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Ecuador: abril 17, 2025

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Ecuador, abril 17, 2025
Ecuador Continental: 19:28
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Ecuador, abril 17, 2025

Controversia en Asamblea por posibles reformas penales contra menores asesinos

El movimiento CONSTRUYE y la Revolución Ciudadana chocan en la Asamblea Nacional. La causa es una propuesta del primero de ellos, para endurecer las penas contra los adolescentes implicados en delitos contra la vida. Es decir, cometimiento de asesinatos. Menores no pueden estar exentos Jorge Peñafiel, legislador de CONSTRUYE, consideró necesario eliminar la “inimputabilidad” de los menores. LEER TAMBIÉN: Asamblea Nacional insistirá en reformas al Código Penal LEER TAMBIÉN: Denuncian supuesto chat con fotos y videos de violaciones a menores A su criterio, a partir de los 12 años, en ciertos delitos deben ser tratados y juzgados como adultos, especialmente cuando cometen homicidios tipo sicariato. La ley actual establece que los niños y adolescentes no pueden ser considerados así, y contempla beneficios, incluyendo condenas menores. Peñafiel estimó que solo con esta reforma, se podrá dar a la justicia las herramientas necesarias para luchar contra el crimen organizado, que cada vez utiliza adolescentes para sus crímenes. Correísmo se opone Esta iniciativa generó el rechazo de la Revolución Ciudadana. Para la legisladora Pierina Correa, una persona solo es consciente de sus actos cuando alcanza la madurez, que sería a los 29 o 30 años. Correa estimó que hay diferenciar entre la justicia punitiva, solo aplicable a los adultos, y la restaurativa, para menores de 18 años. Por tanto, subrayó que deben mantenerse los beneficios para los niños y adolescentes, de modo que solo reciban la tercera parte de la condena de los adultos.

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Vetadas totalmente reformas legales que favorecían a vocales del Consejo de la Judicatura

Las recientes reformas al Código de la Función Judicial, aprobadas por la Asamblea Nacional, no prosperaron. El presidente de la República, Daniel Noboa, impuso un veto total. Lo que significa que no podrán ser tratadas, al menos en un año. Una de las reformas generó enorme controversia, ya que permitía a vocales del Consejo de la Judicatura, que tengan orden de prisión preventiva, solicitar licencia sin sueldo. Una medida dedicada a un pequeño grupo. En total eran cambios que afectaban a 25 artículos, y fueron aprobados el jueves pasado con el voto de 92 legisladores. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia justificó el veto, alegando que hubo “alianzas en el Legislativo que buscaban esconderse tras el velo de impunidad”. El Ejecutivo considera que ningún servidor judicial probo, en el ejercicio de sus funciones, debería encontrarse involucrado en actos que sean contrarios a la ley. Por tanto, no cabe darles ese privilegio a integrantes del CJ.

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Jurista Ramiro García duda que aumentar las penas detenga a la delincuencia

