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Ecuador: septiembre 11, 2024

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PSC separa a legislador Rogel por votación sobre juicios políticos

Un legislador del PSC fue apartado de su bloque, por su votación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La acalorada sesión que sostuvo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la noche de este lunes, genera controversia. La causa es la forma grotesca y los gritos de los miembros correístas, que repartieron insultos y acusaciones. La reunión terminó con la no calificación del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, y la aceptación de la orden de un juez de Quito, de reanudar los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Leer también: Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso Se trata del entonces ministro de Economía, Pablo Arosemena; y de los exsecretarios de la Administración, Sebastián Corral; y de Educación Superior, Andrea Montalvo. Separado de su bloque Pero hubo otra arista. El legislador Lenín Rogel, del Partido Social Cristiano, fue apartado de la bancada, debido a que, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, de la cual forma parte, votó en blanco, cuando se trató la orden del juez. Con ello, se dio paso a reanudar los juicios políticos contra los exfuncionarios de Lasso, pero pudo significar que se calificara el juicio contra la fiscal, que el PSC rechaza. En un comunicado difundido en redes sociales, la bancada de la citada agrupación política, afirmó que lo resuelto por la comisión, “atenta categóricamente contra la Constitución, contra el pleno del Legislativo y contra la postura de nuestro partido”. Por ende, y en vista que Rogel votó en blanco, decidió separarlo de sus filas, aunque sin especificar si de forma provisional o definitiva. “Respeto pero no comparto” De su lado, Rogel opinó que la decisión del PSC “es acelerada”, y dijo no compartirla, aunque la respeta. También aclaró que, en efecto, tiene acercamientos con ADN, pero también con muchos otros bloques, con quienes analiza los problemas del país.

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Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar

En medio de incidentes, reclamos y gritos destemplados, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió, durante su sesión de la noche del lunes, “recuperar” los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Además, no calificó el proceso contra la fiscal general, Diana Salazar, si bien la decisión final debe ser tomada por el pleno. Las normativas establecen que los informes de las comisiones deben ser aprobados o rechazados por todo el Parlamento. Leer también: Fiscal Diana Salazar reasume funciones y afrontará juicio político Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso La jornada se extendió hasta horas de la madrugada, y estuvo salpicada de acusaciones mutuas y algunos insultos. Asesores y parlamentarios ajenos a la comisión también estuvieron presentes, y por la falta de espacio la tensión aumentó. Con la decisión, la comisión ataca el fallo del juez de Quito, Edgar Romero, quien aceptó una acción de protección planteada por la legisladora de ADN, Inés Alarcón, y dispuso que se cumplan los citados procesos. Los juicios contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, y los exsecretarios de la Administración, Sebastián Corral, y de Educación Superior, Andrea Montalvo, habían sido archivados, pero ahora tendrán que cumplirse de forma obligatoria. Solo cuando sean evacuados, habrá vía libre para la interpelación de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El de la fiscal general, Diana Salazar, como quedó señalado, no fue calificado, tal como ocurrió semanas atrás con el de la canciller, Gabriela Sommerfeld. Leer también: Archivado el pedido de juicio político contra canciller Gabriela Sommerfeld Leer también: Diana Salazar insiste: no le teme a un juicio político La intención del correísmo, que preside la comisión a través de Pamela Aguirre, era enjuiciar a Palencia y a Salazar cuanto antes. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito. La causa contra la fiscal prácticamente está perdida, y el tiempo no alcanzaría para el de la ministra, pues quedan por tratar los otros 3 juicios ya citados. De acuerdo a la ley, las interpelaciones deben sustanciarse en el orden en que son presentadas. Durante la sesión, César Umajinga, vocal de la mesa, apeló la gestión de Aguirre, por no acatar el fallo judicial y no convocarlos con rapidez. Por 5 votos contra 4, y pese a sus reclamos, la correísta fue apartada provisionalmente de sus funciones. Luis Alvarado, del oficialista ADN, quedó a cargo de la sesión. El propio Umajinga planteó acatar la decisión del juez, lo cual fue aprobado por similar votación. A la hora de calificar el juicio contra la fiscal, el correísmo tampoco logró los votos suficientes. ADN, el PSC y CONSTRUYE se pronunciaron en contra, lo que prácticamente significaría el fin de la aspiración de la Revolución Ciudadana. Fiscal se pronunciará después de decisión del pleno Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, anunció en sus redes sociales que se pronunciará sobre la no calificación de su juicio político en la Asamblea Nacional, una  vez que el pleno se pronuncie al respecto. Salazar insistió en que se trata de un “narcojuicio”, que solo busca la impunidad.

