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Episodio de la Asamblea fue una emboscada burda y circense, afirma periodista Arturo Torres

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Un acto circense. Así definió el periodista Arturo Torres, del portal de investigación “Código Vidrio”, la sesión que sostuvo este lunes la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y a la cual compareció la fiscal general, Diana Salazar. Tras realizar preguntas sobre ciertos casos de interés, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, anunció que se conectarían de forma telemática con su coideario, el exlegislador Ronny Aleaga, quien había solicitado exponer. Este punto, que no estaba dentro de la agenda, generó el malestar de la fiscal, quien optó por retirarse. Otros miembros hicieron lo mismo, y dejaron el acto sin quorum. Consultado por “Punto de Orden”, Torres coincidió en que Aguirre quiso montarle a Salazar una emboscada, pero lo que consiguió fue protagonizar un capítulo bochornoso, uno más en una larga lista. Para el comunicador, está claro que la única agenda que maneja el correísmo, apunta a conseguir la impunidad y el regreso de su líder, prófugo de la justicia y actualmente en Bélgica. Otros temas, como mejorar la situación del país o impulsar leyes para el desarrollo, no tienen cabida. Y en ese marco, es lamentable que utilicen a otro prófugo –Ronny Aleaga- cercano al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Ambos conectados a la Revolución Ciudadana. A su criterio, lo que presenciamos es la debacle del correísmo. Una división profunda, en vista que su líder, a quien califica de “delirante”, es incapaz de ver más allá de las necesidades y objetivos del Ecuador. Torres lamentó que la Asamblea Nacional, permitiera ser vitrina de un prófugo que, en vez de dar la cara por sus delitos, quería usar la palestra que le daban sus coidearios, para atacar a la fiscal. Una estrategia muy elemental, torpe y mal armada, similar a la que montaron para defender al exvicepresidente Jorge Glas. Aleaga es uno de los principales implicados en el llamado “Caso Metástasis”, y símbolo de los vínculos del correísmo con el narcotráfico y la corrupción judicial. Para el comunicador, lo que pretende la Revolución Ciudadana no solo es agredir a la fiscal, sino torpedear a la institucionalidad de la justicia. La misma justicia que condenó a Correa, Glas y muchos otros integrantes del progresismo, por actos de corrupción. Torres precisó que el correísmo es ahora una tendencia “decrépita”, que apenas camina con bastón.

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Fiscal frustra plan del correísmo de ponerla en un “careo” con Ronny Aleaga

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Con algunos incidentes se realizó la audiencia convocada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y a la cual compareció la fiscal general, Diana Salazar. La funcionaria fue llamada para que responda interrogantes, en torno a los llamados “Caso León de Troya” y “Madrina”. En el primero están involucrados, entre otros, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso –con arresto domiciliario- y Hernán Luque Lecaro, actualmente detenido en Argentina. Mientras en el segundo aparece la ex comandante de la Policía, Tannya Varela. Al iniciar su intervención, Salazar dijo que solo respondería inquietudes “eminentemente procesales», no políticas. Sobre el “Caso Encuentro”, advirtió que la reserva se rompió porque la Asamblea ventiló información. Incluso los procesados, anotó, tuvieron la oportunidad de participar en las audiencias privadas y de escuchar los audios. “Hay que justificar de alguna manera alguna falla de la fiscal, y que no la encuentran. Entonces pueden dar fe los sujetos procesales de que nada se ha escondido”, apuntó. Tras evacuar los temas anunciados, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, anunció de súbito que aceptaría la comparecencia telemática del exlegislador Ronny Aleaga, también del correísmo, lo cual no estaba dentro de la agenda. Aleaga está implicado en el “Caso Metástasis”, por el cual tiene orden de prisión, si bien por ahora está fuera del país. Su objetivo era que también hiciera preguntas a la fiscal. Esta situación generó el malestar de Salazar, quien anunció que se retiraría de inmediato, lo cual hizo. “He respondido a las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar, porque no me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos, so pena de contaminar el caso Metástasis que en las próximas semanas se realizará la audiencia”, señaló la fiscal. “Estamos discutiendo temas relativos con meter la mano a la justicia, y si es que se trata de un prófugo de la justicia que se encuentra investigado, procesado, y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva en el caso Metástasis, caso por el que no he sido llamada a comparecer, me va a disculpar”, agregó. Su firmeza dejó titubeante a Aguirre, y más aún cuando otros integrantes de la comisión -3 oficialistas y 2 social cristianos- decidieron retirarse, en rechazo al propósito del correísmo, ya que ese punto nunca fue debatido ni anunciado. La audiencia tuvo que suspenderse, porque solo quedaron 4 miembros, insuficientes para dar quórum. Entonces Aguirre optó por declarar comisión general, para escuchar las palabras de Aleaga. Irónicamente, el exlegislador, actualmente prófugo y fuera del país, no pudo intervenir, debido a problemas técnicos en la conexión telemática. Reacciones La salida de la fiscal mereció comentarios en las afueras de la sala de la Asamblea. Ramiro Vela, Adriana García, César Umajinga, Lenin Rogel y Luis Alvarado, quienes abandonaron la sesión en rechazo a la comparecencia de Ronny Aleaga, explicaron que se hizo sin incluirlo en la agenda, y de forma arbitraria. Por ello, dijeron, decidieron dejar la sala, y cuestionaron la tarea de la presidenta, Pamela Aguirre. Por su parte, la propia Aguirre, junto con sus coidearios Ronal González, Lenin Barreto y Sofía Espín, criticaron a la fiscal por dejar la sesión. En tanto, en su cuenta de «X», antes Twitter, el propio Aleaga señaló que era la gran oportunidad de Salazar, para que señalara la falsedad de los supuestos chats entre ambos. La Fiscal General del Estado @DianaSalazarM2 huyó de la Comisión de Fiscalización de la @AsambleaEcuador Si supuestamente nuestros chats son falsos ¿Por qué no aprovechó la comisión @FiscalizacionAN y me desmentía? ¿Por qué se incomodó cuando se enteró que yo iba a participar… https://t.co/kXuXymD3fW — Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) May 13, 2024 Por su parte, la Fiscalía, en un comunicado, denunció el fin político que tenía esta comparecencia, y anunció que pedirá a Aguirre y a Lenín Barreto, miembro de la Comisión de Fiscalización, que entreguen la información relacionada a Aleaga, por tratarse de un prófugo de la justicia. #COMUNICADO | En torno a los hechos registrados esta mañana durante la comparecencia de la fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, ante @FiscalizacionAN, #FiscalíaEc informa a la opinión pública. ⬇️ pic.twitter.com/R1N9SzEPgR — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 13, 2024

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Defensa del presidente Guillermo Lasso advierte de violación constitucional en convocatoria a la Asamblea Nacional para resolver juicio político

