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Ecuador: junio 24, 2025

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Ecuador, junio 24, 2025
Ecuador Continental: 20:29
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Ecuador, junio 24, 2025

Fiscal Wilson Toainga analiza cuestionamientos a operadores judiciales

El fiscal general, Wilson Toainga, acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para responder inquietudes sobre la posible actuación irregular, de ciertos funcionarios de su entidad. La mesa parlamentaria analiza cuestionamientos y denuncias contra determinados jueces y fiscales, en las audiencias de flagrancia contra delincuentes peligrosos. LEER TAMBIÉN: Fiscal comparece ante Comisión de Fiscalización de la Asamblea LEER TAMBIÉN: Wilson Toainga asume oficialmente la Fiscalía General del Estado Las quejas señalan que muchos de estos hampones fueron liberados, pese a las evidencias obtenidas durante sus detenciones. Información de partes policiales Durante su intervención, Toainga explicó ante la comisión, que las actividades de flagrancia se concentran en la información que entregan los partes policiales. Es decir, dependen de los reportes que elaboren los agentes encargados de cada caso. Anotó que de allí se llega a la “noticia criminis”, y después se presenta la postura ante el juez, quien decide si acoge o no el pronunciamiento del fiscal. “Existe una responsabilidad del fiscal en la sustentación. No todos los casos ameritan de prisión preventiva, pero sí en su mayoría. Si el juez rechaza la medida, el fiscal puede apelar la decisión”, indicó Toainga. Sobre las medidas sustitutivas El fiscal general agregó que los operadores de justicia, que llevan casos de crimen organizado, deberían tener un protocolo distinto a los demás funcionarios. “Seguimos trabajando con la misma legislación. Necesitamos un respaldo, no podemos seguir a la deriva”, dijo. Sobre posibles sanciones a fiscales que favorecen a detenidos, dejó en claro que esa tarea está a cargo del Área de Control Jurídico de la Fiscalía, que elabora informes disciplinarios Los miembros de la comisión consideraron valiosos los aportes del funcionario, con miras a plantear posibles reformas penales.

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Indignación en Comisión de Fiscalización por polémica actuación de ciertos jueces y fiscales

Indignados. Así están en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, debido a la actuación de ciertos operadores judiciales, que favorecen a peligrosos delincuentes. La mesa inició una investigación exhaustiva, a fin de establecer quiénes son los jueces y fiscales implicados en estas irregularidades. LEER TAMBIÉN: Comisión de Fiscalización de la Asamblea investiga cuestionamientos a jueces y fiscales LEER TAMBIÉN: Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigará casos dejados por Fernando Villavicencio El tema fue tratado por el presidente de la Comisión, Ferdinand Álvarez, en “Punto de Orden”. Nudos críticos Álvarez explicó que se han establecido ya casos de prevaricato, con el resultado de que peligrosos hampones son beneficiados con libertad o medidas sustitutivas, a pesar de las evidencias en su contra. Como ejemplo citó el caso de un sujeto, implicado en el secuestro y posterior muerte de una comerciante de origen asiático. Cuando fue detenido se desconocía el deceso de la víctima, así que el juez, de forma inexplicable, no ordenó su prisión, porque “solo secuestró y no asesinó” a la mujer. Estos son nudos críticos, que desde la Asamblea pretenden resolver. Y más aún porque el Consejo de la Judicatura, en algunos casos, tarda hasta un año en sancionar a los malos funcionarios. El objetivo es establecer un proyecto de reformas, que impidan a los operadores judiciales beneficiar a los maleantes. Y en esa tónica, será fundamental el aporte de la sociedad civil y de la academia. A su criterio, existen derechos excesivos para los delincuentes. Sin embargo, hasta poder implementar un cambio integral en el Código Penal, hay que buscar soluciones a corto plazo. Según sus cálculos, a fines del presente mes la mesa tendrá las recomendaciones finales, sobre las reformas a tratar. Investigaciones de Villavicencio En otro ámbito, Álvarez confirmó que la comisión retomará las investigaciones iniciadas por el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del 2023 en Quito. Villavicencio también presidió la mesa de Fiscalización del Parlamento. El rescate de los expedientes no ha sido fácil, dijo, ya que la anterior presidenta –la correísta Pamela Aguirre- no mantuvo un archivo óptimo. Las actuales autoridades tuvieron que acudir a la Secretaría general, y recuperar los casi 10.000 documentos que ahora poseen.

