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Cercanos al correísmo estarían a un paso de formar parte de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral

La Hora .- Postulantes que dicen sentirse perjudicados planean presentar acciones de protección por presuntas irregularidades. Algunos postulantes cercanos al correísmo estarían a un paso de formar parte de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), previsto en el artículo 18 de la Constitución. En el grupo de los mejores puntuados dentro de la etapa de calificación de méritos (experiencia en temas electorales) que se desarrolla en la comisión ciudadana de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aparece Eduardo Franco Loor, quien fue uno de los abogados del expresidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos, y actualmente prófugo de la justicia en Bélgica.   En las elecciones del 5 febrero de 2023, Franco Loor (con calificación de 46,75 puntos en la fase de méritos) no logró estar entre los más votados para integrar el Cpccs, y en el camino decidió probar suerte para formar parte del Pleno del CNE que organizará las elecciones presidenciales y legislativas en 2025, después de la etapa de transición por efectos de la ‘muerte cruzada’.   Exjuez de la Corte Constitucional La comisión ciudadana que elegirá a los nuevos vocales del CNE está presidida por Roberto Bhrunis. En 2008, durante el régimen de Correa, Bhrunis se desempeñó como juez de la Corte Constitucional (CC).   Otra de las mejor calificadas (con 46 puntos) por la comisión del Cpccs en esta fase del concurso es Vielka Párraga Macías.  Al igual que Franco Loor, ella apareció en en spots publicitarios utilizando ropa con el mismo tono que usaron los candidatos a las elecciones seccionales del movimiento correísta Revolución Ciudadana.   Aunque en las elecciones del 5 de febrero de 2023, Párraga no alcanzó los votos  suficientes para ser vocal principal en el Cpccs, los números sí le alcanzaron para ser vocal suplente en el Consejo Ciudadano.   Dicen sentirse perjudicados Entre un grupo de aspirantes que, según dicen, no recibieron por parte de la Comisión Ciudadana de Selección una calificación “justa” en la fase de méritos, hay inconformidad.   Mencionan, por ejemplo, que, en el caso de Vielka Párraga, el reglamento establecería una prohibición de que un consejero se postule para otra dignidad.   Los postulantes que se sienten perjudicados no descartan que una vez que finalice el concurso previsto para los últimos días de agosto, presentar acciones de protección, o en un caso extremo no se presentarían a la convocatoria de la prueba escrita y práctica que se evalúan sobre 30 y 20 puntos, respectivamente.   “Con esto, la legitimidad de la designación de los nuevos vocales, quedará en duda”, comentó una aspirante que decidió no continuar con las siguientes etapas del concurso, y que pidió la reserva de su nombre.   En el concurso, la Comisión de Selección deberá nombrar dos vocales principales y dos suplentes.   Mónica Banegas Cedillo es otra postulante con una de las mejores calificaciones (fue puntuada con 48,5). Formó parte del Cpccs entre 2010 y 2015.  Junto a Fernando Cedeño (exasambleísta de la Revolución Ciudadana) Marcela Miranda y Luis Pachala consolidaron una mayoría al interno del Cpccs.   Exfuncionario del CNE Daniel González Pérez (47 puntos) también forma parte del grupo con los mayores puntajes.  González fue asesor- jefe de despacho de Juan Pablo Pozo, expresidente del CNE.   En mayo de 2017, Rafael Correa condecoró hoy a Juan Pablo Pozo con la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz “por su trabajo” durante el proceso electoral de ese año en el cual se eligió al nuevo Presidente de la República para el periodo 2017-2021. (SC)   Sorteo público y renovación parcial Entre las atribuciones del Cpccs, está realizar un sorteo público para cumplir con el artículo 18 de la Constitución y proceder con la renovación parcial del CNE.   “El CNE se integrará por cinco consejeros principales y cinco suplentes y ejercerán sus funciones por seis años y se renovarán parcialmente cada tres años; dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda y así sucesivamente”, refiere este numeral de la Carta Política.   A la par, dice la Carta Política del Estado, una comisión ciudadana de selección del Cpccs deberá operativizar el concurso para llenar las dos vacantes de los vocales del CNE que deberán dejar sus cargos luego del sorteo público.