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El Universo .- El informe motivado que no recomienda el enjuiciamiento político al primer mandatario fue notificado el sábado al Presidente del Parlamento La decisión tomada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, de convocar al pleno del Parlamento para resolver el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, viola el principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución, advirtió Edgar Neira, abogado del primer mandatario en este proceso político. El Presidente de la Asamblea Nacional convocó para el martes 9 de mayo, a las 10:45, al pleno a la sesión 868 para resolver sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, en vista de que la Comisión de Fiscalización no aprobó un informe respecto a la solicitud de interpelación. Para la defensa del primer mandatario, Saquicela va más allá de lo que determina la ley, y hace una aplicación analógica del artículo 142 inciso final de la ley orgánica de la Función Legislativa, que regula el procedimiento de enjuiciamiento político para autoridades distintas del Presidente de la República, y “toma lo que le parece mejor de otro procedimiento y lo adapta al proceso de enjuiciamiento político al primer mandatario, eso es hacer una interpretación analógica que no tiene ninguna cabida en derecho público”. Neira lamentó que los temas jurídicos en el país tengan dos formas de ser mirados, pues existe una redacción insuficiente de los artículos 90 y 91 de la ley orgánica de la Función Legislativa que generan el problema; pues lo que se ha pensado en la ley es que haya un informe que autorice o no el enjuiciamiento y que éste sea sometido a conocimiento del pleno. Pero, en realidad en este proceso no hay informe. Lo que debía hacer el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, es archivar el juicio en vista de que no hay informe, por lo tanto, no se puede dar el siguiente paso en el procedimiento, porque no se cumple un requisito de procedibilidad, que es el informe aprobado, insistió. Pero, añadió, como en el Ecuador se vive al margen de la ley, cada quien hala en función de su interés político, lo que dirá el pleno de la Asamblea es que con o sin aprobación de un informe “nosotros decidiremos si llamamos o no a juicio político”. El abogado del primer mandatario, sostuvo que seguramente la Asamblea Nacional pretende dar una solución política; es decir, “ya no importa la ley, llamemos a juicio político, y con ese tipo de interpretaciones se pone en riesgo el sistema democrático presidencialista, se genera inestabilidad política, los actores políticos se salen con la suya y la ley es meramente referencial; no hay una cultura de respeto a la legalidad”. En todo caso, el Presidente de la República irá a defenderse de la acusación política, porque seguramente tomarán una resolución para que el primer mandatario acuda al pleno de la Asamblea a defenderse del peculado, con o sin informe”, afirmó. El constitucionalista, José Chalco Salgado, manifestó que ante la falta de un informe aprobado en la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al primer mandatario, a la Asamblea Nacional le queda aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa; pero que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, comete un error al pretender aprobar una resolución con mayoría simple, cuando el mismo artículo señala que el pleno tomará una resolución correspondiente. “Ellos están entendiendo que es cualquier resolución, cuando se habla de resolución correspondiente, significa vinculado a; es decir, la resolución tiene que estar vinculada al trámite del juicio, esto es, debe observarse las mayorías que están especificadas para el trámite de un juicio al Presidente de la República”. “Esto es una zoquetada más, es decir, más de la ignorancia de los analfabetos constitucionales, lo cual estaría viciando el procedimiento de forma del juicio político, que podría dar lugar que la Corte Constitucional nuevamente intervenga”, subrayó Chalco, quien incluso advirtió que podría ser objeto de acciones internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría observar después, porque la Comisión Interamericana se ha pronunciado diciendo que los juicios políticos de destitución a los presidentes tienen que ser respetuosos del procedimiento jurídico. Procedimiento El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, la noche del sábado 6 de mayo, notificó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con el informe motivado de la solicitud de juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso. Villavicencio comentó que jurídicamente el juicio al primer mandatario está muerto, por lo tanto, “cualquier inventiva que haga el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, puede ser objeto de una demanda internacional, porque el único informe válido según la Corte Constitucional y la ley de la Función Legislativa y el informe vinculante de la Procuraduría es el informe motivado de la Comisión de Fiscalización”. La Procuraduría del Estado señala que dentro del plazo correspondiente la Comisión de Fiscalización deberá remitir al Presidente de la Asamblea Nacional “el informe motivado en el que deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación especificándose las razones por las cuales se recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente de la República…” Informe de UNES Momentos en que los legisladores de UNES, PSC y Bruno Segovia (ex PK), dialogan sobre la moción respecto a las observaciones al informe sobre el juicio político al presidente, Guillermo Lasso. En la gráfica también constan los dos asesores del bloque correísta. Foto: Vicente Ordóñez En la sesión de la Comisión de Fiscalización realizada el sábado 6 de mayo, los delegados de la bancada correísta: Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, en dos ocasiones intentaron incluir su informe respecto a la solicitud de juicio político. El primer intento fallido fue cuando presentaron una moción de cambio del orden del día para “aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político en contra del señor Presidente de la República”, este pedido no pudo ser tratado porque ya habían tres mociones presentadas antes

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Pleno de la Asamblea Nacional definirá si llama o no a juicio político al presidente Guillermo Lasso