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No pasó en Comisión de Fiscalización de la Asamblea pedido de juicio político a la canciller

Pese a los esfuerzos del correísmo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no aprobó el pedido de juicio político contra la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. El informe que recomendaba al pleno la interpelación, recibió los votos afirmativos de 4 de los 9 integrantes de la mesa. Los otros 5 se pronunciaron en contra. La sesión se realizó de modo virtual. En la apertura, la presidenta, Pamela Aguirre, solicitó a través de la Secretaría, que se lea la parte pertinente al informe motivado, relacionado con el trámite de solicitud de juicio político. El mismo fue planteado por la también correísta Yajhaira Urresta, por supuesto incumplimiento de funciones. Posteriormente, otro miembro de la Revolución Ciudadana, Lenin Barreto, mocionó que se apruebe el informe de interpelación. Pero en el momento de la votación, su propuesta no tuvo los votos necesarios. Un posterior pedido de reconsideración tampoco tuvo éxito, pues el mismo bloque de 5 asambleístas lo rechazó. Esta situación no dejó a Aguirre más remedio, que pedir la lectura del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El mismo establece que, si no aprueba un informe dentro del plazo previsto, deberá remitir en 2 días al presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación, así como un detalle de la posición de cada asambleísta miembro de la Comisión. La canciller Sommerfeld había anticipado que la propuesta de interpelación no tiene fundamento alguno, y que la comisión, con la complicidad del correísmo, introdujo “pruebas nuevas” durante su comparecencia, lo cual violenta la ley.

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Correísmo utiliza testimonios afines para impulsar interpelación contra la canciller

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional realizó una nueva sesión, dentro del proceso de sustanciación del juicio político contra la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. La ministra es acusada de “incumplimiento de funciones”, debido a la incursión de la Policía en la embajada de México, el pasado mes de abril. Como resultado de esa operación, el exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba asilado en el inmueble, fue arrestado. Como parte de la diligencia, este jueves intervino el diplomático boliviano Sacha Llorenti, reconocido simpatizante del socialismo, a pedido de la legisladora correísta Jhajaira Urresta, solicitante de la interpelación. En su testimonio, Llorenti cuestionó la incursión en la embajada, a la cual calificó como “un hecho absolutamente inédito en la historia de las relaciones diplomáticas de América Latina”. Asimismo, estimó que Ecuador debió respetar la decisión mexicana, de concederle asilo a Glas, pese a que era requerido por la justicia por actos de corrupción. Tanto la canciller como su abogado cuestionaron las palabras de Llorenti, ya que no había sido anunciado como parte del proceso. Es decir, era una “prueba nueva no anunciada”. Por tanto, se negaron a hacerle preguntas. Asimismo, señalaron que hasta ahora no se presentan bases para el juicio político Luego fue el turno de Fernando Yépez Lasso, quien ejerció cargos diplomáticos durante el correísmo. Más de lo mismo, y más críticas contra la intervención policial en la embajada mexicana. Sommefeld insistió en rechazar los testimonios, ya que nunca fueron informados de manera oficial. Asimismo, confirmó que acudirá a una eventual interpelación. Mientras tanto, en la sesión de este viernes, Urresta fue más allá, y denunció que habría intereses personales y familiares de la canciller para asaltar la Embajada de México en Quito. Según la asambleísta, en el 2010, es decir, hace 14 años, Sommerfeld era directora de la aerlínea Aerogal y vendió un paquete accionario a Holding Avianca, constituida en las Bahamas. Tras la incursión policial a la embajada azteca, dijo, Aeroméxico suspendió sus operaciones en el país. Luego, la Dirección de Aviación Civil anunció la prohibición del arribo y salida de vuelos a México, pero quedó sin efecto. Urresta afirmó que entre Ecuador y México hay 2 aerolíneas: Copa y Avianca. Esta última, acotó, es la empresa en la que presuntamente la familia de la canciller tendría acciones. Sin embargo, no presentó evidencias de sus aseveraciones. Además, cuestionó el perfil académico de la ministra, por ser “Licenciada en Finanzas y Marketing y con una maestría en Administración”, títulos que considera insuficientes para su cargo.

