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Ecuador: diciembre 8, 2024

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Ecuador, diciembre 08, 2024
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Dentro de investigación previa por pecualdo, Fiscalía convoca a la prefecta Paola Pabón a rendir versión el próximo 17 de noviembre

El Universo .- La investigación previa se abrió el 24 de octubre pasado, luego de se filtró un audio en el que dialogan Soledad Padilla y el exvicepresidente Jorge Glas. En la continuación de la investigación previa abierta por el delito de peculado contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la Fiscalía General del Estado convoca el 17 de noviembre próximo a la funcionaria a rendir versión y así hablar de la forma de contratación y las labores que Soledad Padilla mantuvo en la Prefectura de Pichincha entre 2019 y 2023. La indagación en este caso se abrió el 24 de octubre pasado y parte de lo dicho por la propia Padilla en un audio filtrado en el que dialoga con el exvicepresidente Jorge Glas. Aparentemente, mientras era funcionaria de la Prefectura de Pichincha Soledad Padilla era la asistente del líder correísta, quien estuvo en varios Centros de Privación de Libertad (CPL), entre 2017 y 2023, cumpliendo dos sentencias en firme por actos de corrupción relacionados con los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. La versión a la que es convocada Pabón fue solicitada por su defensa. Como parte de la información requerida por la Fiscalía, la prefectura de Pichincha ya habría facilitado informes sobre la creación de la necesidad de los cargos de asistente de promoción turística 2 y directora técnica de apoyo que ocupó Padilla desde el 5 de noviembre de 2019 que ingresó al Gobierno Autónomo Descentralizado provincial liderado por Pabón. Además información del área de Recursos Humanos sobre la selección, el sueldo, informes de trabajo y otros documentos de registro. En uno de los audios filtrados se escucha a Glas decir que Padilla no trabajaba para él, sino para la Prefectura de Pichincha. Padilla le respondió: “Cuanto no lo conozco que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita: Para mi no trabajabas, trabajabas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor Jorge, por favor, entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge”. Padilla ha denunciado a Glas en la Fiscalía por acoso e intimidación; mientras que Jorge Glas días después la demandó por extorsión, pues supuestamente le exigió $ 350.000 a cambio de no publicar audios relacionados con el tema. Entre la tarde y noche del jueves 2 de noviembre pasado y como parte de un acto urgente, la Fiscalía allanó una vivienda en la provincia del Guayas y varias oficinas de la Prefectura de Pichincha, en el centro de Quito, entre ellas, la que ocupaba Padilla en el piso 19 y otra del área de tecnologías en el piso 8. Equipos electrónicos (cuatro computadoras) y documentos habrían sido levantados en los lugares en los que se dieron los allanamientos. Para la prefecta Pabón era inaudito que habiendo señalado casillero judicial y entregado toda la información requerida por la Fiscalía, “en un burdo intento por polemizar y mediatizar un caso”,se allane la Prefectura en feriado nacional, cuando nuestro personal está trabajando en las vías en el operativo Pichincha Segura. Durante el allanamiento, el procurador de la Prefectura de Pichincha, Freddy Vega, tampoco entendía la acción de Fiscalía, más aún cuando la institución ha brindado las facilidades y entregado la información que se ha requerido. De Padilla explicó que era una funcionaria más del área de Protocolo. Mostró reparos por el momento en el que se hace el allanamiento, pues, según él, la acción podría haber sido hecha en horarios laborales en el que están los funcionarios laborando y pueden hacer los requerimientos del caso y no en medio de un feriado nacional. “Vienen en momentos en que no están los funcionarios y no les podemos dar mayor información”, indicó Vega, quien además calificó al acto de Fiscalía como inoficioso. Entre los delitos contra la eficiencia de la administración pública se encuentra el delito de peculado, el cual está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa explica que los servidores públicos; las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado; o, los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad que pueden ir de los cinco a los trece años. Serán sancionados con la misma pena como responsables de peculado los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades; que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.