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El Universo .– No hubo los votos para aprobar el informe motivado que presentó el grupo asesor de la Comisión de Fiscalización que recomendaba no enjuiciar al mandatario La Comisión de Fiscalización no pudo aprobar el informe motivado que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y será el pleno de la Asamblea Nacional quien defina si llama o no a juicio al primer mandatario. Para ello, se necesita 70 votos. Tras seis horas de sesión, los legisladores Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (ex Pachakutik), se pronunciaron en contra del informe propuesto y que se dio lectura en la sesión este sábado 6 de mayo. A favor del informe se pronunciaron los legisladores: Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Marco Troya (BAN) y Fernando Villavicencio (IND). El secretario certificó que solo se registró cuatro votos a favor y cinco en contra, por lo tanto, el informe no fue aprobado e inmediatamente el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, clausuró la sesión en medio de la protesta de los asambleístas del correísmo que reclamaban que se de paso a una moción planteada por el asambleísta Comps Córdova. En cambio, la legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente del juicio político, señaló que el informe donde no se recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, no puede pasar al pleno, porque no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, no tuvo los votos de respaldo. Por lo tanto, dijo que se tiene que aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que se refiere al hecho de que cuando no se alcanza la votación requerida en el trámite de procedimientos de fiscalización, el proceso pasa a conocimiento del pleno de la Asamblea para su correspondiente resolución. Cuestionó que el presidente de la mesa de Fiscalización haya clausurado la sesión para evitar que la moción de su coideario, Comps Córdova, sea tramitada y aprobada en la sesión, donde se recomendaba que el pleno debe conocer el juicio político y pronunciarse por la destitución y censura del primer mandatario. Ana Belén Cordero (BAN), aclaró que el informe motivado, que no necesariamente tenía que aprobarse en la Comisión de Fiscalización, pasará al pleno y lo único que cabe es que el Presidente de la Asamblea Nacional ponga a conocimiento de los 137 asambleísta el informe que no recomienda el juicio político al primer mandatario. El pleno siempre tendrá la última decisión respecto a este juicio político, sentenció. La oficialista advirtió que si el presidente Virgilio Saquicela comparte la visión de los correístas de que se debe aplicar el artículo 142, estaría incumpliendo la ley y tendría que enfrentarse también ante el incumplimiento de un dictamen de la Procuraduría General del Estado. Debate A las 15:30, concluyó la lectura del informe motivado y la legisladora, Ana Belén Cordero (BAN), presentó una moción para que se apruebe el informe motivado elaborado por el equipo asesor de la comisión que no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. En el documento se señala que una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, concluye que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecid o en el artículo 129.2 de la Constitución de la República del Ecuador. El siguiente en intervenir fue el asambleísta, Pedro Velasco (BAN), para apoyar el informe con sus conclusiones y recomendaciones, y manifestó que en este proceso de enjuiciamiento debió probarse que el primer mandatario cometió peculado, algo que no sucedió durante toda la etapa que duró 30 días. Roberto Cuero, delegado de UNES ante la mesa de Fiscalización, manifestó que los asambleístas no pueden hacer un asunto probatorio sobre peculado, porque no se trata de un juicio penal, y afirmó que no está conforme con el informe borrador y que tienen observaciones al documento y que espera que sean considerados. Su coidearia Gabriela Molina reforzó la postura de Cuero y señaló que el juicio político no tiene relación con la responsabilidad penal con el delito de peculado, pues esa facultad de determinar delitos le corresponde a la Fiscalía, que a la Asamblea Nacional le corresponde determinar responsabilidad política del Presidente de la República, y que esa fue demostrada cuando su coidearia, Viviana Veloz, pudo comprobar que el primer mandatario conocía de la firma de este contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers, que representaba perjuicios económicos para el Estado, pero que dejó pasar y no lo detuvo. Su coideario, Comps Córdova, intervino y presentó una moción “a fin de que se sustituyan integralmente los numerales 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 y 12 del informe borrador que ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la comisión y en su lugar mociono se incorpore el texto adjunto”. Pero éste planteamiento no fue tomado en cuenta. También intervino, Bruno Segovia (ex PK), el informe tiene su sesgo, pues primero en el informe dice que se cumplió las 13 recomendaciones del examen practicado en el 2020. Que primero se señala que el primer mandatario no conocía del informe de la Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, y luego en la página 279 del informe, se señala que sí conocía del hecho, tanto es así que “el 22 de marzo de 2022 el Presidente Lasso dirigió comunicación a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen contratos de transporte de petróleo y adjuntó centenares de documentos para que a partir de esta noticia criminis se haga una investigación.” Muchas cosas que no se recogen y el informe termina siendo sesgado, sentenció. El delegado del PSC, ante la Comisión de Fiscalización, Pablo Muentes, no participó en el debate, guardó silencio, solo se expresó con el voto en contra del informe motivado.

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Informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso Mendoza

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El Universo .- Este informe será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización para reunión del 6 de mayo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, no incurrió en el presunto delito de peculado establecido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, por lo tanto, no se recomienda el enjuiciamiento político del primer mandatario. Esa es la recomendación que se realiza en el informe borrador motivado que presentará el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, respecto a la solicitud de juicio político planteada por cuatro legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y dos aliados quienes acusaron al primer mandatario de un presunto delito de peculado en la suscripción de un contrato de transporte de petróleo entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool. Tras los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas se comprobó que no hubo una celebración de dicho contrato en el periodo de gestión del presidente Guillermo Lasso, sostiene el informe borrador contenido en 278 fojas que recoge la parte sustancial del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre la solicitud de juicio, testimonios y documentación aportada en el proceso. En las conclusiones del informe se señala que no se pudo establecer responsabilidad política por peculado sobre los supuestos perjuicios al Estado al presidente Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, relacionado con el mencionado examen especial de la Contraloría General del Estado, por no existir celebración de nuevos contratos entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool en el periodo de gestión del Presidente Lasso. En tal sentido no se puede hablar que la solicitud de juicio político en lo que respecta a las acusaciones admitidas por la Corte Constitucional tengan tal “coherencia narrativa” descrita en el numeral 91 por no existir la suscripción de tal nuevo contrato y por tanto lo que establece el numeral 92 del mismo dictamen que describe este hecho como: “mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas. En lo que respecta, específicamente, a la verosimilitud mínima de la participación del presidente de la República en los hechos acusados (…)” se ven desvirtuados por las pruebas actuadas y recabadas que no demuestran veracidad alguna. Este informe borrador será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a una reunión que se efectuará este sábado 6 de mayo. Luego el documento será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a fin de que proceda según lo prevé el artículo 92 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que tiene relación con los plazos que debe observarse para la distribución del informe entre los legisladores y posterior convocatoria al pleno para su conocimiento, debate y resolución. Este proceso de juicio político inició el pasado 16 de marzo cuando los legisladores: Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrijo Fajardo (separado de la ID), con el respaldo de 59 firmas presentaron la solicitud de juicio al primer mandatario por suspuesto delito de concusión y peculado; y luego de algunos ajustes el Consejo de Administración Legislativa, el 24 de marzo, admitió a trámite y remitió el documento a la Corte Constitucional para su revisión y dictamen. La Corte Constitucional con seis votos admitió la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación, concerniente al delito de peculado y dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada “Otros Indicios que vulneran el Principio de Confianza”. Conclusiones del informe Once son las conclusiones que tiene el informe borrador motivado sobre el juicio político que conocerán los miembros de la Comisión de Fiscalización. Flopec EP celebró contratos con Dragun USA LLP y entre ellos su pool titular de las operaciones Amazonas Tankers Pool en fechas 07 de diciembre de 2018 y el 10 de marzo de 2020, se suscribió la adenda Nro. 3, esto es, durante un periodo presidencial distinto al del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Se comprobó, señala el informe, que ningún contrato fue suscrito en julio de 2022 entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool, conforme se alegó la acusación (Hecho Nro. 7), lo cual se confirma con los testimonios de Christian Panchi y Oswaldo Rosero, exgerentes de Flopec EP, quienes manifestaron que la terminación unilateral del referido contrato podría haber derivado en indemnizaciones y penalidades para Flopec EP, habiéndose comprobado además que el referido contrato está sujeto a jurisdicción arbitral internacional. Lo que hubiese significado una pérdida cercana los $ 85 millones. El “informe sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos times Charter y respecto de la liquidación del Andes Tanker y la creación Amazonas Tanker pool 012- 2021″, notificado el 05 de noviembre de 2021 a Flopec EP, no recomendó la terminación del referido contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool; pero si estableció 13 recomendaciones de otra índole, mismas que fueron cumplidas por los exgerentes Christian Panchi y Oswaldo Rosero. El “informe sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos times Charter y respecto de la liquidación del Andes Tanker y la creación Amazonas Tanker pool 012- 2021″, fue notificado el 5 de noviembre de 2021 a Flopec EP, no estableció indicios de responsabilidad penal, únicamente responsabilidades civiles culposas y administrativas a otros funcionarios, concretamente al exgerente de Flopec EP, Jaime del Jesús Condoy Blacio, correspondientes al ejercicio 2020. No se comprobó que Johnny Estupiñán, habría sido removido de su cargo como gerente de Flopec EP, por haber pretendido terminar el contrato con Amazonas Tankers Pool (Hecho 4,5 y 6). En primer lugar, tal como se desprenden de las Resoluciones No. DIREC-FLOPEC-004-2022 y DIREC-FLOPEC-017-2022 del Directorio, el gerente en mención, fue removido por incumplimiento de deberes administrativos; en segundo lugar porque la intención de dar por terminado el contrato ha sido desvirtuada a razón de que