La propuesta de incrementar las penas para ciertos delitos, uno de los puntos de la Consulta Popular del 21 de abril, también tiene sus detractores. Consultado por “Punto de Orden”, el reconocido jurista Ramiro García considera que ese posible endurecimiento de sanciones, no es más que “el populismo penal de siempre”, pues en la práctica, la seguridad no se obtiene con sentencias más largas. Cuando podamos garantizar que gente de menores ingresos, accedan a un nivel de vida digno, podremos reducir los niveles de inseguridad, apuntó el letrado. A su criterio, mucho más efectivo sería tener un sistema de justicia creíble, en el cual los inculpados no puedan pagar por la impunidad. García mencionó los resultados de los recientes operativos de la Fiscalía, “Metástasis”, “Purga” y “Plaga”, que han demostrado la forma en que ciertos mercaderes de la justicia, que fungían de jueces, eran capaces de emitir cualquier resolución a cambio de dinero. El jurista también analizó la importancia del proyecto de ley, actualmente en manos de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que reforzaría el control del espacio aéreo y de pistas clandestinas. García precisó que la FAE y la Policía Nacional, cuentan con los mecanismos legales para ello, pero el resultado depende más de la voluntad política y del presupuesto. Sí, lo considera algo de enorme importancia, toda vez que Ecuador se ha convertido en el segundo exportador mundial de cocaína, solo detrás de Colombia. En cuanto a los presuntos chats telefónicos entre el exasambleísta Ronny Aleaga y la fiscal Diana Salazar, los consideró un “sainete”. Las supuestas “pericias” presentadas por la defensa de Aleaga, no son más que papeles sin valor, ya que no hubo cadena de custodia del dispositivo, la empresa que realizó los exámenes no es reconocida, y la justicia ecuatoriana nunca ordenó ni autorizó el aparente proceso. En resumen, apuntó García, carecen de todo poder probatorio. Y más aún porque, como es conocido, Salazar cuenta con un fuerte resguardo en todo momento, y aún así Aleaga afirma que hubo una “relación íntima” entre ambos. Alerta por repunte de inseguridad El jurista advirtió que las cifras de inseguridad se disparan nuevamente, hasta acercarse a las que existían el 8 de enero, cuando se declaró el Estado de Excepción. Esto demuestra, anotó, que el plan del gobierno no funciona como debería, y que la respuesta no está en las leyes, sino en hacerlas cumplir. García advirtió que, sin inversión social, difícilmente la sociedad ecuatoriana recuperará el rumbo adecuado.

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Asamblea Nacional insistirá en reformas al Código Penal

El polémico proyecto de reformas al Código Penal, que supuestamente sufrió un “cambiazo” en la Comisión de Justicia, será abordado nuevamente por el pleno de la Asamblea Nacional. El presidente del organismo, Henry Kronfle, reconoció que ciertos temas de la iniciativa aparecieron de forma sorpresiva, lo que llevó a que todo el proyecto quede en compás de espera. Sin embargo, no será archivado. Lo que harán más bien es dividirlo en 3 partes. La primera, explicó Kronfle, incluirá los aspectos positivos de la propuesta, como la eliminación de los beneficios penitenciarios a quienes cometieron delitos execrables; el aumento de penas para ciertos crímenes; la tipificación de otros, etc. El segundo grupo, agregó, abarcará los temas negativos, que merecieron el rechazo y la crítica general. Por ejemplo, el intento de levantar la reserva a las investigaciones fiscales, darle a comisiones internacionales la potestad de pronunciarse sobre sentencias, o sancionar a personas que sufren enfermedades catastróficas. Finalmente habrá un tercer segmento, con las reformas que serán tratadas en la consulta popular y referéndum de abril próximo. Estos temas quedarán en compás de espera para que, dependiendo del resultado de ese proceso democrático, unificar criterios con los proyectos que envíe el Ejecutivo. Kronfle insistió que los temas incluidos de última hora no eran de su conocimiento, y descartó un supuesto pacto para aprobar las reformas polémicas.

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Reformas al Código Penal no tuvieron apoyo en la Asamblea