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Ministerio de Energía declara caducidad de contrato en bloque 45 manejado por consorcio Pegaso

El Universo .- Empresa privada pidió Acción de Protección y medidas cautelares. Audiencia se realizará el 10 de noviembre próximo Este 19 de octubre el Ministerio de Energía, a través del Viceministerio de Hidrocarburos y la Coordinación Jurídica, emitió una declaratoria de caducidad del Contrato Modificatorio al contrato de Prestación de Servicios para Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 45 que se había celebrado con el Consorcio Pegaso (Campo Puma Oriente) desde el 2011. El motivo de la caducidad fue que la empresa contratista había suspendido las actividades de exploración desde junio del 2020. El Ministerio indicó que como parte de esta resolución, se ha dispuesto la inmediata restitución al Estado ecuatoriano del área de contrato y la entrega de todos los equipos, herramientas, maquinarias, información técnica actualizada y otros elementos. Así como instalaciones industriales o de transporte y comercialización y demás muebles e inmuebles adquiridos. Además indicó que este bloque será considerado para futuras rondas licitatorias, con el objetivo de incrementar la inversión directa y el aumento sostenible de la producción petrolera. Entre tanto, Oswaldo Vladimir Arostegui Ponce, apoderado General de la Empresa Campo Puma Oriente S.A, parte del Consorcio, presentó este 27 de octubre una Acción de Protección Constitucional con Medidas Cautelares, la cual ha sido aceptada a trámite por un juez del cantón Rumiñahui. Así, dicha Unidad Judicial convocó a las partes a la audiencia pública a realizarse el día 10 de noviembre de 2023, las 09:00 en la sala de audiencias de la Unidad Judicial Civil del Cantón Rumiñahui, (Av. General Rumiñahui e Isla Baltra, Edificio Ponce). Además el juez otorgó medidas cautelares de tal manera que indicó que se debe proceder con la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo dictado mediante Resolución N. MEM-DPL-2023-0047-RM, de fecha 19 de octubre de 2023 que declara la caducidad del Contrato. En este sentido, la Cartera de Estado exhortó a las entidades competentes a cumplir con el debido proceso, ante posibles acciones legales o recursos de protección que pudieran derivarse de la Declaratoria de Caducidad.

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Caso Sinohydro: dos amigos del expresidente Lenín Moreno y un exembajador de China, entre los cinco procesados que incumplieron su medida cautelar