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Vocales del CPCCS interrogados en Comisión de Fiscalización

Un ambiente tenso reinó este miércoles en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, durante la comparecencia de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los funcionarios fueron convocados para que informen en persona, sobre los procesos de designación y concursos públicos de méritos y oposición, que realiza su organismo. El llamado se basa, según la comisión, en informes que circulan en medios de comunicación y redes sociales, sobre “posibles irregularidades” en dichos procesos. El más reciente fue el de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Dunia Martínez, en base a una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Ante la comisión comparecieron Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, y Mishelle Calvache, vicepresidenta, así como los consejeros Nicole Bonifaz, Betsy Saltos, Johanna Verdezoto, Sócrates Verduga y Esteban Guarderas. También fue llamada María Granizo, secretaria general encargada. Los vocales dijeron no entender el motivo del llamado, toda vez que la designación de Martínez se realizó en base a la ley. La elección no estuvo exenta de política, pues hubo 3 votos a favor y 3 abstenciones, por lo cual se aprobó el voto dirimente de Fantoni, en su calidad de presidente. Por su parte, Bonifaz, destituida tiempo atrás de la Presidencia, denunció “artimañas” de la mayoría. También señaló que en la sesión virtual en referencia, le cortaron la comunicación.

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Wilman Terán compareció ante Comisión de Fiscalización de la Asamblea

Apelando a los tradicionales gestos que utilizaba cuando presidía el Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, encausado y detenido por ser parte de la red de corrupción del “Caso Metástasis”, se enfrentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Terán fue llevado desde la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de máxima seguridad del país, para que responda por las acusaciones que le endilgan, dentro del juicio político. También serán interpelados sus antiguos compañeros del CJ, Xavier Muñoz –detenido con él en “La Roca”- y Maribel Barreno, con quienes solía hacer mayoría. Terán no desaprovechó la ocasión para decir que es un perseguido, y que en “La Roca” no le permiten acceder a internet, a fin de analizar las acusaciones en su contra. Por ello, solicitó que el juicio político se suspenda por cuatro días, para leer todo el expediente. Sin embargo, la correísta Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, se negó a darle ese plazo pues, según dijo, los tiempos están ajustados. Terán se quejó de las condiciones de su encierro, al punto que ni siquiera puede salir al patio, sino pasando un día, y que no le han permitido leer la documentación del caso, pues tiene restringido el internet. También usó sus minutos para gesticular, como en sus mejores tiempos, e insistir que es inocente. En su testimonio afirmó que recibió presiones de la fiscal general, Diana Salazar, para la sentencia contra el expresidente Rafael Correa. Todo se habría realizado por medio de su emisario, Iván Saquicela. Sin embargo, no pudo presentar evidencias de estas acusaciones. También anotó que ella (Salazar) “cuidaba sus juicios”, los cuales manejaba su juez nacional de apellido Macías. Según el detenido, a Saquicela se lo suspendió en su momento, pero esa suspensión no tuvo un grado penal como a él se lo está haciendo. Menciona que la fiscal le hablaba sobre el interés de cortar espacios en la Corte Nacional, para evitar “las cuotas de poder” y que la justicia sea manoseada por la política. Hace dos meses y medio, acotó, y luego de estar en la Cárcel 4 de Quito, fui llevado a la Roca. No me estoy victimizando, no he podido leer por la falta de lentes, la visibilidad en este último centro penitenciario se ha afectado. Soy una persona inocente procesada por un delito de papeles. Según dijo, habían quedado de acuerdo con el presidente Daniel Noboa, en que la Función Judicial no reclamaría los 250 millones de dólares que les correspondía, sino que podían hablar y hacer las coordinaciones, pero días después lo detuvieron. Conociendo que lo detendrían no huyó, ya que no tiene nada que ver con el narcotráfico, no es un ladrón, y su patrimonio es similar al que tiene hace 25 años, afirmó. Los jueces están bajo presión y no tuve ninguna sola conversación ni relación con el Caso Metástasis ni con el Caso Purga, agregó el detenido exfuncionario. En referencia al concurso de jueces, Terán indica que en el 2017 hubo una convocatoria para el remplazo en el 2018, y antes de la reconsideración final de los finalistas hubo puntuados, y por la paridad de género se eligió al presidente de ese entonces. También indicó que, luego de la designación de jueces y conjueces, se designó a los magistrados. Señala que dentro de la renovación parcial de la Corte Nacional en el 2021 se designó a jueces provinciales como temporales. Sin embargo, luego del concurso del 2021 se lo consideró inconstitucional, y se abstuvieron de participar. Aguirre prometió gestionar ante el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que le permitan acceder al infocentro de la prisión. Ya en materia de la interpelación, la comisión reiteró los cargos de irregularidades en el proceso de suspensión y destitución, del entonces juez Walter Macías; irregularidades en el concurso nacional de jueces; extensión arbitraria del periodo de jueces de la Corte Nacional, entre otros.

