Dirigentes de organizaciones que conforman el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunciaron este 1 de diciembre de 2022 que protagonizarán una movilización nacional el 8 del mismo mes, en contra del Gobierno. No están de acuerdo con los USD 25 que se incrementará al salario para el 2023. Exigen mejores políticas en materia de salarios, seguridad y representación de la seguridad social. “No podemos aplaudir una decisión que no va en la línea de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, cuando al Constitución establece que el salario debe ser de carácter progresivo hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar. Más aún cuando hay un Consejo de Salarios que no ha funcionado. Frente a eso, queremos anunciar que el FUT convoca a una jornada de movilización, en defensa de la vida, para el ocho de diciembre”, expresó el dirigente José Villavicencio en una rueda de prensa. Se refiere al Decreto Ejecutivo 611, suscrito el 30 de noviembre por el presidente Guillermo Lasso. En ese documento el Mandatario ordena fijar el Salario Básico Unificado (SBU) del trabajador en general en USD 450 dólares, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas, de maquila, trabajador o trabajadora remunerada del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa. Lasso tomó la decisión ante la falta de consenso de los integrantes del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. El nuevo salario regirá a partir del 1 de enero de 2023, mientras tanto el SBU es de USD 425 hasta este año. Villavicencio señaló que la situación social y económica de los trabajadores se agudizó durante y después de la pandemia. En ese sentido cuestionó que desde el 2015 los sueldos y salarios en el sector público “están congelados”. La movilización estará enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, según los dirigentes. Esta fecha se celebra cada 10 de diciembre. Exigencias del FUT sobre los salarios La actual presidenta del FUT, Marcela Arellano, indicó que a las organizaciones les preocupa tres situaciones: Seguridad, seguridad social y empleo. Hizo un llamado al Gobierno para que salvaguarde la vida de los ecuatorianos a través de una política de seguridad ante la ola de violencia. Recalcó la necesidad de salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) porque atraviesa un momento de su gobernabilidad está en entredicho. Exigió un Consejo Directivo con representación legítima de los afiliados, empleadores y del Gobierno. A eso le sumó que se debe establecer una política de empleo “que asegure empleo digno y salve de la crisis a las familias ecuatorianas”. Los dirigentes plantean que exista una política general de sueldos y salarios. Esto significa que se dé un “incremento para todos los ecuatorianos, sector público y sector privado. Esto no existe”, agregó Villavicencio. Mesías Tatamuez, dirigente, manifestó que la canasta básica bordea los USD 800, más que el salario básico de USD 425 dólares, lo que evidencia que es un costo de vida “muy duro”. Criticó que, para los empresarios en el Consejo de Salarios, el incremento de USD 11 dólares era suficiente. La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, aprovechó para denunciar que el 12 de septiembre alertó al Ministerio de Educación sobre la inseguridad en el Colegio Consejo Provincial de Pichincha. “La respuesta fue que todo estaba bien, pero los hechos nos demuestran lo contrario”, expresó Vargas. Padres de familia denunciaron que en ese establecimiento educativo ocurrió una presunta agresión sexual. La UNE hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones competentes porque “le están debiendo a los estudiantes” la formación del Observatorio de Violencia Escolar, cuyo plazo venció en octubre de 2021. Fuente: El Comercio