El Universo .- Por el delito de cohecho fueron investigadas 40 personas, pero la Fiscalía informó que solo emitirá un dictamen acusatorio contra 25 de ellas. Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño, el exembajador de China Cai Runguo y los también ciudadanos chinos Song Dongsheng y Liu Aiseheng son los cinco procesados dentro del caso Sinohydro, en el que se investiga el delito de cohecho, que finalmente incumplieron la medida cautelar de presentación periódica. Un total de 25 personas siguen en la causa, pues solo contra ellas la fiscal general, Diana Salazar, anunció que emitirá un dictamen acusatorio. Así consta en la razón incluida en el expediente del caso que analiza un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del correísmo. En relación con el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, quienes solicitaron para que por esta única ocasión, por cuestiones de salud, les permitan cumplir su presentación periódica por vía telemática y no de forma presencial en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la conjueza nacional Liz Barrera, luego de analizar certificaciones médicas, determinó que el documento sí justifica el hecho de que ambos no pudieron presentarse en la sede en Quito de la CNJ, cumpliéndose los elementos que configuran un “caso fortuito”. David Meza, abogado de Moreno y su esposa, Rocío González, presentó documentación médica que confirmaba que el expresidente se encuentra convaleciente y en reposo de 20 días, desde el 29 de septiembre pasado, por un diagnóstico de “prostatitis aguda, hiperplasia prostática, infección urinaria y hematuria de origen a determinar”. Se explicó, además, que González es la única persona que cuida la salud de Moreno, quien tiene más de 65 años y el 80 % de discapacidad. El 5 de junio pasado, en audiencia de revisión de medidas cautelares no se acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y González propuesto por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y en su lugar decidió que ambos se presenten los últimos diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, Paraguay, y cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito. Con esta decisión desaparece la sombra de que pueda pedirse la orden de prisión preventiva por incumplimiento de la medida dispuesta inicialmente. El exmandatario ecuatoriano y su pareja, quienes viven en Paraguay, deberán seguir cumpliendo con las medidas dispuestas por el conjuez Bayardo Espinosa en junio pasado. Irina Moreno, hija del excompañero de fórmula de Rafael Correa, también cumplió con su presentación periódica en Ecuador cada cuatro meses el miércoles último. Previamente y por tres meses, ella se presentó en la delegación consular de Ecuador en Miami, Estados Unidos, donde actualmente vive con su familia. Macías Carmigniani y Patiño, amigos cercanos de Lenín Moreno, debían cumplir una medida similar de presentación periódica: por tres meses en el país de residencia y al cuarto en la CNJ en Ecuador. La pareja debía hacer su presentación ante la Embajada de Ecuador en Panamá y al cuarto mes debía hacerlo en Quito. Esta última parte no se cumplió y así consta en el informe de presentaciones del caso. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó el 18 de octubre pasado un escrito en el que solicita que se certifique si todas las personas procesadas en el caso Sinohydro han o no cumplido con las medidas cautelares dispuestas en esta causa. El documento ya es parte del expediente y ante ello se generaría un pedido para que se revisen las medidas cautelares de quienes las han incumplido. Aunque fueron investigadas 40 personas durante los 120 días de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, Salazar anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados. Para la fiscal general, los acusados habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas. Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador Cai Runguo. Después del último diferimiento dado el 14 de septiembre pasado, aún no existe una nueva fecha para que pueda instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se discutan posibles nulidades procesales y también se escuche el dictamen acusatorio de la Fiscalía

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Barcazas, importación de gas, motores a fuel oil son parte de las medidas que pondrían fin a apagones recién a mediados de diciembre