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Fernando Villavicencio no presidirá la Comisión de Fiscalización y pasará a indagar a los testigos del juicio político al presidente Guillermo Lasso

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EL UNIVERSO .- La sesión de este 19 de abril seguirá presidiendo la vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Cordero.   El asambleísta nacional, Fernando Villavicencio (IND), al ser apelada la presidencia de la Comisión de Fiscalización no podrá seguir dirigiendo la sesión durante la evacuación de la prueba testimonial dentro del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, y en su reemplazo lo hará la oficialista, Ana Belén Cordero.   La apelación la presentó el asambleísta, Roberto Cuero, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), argumentando que no respetó las atribuciones como presidente la comisión.   Según la normativa, una vez que se haya aceptado la apelación el presidente de la mesa no podrá seguir dirigiendo la sesión en la que fue apelado; esto es, mientras no se clausure o se cierre la sesión. La presidencia encargada de la comisión, suspendió la sesión convocada para este 19 de abril a partir de las 08:00, para continuar recibiendo los testigos.   La apelación fue planteada tras un reclamo, como punto de información, de la legisladora, Viviana Veloz (UNES), de que se explique en qué parte de la norma se establece que se puede objetar una pregunta; esto porque Villavicencio, intervino para orientar que las preguntas a los testigos del juicio político deben abordar exclusivamente sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tanker.   Villavicencio aclaró a la legisladora que él dirige la sesión y que el punto de información de Veloz, concluyó. Ella, levantó la voz y reclamó de que se lea el artículo 27 de la ley orgánica de la Función Legislativa, sobre las atribuciones de los presidentes de las comisiones, y que el secretario certifique en qué parte de la ley se permite objetar preguntas. El presidente de la mesa ordenó la lectura y cerró el punto, mientras Veloz, continuaba en el uso de la palabra. Posterior a ello, el asambleísta Roberto Cuero, intervino para señalar que este es un juicio histórico e importante para el país, y dijo que interviene para llamar a la calma por una sola vez. Dirigiéndose a Villavicencio, recordó que es el Presidente de la Comisión pero no el dueño de la Comisión, que tiene atribuciones.   “No incidente este proceso presidente, si usted sigue incidentando va a tener respuesta”, sentenció Cuero, quien planteó la apelación a la presidencia.   Al defenderse de la apelación de la presidencia, Fernando Villavicencio, dijo que este escenario de incidentes no será el primero, que él garantiza el derecho al debido proceso y el derecho a la contradicción. Y anunció que este incidente también pondrá a conocimiento de la Corte Constitucional, a más de los dos informes que ya elevó. Recalcó que lo único que ha pedido es que las preguntas estén conducidas al motivo, la causa y a la materialización de las pruebas, para los que están convocados al proceso de sustanciación de las pruebas.   “Esto no se va a ganar, colegas, con aplausos ni con gritos; estamos cansados de los aplausos en el pleno; aquí se va a ganar esta batalla con documentos y con razón; pueden apelarme y dirigir ustedes de la sesión, pero el país espera las pruebas en los nueve días de sustanciación del juicio político”, afirmó el legislador nacional..   Villavicencio dijo que tendrá más libertad para interrogar a los testigos en el juicio político y que aportará con toda la prueba que solicitó para este juicio político.   Dijo que en todo el proceso de sustanciación del juicio estará conducido por una legisladora oficialista y advirtió que no pueden apelar nuevamente a presidencia, sino en tres sesiones posteriores     “Puedo ejercer mi trabajo desde abajo”, sentenció Villavicencio quien comentó que recuperará la presidencia una vez que se clausure la sesión.

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Unos 53 testigos serán llamados a rendir su versión dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso acusado de supuesto peculado

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EL UNIVERSO .– Las comparecencias empiezan este 18 de abril a partir de las 15:30 y todas serán presenciales según anticipó el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio.   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llamará a 53 testigos entre funcionarios públicos, ex funcionarios, asambleístas, constitucionalistas, penalistas y periodistas para que rindan su versión dentro del juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de supuesto peculado en el contrato de transporte de hidrocarburos entre Flopec y Amazonas Tanker Pool.   La comparecencias arrancarán este martes 18 de abril a partir de las 15:30, con el ex secretario Nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto, el ex gerente de Petroecuador EP, Hugo Aguiar; Anderson Boscán, del medio digital La Posta y Fabián Pozo Neira, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República; todos requeridos por los cuatro asambleístas solicitantes del juicio político.   Un calendario borrador, preparado por el presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y la tarde de este lunes 17 de abril lo conocerán los asambleístas integrantes de la comisión, da cuenta que en la lista existen 53 personas invitadas para este proceso de práctica de prueba que durará diez días, y se aplicarán al menos 60 pedidos de pruebas.   Las comparecencias serán presenciales, afirmó Villavicencio, quien reveló que casi a la media noche del domingo llegó un último pedido de prueba de descargo de parte del presidente, Guillermo Lasso, que incluye la presencia de algunos constitucionalistas y abogados.   Adelantó que en las comparecencias hará cumplir lo que señala el dictamen de la Corte Constitucional, pues todos los comparecientes que acudan ala fase de práctica de la prueba podrán, exclusivamente, a las presuntas irregularidades, perjuicios y peculado en los contratos suscritos entre Amazonas Tanker y Flopec. “Ninguna otra prueba será incorporada”, advirtió.   Los asambleístas, integrantes de la Comisión de Fiscalización, fueron convocados para este martes 18 de abril, para el inicio de la fase de exhibición o práctica de prueba de cargo y de descargo, y las pruebas de oficio.   El último en comparecer en este juicio será el presidente de la República, Guillermo Lasso, el día 26 de abril; aunque todavía no se determina la hora y si vendrá personalmente o lo hará a través de su abogado, Edgar Neira Orellana.   El asambleísta Villavicencio señaló que el calendario de comparecencias está organizado de acuerdo a las prioridades del juicio político y por ello, los primeros en ser llamados son los testigos requeridos por los cuatro acusadores. Tras los diez días de comparecencias, el presidente de la Comisión, tendrá diez días para redactar el informe motivado y poner a consideración de la mesa de fiscalización.   Insistió que pidió nuevamente a los legisladores proponentes del juicio político y al presidente, Guillermo Lasso, en su calidad de acusado, que remitan los motivos por los que se convocará a un compareciente. Por ejemplo, a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, se debe señalar la razón y el motivo de su comparecencia, de lo contrario, ella llegará a la Asamblea y si pregunta algo para lo cual no estuvo preparada, simplemente dirá que no puede responder.   Los proponentes del juicio, afirmó Villavicencio, remitieron un documento donde se resisten y se niegan a remitir los motivos, no así el primer mandatario que sí ha remitido los motivos para las comparecencias solicitadas.   Si los cuatro solicitantes del juicio se niegan a precisar los motivos de la comparencia, explicó Villavicencio, se está explicando que acudan a la Comisión de Fiscalización, exclusivamente, a referirse de las pruebas de cargo en el presunto delito de peculado de los contratos de Amazonas Tanker con Flopec, singularizados por la Corte Constitucional.

