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Chile alumbra una nueva propuesta de Constitución con tintes conservadores y sin consenso político

El País .- Tras más de cuatro meses de trabajo, el Consejo Constitucional ha aprobado por 33 votos a favor, de las derechas, y 17 en contra, de las izquierdas, el texto de Carta Fundamental que se plebiscitará en diciembre El Consejo Constitucional de Chile, compuesto por una mayoría conservadora, ha aprobado este lunes en su pleno la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada por la ciudadanía el próximo 17 de diciembre. Ha sido un proceso de más de cuatro meses de trabajo de este órgano, marcado por la polarización entre el oficialismo del presidente Gabriel Boric y la oposición, que ha sido protagonista de este segundo intento de Chile por reemplazar la Constitución vigente de 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero sometida a unas 60 modificaciones en democracia. Es la derecha, la tradicional y la extrema, la que ha liderado este proceso con una mayoría en el consejo (33 de los 50 redactores), lo que explica que el texto haya sido aprobado tal cual su integración: por 33 votos a favor y 17 en contra, del oficialismo. El texto que se someterá a referéndum en menos de siete semanas, por lo tanto, llega a los ciudadanos sin consenso político. Tras la aprobación de la propuesta, la nueva Constitución será entregada el próximo martes 7 de noviembre al presidente Boric para que cumpla el mandato de convocar al plebiscito, de carácter obligatorio para la ciudadanía. La votación del pleno de este lunes estuvo cruzada por un debate entre la oposición y el oficialismo, con recriminaciones de ambos bandos de no haber logrado un acuerdo amplio, como era el objetivo de este segundo intento en cuatro años. No hubo tampoco novedades en la votación, pues en los temas clave e ideológicos que dividían a ambos sectores hace meses que las deliberaciones eran a favor con los 33 votos de las derechas, de ellos 22 del Partido Republicano de la derecha extrema, y 17 de las izquierdas. Este es el segundo intento de Chile en cuatro años de cambiar la actual Carta Fundamental que, aunque nació en la dictadura en 1980, ha sido reformada unas 60 veces desde 1989. En 2005, en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, se llevaron adelante las principales modificaciones, por lo que el texto vigente lleva la firma del expresidente que gobernó Chile entre 2000 y 2006. El país debió emprender un nuevo proceso en 2023 luego que, la anterior propuesta fuera rechazada por un 62% de la ciudadanía. A diferencia del texto actual, en el frustrado proceso anterior la propuesta fue elaborada por una Convención Constitucional dominada por una izquierda identitaria y radical. Este segundo intento tomó forma en noviembre de 2022, tras el fiasco anterior. Impulsado por el presidente Boric y apoyado por la derecha tradicional, tuvo características muy diferentes al primer proceso. Arrancó con un primer texto acordado por una Comisión Experta de todos los sectores con representación en el Congreso, que trabajó entre marzo y 6 de junio pasado. El Consejo de 50 miembros, sin embargo, realizó cambios importantes, porque las derechas hicieron valer su mayoría. Este proceso ha estado marcado, adicionalmente, por un constante desinterés de la ciudadanía. La mayoría de las encuestas, desde que comenzó en marzo el trabajo de los expertos, ha ido revelando que más del 50% de los chilenos consultados ha estado persistentemente inclinándose para votar en contra de la nueva Constitución, y lo ha hecho aún sin conocer la propuesta. El último sondeo del domingo, de la encuestadora Cadem, mostró que la opción a favor subió tres puntos con respecto a una semana atrás, con un 34%, pero que la opinión en contra llega al 51%. Pero también este nuevo intento, ha estado cruzado por otra característica: si en la convención anterior las derechas, que eran minoría, alegaron falta de diálogo, hoy son las izquierdan las que se han quejado de falta de acuerdos. La nueva propuesta de Constitución ha sido catalogada por las izquierdas desde hace meses con dos conceptos: identitaria y dogmática. Este lunes se repitieron en el debate del pleno previo a una votación que tuvo como única sorpresa el hecho de que los consejeros del oficialismo de Boric, por primera vez, transparentaron que votarán en contra del texto en el próximo plebiscito. Uno de ellos fue el socialista Alejandro