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Asamblea investigará posibles “sueldos dorados” en sector público

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, investigará las denuncias sobre supuestos “sueldos dorados” en ciertas instituciones del Estado. Según un análisis del Ministerio de Trabajo, más de 1.000 funcionarios, pertenecientes a 10 instituciones públicas, ganan más que el presidente de la República (5.072 dólares mensuales), lo cual está prohibido por la ley. Incluso se mencionaron nombres y puestos específicos, sin argumentos que justifiquen los ingresos desmesurados. El más sonado es el de un jefe de Tesorería de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), en Esmeraldas, que ganó en un mes 64.845 dólares. Es decir, 13 veces el salario presidencial Ante esta situación, la Comisión de Fiscalización anunció que indagará las denuncias, una por una. Si bien el tema no será prioridad por ahora, ya que están en proceso investigaciones por los llamados “Caso Purga” y “Caso Metástasis”, varios legisladores prometieron analizar las cifras.

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María Josefa Coronel, llamada a Comisión de Fiscalización por “advertencias” de corrupción

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional convocó oficialmente a María Josefa Coronel, ex directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, para este viernes, 8 de marzo. Coronel deberá comparecer de forma telemática, a las 11h00, mediante la plataforma Zoom. La ex funcionaria será interrogada por las supuestas advertencias que lanzó a líderes políticos, sobre la red de corrupción que existía en la Corte de Justicia del Guayas, y que era liderada por el ex asambleísta social cristiano, Pablo Muentes. De acuerdo a las investigaciones del “Caso Purga”, Muentes y varios jueces de la Corte, incluyendo la presidenta, vendían fallos y resoluciones a personas vinculadas al narcotráfico. Coronel, de acuerdo a una entrevista concedida a una radio, advirtió de estas irregularidades al líder del PSC, Jaime Nebot, quien lo negó de forma tajante. Además de la ex funcionaria, fueron convocados Daniel Kuri, Gabriel Díaz y Diana Calderón, ex directores del CJ en Guayas en el ámbito disciplinario; Ana Ayala, actual directora; Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y Jorge Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

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Comisión de Fiscalización vuelve a llamar a Gral. Tannya Varela

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llamó, por segunda vez, a la ex comandante de la Policía, Tannya Varela. Tanto ella como otras personas, implicadas en una presunta colaboración con grupos delictivos, fueron convocados por el organismo parlamentario, pero desistieron de asistir pues, según dicen, su única obligación es con la justicia. Los otros llamados fueron los ex generales de la Policía Giovanni Gilberto Ponce Parra y Mauro José Enrique Vargas Villacís, y el comandante actual, César Zapata. En su cuenta en la red social “X”, antes Twitter, Varela anticipó que no comparecería, porque la Asamblea “no es titular de la acción penal”. Los demás alegaron diversas ocupaciones. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, instaló la sesión, y constató la ausencia de los 4 oficiales. Tras esperar unos minutos, anunció una nueva convocatoria para este miércoles, 6 de marzo, a las 10h00. Quien sí estuvo, por iniciativa propia, fue el general en retiro Víctor Araus, quien pidió ser recibido para responder algunas inquietudes, lo cual fue aceptado. En su intervención, exhortó a los 4 oficiales ausentes “a dar la cara, para responder por los posibles vínculos de Varela con el narcotráfico”. Según una investigación, la ex comandante de la Policía tenía supuestos nexos con Dritán Gjika, parte de la seguridad de la mafia albanesa. También se la menciona en el caso León de Troya. Aguirre dispuso que se solicite a Migración los reportes de salida del país, para conocer si Varela, Ponce y Vargas aún se encuentran en Ecuador.

