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Ecuador: diciembre 5, 2024

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Ecuador, diciembre 05, 2024

Ecuador tendrá un nuevo Código del Trabajo, anuncia ministra Núñez

El gobierno implementará un nuevo Código del Trabajo a corto plazo. Así lo anunció la ministra del ramo, Ivonne Núñez, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Para Núñez, el actual código ya no permite más reformas. Por tanto, lo más conveniente es elaborar una nueva normativa, que aglutine todas las modalidades de trabajo existentes, y otras que podrían sumarse. La ministra explicó que el objetivo es “unificar” todas las leyes laborales, y que rijan tanto para empleados públicos como privados. Es decir, el nuevo código significaría la eliminación de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), e incluso las normativas que regulan a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Núñez precisó que es necesario adaptar la “flexibilización laboral” a las nuevas realidades. Y mencionó como ejemplo al teletrabajo, que antes no existía, y ahora es muy común. Contratos de Emergencia deben desaparecer Por otro lado, la funcionaria confirmó la intención de eliminar la ley, aprobada durante la pandemia del Covid, que estableció los llamados “Contratos de Emergencia”, que eran por un tiempo determinado. Núñez explicó que esta modalidad, que era necesaria en ese momento, debe ahora desaparecer, pues se afectan los derechos de los trabajadores de contratos indefinidos. La Asamblea, hace un año, planteó su derogatoria, pero en entonces presidente Guillermo Lasso. Una vez cumplido el plazo de rigor –el 20 de julio- el actual Parlamento puede intentarlo de nuevo, en un solo debate. En su intervención ante la Comisión de Fiscalización, la secretaria de Estado también ratificó que la campaña de empleo joven ha tenido éxito. Y citó como prueba que 170.000 ecuatorianos ya tienen trabajo gracias a la misma, como lo pueden atestiguar las cifras de afiliación del IESS. Finalmente, reiteró su crítica a ciertos contratos colectivos, pues fueron firmados violando el artículo 74 de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas. La misma señala que, en el caso de contrataciones colectivas del sector estatal, incluso las de empresas consideradas «estratégicas», se requiere de forma obligatoria y vinculante el dictamen del Ministerio de Finanzas, toda vez que son recursos públicos. Y en estos casos no hubo tal visto bueno. Además, dijo la ministra, mediante dudosas acciones de protección se consiguió que miles de trabajadores, regidos por la LOSEP, pasen al Código del Trabajo, precisamente para ser incluidos en los privilegios. Los contratos colectivos, recordó Núñez, deben amparar únicamente a los obreros, teniendo en cuenta los límites de la Ley. Varios de estos contratos están en manos de la Contraloría, que realiza un examen especial, a fin de determinar posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales.

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Contraloría investiga contratos colectivos de 4 empresas públicas

4 onerosos contratos colectivos de empresas del sector público, están bajo la lupa de la Contraloría General del Estado. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, solicitó formalmente un examen especial a dichos documentos, por considerar que van contra la ley. Las propias normativas facultan a la Contraloría a revisar los contratos colectivos del sector público, toda vez que los “beneficios” o “conquistas” se pagan con fondos del Estado. El análisis determinará si existen irregularidades, y en caso de ser así, las respectivas responsabilidades civiles, administrativas, culposas o penales, de acuerdo a lo que corresponda. Los contratos colectivos se volvieron centro de debate, debido a que contemplan prebendas exageradas, como bonos de eficiencia, pese a las pérdidas en las empresas, guardería, indemnizaciones enormes y beneficios por antigüedad. En algunos casos, ciertos trabajadores llegan a ganar más que el presidente de la República, lo cual está expresamente prohibido. Además, mediante acciones de protección, el sindicato de CNT, por ejemplo, logró trasladar a miles de sus trabajadores de la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP), al Código del Trabajo, a fin de incluirlos en los beneficios del contrato. Algunos de los gremios están preocupados por los privilegios que salieron a la luz, y ellos mismos han suspendido ciertos puntos. La ministra Núñez advirtió que no cejará en esta investigación.