Köhler: “No tenemos otra opción que rechazar este texto. Se impuso una mayoría circunstancial con un texto dogmático. Optaron por imponer un texto excluyente, dogmático, retrogrado y polarizante, que representa un riesgo de inestabilidad política y social, precisamente, por dejar sin espacio democrático a otras ideas democráticas”. Antonia Rivas, abogada e integrante de la Comisión Experta de Convergencia Social, el partido de Boric, dijo: “Fracasamos en ofrecerle a Chile una Constitución de consenso. Por el contrario, le ofrecemos un texto con letra chica, maximalista y partisano, que pone en riesgo la estabilidad”. En cambio, el consejero Luis Silva, del Partido Republicano, colectividad que lidera el excandidato presidencial José Antonio Kast, dijo que el nuevo texto que proponen “es mejor que la actual, mucho mejor, porque se hace cargo de los desafíos de un Chile muy diferente al de 1980″ y que “robustece las capacidades del Estado para hacer frente a la delincuencia, al terrorismo, a la corrupción”. “Al votar A favor, tengo la seguridad de qué es lo que pasará: sé que se cierra un proceso y conozco las reglas con que se gobernará a Chile en adelante. Al votar En contra, en cambio, se abre un camino de pura incertidumbre. ¿Seguirá vigente la Constitución actual, por cuánto tiempo?”. Y añadió: “Enfrentados a esta alternativa, espero que la gran mayoría elija el primer camino, el de la seguridad. Por esto que yo voto A Favor y los invito a votar A Favor”. Un elemento de este proceso constitucional ha sido el papel del Partido Republicano, que nunca estuvo por cambiar la Constitución actual y, de hecho, no estuvo en el acuerdo de noviembre de 2022 que buscaba una segunda oportunidad. Luego de obtener la mayoría de los cupos en la

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La política chilena intenta contra reloj salvar el proceso constituyente

El País .- Desde que el viernes 16 de septiembre el Consejo Constitucional chileno comenzó sus votaciones para elaborar un borrador de Constitución, que debe ser entregado el 7 de octubre para pasar una segunda etapa de revisión, el proceso se ha enredado y corre un alto riesgo de fracaso. Esa posibilidad ha movilizado a un grupo de formaciones políticas para conjurar un nuevo fiasco. El órgano conformado por 50 integrantes, donde el oficialismo de izquierda solo tiene 17 asientos y la oposición 33, ha aprobado enmiendas impulsadas por el Partido Republicano, de la extrema derecha, que tiene el control con 22 delegados. Si la semana pasada se aprobaron artículos como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos), este lunes se visó el capítulo sobre el Congreso Nacional. Fue despachada, adicionalmente, una norma que reduce el número actual de 155 diputados a 138. Los detractores del borrador aumentan con los días y, ante el peligro de una segunda derrota, los partidos alejados de los extremos intentan una operación de salvataje. El diario La Tercera informó de que este lunes los presidentes de los partidos UDI y RN, de la derecha tradicional de oposición, y del Partido Socialista, de la izquierda oficialista, se reunieron para buscar fórmulas y rescatar el proceso actual. Porque, aunque todavía quedan etapas por delante para mejorar el texto –el 7 de octubre el nuevo borrador volverá a la Comisión Experta–, estas opciones se estrechan con las horas. Ha sido un proceso complejo que, según reflejan diversos sondeos de opinión, no solo no tiene el interés ni la confianza de la ciudadanía, sino que ha visto aumentar el rechazo de de los votantes pese a que no está terminado. Al respecto, la encuesta Cadem del domingo arrojó que un 59% no aprobaría la nueva Constitución, dos puntos más que hace una semana. Solo un 21% se muestra a favor de apoyar el texto en el plebiscito del 17 de diciembre, el dato más bajo en seis meses. La tensión dentro del Consejo Constitucional que ha imperado en las votaciones ha ido más allá del pleno. Sucedió porque al complejo clima que ya se vive en el órgano entre el oficialismo y la oposición se han sumado ahora las críticas desde la derecha tradicional a las normas aprobadas que han sido impulsadas por los republicanos, cuyo líder, José Antonio Kast, quiere postularse a La Moneda en 2025. El domingo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de la UDI, partido que es parte de Chile Vamos y la principal carta presidencial de la derecha tradicional, dijo en una entrevista a CNN que este segundo proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”. Y agregó: “Ojalá se pueda aprobar. No estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse” y que “la única forma en que se pueda aprobar es una que ofrezca estabilidad. Es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo que se está votando hoy día en el Consejo”. Tras la advertencia de Matthei, Kast inició este lunes una ofensiva a través de su cuenta de X (exTwitter) y, durante el día, emitió mensajes defendiendo las enmiendas republicanas y criticando a la oposición y al Gobierno. Existe un problema de fondo: “Nadie quiere realmente asumir el costo que supone adherir a la opción Apruebo para terminar siendo derrotado, y probablemente aniquilado en el plebiscito de salida de diciembre próximo”, escribió Alfredo Joignant este fin de semana en EL PAÍS. Es lo que, desde el Partido Republicano, piensan que intenta hacer Matthei, la derechista que le planta cara a Kast con un discurso más liberal: quitarse el peso de la mochila de un eventual derrota en el referéndum y traspasarlo a los republicanos. Las declaraciones de Matthei desordenaron el tablero. En estas horas, en Chile se escuchan voces desde la izquierda que el borrador de la Comisión Experta -que elaboró un anteproyecto moderado y de consenso- ingrese como reforma constitucional al Congreso y, de esa forma, saltarse el trabajo del Consejo. Kast se opone: “Quieren anular por secretaria al Consejo Constitucional, elegido por más de 12 millones de chilenos”, escribió en la red social X, achacando esta operación al Gobierno de Boric. El senador UDI Javier Macaya, de la derecha tradicional, manifestó la noche de este lunes su compromiso con el proceso actual, pese a las declaraciones de Matthei, que milita en su partido: “Estamos trabajando para que gane el ‘A favor’ el 17 de diciembre para tener una buena Constitución que cierre el tema constituyente y le de estabilidad a Chile. No apoyaremos la idea de que el proceso siga después del 17 de diciembre llevando al Congreso texto de los expertos o algo similar”, escribió el líder de este partido histórico de la derecha. Rechazada una norma sobre paridad Chile se encuentra en su segundo intento en tres años de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de ley de leyes que presentó la Convención Constitucional, conformada por una mayoría de independientes de izquierda. Hoy el Consejo Constitucional trabaja sobre la base de un anteproyecto que, entre marzo y junio, redactó la Comisión Experta, nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos al que hoy la oposición, en especial los militantes del Partido Republicano, le han presentado una serie enmiendas. La modificación del número de parlamentarios provocó un nuevo choque entre el oficialismo y la oposición. La norma obtuvo 30 votos a favor, pero se abstuvieron

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Chile cierra la primera etapa en su camino para reemplazar la Constitución de Pinochet

El País .- La comisión de expertos termina el anteproyecto del texto que será entregado al consejo constitucional, que asume el 7 de junio y se encargará de la redacción final. Es el segundo intento del país por cambiar su Carta Magna   “Se da por despachado el anteproyecto de nueva Constitución”. Así fue como cerró la jornada este martes 30 de mayo, con la voz quebrada de emoción, la presidenta de comisión experta, la abogada Verónica Undurraga, líder de un órgano nombrado por el Congreso chileno y que ha elaborado desde el 6 de marzo un borrador de nueva Carta Magna. La frase fue sucedida por los aplausos inmediatos de los otros 23 integrantes y de la entonación del Himno Nacional de Chile que comenzó a cantar el consejero socialista Gabriel Osorio y al que se sumaron todos los integrantes.   Undurraga, independiente por el Partido Por la Democracia (PPD), de la centroizquierda oficialista, relevó que durante el proceso los unió “un propósito común”: “Redactar el mejor texto posible pensando en el Chile del futuro. Una Constitución que no es la Constitución soñada para ninguno de nosotros, pero sí una Constitución bajo la que todos sintamos que podemos convivir y que sentimos como propia”.   