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Ecuador: enero 21, 2025

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Ecuador, enero 21, 2025
Ecuador Continental: 14:36
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Ecuador, enero 21, 2025

Contrato por horas, uno de los temas más importantes de la consulta popular y referéndum

Voces de la academia jurídica destacan la importancia de la Consulta Popular y Referéndum, convocados por el presidente Daniel Noboa, y que se realizarán el 21 de abril próximo. Para Jorge Benavides, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales, los temas contemplados en este proceso tienen un gran valor, porque apuntan a dos de los principales problemas del país: la inseguridad y la crisis económica. Benavides explicó la diferencia entre “reformas” y “enmiendas constitucionales”. Las primeras, señaladas en el artículo 442 de la Constitución, establecen cambios integrales de ciertos puntos de la normativa, mientras que las segundas, indicadas en el artículo 441, se refieren solo a modificaciones parciales. En este caso, una de las preguntas contempla una reforma, que permitiría que las Fuerzas Armadas participen activamente en la lucha contra la delincuencia, siempre y cuando la situación lo amerite, a pedido expreso de la Policía, y por órdenes del presidente de la República. Benavides recordó que es la primera vez que se aplicaría en Ecuador una reforma constitucional, ya que sí hemos tenido 4 enmiendas. El jurista opinó que, gracias a la alta popularidad de la que goza el gobierno, es probable que todos los temas sean aprobados. Contrato por horas es de gran importancia Entre los temas de la consulta, consideró como uno de los más importantes la implementación del contrato por horas. De ser aprobado por el pueblo, el camino estaría allanado, dijo, ya que incluso la Corte Constitucional se pronunció a favor. En su opinión, la situación del Ecuador amerita flexibilizar el marco laboral, pero respetando los derechos adquiridos. Y en cuanto a la situación del bloque petrolero ITT, situado en el Parque Yasuní, advirtió que es válido el trámite que realiza el gobierno de Daniel Noboa, de buscar una moratoria al cierre de los pozos, conforme se dispuso en la consulta popular del año pasado. Benavides advirtió que ni siquiera los “afectados” por la explotación de crudo, en referencia a las poblaciones cercanas a ITT, se quejaron de la extracción, ya que más bien les trajo empleos y bienestar. El jurisconsulto coincidió en que resulta imposible cerrar el bloque en un año, como señalaba la pregunta.

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CNE estableció valor de consulta popular y referéndum

El Consejo Nacional Electoral estableció ya el presupuesto, que regirá para la consulta popular y referéndum se realizará el 21 de abril. El proceso, que tendrá 11 preguntas, costará 60 millones 22.933 dólares. De acuerdo al desglose, la elaboración e impresión de papeletas, documentos electorales e integración del paquete costará 8,8 millones; la participación de las Fuerzas Armadas, 8 millones más; la presencia policial, 4,3 millones; fortalecimiento tecnológico, 5 millones; voto en el exterior, 2,3 millones; talento humano, 21,4 millones; pago a vocales de las juntas receptoras del voto, 3,5 millones; campaña informativa, 3,4 millones; bienes y servicios, 2,6 millones; y el resto en material de capacitación y observación electoral. En esta consulta popular participarán 204.244 electores más, lo que implica un incremento de 537 juntas receptoras del voto.

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Esperemos la consulta antes de debatir reformas penales, opina ex fiscal Mariana Yépez

Incrementar las penas para ciertos delitos no es la única solución, para detener la ola de inseguridad que reina en el país. Así se pronunció la ex ministra fiscal, Mariana Yépez, en diálogo con “Punto de Orden”. Al analizar el reciente y polémico proyecto de reformas al Código Penal, que finalmente no tuvo los votos en la Asamblea Nacional, Yépez se mostró partidaria de esperar al resultado de la consulta popular y referéndum, que se cumplirán en abril próximo, pues el temario incluye, precisamente, un posible aumento de las penas. De ese modo, dijo, y ya conociendo el pronunciamiento del pueblo, no habrá doble trabajo. En lo que no coincide es en aumentar ciertas causales para plantear la revisión de una sentencia, ya que cambiarían el espíritu y el sentido de este recurso legal. La ex fiscal recordó que la casación ya establece la forma de aclarar posibles errores jurídicos. Yépez afirmó que incluir como causal, que ciertos “comités internacionales”, mediante sus pronunciamientos, obliguen al Estado Ecuatoriano a revisar sentencias, es inconcebible. Y más aún porque, de existir una violación al debido proceso, se puede acudir ante la Corte Constitucional. Es un contrasentido, anotó, aceptar como válidos los criterios de tales comités, y en ese sentido es evidente que hubo dedicatoria. No se debe levantar la reserva Asimismo, se mostró totalmente en contra de la posibilidad de levantar la reserva, a las investigaciones realizadas por la Fiscalía. Yépez explicó que un fiscal, por naturaleza, es una autoridad investigadora, que implementa tácticas y estrategias para conocer detalles de un caso. Si se hacen públicos los resultados de sus indagaciones, todo el caso podría desplomarse. En su opinión, este aspecto del proyecto tenía una mala intención, que apuntaba a entrometerse en el trabajo de la función judicial. En resumen, el Parlamento pretendía tener la capacidad de realizar una “investigación paralela”. Reformas no bastan Aunque aceptó que el frustrado proyecto de reformas sí contenía algunos elementos positivos, no lo considera la mejor solución para combatir a la delincuencia, ya que mucho más importante es implementar políticas sociales, que fomenten el trabajo y la educación. Además, recordó que el derecho penal no consiste únicamente en establecer delitos y juzgarlos, sino también manejar el aspecto penitenciario. Un grave problema, ya que no existen las cárceles suficientes para ubicar a tantos presos, y más aún, ubicarles con el debido control. Mientras no exista una mejoría penitenciaria, no se puede incrementar penas, apuntó Yépez.