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Comisión de Fiscalización de la Asamblea investiga cuestionamientos a jueces y fiscales

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició un proceso de investigación, sobre presuntas actuaciones irregulares por parte de operadores de justicia, en el contexto del actual conflicto interno que enfrenta Ecuador. En la mesa hay mucha preocupación por ciertas decisiones judiciales, que estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia. LEER TAMBIÉN: UAFE investigará a jueces y fiscales que liberen a delincuentes LEER TAMBIÉN: Consejo de la Judicatura suspende a 3 jueces por favorecer a “Comandos de la Frontera” Para este propósito, la comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado. Barreras en la justicia En su intervención, Reimberg reiteró que en la lucha contra el crimen organizado, se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad. El funcionario recordó que de los 104.000 aprehendidos, en los más de 900 operativos, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos. Otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia. Además reveló que cuando se denuncia la actuación irregular de determinados jueces, hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó. De su lado, el Comandante de la Policía aseguró que la Institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita, para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo. Aseguró que cerca del 60%, de los más de 25.000 ciudadanos aprehendidos en flagrancia, ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pese a que muchos de ellos tienen 5 o más detenciones por las mismas causas. Investigación a fondo El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, prometió que el organismo parlamentario continuará con este proceso de investigación, hasta obtener resultados que garanticen una adecuada administración de justicia.

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Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigará casos dejados por Fernando Villavicencio

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional retomará algunas de las investigaciones, que inició en su momento el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. Así lo anunció el presidente de la mesa, Ferdinand Álvarez, en diálogo con Carlos Vera, en nuestro programa “Vera a su Manera”. LEER TAMBIÉN: Amanda Villavicencio exige no detener proceso penal por el asesinato de su padre LEER TAMBIÉN: Un millón de dólares habría sido el pago para asesinar a Fernando Villavicencio Villavicencio fue asesinado en agosto del 2023, en Quito, cuando salía de un encuentro proselitista. Rescatar informes Álvarez explicó que Villavicencio, quien presidió la comisión entre los años 2021 y 2023, dejó en curso varias investigaciones de enorme importancia, que quedaron truncadas por la “Muerte Cruzada” que decretó el entonces presidente Guillermo Lasso. La medida provocó el cierre inmediato del Parlamento, por lo cual los casos quedaron pendientes. Según el legislador, el objetivo de retomar las indagaciones es darle justicia histórica y una verdad que genere dignidad para los ecuatorianos. En total serán 52 las investigaciones que la mesa volverá a tratar, para más de 10.000 documentos. La más importante, señaló, es la de un contrato de venta petrolera a Petrochina, y en la cual el Estado Ecuatoriano sufrió un enorme perjuicio económico.

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Rechazado el pedido de juicio político contra ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, no calificó el pedido de juicio político planteado contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El pedido partió del legislador de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares, quien culpó al funcionario de la desaparición y muerte de los 4 adolescentes de las Malvinas, ocurridas en diciembre del 2024. LEER TAMBIÉN: Fiscalía realizó reconstrucción del crimen de los 4 menores de Las Malvinas LEER TAMBIÉN: Fiscalía pide que declare hombre que vio por última vez a los menores asesinados También lo acusó por no permitir meses atrás que Verónica Abad, entonces vicepresidenta de la República, pudiera entrar a su despacho, y lo cuestionó por negarse a acudir al Parlamento a responder sus preguntas. Mayoría en contra El correísmo señaló a Loffredo como responsable de estos sucesos, y pidió que se calificara su interpelación en el pleno. Sin embargo, 6 de los integrantes de la comisión, 5 pertenecientes a ADN y la restante a Pachakutik, negaron la propuesta, con lo cual queda archivada. Según el oficialismo, la solicitud de juicio no cumple requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución, además de que los hechos registrados en el caso Las Malvinas están en manos de la justicia. En torno a la inasistencia ante el pleno de la Asamblea, ADN explicó que el ministro cumplía agenda en la zona de guerra, y sobre el impedimento a Abad, anotó que la entonces mandataria no cumplió las órdenes del presidente Daniel Noboa. De su lado, Pachakutik lamentó que el correísmo intente mezclar política con justicia.

