de año y medio en el fuego cruzado entre el ELN y el grupo armado AGC, también conocido como Clan del Golfo. Muchas de esas familias han tenido que desplazarse a los cascos urbanos más cercanos, y con el anuncio de Caracas esperaban que empezara el retorno seguro hacia sus casas. Pero en menos de un día hubo un ataque mortal del Clan del Golfo en un municipio de la zona, y horas después el frente del ELN con presencia allí anunció un paro armado indefinido. El entusiasmo que llegó de Caracas se transformó rápidamente en escepticismo.   “¿De esta manera piensan que va a haber retorno seguro de población desplazada a sus comunidades? ¿De esta manera piensan lograr la paz total?”, pregunta el comunicado del frente Omar Gómez, del ELN, que anuncia un paro armado indefinido en esta zona del litoral pacífico a partir del jueves 15 de diciembre a las 6 la tarde. El frente lo publicó después de que el Clan del Golfo entrara en la noche del lunes a la comunidad de Negria y asesinara allí a un joven llamado Santiago Felipe Cáceres. Los guerrilleros dicen que el Estado es cómplice de esa muerte, señalando al Ejército de perseguirlos y de no combatir de la misma forma a los miembros del Clan del Golfo que cometieron el homicidio.   “¿De está manera es que piensan garantizar los alivios humanitarios para desescalonar el conflicto?”, añade el comunicado de este frente del ELN, aparentemente en contradicción con sus comandantes que negociaron en Caracas. El grupo dice que el paro armado es para “visibilizar lo que pasa en la región”.   Elizabeth Moreno es representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan y cuenta a EL PAÍS que los enfrentamientos entre los grupos armados en esa zona aumentaron a partir de agosto del 2021. Dice que Gobierno actual no ha explicado aún a las comunidades cómo frenar esta guerra tripartita entre el ELN, el Ejército, y las AGC.   “Desde 2021 se han desplazado cientos de personas, más de 800 familias, y ha habido asesinatos de niños indefensos, territorios minados que han dejado a muchas personas afros e indígenas lesionadas”, dice Moreno. “Anoche en el ataque de Negria las familias se resguardaron en casas de madera, y esta es una comunidad que ya se ha desplazado tres veces este año, y que siempre retorna pero sin garantías de seguridad. A mí me pareció muy placentero escuchar el anuncio de Caracas [sobre los posibles retornos], pero conociendo la situación de seguridad, la presencia de todos los grupos armados, solicitamos que se nos informe cómo será esa intervención en el territorio”.   Aunque al principio del Gobierno de Gustavo Petro el Clan del Golfo manifestó que quiere acogerse a la política de paz total, aún no es claro si va a entrar en un proceso de diálogos para someterse a la justicia ni si frenaría los ataques que lleva a cabo en zonas como el litoral Pacífico. Para lograr el regreso de familias en zonas como el Bajo Calima y el Medio San Juan, falta que definan cuál va a ser su papel.   Hay una dificultad adicional para los retornos humanitarios: las divisiones dentro del ELN. Esa guerrilla es mucho más descentralizada de lo que eran las antiguas FARC, y el comunicado del paro armado muestra una desconexión entre este frente en el pacífico colombiano y la comandancia del ELN negociando en Caracas. Es una distancia que “puede dificultar el acatamiento de lo que se acuerde”, dice a El PAÍS Mauricio Aguirre, alcalde encargado de Buenaventura, el municipio que contiene al bajo Calima.   Aguirre añade que el anuncio desde Caracas fue bienvenido en la zona, porque la crisis humanitaria del Bajo Calima también es dramática. En el casco urbano hay cientos de familias desplazadas, algunos hace más de un año. De acuerdo al alcalde, ha habido al menos 10 desplazamientos masivos desde el 2021 en el Bajo Calima, donde más de mil ciudadanos que abandonaron sus hogares por los combates entre AGC y ELN. El Gobierno no le ha aclarado aún a la alcaldía cómo piensa garantizar la seguridad en esas zonas para que las familias vuelvan a sus casas. “El componente de seguridad es el más fundamental, no podemos empezar los retornos sin eso”, dice el alcalde encargado.   Lorenzo González es uno de esos desplazados que lleva sobreviviendo en el casco urbano de Buenaventura desde noviembre de 2021. “Recibimos con mucha alegría la noticia de Caracas”, dice a El PAÍS este representante legal del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima. “Pero claro que me preocupa la contradicción del comunicado del ELN, porque si se anuncia unos alivios humanitarios, por un lado, en la mesa de negociación, y, por otro lado, se anuncia un paro armado, lo que yo siento es que no hay garantías para retornar”.   Varias personas consultadas para este artículo coinciden con que la guerra se recrudeció en esa zona del litoral Pacífico cuando entraron las AGC. Antes del acuerdo de paz del 2016, estas tierras donde se mueve el narcotráfico y la minería ilegal eran controladas por las FARC. Después de la desmovilización de esa guerrilla, el ELN entró a algunos de esos territorios. Y desde 2021 las AGC han arreciado sus ataques para controlar completamente la zona que va desde el casco urbanos de