No hubo acuerdo en la Asamblea Nacional, para dar paso a las reformas al Código Integral Penal (COIP). Pese a los intensos cabildeos, la Revolución Ciudadana, promotora de los cambios, no consiguió el apoyo necesario. La polémica surgió porque en la Comisión de Justicia, donde tiene mayoría, introdujo varios temas, pero sin dar paso a una adecuada socialización. La Fiscalía y numerosos sectores judiciales, así como varios bloques legislativos, en especial de CONSTRUYE y SUMA, habían anticipado su rechazo, debido al contenido de algunas de las reformas. Cerca de 30 asambleístas se inscribieron para participar en el debate del pleno, lo cual extendió la jornada varias horas. Mientras intervenían los parlamentarios, en la Presidencia se notaban intensas conversaciones entre representantes del correísmo, el gobierno y el PSC. Artículos polémicos La controversia se debe a ciertos artículos, que para muchos constituyen “legislación a la carta”, para favorecer a los líderes políticos sentenciados por actos de corrupción. Por ejemplo, una de las reformas permitía acoger el recurso de revisión, con el simple pronunciamiento de una relatoría de las Naciones Unidas, aparte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya existía. También generó rechazo la posibilidad de levantar la reserva de casos delicados, investigados por la Fiscalía. Viviana Veloz, legisladora de la RC, afirmó que el proyecto no busca beneficiar al ex presidente Rafael Correa. En su afán de salvar la idea, su bloque planteó dividirlo en dos partes. Sin embargo, CONSTRUYE y SUMA, así como legisladores de otras bancadas, señalaron lo contrario, y reiteraron su rechazo. Cerca de las 15h00, CONSTRUYE planteó el archivo de las reformas, ante la protesta del grupo correísta. La sesión se suspendió hasta las 16h00, pero tampoco hubo acuerdo. Finalmente, el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, la suspendió definitivamente, sin aclarar cuándo sería reanudado el tema. La Fiscalía anticipó que, en el evento de ser aprobadas las reformas, planteará una acción para declararlas inconstitucionales, en vista del grave peligro que significaría para ciertos casos penales. Asimismo, el presidente Noboa podría optar por el veto total, con lo cual no se podría retomar el proyecto en un año.

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Reformas al Código Penal no detendrán la inseguridad

 Las polémicas reformas al Código Penal, que están en manos de la Asamblea Nacional, generan voces de rechazo. En diálogo con “Punto de Orden”, el jurista Ramiro García advirtió que el proyecto como tal, únicamente apunta a incrementar las penas para determinados delitos, cuando está demostrado que un mayor castigo no significa necesariamente mayor seguridad. Además, expresó su cuestionamiento al artículo planteado en la Comisión de Justicia del Parlamento, que pretende establecer como argumento para la revisión de una sentencia un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), o un pronunciamiento de los comités de las Naciones Unidas. En el caso del CIDH se justifica, pues de hecho Ecuador reconoce a dicho organismo, y acepta que sus pronunciamientos sean vinculantes, es decir obligatorios. Pero en el caso de los comités, carece de los mismos efectos, pues no está a similar nivel. García advirtió que esta propuesta, que partió de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, resulta irónica, pues el ex presidente Rafael Correa, durante su mandato, desestimó y desacató los fallos del CIDH. Claro que el correísmo, agregó el jurista, nunca ha sido coherente, pues se mueve “al vaivén de sus intereses”. El verdadero objetivo de este cambio, es utilizar el informe de alguno de esos comités, para establecer supuestas “vulneraciones” en los procesos contra los líderes correístas, y así pugnar por su absolución. Reserva es necesaria Parecida opinión le mereció a García la posible reforma, que eliminaría la reserva de las investigaciones fiscales, en caso de que la Asamblea, la Defensoría del Pueblo u otros organismos autorizados, solicitaran información sobre determinados casos. El analista advirtió que, si la Fiscalía ha tenido éxito en sus operativos, ha sido precisamente por el sigilo con que maneja sus indagaciones. Que alguien, fuera de la Fiscalía, pueda romper esa reserva y acceder a la investigación, significaría una “metida de mano” en la justicia, y una franca politización. A su juicio, se cae de inconstitucional. Ramiro García estimó que la verdadera solución a la inseguridad consiste en combatir las causas, que son socio económicas. Mientras la situación del país siga igual, será muy difícil reducir el número de delitos. Como prueba mencionó que desde el 2014, en que entró en vigor el actual Código Integral Penal, se han realizado 8 o 9 reformas, siempre con el afán de endurecer las penas. Sin embargo, ninguno de esos cambios ha tenido éxito.