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Comisión de Fiscalización suspende juicio político contra juez del TCE

El correísmo se quedó con las ganas de iniciar un juicio político contra Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En vista que el país se encuentra en periodo electoral, por la cercanía de los comicios generales, la ley impide interpelar a las principales autoridades vinculadas, tanto del TCE como del Consejo Nacional Electoral (CNE). LEER TAMBIÉN: Directorio del TCE remueve a su presidente, Fernando Muñoz La Revolución Ciudadana, a través del legislador Roberto Cuero, pretendía enjuiciar al Muñoz, bajo cargos de supuesta vulneración de la independencia judicial, arrogación de funciones y vulneración del principio de celeridad procesal. Correísmo acusa Según Cuero, el magistrado interfirió en la causa que planteó el exalcalde de Quito, Santiago Guarderas, contra el también exalcalde, Jorge Yunda, en el año 2022. Ganas no le faltaron al correísmo para dar paso al juicio, pero la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, recordó que el artículo 19 del Código de la Democracia, impide procesar políticamente a miembros la Función Electoral, estando en periodo de elecciones. El caso solo podrá ser reactivado luego que termine el ciclo electoral, con la proclamación de los resultados, y la evacuación de eventuales reclamos e impugnaciones.

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Incidentes durante sesión por juicio político contra ministra Palencia

La nueva sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para sustanciar el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, volvió a registrar incidentes. La diligencia se realizó de forma telemática. LEER TAMBIÉN: Incidentes en la Asamblea al retomarse juicio político contra ministra Palencia LEER TAMBIÉN: Correísmo insistirá en juicio político contra ministras Sommerfeld y Palencia La primera en intervenir fue la propia ministra, en ausencia de uno de los parlamentarios interpelantes, Leonardo Berrezueta, del correísmo. Reclamos Palencia, cuestionada por “incumplimiento de funciones”, y por supuestamente autorizar la incursión policial a la Embajada de México, en abril pasado, llamó a comparecer a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. La funcionaria señaló las acciones realizadas por el Gobierno Nacional, para mejorar el empleo y, con ello, reducir los índices de violencia, especialmente en sitios conflictivos, como Durán. El siguiente en comparecer fue Leando Chalela, Subsecretario de Estudios y Estadísticas del Ministerio del Interior, quien destacó la reducción de cifras de muertes violentas en el periodo actual. Paola Cabezas, autora de gritos y desmanes en anteriores sesiones, lo calificó como “subalterno de la ministra Palencia”. Posteriormente, y ante la pregunta de la ministra, la presidenta de la mesa, la también correísta Pamela Aguirre, no aparecía conectada. Al constatarse ello, el secretario anunció la suspensión de la sesión. La sesión sería reanudada este viernes.

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PSC separa a legislador Rogel por votación sobre juicios políticos

Un legislador del PSC fue apartado de su bloque, por su votación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La acalorada sesión que sostuvo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la noche de este lunes, genera controversia. La causa es la forma grotesca y los gritos de los miembros correístas, que repartieron insultos y acusaciones. La reunión terminó con la no calificación del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, y la aceptación de la orden de un juez de Quito, de reanudar los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Leer también: Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso Se trata del entonces ministro de Economía, Pablo Arosemena; y de los exsecretarios de la Administración, Sebastián Corral; y de Educación Superior, Andrea Montalvo. Separado de su bloque Pero hubo otra arista. El legislador Lenín Rogel, del Partido Social Cristiano, fue apartado de la bancada, debido a que, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, de la cual forma parte, votó en blanco, cuando se trató la orden del juez. Con ello, se dio paso a reanudar los juicios políticos contra los exfuncionarios de Lasso, pero pudo significar que se calificara el juicio contra la fiscal, que el PSC rechaza. En un comunicado difundido en redes sociales, la bancada de la citada agrupación política, afirmó que lo resuelto por la comisión, “atenta categóricamente contra la Constitución, contra el pleno del Legislativo y contra la postura de nuestro partido”. Por ende, y en vista que Rogel votó en blanco, decidió separarlo de sus filas, aunque sin especificar si de forma provisional o definitiva. “Respeto pero no comparto” De su lado, Rogel opinó que la decisión del PSC “es acelerada”, y dijo no compartirla, aunque la respeta. También aclaró que, en efecto, tiene acercamientos con ADN, pero también con muchos otros bloques, con quienes analiza los problemas del país.