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Fracasa el primer intento del correísmo por alterar orden para juicios políticos

Primicias .- Comisión de Fiscalización fue convocada a sesión para avocar conocimiento del pedido de interpelación contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, pero no hubo votos. Asamblea Nacional contradice a la asambleísta Pamela Aguirre. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea fue convocada este lunes, 11 de diciembre de 2023, para avocar conocimiento del pedido de juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, y acelerar esta causa de manera intempestiva. La correísta Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, hizo la convocatoria para activar este proceso, pese a que el titular de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), había anunciado que primero debían tramitarse cinco procesos represados de la anterior Legislatura. Aguirre adujo que esta decisión la tomó porque todavía no ha recibido los expedientes completos de los pedidos de juicio político contra vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Judicatura ni contra los exministros Darío Herrera ni Esteban Bernal, que se presentaron en la anterior Legislatura. Según la asambleísta, al momento, la Comisión recibió de la Secretaría de la Asamblea los expedientes completos de los pedidos de interpelación contra Santos Alvite, el exministro del Interior, Juan Zapata, y la fiscal General, Diana Salazar, que impulsa el correísmo en este periodo como una prioridad. Sin embargo, en la Comisión no hubo los votos para calificar el proceso contra Santos Albite, el primero que se presenta desde que la Asamblea inició funciones el 17 de noviembre. La moción del correísta Lenín Barreto solo sumó cuatro votos de sus coidearios, mientras los cinco delegados de otras bancadas votaron en contra. Quedó abierta la posibilidad de reconsideración, pues después de que la mesa entró en receso por unos momentos no hubo quórum para retomar la sesión. Aguirre fustigó a los delegados de las bancadas, pero ellos denunciaron que no dieron paso a una maniobra del correísmo para alterar el orden de los juicios políticos hasta poder llegar al caso de la fiscal Salazar. Previamente, Santos Alvite compareció a esta Comisión como parte de la fiscalización a la crisis energética que atraviesa el país. El exministro, blanco de críticas por la falta de un plan de contingencia frente a los apagones, dijo a los legisladores que no leyó las cláusulas del contrato de compra de energía a Colombia que, según la actual ministra, se da a un costo que supera el 35% del valor normal. Asamblea contradice a Aguirre En un comunicado, la Asamblea Nacional contradice a la asambleísta Pamela Aguirre respecto a supuestas demoras con la entrega de los expedientes de los juicios políticos en trámite. La Secretaría General de la Asamblea atendió a un primer pedido de información de Aguirre, el pasado 28 de noviembre. Un segundo requerimiento estaba disponible en el archivo de la biblioteca desde el sábado 9 de diciembre, según la entidad. El Secretario Relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político acudió a recibir dicha documentación el día lunes 11 de diciembre de 2023, a las 8:30, apunta el comunicado. “La Secretaría General de la Asamblea Nacional ha cumplido con cada uno de los requerimientos solicitados por la asambleísta Pamela Aguirre, quien cuenta con toda la información y documentación correspondiente”, añade el escrito

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Abogado de Guillermo Lasso objeta pruebas requeridas por Unes para juicio político