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Diana Salazar: “quieren meterle de nuevo la mano a la justicia”

Habla pocas veces, y cuando lo hace es precisa y contundente. Tan contundente como cada uno de sus pronunciamientos jurídicos y procesales. Tan precisa como sus comunicados y requerimientos. Ni una coma demás. Ni una letra de menos. Nos referimos a la fiscal general, Diana Salazar. Una mujer que genera admiración y aplauso, por su valentía para enfrentar a los grupos políticos y criminales más poderosos del país. Algunos la llaman, incluso, “la reserva moral de la patria”, y mencionan con insistencia que debería competir en las urnas. Es un tema que ella evade siempre. Una participación electoral no forma parte de sus prioridades. Accedió a una entrevista especial con Carlos Vera, en “Vera a su Manera”, pero en su propia oficina de la Fiscalía. No es por comodidad ni por tiempo –aunque bien le caerían-. Es un tema de seguridad. Dentro del mundo del hampa y de la política, que tanto se mezclan en Ecuador, Diana Salazar es uno de los blancos más apetecidos. Su labor ha llevado al banquillo –y a la cárcel- a poderosas figuras políticas nacionales. Que lo digan el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas. El primero, asilado en Bélgica desde hace años para evadir su sentencia, no duda en dedicarle todos los términos peyorativos que se le ocurran. El segundo, obligado a refugiarse en la Embajada de México de forma indefinida, trata de evitar el pasaje de regreso a la prisión de Latacunga, de donde salió gracias a un costoso Habeas Corpus. Fueron 250.000 dólares, pero no los pagó él, si nos atenemos a los chats del fallecido narco Leandro Norero. Reformas inconsultas El análisis comienza con las polémicas reformas al Código Integral Penal (COIP), que serán tratadas este jueves, en segundo y definitivo debate, dentro de la Asamblea Nacional. Para la fiscal, solo hay una explicación: quieren meter –de nuevo- la mano en la justicia. Dichas reformas pretenden incorporar acciones que dejan muchas dudas. Por ejemplo, quitar la titularidad de la acción penal en determinadas circunstancias. En el caso del recurso de revisión, Salazar afirma que los cambios no son más que una “legislación a la carta” y con dedicatoria, para favorecer a quienes han sido condenados en base a pruebas serias. Tanto así, que pretenden dar poder a relatorías de organismos internacionales –de dudosa independencia- por encima de la justicia local. De aprobarse el proyecto, ciertas instituciones, con evidente sesgo, y cargadas de afinidad política e ideológica con los sentenciados, podrían alegar que se violaron sus derechos. ¡Y listo! Condena revocada de un plumazo. ¿Y las evidencias? Salazar no dio nombres y apellidos, pero es fácil colegir quienes podrían ser los grandes favorecidos con estas “relatorías” a la medida. Parecida preocupación le genera la posible reforma, que levantaría la reserva de casos delicados. De ser aprobada, la Asamblea, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, amén de cualquier juez, podrían exigir información de ciertas investigaciones, con el consiguiente peligro de que esos detalles lleguen a los implicados, y desaten su fuga. Ya han demostrado ciertos legisladores, anota la fiscal, su extraño “interés” de conocer casos reservados. Como ejemplo mencionó el Caso Metástasis, donde están involucrados Xavier Jordán y el ex parlamentario Rony Aleaga. De haberse dado la información que tanto pedía Aleaga –miembro de los Latin King, y mencionado numerosas veces en los chats de Norero con el sobrenombre “El Ruso”- seguramente los allanamientos no hubieran tenido tanto éxito. O tal vez ninguno. Lo más sospechoso, apuntó Salazar, es que estas reformas fueron “socializadas” solo un día antes del primer debate en la Comisión de Justicia de la Asamblea que, por cierto, no acogió las recomendaciones del delegado de la Fiscalía. Claro que eso no le sorprende. Como que esa comisión tiene mayoría correísta. Para la ministra fiscal, la respuesta a la ola criminal no pasa por aumentar las penas. Las que existen hoy son suficientes. La verdadera solución es fortalecer el sistema judicial, y evitar situaciones absurdas como la de conceder arresto domiciliario o traslado a una clínica privada, a personas condenadas por delitos graves. En la Fiscalía están listos. Si las reformas pasan y no ocurre lo que debería ocurrir –veto total del Ejecutivo- presentarán una acción de inconstitucionalidad, con miras a detenerlas. Juicio político sin fundamentos Su repaso en “Vera a su Manera” incluyó el juicio político, planteado en su contra por el bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Un proceso que, sospechosamente, coincide con las diligencias de los casos Metástasis y Reconstrucción de Manabí. El Caso Metástasis, en particular, tiene algunas aristas. Los chats del fallecido Leandro Norero implican a muchas personas, incluyendo a Xavier Jordán. Y del plano jurídico se pasa al personal. Salazar, por única vez, habla del “prófugo” (Rafael Correa), y su manía por inculparla dentro del proceso, por la mención en las conversaciones de una “negra”. Absurdo, remarca. Es absurdo pensar que ella tenga algo que ver con Norero, si fue quien impulsó los allanamientos. Y de ahí a lo irónico. Jordán pone en duda la autenticidad de los celulares decomisados a Norero, y pide que les realicen exámenes periciales en Estados Unidos. Más bien deben ser él y su grupo quienes vuelvan al país, responde la fiscal, para ser juzgados por las leyes ecuatorianas, en lugar de esconderse. No es difícil adivinar, y Salazar lo señala. El correísmo, llevado por su sed de venganza, quiere entorpecer su labor, y en especial quiere entorpecer las diligencias de estos casos –Metástasis y Reconstrucción de Manabí- mediante una interpelación que no tiene asidero. Tal vez algo de equilibrio generan las declaraciones de las bancadas social cristiana y ADN, que, desde ya, advirtieron que no votarán a favor de una eventual censura. La fiscal promete que, cuando llegue el momento, se defenderá con argumentos claros y reales. Tiene la conciencia política y no teme a un juicio que es político, pero no justo. Necesitan respaldo En otro ámbito, Diana Salazar señala los problemas económicos y logísticos de