Chile cerró así la primera fase de este segundo intento en tres años de elaborar una nueva Constitución, luego de que en septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazara la propuesta de la Convención Constitucional, una propuesta que cambiaba profundamente la institucionalidad chilena. Es un nuevo intento para reemplazar a la Carta Magna actual que, aunque ha tenido modificaciones profundas y desde 2005 lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), tiene su origen en 1980 en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ahora, el anteproyecto de la ley de leyes, que tiene 14 capítulos, 118 páginas y será afinado en redacción la próxima semana, se entregará al Consejo Constitucional, el órgano paritario electo de 50 integrantes que asumirá el 7 de junio y en el que el Partido Republicano, de derecha extrema, tiene una mayoría: en los comicios del 7 de mayo pasado, obtuvo el 35% de los votos. Los conservadores, por sí solos, tendrán 23 consejeros.   La comisión experta fue nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos con representación parlamentaria, por lo que se compone de representantes de todos los sectores, desde el Partido Comunista a los republicanos. La mayoría de sus miembros son juristas y, cuando asuma el Consejo Constitucional, sus integrantes se sumarán, pero solo con derecho a voz.   Ha sido un proceso de casi tres meses que ha estado marcado desde el inicio por los acuerdos y la sobriedad de sus integrantes. Además, a diferencia de la experiencia anterior, fue formulado por un acuerdo político transversal con varios límites, entre ellos 12 bordes constitucionales que sus miembros no podían traspasar. Moderada desde el principio, la comisión experta ha entregado un anteproyecto que, si bien presenta algunos cambios sustanciales, sigue la tradición constitucional chilena. La principal modificación, de fondo, ha sido la consagración de que Chile se organiza es un Estado social y democrático de derecho, una lucha impulsada desde hace años por la centroizquierda y a la que la derecha se sumó.   El vicepresidente de la comisión experta, Sebastián Soto, de Evópoli, partido de la derecha moderada, destacó al final de la jornada: “Hemos aprendido a buscar caminos comunes para proponer al Consejo una Constitución de consenso, que convoque, que no divida. Una Constitución que no sea de un partido, sino que aspire a ser el proyecto de Constitución de todos. Puede tener algunos artículos que a cada uno de nosotros no nos gustan tanto, pero que que final nos satisface colectivamente”.   Lo nuevo del texto El texto propuesto por la comisión mantuvo el presidencialismo chileno, pero incorporó novedades en la figura del presidente de la República, limitando la reelección: “Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. Con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de Presidente de la República hasta dos veces”.   Otra novedad, respecto del texto actual, es un mecanismo de participación ciudadana en el proceso de formación de leyes. Una es la iniciativa popular de ley, que señala que “un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al cuatro por ciento del último padrón electoral y no superior al seis por ciento (…), podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. No será procedente este mecanismo para reformar la Constitución”. Otra, es la iniciativa de derogación de ley. Ambas normas, sin embargo, tienen varios pasos que sortear.   Donde hubo una intervención mayor fue en el sistema de partidos políticos, pues se estableció un umbral del 5% de los votos válidamente emitidos para acceder a las elecciones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es un cambio que se ha impulsado dada la fragmentación política que tiene Chile, donde en el Parlamento hay 21 fuerzas. Además, se aprobó una norma antidíscolos que implica que los parlamentarios que fueron electos por un partido y renuncien, perderán su escaño.   No es todo. También a los partidos legalmente constituidos se les incorporó órdenes: “La ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios”. Son determinaciones que serán excepcionales y “deberán referirse a asuntos en los cuales estén directamente en juego los principios del partido o su programa. Con todo, no podrán darse órdenes de partido cuando el parlamentario deba resolver como jurado”, dice el nuevo artículo.   La propuesta reconoció, por primera vez en la historia, a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es “que es una e indivisible”. Y aprobó artículos que aseguran la participación política de las mujeres. Por ejemplo, visó una norma, aunque solo transitoria, sobre paridad de género para que en las elecciones ningún sexo supere la proporción 60%-40%.  