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Cinco de las doce pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político al presidente Guillermo Lasso no observan el dictamen de Corte Constitucional

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EL UNIVERSO .- El 18 de abril la Comisión de Fiscalización se reunirá para conocer la respuesta del primer mandatario a la acusación en su contra.   Un primer barrido a las pruebas presentadas por los cuatro solicitantes del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, determina que cinco de los doce elementos probatorios y dos pedidos de comparecencias no están anunciados y no constan en la lista de pruebas que admitió la Corte Constitucional.   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera reunirse el martes 18 de abril para conocer las respuestas del primer mandatario a la acusación que fue planteada por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).   Según el dictamen de la Corte Constitucional, la acusación de los solicitantes se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación, y en la que incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República.   Cuando la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad del juicio, el 29 de marzo de 2023, estableció como hecho base del juicio lo concerniente a peculado, y se dejaron de lado las dos acusaciones sobre el supuesto delito de concusión y otros indicios que vulneren el principio de confianza.   En la página 52 de la solicitud de juicio de los cuatro legisladores en contra del primer mandatario se incluyen 20 anuncios de prueba y 36 pruebas testimoniales. El pasado 12 de abril, cuando Veloz y Pazmiño presentaron el anuncio de la prueba ante la Comisión de Fiscalización introdujeron cinco actos probatorios escritos y de audios que no constan ni coinciden con los incorporados en la solicitud de juicio del 16 de marzo.   Casos no anunciados El primer caso se refiere al numeral 3, y se trata de la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet, que contiene información desde el 25 de mayo de 2021, señalando que la reserva de esta documentación se levantó en sesión n.º 852 del pleno de la Asamblea Nacional, contenido en los anexos del Informe de la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad y la Justicia en el caso denominado El Gran Padrino a fojas 1629 a 1911 y 1912 a 2321, correspondientes a las carpetas 8 y 9, respectivamente; información remitida por la Presidencia de la República.   El segundo caso está en el numeral 4, se refiere a los audios publicados en el medio digital La Posta, el 22 de noviembre de 2022, titulado “Café la Posta: 1 año de la explosión del radar de Montecristi. Argentina perdió y no hay culpables por el radar de Montecristi”. Este audio no consta entre los 20 anuncios de la prueba presentados por los proponentes.   El tercer caso tiene relación también con audios publicados en el medio digital La Posta, publicados el 17 de enero de 2023, titulados “El choreo de FLOPEC”. En la solicitud del juicio constan los audios del 16 de enero, no del 17 de enero.   Un cuarto caso se refiere a la incorporación del informe denominado El Gran Padrino, puntualmente las actas correspondientes a las sesiones 6 y 9 de la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad y la Justicia, contenido en las fojas 71 a 103 y 141 a 191, respectivamente, correspondientes a la carpeta n.º TA33585. En esta prueba anunciada se incrementan actas.   El quinto caso, se trata de incorporar como prueba el examen especial con código alfanumérico DNA8-TVIPyA-0012-2021 de la Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, realizado a la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec . Esto no consta en las pruebas que se agregaron en la solicitud del 16 de marzo.   Comparecencias Referente a las comparecencias, los cuatro legisladores proponentes del juicio solicitan la incorporación de la prueba testimonial de dos personas que no fueron anunciadas como pruebas.   El primer caso se refiere a la comparecencia del señor Hugo Aguiar Lozano. El segundo es la comparecencia del vicealmirante Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, este nombre solo consta en un oficio en la solicitud de juicio, pero no está dentro de la lista de las pruebas testimoniales.   Reacciones y consecuencias Édgar Neira Orellana, abogado del presidente de la República, recordó que las pruebas que los asambleístas proponentes del juicio pueden utilizar dentro del expediente de la acusación de juicio político son las que fueron señaladas por la Corte Constitucional en su dictamen. En descargo, el presidente de la República puede presentar todas las pruebas que requiera.   El abogado del acusado calificó como una burla que los acusadores pretendan incluir una prueba nueva o fuera de las anunciadas en la solicitud de juicio, como la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet, que contiene información desde el 25 de mayo de 2021.   En este proceso, advirtió Neira, no hay que perder de vista que los proponentes de las pruebas fuera de las que fueron anunciadas en la solicitud se hacen responsables “de incumplir un dictamen de la Corte Constitucional y el firmante de ese pedido de prueba empieza a incurrir en un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional”.   Por ello, añadió, el presidente de la República activó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se haga seguimiento a las disposiciones que constaban en el dictamen del 29 de marzo de 2023.   Neira insistió en que las bitácoras de Carondelet no tienen nada que ver con la acusación de supuesto peculado. Respecto a los audios que no son los mismos o no constan como prueba en la solicitud, el abogado del acusado consideró que a lo mejor los proponentes del juicio se equivocaron, pero esa equivocación puede traer consecuencias.   En torno

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UNES y PSC bloquean pedidos de prueba solicitadas sobre el histórico de la suscripción de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker para el transporte de crudo