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Controversia en la Asamblea Nacional por reformas al Código Penal

La Asamblea Nacional sesionará este jueves, a fin de tratar en segundo debate importantes reformas al Código Integral Penal (COIP). Sin embargo, los posibles cambios generan controversias y el rechazo de algunos bloques. El movimiento CONSTRUYE sostiene que tales reformas, en algunos casos, beneficiarían a sentenciados por corrupción. Por ejemplo, el informe aprobado por la Comisión de Justicia otorga, en efecto, algunas ventajas, si el sindicado se acoge al recurso de revisión. Bastará que un organismo internacional de derechos humanos, considere que el proceso fue irregular. Para la bancada de CONSTRUYE, parece que dichas propuestas tienen “una dedicatoria” para aquellos que han sido sentenciados por casos de corrupción, y que quisieran que esas sentencias sean revisadas por un simple informe de algún organismo internacional. En el informe para segundo debate se incluye una reforma al artículo 658 del COIP, respecto al recurso de revisión. Ahí se indica que podrá ser propuesto “en cualquier tiempo, ante la Corte Nacional de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria”, y entre los motivos consta “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República del Ecuador, en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado, identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias”. Los legisladores de CONSTRUYE cuestionan que un mero informe pueda ser vinculante para recursos de revisión, o para restitución de derechos que se retiran a las personas sentenciadas por casos que perjudican al Estado. El movimiento advierte que la reforma busca beneficiar al ex presidente Rafael Correa, quien tiene una sentencia de 8 años de prisión en el “Caso Sobornos”.

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Delincuentes extranjeros no podrían volver a Ecuador en al menos 20 años

La Asamblea Nacional analizará a partir de este jueves, un importante paquete de reformas al Código Integral Penal. Entre los 86 cambios planteados, destacan algunos que endurecen las penas para los delitos más graves. Entre ellos sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, extorsión sexual, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, tenencia y porte no autorizado de armas, tráfico ilícito de armas de fuego, terrorismo, financiación de terrorismo y delincuencia organizada. Adicionalmente, se debatirá una disposición que prohíbe que los extranjeros condenados en Ecuador, con al menos 5 años o más de prisión, regresen en al menos 20 años. De acuerdo a la disposición del presidente Daniel Noboa, emitida el pasado 29 de enero, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) realizará los procedimientos para la repatriación de los internos extranjeros con sentencia emitida en el Ecuador. La medida fue adoptada para reducir el hacinamiento en las cárceles del país.