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$799’176.776 se requieren para financiar 30 proyectos de la Judicatura

La Hora .- Los datos se desprenden de un informe de 26 páginas de la mesa técnica integrada por funcionarios de la Judicatura y el Ministerio de Economía.   En cumplimiento de la sentencia emitida por Cecilia Pareja, jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha, de abril de 2023, el  Consejo de la Judicatura (CJ) identificó 30 proyectos que cubren los requerimientos tecnológicos, de talento humano y bienes, con los cuales se garantizaría la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) de los usuarios del sistema, y cumplir con las obligaciones constitucionales y legales de la institución.   El monto de los 30 proyectos de gasto corriente e inversión que planteó como requerimiento el CJ en las mesas técnicas que se instalaron en junio con delegados del Ministerio de Economía para ser ejecutados entre 2023, 2024 y 2025, fue de $799’176.776.   Del total de proyectos, 19 son de inversión, 9 de gasto corriente y 2 corresponden a los requerimientos de la Fiscalía General de Estado (FGE) y de la Defensoría Pública.   Los prioritarios La Judicatura realizó una subdivisión de los 30 proyectos y solo presentó a la Secretaria Nacional de Planificación (Senplades) nueve considerados “prioritarios” para gasto corriente, que cubren los rubros de talento humano y bienes para el sostenimiento y mejoramiento del sistema judicial.   El financiamiento para los nueve proyectos durante 2023, 2024, y 2025, asciende a $267’215.125, entre otros para contratar jueces, compra de equipo jurisdiccional, infraestructura, plan de citaciones, etc.   Presupuesto para 2023 Para el ejercicio fiscal 2023, el monto que fue solicitado al Ministerio de Economía  durante las mesas técnicas y que está en análisis de la Senplades, desde el 22 de junio, es de $34’272.879,05.   Según la Judicatura  los proyectos son ejecutables si los recursos se transfieren con la debida oportunidad. Estas propuestas fueron presentadas entre mayo y junio de 2023.   Para talento humano En el requerimiento presupuestario para talento humano se agruparon todas las necesidades para solventar el déficit de jueces,  fiscales, defensores públicos, así como otros funcionarios judiciales necesarios para elevar la capacidad de despacho de las unidades, planteando una ejecución progresiva, considerando que, en algunos casos, el ingreso de funcionarios requiere procesos previos como concursos públicos de oposición y méritos.   En este grupo también se solicitaron los recursos para realizar los concursos, dado que el Consejo de la Judicatura ya no cuenta con bancos de elegibles de donde realizar designaciones para reemplazos de jueces.  Actualmente, solo está  vigente el banco de elegibles de primer nivel con tiempo de vigencia hasta enero de 2024. (SC)   Requerimientos tecnológicos En el ítem de requerimientos tecnológicos o automatización, el CJ presentó el Proyecto de ‘Acceso a la Justicia’ y ‘Automatización de sistemas de la Función Judicial’ que busca la materialización y aplicación adecuada del modelo de atención a víctimas de violencia de género, con la creación del Registro Único Judicial que, por mandato de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, debe integrar de forma automatizada la gestión judicial de defensores públicos, fiscales, jueces, peritos, etc.   Además, procesos de automatización que actualmente se manejan manualmente tales como métodos de solución de conflictos, justicia de paz.   Mejoramiento del sistema judicial El último grupo de proyectos tiene que ver con el eje de bienes para el mejoramiento del sistema judicial, entre los que se encuentran la construcción de edificios en lugares en los que la infraestructura actual no permite un buen servicio como en la ciudad de Esmeraldas, en Rioverde, en Orellana; la repotenciación de otros como el edificio de la Corte Nacional de Justicia, Santo Domingo de los Tsáchilas, etc.   En este grupo también están aquellos proyectos necesarios para el funcionamiento cotidiano del servicio judicial como el mantenimiento de la infraestructura, de los edificios, que implican, por ejemplo, la garantía de que las salas de audiencia cuenten con audio y video, que las Cámaras de Gessell estén habilitadas, el funcionamiento de ascensores, aires acondicionados, etc.   Asimismo, que se cuente con insumos de oficina: papel, tinta de impresión, etc.. Así también contempla los rubros para servicios básicos como agua, luz, internet.

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