El Universo .- Desde este viernes 27 de octubre regresan los apagones a Ecuador. En la Sierra y Amazonía serán de 4 horas y en la Costa de tres horas, anunció el Ministerio La compra de una nueva generación de energía eléctrica a través de las empresas distribuidoras y la importación de gas a través de iso-tanques son dos de las medidas que tomará el Gobierno a fin de que los anunciados apagones, que empezarán desde este viernes 27 de octubre, lleguen a su fin a mediados de diciembre. Previamente se había ya anunciado la compra de motores a fuel oil por parte de Celec EP. Es que tras el anuncio que hicieran las principales autoridades energéticas: el ministro de Energía Fernando Santos, el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Gonzalo Uquillas, el gerente del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), Gabriel Argüello y el gerente de la Empresa Eléctrica Quito, Marcelo Jaramillo, de que ya empiezan apagones de 4 horas en la Sierra y Amazonía y de tres horas en la Costa, las autoridades también informaron las medidas que están tomando a fin de que estos cortes sean temporales, es decir un mes y medio. Los anuncios de estas medidas que llegan al filo del inicio de los apagones, también estuvieron acompañados por una serie de justificaciones por parte de las autoridades, que no consideran que se pudo hacer algo más para evitar el problema de apagones. Entre los factores que mencionan está que este ha sido el estiaje más severo en 50 años, que no se podía prever que el embalse de Mazar iba a quedar en sus mínimos a finales de octubre, pues ese no es el comportamiento habitual, que hubo muchos proyectos eléctricos mal hechos y otros que no se han terminado, entre otros. Así, el ministro Fernando Santos informó que los apagones serán temporales hasta que se concrete la nueva generación de energía por 465 MW, cuyo proceso está encabezado por la Empresa Eléctrica Quito y otras distribuidoras del país. Estos vendrán a través de barcazas o de soluciones en tierra. El costo de esta solución será de $ 160 millones que serán asumidos por las empresas distribuidoras y no se subirán tarifas a los consumidores. Sobre el tema, Marcelo Jaramillo, de la Empresa Eléctrica Quito explicó que la contratación será por seis meses y que ya se han tomado las primeras acciones para el proceso. En primera instancia se realizó un sondeo del mercado de la generación que puede haber dentro y fuera del país. Ha habido el interés de 18 firmas Ya se abrieron los sobres y los resultados son bastante competitivos pues el precio sería de 8,5 centavos más combustible. Se está trabajando en este tema 24/7 para que las ofertas puedan llegar en30 o 45 días es decir a mediados de noviembre, a finales de diciembre se podría contar con la energía disponible. Todo ello se basa en el convenio de Asociatividad Temporal de las 20 distribuidoras del país que permitirá “ejecutar un procedimiento de selección y contratación para obtener la energía generada por una potencia de 465 MW por un periodo de seis meses. Además se realizará una campaña comunicacional de ahorro y uso eficiente de la energía para lo cual el Ministerio de Energía resuelve Empresa Eléctrica regional del Norte. En segunda instancia, está previsto que se realice en las próximas horas el lanzamiento de una licitación para la importación de gas natural. Esto permitirá la compra de 100 MW a través de la importación de gas que llegarían a mediados de diciembre. Esta energía, a pesar que es más cara que la generada por gas nacional, costaría entre 12 y 14 centavos el kilovatios hora. Esto representa una mejora importante, frente a los entre 23 y hasta 57 centavos kwh que le ha costado al país la energía de Colombia. Gonzalo Uquillas anunció además que en el proceso de importación de gas, ya se ha desistido de utilizar la infraestructura del Campo Amistad y más bien se lo hará por Isotanques. Una tercera solución que está en camino es la contratación que hizo Celec de 32 motores de 54 MW que ya están por ser embarcados desde Corea y que llegarían a finales de diciembre o a principios de enero al país. Adicionalmente, Uquillas dijo que al momento las térmicas están al 80% y que el lunes entraría en funcionamiento Termoesmeraldas 1 con 125 mw y el miércoles, Termoesmeraldas 2, con 42 MW. Para el ministro Santos el problema se ha dado porque por más de 70 años se ha vivido un monopolio estatal de la generación y desde 2007 al 2017 se hicieron gastos en generación pero con pésimos resultados. En la mañana, el experto en temas energéticos, José Alvear Campodónico, señaló que los apagones serían producto de la negligencia de las autoridades. Y esto le llegaría a costar unos $ 1.000 millones al Estado. Para Alvear, la indisponibilidad de energía eléctrica en Ecuador superaría los 6.300 MW. Asegura que si bien existe una capacidad instalada de 8.000 MW, y la demanda es de un poco más de 4.000 MW, no se puede aprovechar toda la capacidad porque hay varias que están indisponibles. Además, las empresas camaroneras y mineras requieren al menos 3.000 MW. El experto también dijo no sería correcto realizar compras de emergencia a través de un simple acuerdo ministerial, pues asegura que se requiere un decreto ejecutivo para la declaración de emergencia en el sistema eléctrico. También hizo comentarios en el sentido de que ha puesto una denuncia en la Fiscalía porque presume que ha habido un sobreprecio en el tema de la compra de motores a fuel oil, que sería del 50% adicional, Sobre el tema de que no existe un decreto ejecutivo para la emergencia, el ministro Santos consideró que lo emitido en el acuerdo ministerial es suficiente para realizar las compras de manera expedita, pero aseguró que los procesos se los hará con licitaciones y de manera transparente. Adicionalmente,

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$ 2,2 millones se destinarán para mejorar el sistema de señalización marítima del Puerto de Guayaquil