EL COMERCIO .- El abogado del presidente Guillermo Lasso, Edgar Neira, objetó las pruebas de oficio requeridas por tres asambleístas de la bancada correísta de Unión por Esperanza (Unes) para la sustanciación del juicio político contra el Mandatario. Neira remitió un escrito a la Comisión de Fiscalización este lunes, 10 de abril del 2023, antes de que se instalara la sesión para conocer y aprobar las pruebas de oficio solicitadas por asambleístas de esta mesa.   Las observaciones del abogado de Lasso se centraron en 36 requerimientos de información que hicieron Roberto Cuero (10), Gabriela Molina (14) y Pascasio Córdova (12), legisladores del correísmo.   Las solicitudes de los tres legisladores se enfocan en la gestión de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), desde el 2021, cuando inició la gestión Lasso, hasta ahora. Pero el abogado pidió que esto se amplíe al 2018, cuando se firmó el contrato cuestionado para el arrendamiento de buques.   A su criterio, sus reparos tienden “a que se complemente una prueba mal solicitada, insuficiente o en algunos casos sesgada”. Controversia El juicio político contra Lasso es impulsado por Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la coalición opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).   Pazmiño aseguró que “no le va a dar el gusto” al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (ind.), para que singularicen (o aclaren) las pruebas que serán presentadas para esta causa.   “No tenemos por qué singularizar las pruebas, debemos presentar todos los instrumentos, comparecencias, documentos y audios que existen para enfocar hacia lo que es el peculado, que lo demostraremos en la sustanciación del juicio político”, adujo Pazmiño.   Lasso remitió previamente un escrito a la Comisión y pidió que se certifique si los proponentes cumplen con el dictamen de la Corte que admitió a trámite el juicio político contra Lasso por supuesto peculado en un contrato de Flopec y desechó otros cargos por supuesta concusión.

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Juicio político contra Guillermo Lasso entra a la Comisión de Fiscalización; estos son los plazos

EL COMERCIO .- Para este lunes 3 de abril de 2023, a las 14:00, se convocará a los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para avocar conocimiento sobre la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Así lo dio a conocer el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside esta Comisión. De acuerdo con Fernando Villavicencio, hasta el martes 4 de abril se notificaría sobre el proceso al presidente Guillermo Lasso y a los asambleístas solicitantes del juicio político (Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo). A partir de la notificación formal, que incluirá el informe de admisibilidad y la documentación remitida por la Corte Constitucional, empezarán a correr los plazos para procesar dicha solicitud.   En la primera etapa del proceso, la defensa de Guillermo Lasso y los asambleístas solicitantes del juicio político contarán con diez días para presentar las pruebas de cargo y de descargo. Esto incluirá sábados, domingos y también el feriado de Semana Santa que está de por medio.   Posteriormente, habrá diez días adicionales para evaluar las pruebas de cargo y descargo por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Para Fernando Villavicencio, esta etapa es de suma importancia ya que allí se evaluará la calidad del material que presenten el acusado y los acusadores.   Finalmente, la Comisión de Fiscalización tendrá diez días para redactar el informe sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio sostiene que los plazos se respetarán, sin apurar el proceso debido a la importancia que este tiene para el Ecuador.   Para centrar esfuerzos en la realización del informe, el Consejo Administrativo Legislativo (CAL) dispuso la suspensión de todos los procesos que estaban dentro de la Comisión de Fiscalización.   Fernando Villavicencio sostiene que en los 30 días del proceso dentro de la Comisión, que podrían correr a partir de martes 4 de abril, su meta es “reivindicar el hecho de que un juicio político tiene que respetar el derecho”.   El fin de semana antes de que se inicie el proceso en la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Ricardo Vanegas realizó una entrevista a Oswaldo Rosero, exgerente de Flopec y un testigo que formaría parte en el proceso de juicio político. La acusación por posible peculado que llevará al Presidente al juicio político sostiene que Guillermo Lasso habría consentido “la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos”.   Ricardo Vanegas reveló que el informe de la Contraloría que se usó como prueba en la solitud de juicio político no concluye que el contrato con Flopec debía darse por terminado. Rosero dijo, además, que dicho documento disponía que se renegocien esos contratos “para que se puedan emitir las soluciones al caso” tras un análisis económico-legal. Según Vanegas, Flopec habría aplicado las recomendaciones de la Contraloría, por lo cual se habría generado USD 400 millones más en el 2022 con relación al 2021 en los ingresos operacionales relacionados con el transporte marítimo de hidrocarburos.

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