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Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar

En medio de incidentes, reclamos y gritos destemplados, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió, durante su sesión de la noche del lunes, “recuperar” los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Además, no calificó el proceso contra la fiscal general, Diana Salazar, si bien la decisión final debe ser tomada por el pleno. Las normativas establecen que los informes de las comisiones deben ser aprobados o rechazados por todo el Parlamento. Leer también: Fiscal Diana Salazar reasume funciones y afrontará juicio político Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso La jornada se extendió hasta horas de la madrugada, y estuvo salpicada de acusaciones mutuas y algunos insultos. Asesores y parlamentarios ajenos a la comisión también estuvieron presentes, y por la falta de espacio la tensión aumentó. Con la decisión, la comisión ataca el fallo del juez de Quito, Edgar Romero, quien aceptó una acción de protección planteada por la legisladora de ADN, Inés Alarcón, y dispuso que se cumplan los citados procesos. Los juicios contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, y los exsecretarios de la Administración, Sebastián Corral, y de Educación Superior, Andrea Montalvo, habían sido archivados, pero ahora tendrán que cumplirse de forma obligatoria. Solo cuando sean evacuados, habrá vía libre para la interpelación de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El de la fiscal general, Diana Salazar, como quedó señalado, no fue calificado, tal como ocurrió semanas atrás con el de la canciller, Gabriela Sommerfeld. Leer también: Archivado el pedido de juicio político contra canciller Gabriela Sommerfeld Leer también: Diana Salazar insiste: no le teme a un juicio político La intención del correísmo, que preside la comisión a través de Pamela Aguirre, era enjuiciar a Palencia y a Salazar cuanto antes. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito. La causa contra la fiscal prácticamente está perdida, y el tiempo no alcanzaría para el de la ministra, pues quedan por tratar los otros 3 juicios ya citados. De acuerdo a la ley, las interpelaciones deben sustanciarse en el orden en que son presentadas. Durante la sesión, César Umajinga, vocal de la mesa, apeló la gestión de Aguirre, por no acatar el fallo judicial y no convocarlos con rapidez. Por 5 votos contra 4, y pese a sus reclamos, la correísta fue apartada provisionalmente de sus funciones. Luis Alvarado, del oficialista ADN, quedó a cargo de la sesión. El propio Umajinga planteó acatar la decisión del juez, lo cual fue aprobado por similar votación. A la hora de calificar el juicio contra la fiscal, el correísmo tampoco logró los votos suficientes. ADN, el PSC y CONSTRUYE se pronunciaron en contra, lo que prácticamente significaría el fin de la aspiración de la Revolución Ciudadana. Fiscal se pronunciará después de decisión del pleno Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, anunció en sus redes sociales que se pronunciará sobre la no calificación de su juicio político en la Asamblea Nacional, una  vez que el pleno se pronuncie al respecto. Salazar insistió en que se trata de un «narcojuicio», que solo busca la impunidad.