El Universo .- La inversión de este proyecto es de 2,2 millones de dólares, y tiene una duración de 365 días. Unos 2,2 millones de dólares se invertirán para mejorar el sistema de navegación en el Puerto Marítimo de Guayaquil. Por el canal de acceso al puerto cada año navegan 2.550 buques de carga que requieren de este sistema de señalización para entrar a las terminales portuarias. Para estos trabajos se realizó la firma del contrato entre la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar). El contrato será para realización del mantenimiento correctivo y preventivo de ayudas a la navegación. La firma de ese contrato se realizó en el edificio administrativo de la APG, en el sur de Guayaquil. Al evento asistieron el ministro de Transporte, César Rohon, autoridades de APG y del Inocar. Los trabajos deberán ejecutarse en 365 días y estarán enfocados en mejorar el sistema de navegación. El objetivo del proyecto será optimizar el sistema de señalización marítima. Específicamente boyas, faros y enfiladas. Con ello se pretende mejorar el tráfico marítimo. Asimismo se va a dar uso a nuevas tecnologías, el material de la nueva boya será a base de plástico y tendrá una estructura innovadora. También su mantenimiento será sencillo y se podrán modular sus segmentos sin presentar problemas. Podrá ser reemplazada en el sitio y de esta manera el canal podrá continuar operando con normalidad. Adicionalmente, contarán con el Sistema de Identificación Automática (AIS), que permitirá identificar a las embarcaciones y dar seguimiento a su posición y otras informaciones relevantes. En este caso es para que otros buques o estaciones puedan conocer su ubicación y de esa manera evitar colisiones.

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A cuatro meses del sobreseimiento de los 18 procesados por peculado en el caso Dhruv, un tribunal de la Corte Nacional convoca a audiencia de apelación

El Universo .- El 19 de junio pasado, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, emitió un sobreseimiento que favoreció a 18 personas procesadas por el delito de peculado. El próximo martes 10 de octubre, desde las 10:00, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Byron Guillén, conocerán en audiencia la apelación interpuesta por la fiscal general Diana Salazar y la Procuraduría General del Estado contra el sobreseimiento decidido a favor de 18 personas acusadas de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India. La apelación por parte de Fiscalía se la hizo de forma oral y lo ratificó de manera escrita, de la misma manera que lo hizo la Procuraduría, después de la decisión adoptada por el juez nacional Luis Rivera, el 19 de junio pasado, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv. Esta reinstalación demoró casi once meses en concretarse, pese a que lo único que restaba era conocer la decisión de Rivera de si llamaba o no a juicio. La fiscal Salazar no estuvo de acuerdo con la resolución y el mismo día de la audiencia anunció oralmente su apelación al auto de sobreseimiento. Dijo que existían los “suficientes elementos” para sustentar la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de todos quienes en su momento recibieron un dictamen acusatorio de Fiscalía. Pero Rivera tuvo un análisis distante al de la líder de la Fiscalía. Desde la perspectiva del juez nacional dentro de la audiencia no se evidenció que existen los elementos del tipo penal de peculado. “Las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”, explicó en su sentencia oral el juez nacional. El magistrado de la Corte Nacional resaltó en su decisión que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $45 millones, que las siete aeronaves fueron aseguradas y si bien hubo 4 aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló el Estado Ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) asesinado en diciembre de 2010 y quien fue uno de los principales opositores a la compra de los helicópteros Dhruv, denuncia que ha pasado el máximo de tiempo de 60 días que existente en la norma para resolver el recurso y podría ser archivado definitivamente el caso. Aparentemente ese sería el fundamento de los investigados para pedir que se deseche la apelación y se confirme el sobreseimiento inicial. “Con esa argucia dirán que el caso quedó ahí y no pasó nada. Es lamentable que esto nunca vaya a llegar a la verdad, principalmente por todas las personas que están de detrás, por todo lo que hay detrás del caso Gabela (investigación del asesianato del general Jorge Gabela). (…) Es duro saber cómo actúa la justicia. Yo no tengo confianza en la justicia y mucho menos ahora”, anotó Ochoa. Dos exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, hacen parte de la lista de sobreseídos y que en su momento fueron acusados de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en 2008 en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C.A. También fueron beneficiados con el sobreseimiento Juan Cortéz, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres Generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres. Durante estos cuatro meses que han pasado, las medidas cautelares dispuestas sobre los 18 investigados han ido desapareciendo una a una, pues fue orden del juez Rivera que se levanten todas las medidas cautelares de carácter real y personal que mantenían los ahora sobreseídos.