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EL UNIVERSO .- El plazo para presentar las pruebas de cargo y de descargo vencen el 16 de abril próximo según certificó el secretario de la Comisión de Fiscalización Los correístas y socialcristianos más el voto del asambleista Bruno Segovia (ex Pachakutik), bloquearon 19 pedidos de prueba solicitados por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, presidente y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización que procesa el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, acusado de presunto peculado.   La sesión que se instaló a las 16:05, estuvo crispada por continuas insinuaciones e ironías entre los legisladores miembros de la mesa que pugnaban en el proceso de calificación de las pruebas y comparecencias que se mostrarán en el proceso de juicio.   Al momento el juicio se encuentra en la etapa de presentación y solicitudes de pruebas cuyo plazo vence el próximo 16 de abril. La acusación contra del primer mandatario, según el dictamen de la Corte Constitucional, se centra “en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”.   A la sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para el lunes 10 de abril, únicamente asistió el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, de manera presencial; los demás se conectaron de manera virtual que provocó varios desfases en el momento de argumentar mociones y defender posturas.   También estuvo presente Edgar Neira Orellana, el abogado del presidente de la República en esta etapa de presentación de pruebas de descargo y contestación a las acusaciones planteadas en contra del primer mandatario. Lo primero que trató la comisión fue una moción que presentó el socialcristiano, Pablo Muentes, para dejar sin efecto las providencias 057 y 058 emitidas por el presidente de la Comisión de Fiscalización respecto a la notificación del juicio y la solicitud a los proponentes del juicio para que singularicen las pruebas. El voto del asambleís Villavicencio y Bruno Segovia, fueron clave para impedir que el pedido del PSC pase.   Posterior a ello, el legislador Roberto Cuero, mocionó que no se acoja la petición del abogado Edgar Neira, que observó al menos 40 pedidos de pruebas presentadas por los legisladores: Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova, relacionadas al caso de peculado.   Neira, que estuvo conectado a la sesión, afirmó que todos los pedidos se fundamentan en el derecho constitucional de defensa de quien es el.   Explicó que el escrito presentado no tiene el ánimo de obstaculizar el trabajo investigativo de los asambleístas que han pedido la práctica de pruebas. Dijo que las observaciones realizadas a los pedidos de los legisladores son para que en el momento de la ejecución de los pedidos de prueba no haya confusión y mejor se precise las solicitudes de pruebas y que la mesa tenga todos los elementos de juicio que le permita convencer del informe que será presentado al pleno de la Asamblea.   El asambleísta, Bruno Segovia, señaló que no puede condicionar los pedidos de prueba solicitados por los asambleístas y que el presidente a través de su abogado puede también solicitar pruebas o presentarse, pero que no se puede aceptar el planteado del acusado que calificó que están incompletos las solicitudes de información.   Roberto Cuero (UNES), dijo que más allá de los pedidos de la defensa, los juicios políticos están normados en la ley, que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa, pero que no puede el abogado del Presidente incidir en lo que deben o no solicitar los asammbleístas.   Tampoco se dio paso al pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que se singularice las pruebas. Los delegados de UNES, PSC y el asambleísta, Bruno Segovia, votaron en contra del pedido de la defensa del acusado.   El asambleísta, Fernando Villavicencio, advirtió que habrá complicaciones en el proceso de juicio político, porque habrá un calendario de comparecencias de 36 personas que constan en el registro de la petición del juicio político, pero no se tiene los motivos con los que se debe solicitar la presencia de los funcionarios y ex funcionarios, y tampoco se sabe cuántos los 36 comparecientes corresponden a la causa de peculado.   Negación de pruebas Una tercera moción la presentó el asambleísta Roberto Cuero para calificar las pruebas presentadas por los legisladores Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero. En la propuesta se dejó fueron 12 de las 19 peticiones de pruebas, y se negó tres comparecencias solicitadas por Villavicencio. En cambio, se negó todo lo solicitado por Cordero. Cuero dijo que las pruebas solicitadas por Cordero y Villavicencio son impertinentes y además se refieren a años anteriores, cuando el peculado se cometió durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso.   El presidente de la mesa de Fiscalización advirtió que la moción de Cuero vulnera el derecho de los legisladores de fiscalizar y conocer quién y quiénes estarán detrás de los contratos de transporte de crudo.   Además rechazó que se haya bloqueado el pedido de comparecencia del Procurador General del Estado que constituye una pieza clave para determinar si hubo o no el delito de peculado.

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Comisión de Fiscalización entra a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso

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EL UNIVERSO.- La sesión de la mesa está convocada para este lunes 10 de abril a partir de las 16:00 y todos sus integrantes tienen solicitudes de prueba y comparecencias A partir de las 16:00 de este lunes 10 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera conocer y calificar al menos un centenar de solicitudes de práctica de prueba de los asambleístas y presidente de la República, Guillermo Lasso, dentro del juicio político por supuesto peculado en los contratos petroleros entre Flopec y Amazon Tanker Pool.   Tras la notificación del inicio de sustentación de la solicitud del juicio político, realizada el pasado 6 de abril, el proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, así como de solicitudes de comparecencias de funcionarios, exfuncionarios y testigos que se usarán durante la etapa de actuación de la prueba. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, señaló que ante la casi orfandad de pruebas de los acusadores, será la mesa quien determine las pruebas de oficio que se practicarán y defina los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que deberán comparecer a partir de la próxima semana, cuando arranque la etapa de actuación de prueba para verificar la existencia o no del delito de peculado, que es la única acusación que enfrenta el primer mandatario.   La mesa de Fiscalización y Control Político también conocerá la carta presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde exige a los proponentes del juicio que delimiten las pruebas relacionadas con el tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio. Con ello, según señaló el primer mandatario, podrá conocer los hechos específicos y pruebas del expediente que sustentarán la acusación, antes de la presentación de sus descargos.   El presidente Guillermo Lasso, en esta etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, estará representado por Édgar Neira Orellana, quien será la persona encargada de presentar los escritos, solicitudes de práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencia y ejerza su defensa.   Pedidos de pruebas En la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, del pasado 3 de abril, los integrantes de la mesa anunciaron que presentarán pedidos de pruebas en el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Foto: El Universo Entre los tres delegados del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) ante la mesa de Fiscalización: María Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova, presentaron 37 pedidos de práctica de prueba relacionados con el valor de renta de buques por parte de Flopec a través de Amazonas Tanker, de los años 2021 y 2022.   En el escrito, el legislador Cuero indica que las pruebas de oficio solicitadas son pertinentes, conducentes y útiles por cuanto se evidenciará y se demostrará que en el manejo del transporte de crudo existió perjuicio al Estado para beneficio de terceros, constituyendo con ello el tipo penal de peculado, que es la causal por la cual se sustancia este enjuiciamiento político.   También piden listado de los gerentes generales de Flopec; los destinos de los buques del Pool Amazonas Tanker durante los últimos cinco años; precios diarios del WTI desde enero de 2022; fórmulas de cálculo para la venta de petróleo para Petrochina y para aquellos que no pertenecen a esa compañía.   Del Ejecutivo solicitan el listado de los ministros de Energía, de los secretarios de Presidencia, de secretario jurídico de la Presidencia, presidentes de EMCO, especificando nombre, fechas de inicio y fin de gestión de cada uno de ellos a partir de diciembre del año 2020.   Solicitan a Flopec los informes de la gerencia general y de la gerencia comercial relacionados con la renegociación de los contratos de Amazon Tankers; porcentajes de ocupación con la fórmula de cálculo de los buques asignados a Amazon Tanker, para demostrar los perjuicios causados al Estado.   La legisladora Molina pide los nombres de los asesores de nómina y externos la gerencia general de Flopec, desde el año 2021 hasta la presente fecha; además, solicita la estrategia comercial de EP Flopec para la negociación de los contratos a tiempo y los contratos por viaje, tipo de contrato utilizado desde febrero de 2020 hasta la actualidad, Igualmente pide información sobre las cargas aportadas por Amazonas Tanker desde el 2021; los documentos de asociación y creación de Amazonas Tanker, con las adendas que existan; los estados financieros y liquidación de gastos y utilidades generados durante el 2021 y 2022; precios cobrados por el Pool, del transporte del petróleo por viaje desde Esmeraldas a los diferentes destinos durante los años 2021 y 2022; y también requiere el informe de Flopec donde se indique si existieron directrices para la terminación unilateral de los contratos suscritos con Amazonas Tanker.   Comps Córdova pidió que se remita el Estado de Resultados de Amazonas Tanker y Estado de Resultados por buque de Amazonas Tanker de los años 2021 y 2022.   También solicitó que Flopec remita el examen especial de la Contraloría General del Estado relacionado con el acuerdo comercial Amazonas Tanker, para demostrar que de forma deliberada se permitió que se siga causando perjuicios al Estado.   El socialcristiano Pablo Muentes plantea que se pida a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea una copia certificada del documento denominado “Informe no vinculante sobre la situación actual de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana-EP Flopec”, conocido, debatido y aprobado en la sesión número 134 de la comisión del 31 de octubre de 2022.   Que se pida a la Comisión de Régimen Económico una copia certificada del acta de la sesión 103-CRETREC-2022 del jueves 11 de agosto de 2022, y copia de audios y video, debido que en esta sesión compareció el gerente general subrogante de la EP Flopec, Oswaldo Rosero Quirós.   A la Empresa Pública Flopec solicita una copia certificada de los balances auditados de los años 2020, 2021, 2022; así como una copia certificada de los

