El contralor del Estado, Mauricio Torres, presentó un balance oficial de su labor, al cumplir los primeros 100 días en funciones. El reporte señala que, durante dicho lapso, aprobó 426 informes generales de auditoría, y remitió a la Fiscalía 62 informes con indicios de responsabilidad penal, para que inicie los trámites correspondientes. En total estableció posibles perjuicios al Estado, por 46,6 millones de dólares. Los presuntos delitos se identificaron en empresas municipales de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza. Los indicios penales se desprendieron de contratos de obra, como la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en la capital, y en la contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal. También Se observaron posibles actos dolosos durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de TAME, y en las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), Consejo de Educación Superior (CES), Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otros organismos. La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en las empresas estratégicas de la administración central, como la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Juzgamiento y recaudación Entre el 28 de noviembre y el 6 de marzo, la Contraloría también confirmó responsabilidades civiles y administrativas por 38 millones de dólares. Entre ellas consta la glosa por el perjuicio a Seguros Sucre por más de 11 millones, derivado de inversiones en Bonos Global 2024 realizadas en el mercado extrabursátil. El organismo de control también confirmó una glosa por casi 8 millones de dólares, por las falencias en la construcción del puente colgante sobre el rio Jatun Yaku (Tena). El constructor de la obra, contratada por la Empresa Pública Ecuador Estratégico, no amortizó el valor del anticipo, e incumplió sin justificación el cronograma del proyecto y sus obligaciones contractuales. Sin embargo, no se le impusieron multas. Con el fin de recuperar estos recursos para el fisco, la Contraloría implementó el procedimiento para la remisión de intereses, costas y gastos administrativos, de las responsabilidades civiles y administrativas confirmadas.

La Contraloría General del Estado puso en marcha un mecanismo, para facilitar el pago de las personas que tengan responsabilidades civiles y administrativas, y por tanto deban pagar reposiciones y multas. El director de Recaudación y Coactivas de la Contraloría, Diego Pacheco, explicó que los usuarios podrán para acogerse a la remisión de intereses, costas y gastos administrativos. Es decir, a la exoneración, siempre y cuando cumplan con el pago del capital. El beneficio está establecido en la disposición transitoria segunda, de la Ley Orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, publicada en el Registro Oficial el 9 de febrero pasado. La misma dispone que las personas naturales o jurídicas, con responsabilidades civiles o administrativas confirmadas, pueden acceder a la remisión de intereses. La medida estará vigente durante 180 días, plazo que finaliza el 6 de agosto. Los interesados deben pagar, dentro del plazo estipulado, el saldo total del capital de su deuda con el organismo de control. Las personas que se acojan a la remisión de intereses, costas y gastos administrativos deben desistir de los recursos y acciones, tanto administrativas como judiciales, y no podrán interponer reclamos o impugnaciones futuras sobre esa obligación. La ley también establece que los pagos parciales, incluso los realizados antes de la vigencia de la norma, se acogerán a la remisión, siempre que cubran el 100 % del capital. En caso de que los desembolsos no sean suficientes, la diferencia deberá cancelarse hasta el 6 de agosto. Los interesados en acceder a la remisión, pueden conocer el saldo del capital en los servicios en línea de la página web www.contraloria.gob.ec, y en las ventanillas de atención a la ciudadanía. Los pagos se receptarán únicamente en las cuentas recaudadoras de la Contraloría, en los bancos Pichincha, Pacífico y BanEcuador.

El Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, participa en el III Congreso Bilateral e Internacional, organizado de la Fiscalía General de Cuentas de Panamá. Este encuentro promueve el intercambio de experiencias relacionadas con la lucha contra la corrupción. La Fiscal General de Cuentas del país centroamericano, invitó al Contralor ecuatoriano para que diserte sobre: “Actividades para promover la cooperación internacional en procedimientos administrativos y civiles, en el marco de la de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción”. En su ponencia, Torres afirmó que “la cooperación internacional es un elemento fundamental en la prevención y lucha efectiva contra la corrupción, para que los Estados puedan prestarse asistencia mutua y con ello obtener la evidencia suficiente para impartir medidas de resarcimiento en su favor”. En este contexto, desde el año 2019, la Contraloría de Ecuador participa activamente en las actividades destinadas a favorecer la implementación en América Latina y El Caribe, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Como parte de esta iniciativa, a finales de 2023 nuestro país presentó una resolución sobre cooperación internacional, que fue aprobada en la Décima Conferencia de los Estados parte de la UNCAC. El documento establece un marco para solicitar cooperación entre Estados en procedimientos civiles y administrativos.

El Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, se reunió con Jason Reichelt y Felipe Falconí, representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para evaluar el trabajo conjunto y plantear las líneas de cooperación que se desarrollarán en 2024, en materia de capacitación en la lucha contra la corrupción. Durante el encuentro, se acordó que la UNODC sea un apoyo para fortalecer las capacidades de los servidores de la CGE en técnicas de investigación contra la corrupción, actualización del Código de Ética, el proyecto de auditorías forenses y la actualización del Plan Nacional por la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), para el periodo 2024–2028. En la reunión se destacó la herramienta de Simulador de Conflictos de Interés, desarrollada por la Contraloría. El aplicativo facilita la consulta de posibles escenarios donde las actuaciones de los servidores públicos se contrapongan a la normativa vigente, en el ejercicio de sus funciones. En el 2024, la UNODC apoyará a difundir masivamente el sistema en las instituciones públicas. Por su parte, los funcionarios de las Naciones Unidas calificaron la reunión como una oportunidad para avanzar en el trabajo conjunto en la lucha contra la corrupción. Además, felicitaron a la Contraloría por su participación durante la visita de expertos para la Evaluación al Ecuador en el marco del “examen sobre la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)”, realizada en noviembre de 2023.

Desde que asumió sus funciones, el contralor del Estado, Mauricio Torres, ha establecido decenas de responsabilidades penales. Las anomalías fueron detectadas en declaraciones juramentadas de oficiales de Fuerzas Armadas y servidores públicos, incluyendo al ex presidente de la República, Guillermo Lasso. En total se fijaron 32 informes con indicios de responsabilidad penal, por cerca de 40 millones de dólares. Además, existen cerca de 240 responsabilidades administrativas y civiles, por un monto aproximado de 20 millones de dólares. Debido a que estos casos se encuentran en investigación, se los considera reservados. Sin embargo, algunas de estas indagaciones podrían tener relación con el “Caso Metástasis”. A pedido de la Fiscalía General, la Contraloría solicitará exámenes a declaraciones juramentadas de todos los implicados. La Contraloría cuenta con 2.900 funcionarios, con los cuales auditan a 3.400 entidades. Proyecto anticorrupción Como parte de su gestión, la Contraloría, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), alista un proyecto de ley anticorrupción, que será enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento. La iniciativa incluirá cambios en las auditorías gubernamentales, a fin de que se conviertan en evidencias que puedan ser usadas por la Fiscalía.