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Los grandes acuerdos marcan el último paso del borrador de la Constitución en Chile

El País –– La comisión de expertos está a punto terminar el texto que será la base para el trabajo del Consejo Constitucional. Un hito ha sido la aprobación del Estado social de derecho La primera fase del proceso constitucional chileno, el segundo en menos de tres años, entró en su etapa decisiva. Este martes, el pleno de la comisión experta, compuesta por 24 integrantes que fueron nombrados por los partidos políticos con representación el Congreso, ha comenzado a votar los primeros 16 artículos del anteproyecto, y aprobó uno que pone una bandera que había sido levantada por años desde sectores de la centroizquierda: la consagración de que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Es un texto que ha sido elaborado a partir de marzo y ha contado con acuerdos políticos transversales, desde la extrema derecha a la izquierda más dura. Es, a la vez, un borrador, pues será entregado como base de trabajo al Consejo Constitucional, que fue electo a comienzos de mayo, y que asumirá el próximo 7 de junio con la tarea de presentar al país una nueva propuesta de Carta Magna.   Además, fue aprobado el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas “como parte de la Nación chilena” y el compromiso del Estado de respetar y promover sus derechos individuales y colectivos. También, entraron al borrador artículos que aseguran la participación política de las mujeres, como el que establece que la ley asegurará “el acceso igualitario de hombres y mujeres a los mandatos electorales y cargos electivos”; el interés superior de niños, niñas y adolescentes y, entre otros, que Chile “adopta para su Gobierno la República democrática con separación de poderes y régimen presidencial”.   Este nuevo intento de cambiar la Constitución, que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se inició el 7 de marzo con la instalación de la comisión experta, una instancia que está constituida por una mayoría de juristas. Es un proceso completamente distinto al anterior y fue fruto de un acuerdo político que surgió tras el fracaso de la convención constituyente, cuyo propuesta de Carta Magna, que era muy transformadora, fue rechazada por el 62% en septiembre de 2022. Además, contiene 12 bordes constitucionales de los que los consejeros no podrán salirse, entre ellos que Chile es una República democrática, un Estado unitario y un Estado social.   Pese a eso, la arquitectura que debía tener la declaración de Estado social generó varias discusiones ideológicas dentro de la comisión entre las izquierda y las derechas, sobre todo respecto de la elección de las prestaciones de salud, que en Chile son públicas y privadas. Sin embargo, el tono moderado que presentaron los 24 expertos –12 hombres y 12 mujeres– desde que asumieron en marzo, permitió que llegaran amplios acuerdos que han sido destacados por sus propios integrantes aun antes de las votaciones de los artículos, las que se prolongarán durante toda esta semana. Un ejemplo de ello es lo que dijo, hace unos días, el consejero socialista Gabriel Osorio: “El acuerdo de la comisión experta para el anteproyecto de nueva Constitución es inédito. Esta es la primera vez que hay un acuerdo constitucional suscrito por representantes de todos los sectores políticos. Espero que este diálogo democrático continúe en el Consejo Constitucional”. Avances y acuerdos La comisión trabajó en cuatro subcomisiones: sistema político, reforma constitucional y forma de Estado; función jurisdiccional y órganos autónomos; principios, derechos civiles y políticos, además de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fue la semana pasada cuando todos estos grupos llegaron a los primeros acuerdos transversales, por los que en los plenos que vienen se avizora el respaldo a sus propuestas. “Son normas que hacen sentidos, porque dialogan con nuestra tradición constitucional, que resuelven problemas de nuestro sistema político. Los momentos constituyentes no son refundacionales, sino que buscan escribir nuevas constituciones para resolver problemas concretos”, comentaba el vicepresidente de la instancia, Sebastián Soto, nombrado por Evópoli, partido de derecha moderada.   