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Fiscalia investiga un tráfico de influencias como parte de un supuesto ‘pacto para frenar la licitación de seguros para Petroecuador’

El Universo .- El Ministerio de Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía General la noticia de lo ocurrido para que realice la investigación correspondiente.   A poco de conocerse un video en el que funcionarios públicos e intermediarios de dos empresas fueron grabados en medio de una supuesta irregular negociación, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado realizó acciones, la mañana de este miércoles 16 de agosto, para investigar el presunto “pacto para frenar la licitación de seguros para Petroecuador”.   La acción en la que participaron agentes de Fiscalía y de la Policía Nacional se dio con la finalidad de recabar indicios ante la posibilidad de que existan hechos que se adecúen al delito de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, la investigación se abrió de oficio, luego de que se hiciera público un video en el que se evidencia una reunión entre funcionarios públicos y privados. Desde el fin de semana último, en redes sociales circula un video de la conversación en la que se indica aparentemente que un asesor del Ministerio de Gobierno habría concretado una coima de $ 1 millón a cambio de echar abajo la licitación de seguros de Petroecuador y una extensión de cobertura de seis meses en un presunto consenso con la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Presidencia de la República. El 14 de agosto, el Ministerio puso en conocimiento de la Fiscalía General la noticia de lo ocurrido, para que realice la investigación correspondiente. Desde el Ejecutivo se anunció que se brindará su colaboración en todo el proceso y se aseguró que el proceso de contratación de las pólizas de seguro de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima de Petroecuador, que se inició el 31 de julio de 2023, sigue su curso.   Petroecuador, mediante un comunicado público, anotó que el proceso de contratación se efectúa cumpliendo con la normativa legal vigente. Y mostró el calendario de este proceso que consta en el portal de compras públicas. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia también informó las “acciones inmediatas” tomadas por el Gobierno, es decir, la remoción del cargo “del funcionario del Ministerio de Gobierno involucrado en los audios”. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, refirió que no tolerará  ninguna conducta impropia en el servicio público”. Se aseguró desde la petrolera estatal que toda empresa aseguradora calificada puede presentar su oferta. Una de las incursiones planificadas fue dada en la cafetería en donde se habría realizado la reunión en donde se grabó el video del que serían parte “audios de una conversación en que participarán funcionarios públicos, en torno a un proceso de contratación relativo a pólizas de seguro que lleva adelante Petroecuador”. Desde la Fiscalía no se han dado mayores detalles de otros allanamientos o de los elementos que se habrían levantado en las acciones.

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Lenín Moreno y otros 24 procesados en el caso Sinohydro enfrentarán dictamen acusatorio por cohecho en una audiencia el próximo 26 de julio