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Lucio Gutiérrez planteará en futura Asamblea cadena perpetua para violadores y sicarios

Reformar el actual Código Integral Penal, será la prioridad del futuro asambleísta de Sociedad Patriótica, el ex presidente Lucio Gutiérrez. Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, Gutiérrez aseguró que las actuales leyes penales, por la forma en que fueron implementadas, son “alcahuetes” de la corrupción. Como prueba mencionó que, a pesar de las sentencias, los políticos sentenciados por recibir sobornos nunca devuelven el dinero. El ex mandatario también lamentó el nivel de corrupción de jueces y fiscales, que con absoluta impunidad liberan a delincuentes peligrosos, y después permanecen orondos, sin sanciones. En su opinión, en la Asamblea Nacional hay que impulsar leyes que permitan fiscalizar e investigar estos casos. Su propuesta Sí me simpatizan. El ex presidente Lucio Gutiérrez agradece a quienes votaron por él y le permitieron ganar un espacio en la próxima Asamblea. pic.twitter.com/LnGiAVaGgN — LaHistoria (@lahistoriaec) August 21, 2023 Es por ello que, cuando asuma su curul, propondrá cadena perpetua para violadores y sicarios, sin posibilidad de que obtengan la libertad condicional. Asimismo, planteará cambios en las normativas carcelarias, para que los reclusos sean obligados a trabajar a cambio de su alimentación. Lucio Gutiérrez consideró fundamental implantar leyes duras, que castiguen la figura penal de la extorsión, y lleve a la cárcel a los “vacunadores”. También educación Su trabajo en el futuro Parlamento también apuntará a fomentar la educación, y reforzar la práctica de valores en escuelas y colegios de todo el país. En su opinión, solo así será posible alejar a los jóvenes de la migración y de los carteles de la droga, animándolos más bien a buscar un trabajo honesto. Gutiérrez se mostró seguro que, tras el conteo final, su organización política ratificará la presencia de 3 legisladores, incluyéndolo.

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Indonesia aprueba una dura reforma legal que prohíbe el sexo fuera del matrimonio