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Corte Constitucional otorga 24 horas a Daniel Noboa para decidir si desea continuar la revisión de las primeras preguntas de la consulta popular

Vistazo .- La jueza Teresa Nuques de la Corte Constitucional le otorgó 24 horas al presidente Daniel Noboa para que presente un informe respecto a si persiste en su intencionalidad de consultar las primeras once preguntas que remitió. Teresa Nuques, jueza de la Corte Constitucional, solicitó la tarde de este martes 16 de enero un informe al presidente Daniel Noboa sobre si aún insiste en que se revisen las primeras 11 preguntas de la consulta popular, enviadas a la institución el pasado 2 de enero. Le otorgó al mandatario un término de 24 horas para tomar esta decisión, bajo el sustento de un artículo del Reglamento de Sustentación de Competencias de la Corte Constitucional. El mandatario deberá informar sobre su voluntad en este tema mientras está en Miami, Estados Unidos, ciudad en la que permanecerá hasta el 18 de enero, por el nacimiento de su tercer hijo Furio Noboa Valbonesi. El ámbito que marcó las primeras once interrogantes que remitió fue la seguridad, refiriéndose sobre el incremento de varias penas y nuevos permisos para las Fuerzas Armadas. Esta solicitud no se refiere a las otras nueve preguntas que envió su gobierno el 10 de enero, pues aquel paquete quedó a cargo de la jueza Karla Andrade para su revisión.  

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Las nuevas preguntas para la consulta popular se enviaron a la Corte Constitucional

Ecuavisa .- Las nuevas propuestas fueron ingresadas a las 19:58 del 9 de enero, de forma digital. Otras 9 preguntas entregó el gobierno a la Corte Constitucional para que sean incorporadas en la consulta popular. Estas se suman a las primeras 11 que se presentaron el pasado 2 de enero y cuya legalidad será analizada por la institución.   Las nuevas propuestas fueron ingresadas a las 19:58 del 9 de enero, de forma digital, como lo informó el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. La documentación será analizada para verificar que no existan inconsistencias. En primera instancia se conoció que el segundo bloque de preguntas se entregó el 8 de enero. Sin embargo, en un comunicado, la Corte informó que no recibió ningún documento adicional.   Torres explicó que su presencia en la Corte Constitucional la tarde del lunes 8, fue únicamente para dar declaraciones a medios. Y que «no hubo ni siquiera una entrega simbólica de nada». Agregó que el nuevo bloque se presentaría de forma digital. Estas son las nuevas preguntas   1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?   2. ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado, conforme se detalla en el Anexo 4? 3. ¿Está usted de acuerdo en que, para erradicar la minería ilegal, se declaren a las zonas mencionadas en el Anexo 5, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?   4. ¿Está usted de acuerdo con permitir que el Presidente de la República pueda calificar de leyes urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 6?   5. ¿Está usted de acuerdo en que el Presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos, de acuerdo con el Anexo 7?   6. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 8?   7. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización, de acuerdo con el Anexo 9? 8. ¿Está usted de acuerdo con que el personal de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional, en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial a través de legislación específica de acuerdo con el Anexo 10?   9. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el Anexo 11?

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Propuesta de consulta popular ya está en manos de Corte Constitucional

Teresa Nuques, jueza de la Corte Constitucional, será la encargada de analizar el pedido de consulta popular, enviado por el presidente Daniel Noboa. En calidad de ponente, Nuques emitirá un proyecto de fallo, aceptando o rechazando la solicitud del mandatario. Su dictamen será votado por el pleno. De acuerdo a la ley, los nueve jueces pueden aprobar, rechazar o modificar, por mayoría, la propuesta de sentencia. Nuques debe establecer si las preguntas cumplen con los parámetros determinados en la Constitución. Es decir, formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos; posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. Se prohíbe la aprobación o rechazo en bloque; que la propuesta normativa no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico; y que la propuesta normativa tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico. Si la resolución de la Corte Constitucional es favorable, el presidente Noboa emitirá el decreto, con el cual dispondrá al Consejo Nacional Electoral convocar a la consulta de las 11 preguntas, en el supuesto que todas sean aceptadas.

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