El Universo .– La Fiscalía investigó a 40 personas por el delito de cohecho, pero decidió finalmente emitir un dictamen abstentivo que favoreció a quince personas.   A poco de cumplirse cinco meses de haberse iniciado el proceso penal por el delito de cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, el exbinomio presidencial de Rafael Correa, Lenín Moreno, enfrentará el miércoles 26 de julio próximo una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).   La convocatoria la hace el conjuez nacional Bayardo Espinosa solo días después de que la fiscal general Diana Salazar emitió un dictamen mixto en el que acusa a 25 procesados, entre ellos, el exmandatario Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos (Edwin y Guillermo Moreno Garcés), una cuñada y otros; y se abstiene de acusar a otras quince personas que inicialmente fueron investigadas.   La Fiscalía también decidió acusar a varios amigos cercanos del exprimer mandatario Moreno: el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatríz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Herdoiza), empresarios como Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal china Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China, Cai Runguo. En estos cuatro meses de instrucción fiscal, la cual cerró el 14 de julio pasado, la Fiscalía investigó una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en Ecuador y otros países con paraísos fiscales, para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción del proyecto emblema del correísmo: Coca Codo Sinclair.   En la lista de los sobreseídos están Jacqueline Viteri Cedeño, cuñada del expresidente y esposa del también procesado Edwin Moreno; la nieta de Conto Patiño, María Patiño; el exmiembro del directorio de las hidroeléctrica Coca Codo, Francisco Castelló; además de abogados y extrabajadores de los Patiño en empresas como Comercial Recorsa y Novatex. El empresario Juan Manuel Durini también es uno de los sobreseídos, aunque su esposa Priscila Burneo, vinculada el 14 de junio pasado al proceso junto a su abuela Beratríz Herdoíza, es parte de quienes recibirán un dictamen acusatorio. La megaobra realizada en el gobierno de Correa habría costado al país más de $ 2.000 millones. La misma se realizó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República, Conto Patiño representaba comercialmente a la empresa China Sinohydro y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador.   La etapa de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Sinohydro llega teniendo al ciudadano chino Wu Yu como el único de los procesados con orden de prisión preventiva. Todos los que mantienen un dictamen acusatorio están presentándose periódicamente en la Corte Nacional en Quito, en sedes provinciales del poder judicial o en embajadas y consulados que mantiene Ecuador en Paraguay, Estados Unidos y Panamá.   Por ejemplo, Lenín Moreno y Rocío Gonzalez están presentándose periódicamente los últimos diez días de cada mes en la embajada de Ecuador en Asunción del Paraguay. Esa presentación deberá mantenerse los primeros tres meses, es decir, hasta septiembre próximo, pues a finales de octubre lo deberán hacer de forma en la sede de la CNJ, en la capital ecuatoriana. Desde enero de 2022, el exprimer mandatario ecuatoriano ocupa un cargo “ad honorem” en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Paraguay.   Dentro de este mismo casso cumplen una medida similar, pero en otro país, Irina Moreno, Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño, entre otros.   Para las 08:30 del 26 de julio próximo está convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se resolverá la situación legal de los 25 involucrados y se escuchará el sustento que tiene la Fiscalía para acusarlos de formar parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en sobornos. La diligencia se dará en el octavo piso de la Corte Nacional, al norte de la capital ecuatoriana.

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Ministra de Telecomunicaciones sí aspira a cerrar el contrato con las telefónicas Claro y Movistar antes de que se acabe el Gobierno

El Universo .- Maino dijo que se está conversando sobre temas de seguridad y cobertura social y que contratos serán prorrogados para tranquilidad de las empresas y ciudadanía. La ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Vianna Maino, aseguró que la administración actual sí aspira a concretar la firma de la concesión de los contratos con las dos telefónicas celulares Claro y Movistar antes de que se acabe este Gobierno. Además adelantó que lo que se pague por parte de las empresas no podrá ser menor a lo que ya se pagó en primera instancia.   Lo dijo en una entrevista en Teleamazonas, en la cual también indicó que la población no se quedará sin servicio telefónico, a pesar de que los contratos están por vencer, y comentó que en poco tiempo los contratos serán prorrogados para la tranquilidad de las empresas y de la ciudadanía.   “Por ningún motivo nos vamos a quedar sin servicio. Independiente de las negociaciones, no se va a cortar el servicio, dense o no se den (las negociaciones), que sí se van a dar”, dijo la funcionaria de Estado.   En cuanto a las negociaciones, Maino, al ser consultada sobre si este Gobierno llegará a firmar esos contratos, dijo: “Nosotros aspiramos a que sí”.   De esta manera, la ministra dio luces sobre cómo marcha el proceso de negociación de los contratos, que vencen en agosto (Claro) y en noviembre (Movistar) y que estuvieron siendo negociados durante dos años. El tema ha generado preocupación porque la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) decidió suspender por 120 días las negociaciones que se estaban llevando adelante, sin dar una explicación al respecto. Maino aseguró que ahora la telefonía celular, al llegar por lo menos a 17,5 millones de ciudadanos, es el servicio público más ciudadano que existe. Y, por ello, el compromiso del Gobierno es negociar una serie de condiciones que harán que los contratos resulten beneficiosos para los consumidores durante los quince años de duración del nuevo contrato.   La ministra destacó que aún no se han terminado los acuerdos, pero que el Gobierno actual ha actuado desde agosto del año pasado con una serie de gestiones que incluyó contratar una veeduría internacional, otra del Consejo de Participación Ciudadana, apoyos de la CAF, entre otras.   Explicó que dentro de la negociación han estado temas como beneficios sociales, seguridad tecnológica para las cárceles y otros temas de seguridad nacional. Pese a la suspensión dictada por Arcotel, Maino dijo: “estamos sentados conversando con ellos”.   Aclaró además que las negociaciones no se pueden limitar solo a “cuánto me pagas por el espectro”, sino a otros temas de inversión. Por ejemplo, dijo que el costo de la tecnología para las cárceles también es un monto que es parte del paquete, así como programas sociales de cobertura remota.