Y, otra muestra más de cómo se ha ido a llegando a consensos, también se refleja en lo que dijo el único integrante del Partido Comunista, Alexis Cortés, previo a votar los primeros artículos: “Nuestras frustraciones mutuas son una buena noticia para el proceso”. La comisionada Antonia Rivas, de Convergencia Social, partido del presidente de izquierdas Grabriel Boric, también destacó el tono conciliador: “Muchas veces los comisionados nos encontramos en la vereda política opuesta, y por momentos nuestras posturas parecían irreconciliables. El texto que hoy se vota, refleja que con diálogo, entendimiento y respeto es posible llegar a un acuerdo en común”.   Dentro de los artículos que se votarán hasta la próxima semana, y que ya tienen consenso, se encuentran la consagración, por primera vez, del derecho a la vivienda, además de varias normas clave sobre sistema político. Por ejemplo, hay una cirugía profunda al sistema de partidos políticos, cuya fragmentación actual en el Congreso –hoy hay 21 colectividades– ha provocado tanto dispersión como falta de acuerdos.   Ante ello, la comisión experta ha propuesto que solo los partidos que alcancen un cinco por ciento de los votos en la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados “tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional”. También se impulsó crea una norma antidíscolos, que consiste que el diputado o senador que “renuncie al partido que hubiera declarado su candidatura”, perderá su cargo parlamentario. Actualmente, hay una veintena de independientes pero, salvo el diputado Carlos Bianchi, todos fueron elegidos en listas de partidos.   También se votará una norma sobre paridad, pero que será transitoria, para que en elecciones ningún sexo supere la proporción 60%-40%. En este caso, no se logró acuerdo en la propuesta del oficialsimo por alcanzar el 50%-50%.   El debate por el Estado social   Las primeras votaciones del anteproyecto este martes correspondieron a las normas que presentó la subcomisión de principios, derechos civiles y políticos para el primer capítulo, la de Fundamentos del orden institucional, que presidió Máximo Pavez, de la UDI, partido

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Un mal resultado de la lista oficialista y una Constitución partisana: la pesadilla de La Moneda ante la elección del domingo en Chile

El País .– El Gobierno de Boric y la izquierda esperan con realismo la votación de 50 constituyentes. La derecha tradicional y la extrema llegan como favoritas, aun con elementos que hacen impredecible el resultado El Gobierno de izquierda de Gabriel Boric enfrenta con realismo la elección del próximo domingo en Chile, donde 15,1 millones de personas votarán de forma obligatoria para elegir a los 50 consejeros que redactarán una propuesta de Constitución. Es el segundo intento del país sudamericano por reemplazar su Carta Fundamental, después del fiasco del proceso anterior que culminó en septiembre pasado, cuando un 62% rechazó en un plebiscito el texto redactado por la primera convención. A diferencia de aquella ocasión, cuando La Moneda tomó partido abiertamente por aprobar la fracasada propuesta, el Ejecutivo chileno ha tomado una distancia estratégica, para evitar que la elección se observe nuevamente como una especie de referéndum a una gestión que tiene una baja popularidad, en torno al 30%. El termómetro electoral no ayuda al buen ánimo de esta Administración. Aunque la elección tiene elementos que hacen impredecibles asuntos como la participación y el resultado, la derecha tradicional y la extrema llegan como favoritas. Los más de 350 candidatos que postulan para los 50 cupos están agrupados en cinco opciones y el corazón del oficialismo de Boric está fundamentalmente en Unidad para Chile, la lista integrada por el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Liberal, estos dos últimos de la izquierda moderada. Pero el oficialismo, en esta ocasión, compite dividido. Existe una segunda lista –medio oficialista–, que está compuesta por los partidos de Gobierno PPD y Partido Radical, que postulan junto a la Democracia Cristiana, que está fuera La Moneda. Es la lista Todo por Chile. En ese sentido, existen varios asuntos que inquietan al Gobierno y uno apunta al lugar en que quedará la lista del oficialismo entre las cinco fuerzas en competencia. Al menos de acuerdo a las proyecciones