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Presidente de la República, Guillermo Lasso, se da por notificado del juicio político en su contra

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EL UNIVERSO .– Édgar Neira Orellana será el abogado que representará al primer mandatario en la presentación de escritos, solicite pruebas y participe en audiencias.   El presidente de la República, Guillermo Lasso, este 6 de abril, se dio por notificado del juicio político en su contra tras conocer la providencia n.º 2021-2023-057, expedida por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional con fecha 3 de abril de 2023.   El primer mandatario está acusado de haber participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, dispuso a secretaría de la mesa que este 6 de abril en la tarde se notifique a los cuatro asambleístas solicitantes del juicio: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).   Con ello, dijo Villavicencio, el plazo de diez días para que el primer mandatario ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para su descargo, empieza a correr desde este 7 de abril. Pedidos En un documento remitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y dirigido al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, al darse por notificado del juicio, solicita que se siente razón en el proceso y, al tiempo, se certifique si los asambleístas solicitantes del juicio político determinaron los hechos correspondientes al tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio; y, si dieron o no cumplimiento a la especificación de las fojas del expediente que corresponden a la prueba anunciada.   El mandatario argumenta que estos pedidos están relacionados con el ejercicio de su derecho a la defensa consagrados en el artículo 76.7 literales a), b), c) y h) de la Constitución. Estos “me permitirán conocer la determinación de los hechos específicos y pruebas del expediente que sustenten la acusación, antes de la presentación de mis descargos”, agrega.   También solicita que mediante providencia se señale el inicio del plazo de prueba de diez días de que trata el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para lo cual la Comisión emitirá la correspondiente orden procesal. Autoriza al doctor Édgar Neira Orellana para que en su nombre intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias y ejerza la “defensa con las más amplias facultades correspondientes a las de un procurador, sin que requiera de ratificación posterior”.   En el escrito, el primer mandatario indica el casillero en que recibirá las notificaciones y además señala la dirección de correo electrónico.

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Juicio político al presidente Guillermo Lasso tendrá límites en la acusación por peculado

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EL UNIVERSO .- Los 10 días para el anuncio de la prueba comenzarían desde el miércoles si los proponentes del juicio individualizan las pruebas sobre la acusación de peculado   El juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por presunto peculado se sustanciará exclusivamente por los contratos Time Charter entre Flopec EP y Amazonas Tankers, sentenció el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.   Este 3 de abril, la mesa de Fiscalización y Control Político conoció la solicitud de juicio planteada por los asambleístas: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). La acusación se refiere a un presunto peculado. La comisión también conoció el dictamen de la Corte Constitucional (CC).   Villavicencio explicó que en estricto derecho los plazos corren a partir de la notificación a las partes, y anunció que este martes 4 de abril, solicitará a los legisladores proponentes del juicio que individualicen la prueba, porque fue presentada de forma general por tres acusaciones que incluía un supuesto delito de concusión, pero la CC delimitó el ámbito de la causa, en este caso, por peculado.   Por ello, los acusadores deben precisar cuáles son las pruebas de cargo y luego de ello, se tendrá que foliar porque son centenares de documentos y todo ese documento se tiene que presentar y notificar de forma presencial al Presidente de la República y lo mismo a los proponentes, explicó Villavicencio, quien insistió que una vez que sean notificados empezarán a correr los diez días de la presentación de pruebas, diez días de evacuación de pruebas y diez días para la elaboración del informe.   Este lunes 3 de abril, en la tarde, la Comisión de Fiscalización remitió un oficio a los acusadores para que realicen la individualización de las pruebas y con ello, se remitirá el expediente con la notificación al Presidente de la República, lo cual podría suceder sería el miércoles 5 de abril, contó Villavicencio. El legislador nacional que preside la Comisión dijo que el juicio al primer mandatario fue delimitado por la Corte Constitucional como lo determina el párrafo 95.4 de la sentencia de admisibilidad donde se señala que: “En lo que concierne al examen del contenido de la solicitud, el tercer cargo singulariza el tipo penal entre aquellos del artículo 129 de la Constitución (peculado), así como los hechos, no incurre en incoherencias, no se refiere a hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados que le lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima. En consecuencia, es admisible que la Asamblea Nacional formule un juicio político en contra del presidente exclusivamente por este cargo.   Y en además lo que señala el numeral 3 del dictamen: “Disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada ‘Otros Indicios que vulneran el Principio de Confianza ‘. El asambleísta Villavicencio dijo que de oficio se practicarán algunas pruebas y comparecencias en este caso como el llamado al contralor del Estado, Carlos Riofrío; la comparecencia de Pilar Ferri, del ex ministro René Ortiz; entre otros.   Juan Fernando Flores del sector oficialista representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), manifestó que el país debe conocer que la razón por la cual se pretende enjuiciar al primer mandatario es por un supuesto hecho de peculado relacionado con un contrato que se firmó en el 2018, cuando el presidente Guillermo Lasso, no asumía el cargo.   Hay que prepararse para ver un sinfín de elementos, incomodidades, molestias, narrativas y discursos que seguramente “van a buscar adornar lo que no tienen desde el día uno, una prueba de responsabilidad fehaciente sobre este supuesto hecho”, advirtió.   El coordinador de la bancada oficialista dijo que llama la atención que el tema por el cual está siendo enjuiciado el Presidente de la República tiene que ver con el contrato de Flopec de 2018; contrato que tiene un informe firmado por la asambleísta Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), donde mencionaba que no había ningún elemento negativo en que se de paso a la contratación, “por lo cual nos llama la atención cómo legisladores estuvieron detrás de una maniobra en el tema de Flopec, para que se de paso al contrato, y ahora ese contraro es con el cuál se pretende perjudicar al Presidente de la República”.   En este proceso de juicio, anunció Flores, se conocerá muchas realidades en el país, y sobre todo, se comenzarán a preguntar por qué la asambleísta Mireya Pazmiño, no estuvo en la sesión inicial de la Comisión de Fiscalización para dar curso al juicio.   En el primer día de sesiones de la comisión los legisladores Roberto Cuero y Comps Córdova se quejaron de que se pretenda delimitar un juicio que no es penal, sino político. Rechazaron que se pretenda trazar la cancha, sobre lo se pueden o no hacer los legisladores integrantes de la comisión de Fiscalización.  