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Ministra de Trabajo pide a Contraloría investigar contratos colectivos de empresas públicas

La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, pidió oficialmente a la Contraloría General del Estado, que realice exámenes especiales a 4 contratos colectivos, que benefician a los trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador. En la documentación entregada al contralor, Mauricio Torres, Núñez solicitó que un equipo de auditores analice posibles responsabilidades administrativas, o incluso indicios de responsabilidad penal, en dichos contratos, con miras a posteriormente darlos por anulados. Para la ministra, los mismos violan las normativas legales, ya que como resultado, algunos servidores ganan más que el presidente de la República, lo cual está expresamente prohibido. Núñez pidió establecer bajo qué conceptos se aprobaron estos contratos colectivos, pues significan un enorme egreso para el Estado. A fin de evitar más abusos, el Ministerio del Trabajo, hace 20 días, expidió un reglamento de contratos colectivos y actas transaccionales, tanto para el sector público como el privado. Dicho reglamento permite revisar los acuerdos, que solo podrán ser válidos si tienen dictamen obligatorio y vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se fijan techos a los salarios en el sector público. Entre las prebendas de los contratos colectivos, destacan enormes indemnizaciones en caso de despidos, alzas salariales aseguradas, pago de guarderías, bonos por varios conceptos, beneficios por “eficiencia”, incluso si se producen pérdidas, entre otras.

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Ministro Luque ofrece revisar tarifas eléctricas ante quejas de ciudadanos

El gobierno analizará el pliego tarifario de energía eléctrica, acogiendo reclamos y denuncias de miles de usuarios. Así lo señaló el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, en diálogo con “Punto de Orden”. Actualmente las tarifas son progresivas. Es decir, quienes más consumen deben pagar mayores planillas por cada kilovatio/hora, en relación a quienes menos gastan. Luque reconoció que en la zona costera del país, y especialmente en los meses de invierno, cuando el calor aumenta, el consumo es mayor. Por ejemplo, en abril pasado hubo un incremento enorme, debido a las altas temperaturas. Al contrario de mayo, en que bajaron. De acuerdo a los estudios técnicos, por cada grado de temperatura que sube, aumenta el consumo de electricidad en un 20%. Parte del problema se debe a que ciertos climatizadores, supuestamente fuertes, no lo son tanto, y al forzarlos incrementan el gasto de corriente. El ministro explicó que este pliego fue creado para limitar el consumo, pero aceptó que es algo injusto. Por ello ordenó que se realice un “mapeo” a nivel nacional, a fin de establecer si es necesario un reajuste. Optimización Como parte de la optimización del sector eléctrico, Luque informó que se analizarán los contratos colectivos de las empresas estatales, que tanto le cuestan al país. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ya se encuentra estudiando la situación, pues existen muchas irregularidades. Por ejemplo, ciertos empleados de CNEL que brindan servicio al cliente, gracias a su antigüedad, reciben 13.000 dólares mensuales. Mucho más de lo que gana el presidente de la República. Lo curioso, apuntó el funcionario, que trabajadores de la misma empresa y con la misma antigüedad, no reciben ni de lejos esa cantidad. Es decir, no hay coherencia en los contratos. Por otra parte, el ministro informó que está en marcha el proceso para la recuperación del parque termoeléctrico, que debería estar en capacidad de producir 700 megavatios/hora. Las reparaciones se harán con las propias casas fabricantes, exigiendo el uso de repuestos originales. Por ahora se han recuperado 160 MV/H. El objetivo es conseguir otros 170. Asimismo, el gobierno impulsará la construcción de las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago, mediante alianzas público-privadas. En ambos casos ya existen las respectivas licencias ambientales y los estudios, así como la garantía para los inversionistas. Coca Codo en observación Especial importancia se le está dando a la situación de la central Coca Codo Sinclair, que presenta problemas debido a la erosión causada por el río Coca y a la excesiva cantidad de sedimentos, así como a la presencia de fisuras en ciertos sectores de la obra. De estos puntos, el más urgente de solucionar es el de los sedimentos, pues al acumularse impiden la generación, explicó Luque. Quinto Puente será mediante alianza En cuanto a sus responsabilidades en la cartera de Transporte y Obras Públicas, señaló como una de las prioridades el impulso al llamado “Quinto Puente”, que unirá el puerto de Guayaquil con Durán, Naranjal y el resto del país. La obra, anotó, se realizará mediante una alianza público-privada. Por ahora se cumple el análisis financiero respectivo, que definirá el monto de la inversión del Estado. La misma dependerá de los valores que se cobren en los futuros peajes. En este aspecto, explicó que el costo, aunque técnicamente no es tan complejo, será algo alto, pues habrá que realizar ciertas expropiaciones en la zona de Naranjal, donde abundan las camaroneras, pues por ahí desembocaría el nuevo puente. Finalmente, remarcó que el MTOP analizará uno por uno los contratos que firmaron ciertos municipios, para instalar radares en las carreteras y avenidas. A su criterio, la idea perdió su espíritu de control, y se convirtió en un negocio muy lucrativo. El gobierno, acotó, revisará los acuerdos, y si descubre irregularidades aplicará las medidas respectivas.

