El Universo .- La Corte Constitucional observa la integración de una veeduría para revisar cómo fueron electos sus mismos jueces. Hay 20 veedores listos para la tarea. En el interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hay expectativa e incertidumbre. Sus siete consejeros habrían suspendido sus actividades territoriales para preparar estrategias de defensa, pues en diez días deben comparecer ante los jueces de la Corte Constitucional (CC) para explicar qué hicieron para cumplir un dictamen interpretativo que blindó la elección de autoridades que realizaron sus antecesores del Consejo Transitorio entre el 2018 y 2019.   La fecha prevista para la diligencia es el 25 de septiembre a las 10:00 y deben comparecer Alembert Vera, presidente del CPCCS; Nicole Bonifaz, vicepresidenta; y los vocales Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Augusto Verduga, Johanna Verdezoto y Yadira Saltos. También, Ismael Merizalde, coordinador jurídico, y Gary Nuñez, subcoordinador de Control Social.   En esos días, el CPCCS estará bajo presión, pues se conocería al virtual ganador del concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado, que estará en la etapa de recalificación de los méritos y del examen escrito de 103 postulantes que compiten por ese cargo. Aunque, en las últimas horas, un juez de Bucay (Guayas) dictó una medida cautelar en el trámite de una acción de protección que suspendió el proceso, y la audiencia para sustanciarla está convocada para el 26 de septiembre.   Estos siete consejeros llevan apenas cuatro meses en sus cargos, pero ya fueron convocados por la Corte Constitucional para que expliquen sobre la conformación de una veeduría ciudadana que busca evaluar la elección de los jueces constitucionales. Y, también, por la aprobación de un informe de investigación por presunto plagio, con recomendaciones incluso penales, que aprobaron Vera, Verdezoto, Verduga y Saltos, en contra de la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, designada por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. QUITO (14-05-2023).- En el pleno de la Asamblea Nacional fueron posesionados los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo La Corte reaccionó luego que, el 1 de septiembre, el CPCCS convocó a integrar esta veeduría solicitada por una ciudadana, Betty Moreira Marcillo, para “diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS transitorio”.   La veeduría está casi lista para funcionar. En total, se inscribieron 41 personas, pero unas 20 habrían sido admitidas, pues cumplieron los requisitos y pasarán a la etapa de inducción y planificación de las actividades que realizarán.   El auto de seguimiento de la sentencia se aprobó con ocho votos y el concurrente (que está de acuerdo con la mayoría, pero difiere del razonamiento jurídico) del juez Enrique Herrería, quien consideró que la Corte se “encuentra habilitada para tomar una decisión”.   No obstante, los magistrados resolvieron escucharlos en audiencia, lo que permitiría garantizar el debido proceso e individualizar responsabilidades en el caso de sanciones, que podrían llegar hasta la destitución, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución. La constitucionalista Verónica Hernández explicó que esta audiencia permitirá “observar si lo que los jueces dictaron en el 2019 se ha cumplido o no, es decir, para recabar pruebas, información y elementos de juicio”. También, para individualizar posibles sanciones, ya que el Consejo es un órgano colegiado y debe definirse quién incumplió el dictamen. Reflexionó que, si bien el Consejo tiene la atribución de promover la participación ciudadana, la selección de los actuales jueces de la Corte Constitucional cumplió con esa observación. “En el momento del concurso de selección de los jueces esta participación ciudadana se dio. La gente participó, impugnó a los candidatos, reclamó, se siguió un proceso para elegirlos. Los jueces ya se sometieron a la impugnación ciudadana”, dijo la jurista, y se preguntó sobre la real intención de conformar esta veeduría. “La veeduría y sus recomendaciones podrían no tener un efecto sobre el dictamen, pero sí sobre la institucionalidad de la Corte: de provocar crisis, generar desconfianza al sistema de justicia. Es como querer tumbar instituciones, porque la Corte es incómoda para el Ejecutivo, para el CPCCS, para la misma Función Judicial y hasta para ciertos sectores. Pero es una Corte independiente, con sus opiniones, de las que muchos podremos discrepar, pero que ha hecho prevalecer el Estado de derecho en ausencia de la Asamblea Nacional. Hace su trabajo y también se equivoca. Y se pueden cuestionar sus fallos, pero no acusarlos de corrupción”, opinó Hernández. Según André Benavides, constitucionalista, la audiencia pública se convierte en una fase para exponer argumentos de los observados y está contemplada en la ley y el reglamento que rige a la CC. “En esta audiencia los consejeros tendrán que exponer de manera oral sus argumentos, más allá de lo que han advertido en sus escritos. El objetivo es valorar los criterios, antes de tomar una decisión; porque, si bien es cierto que con los escritos se podría llegar a una decisión, de alguna forma, lo que se pretende garantizar es el debido proceso y determinar con mayor exactitud las responsabilidades individuales de cada funcionario que está siendo objeto del seguimiento de cumplimiento de dictamen”, precisó Benavides. El jurista Ramiro García Falconí cree también que esta audiencia servirá para velar por el debido proceso, en la cual los consejeros ejerzan su derecho a la defensa. Pero cuestiona el intento de crear esta veeduría ciudadana. “Quisieron pasarse de vivos y que una persona presente una acción de protección para crear la veeduría”, dijo García, y no descartó que se trate de una estrategia política para afectar la Función Judicial y “bajarse a la Corte Constitucional, bajarse a la fiscal (Diana Salazar), que es a lo que apuntó el Consejo. Es una estrategia obvia y burda”, opinó en una entrevista en Radio Democracia de este jueves. Un antecedente de cómo procedió la Corte ante un incumplimiento de una de sus sentencias ocurrió hace ocho meses, el 23 de enero de 2023, cuando destituyó a los siete exconsejeros