como las del analista Pepe Auth, la oficialista Unidad para Chile quedaría segunda tras la derecha tradicional, consiguiendo entre 14 y 15 consejeros. Pero existe la posibilidad de las dos listas ligadas al oficialismo no alcancen en conjunto los 21 consejeros representantes, el piso mínimo para tener poder de veto dentro del órgano que redactará la nueva propuesta de Constitución. El presidente Boric habla por teléfono al interior de La Moneda al cierre de la votación en el plebiscito del 4 de septiembre pasado.LUIS HIDALGO (AP) En el Gobierno chileno se habla de una cifra base para la lista oficialista Unidad para Chile: un 38%, el porcentaje que obtuvo en septiembre pasado la opción de los que aprobaron la propuesta de nueva Constitución. Este porcentaje en esta ocasión equivaldría a 19 consejeros, aunque todavía faltarían dos para llegar a los 21, lo que no les parece un imposible. “Ninguna de las izquierdas saldrá bien parada” “Todo indica que la elección del 7 de mayo no cambiará favorablemente la situación del Gobierno que encabeza Boric. Es más: su resultado –tomando en cuenta la situación actual del país en términos económicos, políticos y sociales– tendería a resultarle esquivo”, opina Ernesto Ottone, ensayista de centroizquierda. “Ello probablemente significará un gran revuelo entre las fuerzas que lo apoyan, que no conforman una izquierda, sino dos orientaciones, dos izquierdas, que agravarían sus diferencias en consonancia con las lecturas del resultado electoral”, dice el sociólogo con respecto a la fuerza de los moderados del Partido Socialista y a las del Frente Amplio y el Partido Comunista, que conformaban la coalición original del presidente. Para Ottone, “el resultado no será bueno para ninguna, pero contará mucho cuál salga más bien parada”. El nuevo ministro Álvaro Elizalde, el socialista que lleva las relaciones con el Parlamento, en la previa de las elecciones del consejo constitucional aseguró que, independiente del resultado, el Gobierno persistirá en su empeño de dialogar con las distintas fuerzas políticas: “El Gobierno tiene un mandato claro”, dijo el martes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en un intento de evitar lo que ocurrió tras el plebiscito de septiembre pasado. En 2022, La Moneda se percató demasiado tarde que era altamente probable el triunfo de los que rechazaban la propuesta de nueva Constitución. Tras un resultado aplastante que fue entendido como una derrota del propio Gobierno, por semanas se observó una especie de vacío de poder, porque el Ejecutivo quedó prácticamente paralizado, sin discurso. Elizalde, en ese sentido, actualmente no solo intenta bajar las expectativas, sino que, sobre todo, busca separar el destino del proceso constituyente del futuro de la actual Administración. “El Gobierno tiene un mandato claro de hacerse cargo de problemas anteriores, como el cuadro inflacionario y los problemas de seguridad. Además, avanzar en las demandas como, por ejemplo, un programa de seguridad social a través de la reforma previsional. Obviamente el Ejecutivo va a insistir en estas materias. Esta voluntad no va a cambiar”, señaló el ministro, que asumió el pasado 19 de abril tras renunciar al Senadoo, del que fue presidente. Una Constitución que no una En La Moneda no se descartan sorpresas, porque esta elección, como el plebiscito pasado, será con voto obligatorio, lo que supone una entrada al sistema de millones de ciudadanos que no siempre ejercen su derecho al sufragio y cuyas preferencias son desconocidas. Pero, a diferencia de septiembre, esta vez no se tratará de un referéndum, sino de una elección de candidatos de partidos políticos, lo que le agrega incertidumbre a lo que ocurrirá el 7 de mayo. Pese a la apatía de la gente –en las ciudades chilenas no se observa ambiente electoral–, habría alta intención de asistir a las urnas. De acuerdo al Servicio Electoral, Servel, podrían concurrir más de 12 millones de personas. En el Gobierno de Boric, sin embargo, existe bastante claridad sobre el escenario adverso que enfrenta la izquierda y el oficialismo. No se descarta que el Partido Republicano, de la extrema derecha de José Antonio Kast, obtenga el mayor número de escaños en el órgano constituyente, incluso superando a la derecha tradicional,

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