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No pasó en Comisión de Fiscalización de la Asamblea pedido de juicio político a la canciller

Pese a los esfuerzos del correísmo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no aprobó el pedido de juicio político contra la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. El informe que recomendaba al pleno la interpelación, recibió los votos afirmativos de 4 de los 9 integrantes de la mesa. Los otros 5 se pronunciaron en contra. La sesión se realizó de modo virtual. En la apertura, la presidenta, Pamela Aguirre, solicitó a través de la Secretaría, que se lea la parte pertinente al informe motivado, relacionado con el trámite de solicitud de juicio político. El mismo fue planteado por la también correísta Yajhaira Urresta, por supuesto incumplimiento de funciones. Posteriormente, otro miembro de la Revolución Ciudadana, Lenin Barreto, mocionó que se apruebe el informe de interpelación. Pero en el momento de la votación, su propuesta no tuvo los votos necesarios. Un posterior pedido de reconsideración tampoco tuvo éxito, pues el mismo bloque de 5 asambleístas lo rechazó. Esta situación no dejó a Aguirre más remedio, que pedir la lectura del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El mismo establece que, si no aprueba un informe dentro del plazo previsto, deberá remitir en 2 días al presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación, así como un detalle de la posición de cada asambleísta miembro de la Comisión. La canciller Sommerfeld había anticipado que la propuesta de interpelación no tiene fundamento alguno, y que la comisión, con la complicidad del correísmo, introdujo “pruebas nuevas” durante su comparecencia, lo cual violenta la ley.

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Correísmo utiliza testimonios afines para impulsar interpelación contra la canciller

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional realizó una nueva sesión, dentro del proceso de sustanciación del juicio político contra la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. La ministra es acusada de “incumplimiento de funciones”, debido a la incursión de la Policía en la embajada de México, el pasado mes de abril. Como resultado de esa operación, el exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba asilado en el inmueble, fue arrestado. Como parte de la diligencia, este jueves intervino el diplomático boliviano Sacha Llorenti, reconocido simpatizante del socialismo, a pedido de la legisladora correísta Jhajaira Urresta, solicitante de la interpelación. En su testimonio, Llorenti cuestionó la incursión en la embajada, a la cual calificó como “un hecho absolutamente inédito en la historia de las relaciones diplomáticas de América Latina”. Asimismo, estimó que Ecuador debió respetar la decisión mexicana, de concederle asilo a Glas, pese a que era requerido por la justicia por actos de corrupción. Tanto la canciller como su abogado cuestionaron las palabras de Llorenti, ya que no había sido anunciado como parte del proceso. Es decir, era una “prueba nueva no anunciada”. Por tanto, se negaron a hacerle preguntas. Asimismo, señalaron que hasta ahora no se presentan bases para el juicio político Luego fue el turno de Fernando Yépez Lasso, quien ejerció cargos diplomáticos durante el correísmo. Más de lo mismo, y más críticas contra la intervención policial en la embajada mexicana. Sommefeld insistió en rechazar los testimonios, ya que nunca fueron informados de manera oficial. Asimismo, confirmó que acudirá a una eventual interpelación. Mientras tanto, en la sesión de este viernes, Urresta fue más allá, y denunció que habría intereses personales y familiares de la canciller para asaltar la Embajada de México en Quito. Según la asambleísta, en el 2010, es decir, hace 14 años, Sommerfeld era directora de la aerlínea Aerogal y vendió un paquete accionario a Holding Avianca, constituida en las Bahamas. Tras la incursión policial a la embajada azteca, dijo, Aeroméxico suspendió sus operaciones en el país. Luego, la Dirección de Aviación Civil anunció la prohibición del arribo y salida de vuelos a México, pero quedó sin efecto. Urresta afirmó que entre Ecuador y México hay 2 aerolíneas: Copa y Avianca. Esta última, acotó, es la empresa en la que presuntamente la familia de la canciller tendría acciones. Sin embargo, no presentó evidencias de sus aseveraciones. Además, cuestionó el perfil académico de la ministra, por ser «Licenciada en Finanzas y Marketing y con una maestría en Administración», títulos que considera insuficientes para su cargo.

