La Consulta Popular realizada en el 2023, y que decidió el cese de la explotación petrolera en el Bloque ITT, situado en el Parque Yasuní, fue inconstitucional, tramposa y llevó al engaño. Así lo afirmó el reconocido jurista Hernán Ulloa Parada, en diálogo con “Punto de Orden”. Ulloa, a título personal, demandó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la anulación de dicha consulta, por considerar que incumplió varias normativas obligatorias. A saber, debió ser previa a la explotación, y fue pedida en el 2013, es decir, 3 años antes de comenzar la extracción de crudo, y además su pregunta no fue adecuadamente explicada a los ciudadanos. Leer también: Este miércoles se cierra primer pozo petrolero del ITT Leer también: Hasta 5 años tardaría cierre del Bloque petrolero ITT del Parque Yasuní Asimismo, por tratarse de una supuesta afectación ambiental, debió limitarse a los habitantes de las provincias involucradas, como sucedió con la consulta del Chocó Andino, que fue solo en Pichincha. En cambio, se la realizó a nivel nacional. En resumen, la pregunta llevó al engaño. Destitución de vocales del CNE Por tanto, en su denuncia solicitó que no tenga valor jurídico, y además sanciones para los “eternos vocales” del Consejo Nacional Electoral, como los llamó, por no dejar sentados dichos elementos. Ulloa advirtió que cuando se efectuó el plebiscito, el Estado ya había invertido 2.000 millones de dólares en la infraestructura petrolera del ITT, así como en vías, escuelas, dispensarios, etc. Cerrar ahora los pozos dejará en la desocupación a cientos de trabajadores indígenas. Su demanda apunta a que se detenga el desmontaje de tal infraestructura, y evitarle al país un enorme daño económico. Según sus cálculos, Ecuador dejará de recibir 30.000 millones de dólares por dejar el crudo del Yasuní. Leer también: Gobierno insiste en moratoria para cierre de bloque ITT Error de semántica Adicionalmente, y como otra causal para dejar sin efecto la consulta, Ulloa precisó que la pregunta habla de “dejar indefinidamente bajo el subsuelo” el petróleo, cuando lo correcto era dejarlo en el subsuelo. Es decir, el resultado es inejecutable. El jurista calificó de “sinvergüencería y patraña” la actuación del colectivo Yasunidos, promotores de la propuesta, y más aún porque ahora habla de “llenar el hueco patrimonial con nuevos impuestos”. Es decir, cubrir con más gravámenes el dinero que dejará de recibir el país, por la no explotación petrolera del ITT.