La nueva norma, que se aplicará también a los extranjeros, desata las críticas de grupos civiles que temen la caída del turismo. El Parlamento de Indonesia aprobó este martes una polémica reforma de su código penal que hace retroceder a la mayor nación del sudeste asiático —con 272 millones de habitantes— varias décadas en los derechos alcanzados en materias de libertades sexual, religiosa y de expresión. La reforma, la más amplia en la historia del mayor archipiélago del mundo (con 17.000 islas) incluye artículos en los que se prohíbe el sexo extramarital, la cohabitación entre parejas no casadas, la apostasía o la difamación contra los dirigentes. Este recorte de libertades, promovido por su presidente, Joko Widodo, llega poco después de que el país y su mandatario recibieran un amplio reconocimiento internacional por la organización de la cumbre del G-20 que se celebró el pasado noviembre en Bali. El nuevo código, que se aplicará tanto a indonesios como a extranjeros, ha sido aprobado con el apoyo de todos los partidos políticos a pesar de los temores de que la legislación ahuyente a los turistas de sus paradisíacas costas tropicales y perjudique las inversiones. Decenas de ONG y grupos civiles han salido a las calles a denunciar los cambios, según informa la prensa local. “Han sido 59 años de espera”, declaró el viceministro de Derecho y Derechos Humanos, Edward Omar Sharief, después de que la Cámara de Representantes votase por unanimidad a favor del nuevo código penal, que entrará en vigor en 2025, para permitir que se redacten los reglamentos de aplicación. Por su parte, el presidente de la comisión parlamentaria encargada de la revisión del nuevo texto, Bambang Wuryanto, expresó que “el código antiguo era un vestigio de la era de dominación colonial holandesa, y ya no tiene cabida”. Entre las cláusulas “morales” más criticadas figuran la pena de hasta un año de prisión por practicar sexo fuera del matrimonio (en cualquiera de sus formas) y el castigo con seis meses de cárcel a las parejas que viven juntas sin casarse. Actualmente, Indonesia, el país con la población musulmana más grande del planeta y de tradición liberal, prohíbe el adulterio, pero no las relaciones prematrimoniales. En 2021 el velo o hiyab dejó de ser obligatorio en las escuelas. Albert Aries, portavoz del Ministerio de Justicia, ha declarado que solo podrá denunciar el padre, el cónyuge o el hijo de los presuntos infractores de estas regulaciones morales: “El objetivo es proteger la institución del matrimonio y los valores indonesios, al tiempo que se protege la intimidad de la comunidad y se niega a terceros el derecho de denunciar este asunto o a ‘hacer de jueces’ en nombre de la moralidad”, afirmó. Activistas sostienen carteles durante una manifestación contra el nuevo Código Penal de Indonesia, este martes en Yakarta. En los carteles se lee: «Rechazad la reforma del Código Penal» y «El nuevo Código Penal amordaza la libertad de prensa».SLAMET RIYADI (AP) Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites. SUSCRÍBETE Grupos a favor de los derechos humanos afirman que estas leyes afectan de forma desproporcionada a las mujeres, las personas LGTBI y las minorías étnicas del país. Phil Robertson, director adjunto para Asia de la organización pro-derechos humanos Human Rights Watch, ha denunciado a través de Twitter este paso: “Indonesia propone avanzar por la senda del desastre y de la violación de derechos al penalizar las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esta escandalosa propuesta de código penal viola las normas internacionales de derechos de privacidad y dañará gravemente al país”. Otros de los cambios legales que, según los críticos, socavan las libertades civiles en la tercera mayor democracia del planeta son la condena de entre 18 meses y tres años entre rejas por “atentar contra la dignidad” del presidente o el vicepresidente o insultar a las instituciones del Estado; la ilegalización de la apostasía; la pena de hasta seis años de cárcel por propagar noticias falsas y la prohibición de difundir opiniones contrarias a la ideología del Estado u organizar protestas sin notificación previa. En respuesta a las críticas que vienen resonando desde la semana pasada, el ministro de Derecho y Derechos Humanos, Yasonna Laoly, expuso este martes ante los legisladores que “no es fácil para un país multicultural y multiétnico elaborar un código penal que pueda acomodar todos los intereses”. El Gobierno indonesio llevaba décadas discutiendo una revisión del código penal. En 2019, las enormes protestas, tras anunciarse la reelección de Joko Widodo, vencedor de los comicios presidenciales del 17 de abril, detuvieron la aprobación de la nueva norma. Desde entonces, los legisladores han tratado de suavizar algunas de las disposiciones. Sin embargo, Widodo ha instado al Parlamento a aprobar el proyecto de ley este año, antes de que se caldee el clima político de cara a las elecciones presidenciales previstas para principios de 2024. Este martes, varios periódicos nacionales han condenado en sus editoriales las nuevas leyes. El diario Koran Tempo sostiene que el código tiene “tintes autoritarios”, mientras que el Jakarta Post expresa su “profunda preocupación” ante la futura aplicación del texto. Desde la industria turística también han mostrado su rechazo a la ley, que llega en un momento en el que la economía y el turismo empieza a recuperarse tras la pandemia. Maulana Yusran, subsecretario de la Asociación Turística del país, considera que el nuevo código es “totalmente contraproducente” y lamenta “que el Gobierno haya cerrado los ojos”, cita Reuters. Desde el estallido de la crisis sanitaria, Indonesia, y especialmente la isla de Bali, ha intentado atraer a “nómadas digitales” a que se establezcan en sus costas ofreciendo un visado más flexible. Y se espera que para 2025 se alcancen los niveles de turismo anteriores a la pandemia, de unos seis millones de visitantes solo para Bali. Fuente: El País

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