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Vocales del CPCCS interrogados en Comisión de Fiscalización

Un ambiente tenso reinó este miércoles en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, durante la comparecencia de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los funcionarios fueron convocados para que informen en persona, sobre los procesos de designación y concursos públicos de méritos y oposición, que realiza su organismo. El llamado se basa, según la comisión, en informes que circulan en medios de comunicación y redes sociales, sobre “posibles irregularidades” en dichos procesos. El más reciente fue el de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Dunia Martínez, en base a una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Ante la comisión comparecieron Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, y Mishelle Calvache, vicepresidenta, así como los consejeros Nicole Bonifaz, Betsy Saltos, Johanna Verdezoto, Sócrates Verduga y Esteban Guarderas. También fue llamada María Granizo, secretaria general encargada. Los vocales dijeron no entender el motivo del llamado, toda vez que la designación de Martínez se realizó en base a la ley. La elección no estuvo exenta de política, pues hubo 3 votos a favor y 3 abstenciones, por lo cual se aprobó el voto dirimente de Fantoni, en su calidad de presidente. Por su parte, Bonifaz, destituida tiempo atrás de la Presidencia, denunció “artimañas” de la mayoría. También señaló que en la sesión virtual en referencia, le cortaron la comunicación.

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Wilman Terán compareció ante Comisión de Fiscalización de la Asamblea

Apelando a los tradicionales gestos que utilizaba cuando presidía el Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, encausado y detenido por ser parte de la red de corrupción del “Caso Metástasis”, se enfrentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Terán fue llevado desde la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de máxima seguridad del país, para que responda por las acusaciones que le endilgan, dentro del juicio político. También serán interpelados sus antiguos compañeros del CJ, Xavier Muñoz –detenido con él en “La Roca”- y Maribel Barreno, con quienes solía hacer mayoría. Terán no desaprovechó la ocasión para decir que es un perseguido, y que en “La Roca” no le permiten acceder a internet, a fin de analizar las acusaciones en su contra. Por ello, solicitó que el juicio político se suspenda por cuatro días, para leer todo el expediente. Sin embargo, la correísta Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, se negó a darle ese plazo pues, según dijo, los tiempos están ajustados. Terán se quejó de las condiciones de su encierro, al punto que ni siquiera puede salir al patio, sino pasando un día, y que no le han permitido leer la documentación del caso, pues tiene restringido el internet. También usó sus minutos para gesticular, como en sus mejores tiempos, e insistir que es inocente. En su testimonio afirmó que recibió presiones de la fiscal general, Diana Salazar, para la sentencia contra el expresidente Rafael Correa. Todo se habría realizado por medio de su emisario, Iván Saquicela. Sin embargo, no pudo presentar evidencias de estas acusaciones. También anotó que ella (Salazar) «cuidaba sus juicios», los cuales manejaba su juez nacional de apellido Macías. Según el detenido, a Saquicela se lo suspendió en su momento, pero esa suspensión no tuvo un grado penal como a él se lo está haciendo. Menciona que la fiscal le hablaba sobre el interés de cortar espacios en la Corte Nacional, para evitar «las cuotas de poder» y que la justicia sea manoseada por la política. Hace dos meses y medio, acotó, y luego de estar en la Cárcel 4 de Quito, fui llevado a la Roca. No me estoy victimizando, no he podido leer por la falta de lentes, la visibilidad en este último centro penitenciario se ha afectado. Soy una persona inocente procesada por un delito de papeles. Según dijo, habían quedado de acuerdo con el presidente Daniel Noboa, en que la Función Judicial no reclamaría los 250 millones de dólares que les correspondía, sino que podían hablar y hacer las coordinaciones, pero días después lo detuvieron. Conociendo que lo detendrían no huyó, ya que no tiene nada que ver con el narcotráfico, no es un ladrón, y su patrimonio es similar al que tiene hace 25 años, afirmó. Los jueces están bajo presión y no tuve ninguna sola conversación ni relación con el Caso Metástasis ni con el Caso Purga, agregó el detenido exfuncionario. En referencia al concurso de jueces, Terán indica que en el 2017 hubo una convocatoria para el remplazo en el 2018, y antes de la reconsideración final de los finalistas hubo puntuados, y por la paridad de género se eligió al presidente de ese entonces. También indicó que, luego de la designación de jueces y conjueces, se designó a los magistrados. Señala que dentro de la renovación parcial de la Corte Nacional en el 2021 se designó a jueces provinciales como temporales. Sin embargo, luego del concurso del 2021 se lo consideró inconstitucional, y se abstuvieron de participar. Aguirre prometió gestionar ante el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que le permitan acceder al infocentro de la prisión. Ya en materia de la interpelación, la comisión reiteró los cargos de irregularidades en el proceso de suspensión y destitución, del entonces juez Walter Macías; irregularidades en el concurso nacional de jueces; extensión arbitraria del periodo de jueces de la Corte Nacional, entre otros.