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Sindicatos reconocen que hay prebendas salariales, pero solo en pocos casos

Los trabajadores de las mayores empresas públicas del país, negaron supuestos “sueldos dorados” en la nómina, como denunció en su momento la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Según los sindicatos, la mayoría de empleados gana menos que el presidente de la República (5.072 dólares mensuales), como señala la ley. Reconocen que unos cuantos superan ese monto, pero no tantos como afirma la ministra. Núñez señaló que Petroecuador La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), gracias a sus beneficios sindicales, tienen casos que superan los ingresos del jefe de Estado. Estas 4 empresas públicas, pertenecientes a sectores estratégicos, tienen 27.807 empleados. De dicha cantidad, 20.849 (es decir, el 72,4%) tienen contratos colectivos amparados bajo el Código de Trabajo, y están en los sindicatos de las empresas. Sus dirigentes aceptan que 51 funcionarios tuvieron sueldos mensuales superiores a los del Presidente, con corte a febrero pasado. Se trata de funcionarios de nivel jerárquico superior, cargos de libre remoción. El gobierno puede recortar salarios de este sector, pero no del resto, porque eso implicaría despidos intempestivos, y obligarían a darles una fuerte indemnización.

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Ministra de Trabajo promete medidas para terminar con “sueldos dorados” y prebendas de contratos colectivos

El gobierno lo ratifica: no permitirá más “sueldos dorados” en el sector público. En diálogo con “Punto de Orden”, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, recordó que, de acuerdo a la ley, ningún trabajador del sector público puede ganar más que el presidente de la República. Es decir, por encima de 5.072 dólares mensuales. Sin embargo, al revisar los pagos de ciertas empresas e instituciones del Estado, detectó salarios de entre 7.000 y 8.000 dólares, y en algunos casos mucho mayores, con extrañas combinaciones de bonificaciones, horas extras y comisiones, o en algunos casos gracias a los contratos colectivos. Esta situación motivó a emitir un acuerdo, que prohíbe superar el monto del sueldo presidencial, y de ser así, se anula automáticamente el pago. Núñez precisó que su cartera, como siguiente paso, analiza los alcances de los contratos colectivos, a fin de establecer si cumplen las normativas legales. Si algunas de las cláusulas no lo hacen, perderían toda legalidad. La Constitución, apuntó la ministra, reconoce la contratación colectiva. Sin embargo, algunos de estos acuerdos contienen privilegios inaceptables. Por ejemplo, estabilidad laboral de 7 a 9 años, e indexación de aumentos salariales. Es decir, un aumento sobre el ingreso del trabajador, y posteriormente, cada año posterior, aumento sobre la base y el alza anterior. Los contratos colectivos, dijo, surgieron no para mejoras salariales, sino para una estabilidad razonable. De lo contrario se convierten en el mecanismo de destrucción de las instituciones, como ocurrió con TAME. Asimismo, el Ministerio de Trabajo estableció una revisión de los contratos ocasionales, que representan para el Estado un egreso anual de 1.221 millones de dólares. Por lo pronto, en diciembre pasado no se dieron renovaciones a 464 burócratas. Quedarán exceptuados de los despidos, las personas con discapacidades o enfermedades catastróficas, o las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Trabajo por horas es positivo En otro ámbito, la ministra defendió la propuesta de trabajo por horas, que consta en la Consulta Popular y Referéndum, fijada para el 21 de abril próximo. Núñez explicó que el objetivo de la pregunta, en caso de ganar el “Sí”, es incorporar a nuevas personas al sector laboral, al menos de forma parcial. Hay actividades, remarcó, que pueden acogerse fácilmente a este ritmo. Por ejemplo, jardinería y limpieza de piscinas. También descartó que se convierta en una herramienta para despidos masivos, como señalan gremios sindicales.

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