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Grupos de la sociedad civil ‘ponen el ojo’ a la Asamblea Nacional en el trámite del juicio político a Guillermo Lasso

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EL UNIVERSO .- La posibilidad de que el jefe de Estado opte por declarar la disolución de la legislatura preocupa. Con la admisibilidad al juicio político en contra del presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, los “ojos” de sectores sociales se trasladan a la Asamblea Nacional con el pedido de que se cumplan los procedimientos legales, frente a una posible censura y destitución.   La noche de este 29 de marzo de 2023, con seis votos afirmativos y tres salvados de los miembros de la Corte Constitucional (CC) se admitió a trámite la solicitud de juicio político planteada desde corrientes de oposición de la Asamblea Nacional en contra de Guillermo Lasso.   No obstante, la decisión de los magistrados se concentró en admitir la interpelación únicamente por el cargo de presunto peculado respecto de denuncias de actos de corrupción en la Empresa Pública Flota Petrolera (Flopec), pero no dio paso a los cargos por concusión en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), como lo plantearon los cuatro asambleístas ponentes.   La decisión de la Corte Constitucional se devolvió a la Asamblea Nacional para que continúe con los procedimientos, con lo que en un primer momento será conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para luego enviarlo a la Comisión de Fiscalización, que asumirá la sustanciación de inmediato.   De acuerdo con los plazos contemplados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre notificaciones y convocatorias a sesiones, presentación de pruebas de cargo y descargo, y el informe final, el proceso se extenderá por 45 días. En los exteriores de la Asamblea Nacional también se concentran grupos críticos de la gestión de sus legisladores. Fotos:Rolando Enríquez/API Foto: El Universo En ese periodo, organizaciones de la sociedad civil estarán atentas a las actuaciones de los legisladores.   Sectores de oposición al jefe del Gobierno, Guillermo Lasso, afirman que respetan las competencias de las funciones del Estado, aunque su aspiración es que enfrente el juicio político o que renuncie, pero que evite activar el mecanismo de la disolución de la Asamblea o muerte cruzada.   Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, cree que Guillermo Lasso debería renunciar “por su incapacidad de gobernar”. Pero como “ha decidido aferrarse al poder y ahora que la Corte admitió a trámite el juicio político, los sectores sociales vamos a estar pendientes de lo que hagan los asambleístas y, en especial, la Comisión de Fiscalización”, indicó.   Según Erazo, esta es una Asamblea que “debe ser controlada por los sectores políticos y populares”. Pues hay un 90 % de ciudadanos que no “les cree por su capacidad de hacer componendas, arreglos, pedir cargos y recursos, por lo que estaremos atentos a lo que resuelvan, sobre todo, que se determine la salida de Guillermo Lasso”, agregó.   No obstante, ven con preocupación la posibilidad de que el Ejecutivo resuelva disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas.   Ello implicará que los asambleístas dejarán sus cargos; el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará un nuevo proceso electoral en 90 días para elegir presidente y legisladores por lo que resta del periodo (hasta el 2025), y Guillermo Lasso gobernará en ese tiempo con decretos-ley de urgencia económica que deberán ser evaluados previamente por la Corte Constitucional.   Esta posibilidad preocupa a Erazo, porque “Lasso podría apuntalar su proceso neoliberal de gobierno e ir hacia las privatizaciones de empresas públicas”. “Por eso es necesario entender que la única alternativa es que la Asamblea destituya al presidente y así evitar la muerte cruzada. Estaremos en las calles defendiendo las empresas estatales y exigiendo la salida del presidente”, advirtió el dirigente.   Por su parte, la presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Marcela Arellano, consideró que Guillermo Lasso debería salir de la Presidencia y renunciar, porque “no está capacitado para gobernar”.   Aunque, con la coyuntura actual, “se está implementando un mecanismo constitucional que es el juicio político y lo respetaremos para que avance con independencia, y no vamos a salir a las calles a movilizarnos”, adelantó. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertó que tienen puestos los “ojos” sobre la Asamblea Nacional para que tramite un proceso político que termine con la destitución del gobernante.   “La Corte Constitucional dio paso, ahora la Asamblea tiene que seguir el juicio político y destituir a Guillermo Lasso por peculado y por la incapacidad de gobernar”, exigió el movimiento indígena en mensajes publicados en sus redes sociales.   De igual forma, su presidente, Leonidas Iza, en un tuit, resaltó la resolución de la Corte que “responde a la lucha y resistencia del pueblo ante un gobierno nefasto e indolente. Cada voto en el Legislativo representará el clamor popular”, escribió.   Desde otro sector, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias adelanta también su postura de observador del cumplimiento de las normas.   “Les estamos observando. No tenemos más paciencia y no vamos a permitir la vulgarización de la política”, señaló la presidenta del gremio, María Paz Jervis, en declaraciones en entrevistas con medios de comunicación este jueves.   La directiva reprochó que los legisladores han pasado casi dos años de gestión “haciendo reconocimientos irrisorios” y ni legislan ni trabajan.   A su criterio, no cree que la muerte cruzada sea una salida a la crisis y, al contrario, conminó a “evitar mecanismos de conflictividad”, que afectarían a la economía nacional.   El director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, Mauricio Alarcón, detalló que harán seguimiento de los procedimientos con los cuales se efectúe el juicio político al mandatario.   “Esperamos que los 137 asambleístas se rijan a lo que dice la Constitución y no conviertan este juicio político en un circo para recriminar al presidente Lasso por su forma de gobernar. Hay hechos concretos que se han determinado y por los que la Corte Constitucional ha garantizado la admisibilidad del proceso y son esos hechos los que deberán ser tratados”, agregó Alarcón.

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