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Asamblea investigará posibles “sueldos dorados” en sector público

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, investigará las denuncias sobre supuestos “sueldos dorados” en ciertas instituciones del Estado. Según un análisis del Ministerio de Trabajo, más de 1.000 funcionarios, pertenecientes a 10 instituciones públicas, ganan más que el presidente de la República (5.072 dólares mensuales), lo cual está prohibido por la ley. Incluso se mencionaron nombres y puestos específicos, sin argumentos que justifiquen los ingresos desmesurados. El más sonado es el de un jefe de Tesorería de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), en Esmeraldas, que ganó en un mes 64.845 dólares. Es decir, 13 veces el salario presidencial Ante esta situación, la Comisión de Fiscalización anunció que indagará las denuncias, una por una. Si bien el tema no será prioridad por ahora, ya que están en proceso investigaciones por los llamados “Caso Purga” y “Caso Metástasis”, varios legisladores prometieron analizar las cifras.

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María Josefa Coronel, llamada a Comisión de Fiscalización por “advertencias” de corrupción

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional convocó oficialmente a María Josefa Coronel, ex directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, para este viernes, 8 de marzo. Coronel deberá comparecer de forma telemática, a las 11h00, mediante la plataforma Zoom. La ex funcionaria será interrogada por las supuestas advertencias que lanzó a líderes políticos, sobre la red de corrupción que existía en la Corte de Justicia del Guayas, y que era liderada por el ex asambleísta social cristiano, Pablo Muentes. De acuerdo a las investigaciones del “Caso Purga”, Muentes y varios jueces de la Corte, incluyendo la presidenta, vendían fallos y resoluciones a personas vinculadas al narcotráfico. Coronel, de acuerdo a una entrevista concedida a una radio, advirtió de estas irregularidades al líder del PSC, Jaime Nebot, quien lo negó de forma tajante. Además de la ex funcionaria, fueron convocados Daniel Kuri, Gabriel Díaz y Diana Calderón, ex directores del CJ en Guayas en el ámbito disciplinario; Ana Ayala, actual directora; Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y Jorge Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

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Comisión de Fiscalización vuelve a llamar a Gral. Tannya Varela

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llamó, por segunda vez, a la ex comandante de la Policía, Tannya Varela. Tanto ella como otras personas, implicadas en una presunta colaboración con grupos delictivos, fueron convocados por el organismo parlamentario, pero desistieron de asistir pues, según dicen, su única obligación es con la justicia. Los otros llamados fueron los ex generales de la Policía Giovanni Gilberto Ponce Parra y Mauro José Enrique Vargas Villacís, y el comandante actual, César Zapata. En su cuenta en la red social “X”, antes Twitter, Varela anticipó que no comparecería, porque la Asamblea “no es titular de la acción penal”. Los demás alegaron diversas ocupaciones. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, instaló la sesión, y constató la ausencia de los 4 oficiales. Tras esperar unos minutos, anunció una nueva convocatoria para este miércoles, 6 de marzo, a las 10h00. Quien sí estuvo, por iniciativa propia, fue el general en retiro Víctor Araus, quien pidió ser recibido para responder algunas inquietudes, lo cual fue aceptado. En su intervención, exhortó a los 4 oficiales ausentes “a dar la cara, para responder por los posibles vínculos de Varela con el narcotráfico”. Según una investigación, la ex comandante de la Policía tenía supuestos nexos con Dritán Gjika, parte de la seguridad de la mafia albanesa. También se la menciona en el caso León de Troya. Aguirre dispuso que se solicite a Migración los reportes de salida del país, para conocer si Varela, Ponce y Vargas aún se encuentran en Ecuador.

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