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Dos nuevas investigaciones penales contra Jorge Glas podrían revertir la ‘libertad provisional’ que mantiene y la ‘prelibertad’ que busca

El Universo .- El expresidente Jorge Glas ha sido sentenciado por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo agravado en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.   Hasta hace tres días para el exvicepresidente Jorge Glas en el tema procesal penal lo que le restaba era solicitar la prelibertad, pero en tan solo horas su futuro jurídico se complicó: la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fecha para formular cargos contra el líder correísta por supuestos actos de corrupción ocurridos en la obra Manta-Colisa, como parte de la reconstrucción de Manabí, y además reabrió la investigación previa en el denominado caso Singue, que incluye al excompañero de fórmula de Rafael Correa.   El 30 de mayo último, una jueza de Garantías Penales de Pichincha le confirmó a Glas que le restaban dos años, once meses y quince días para completar su pena única de ocho años de cárcel definida en enero pasado, una vez que le unificaron los seis años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y los ocho de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.   Con la unificación y la confirmación del cómputo de la pena, al exvicepresidente lo que le restaba era solicitar el beneficio penitenciario de prelibertad, para que así oficialmente pueda cumplir lo que le resta de pena fuera de la cárcel, bajo ciertas medidas dispuestas para alcanzar su reinserción social.   Ahora la posibilidad de que se le conceda la prelibertad se complica con el anuncio hecho por la fiscal general, Diana Salazar, de que dentro de una investigación previa abierta se han desprendido hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de una obra vial construida con fondos de la Ley de Solidaridad creada luego del terremoto de 2016. Ante ello, Salazar pide a la Corte Nacional día y hora para que se dé una audiencia en la que formulará cargos contra Glas, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí Carlos Bernal y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad”, recordó la fiscal general en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía.   Según la fiscal Salazar, el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el gobierno de Rafael Correa conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.       Para la titular de la Fiscalía, este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario. Lo sospechoso, según Salazar, es que se tomó esta decisión sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.    Ante lo dicho por la fiscal Salazar, Rafael Correa, quien fue presidente de la República durante el terremoto de 2016 e inició el proceso de reconstrucción, respondió: “¡Ya es descarado! ¿Quién puede creer los “informes” de delincuentes como (Pablo) Celi? ¿Por qué no se llama a los otros miembros del Comité de la Reconstrucción, como Agustín Casanova, aliado de Lasso? ¿Salazar está en capacidad de decidir la prioridad en el gasto de reconstrucción? Ojalá los jueces actúen honestamente. Ya falta poco”.   El inicio de este proceso penal podría cambiar la “libertad provisional” de la que goza Glas desde el 28 de noviembre pasado, debido a medidas cautelares autónomas que le concedió un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo. Esta situación podría ser modificada si luego de la audiencia de formulación de cargos el juez a cargo de la causa relacionada con la reconstrucción de Manabí ordena como medida cautelar la prisión preventiva de Jorge Glas.   A la formulación de cargos anunciada por la Fiscalía, a Glas se le suma que fue notificado el 22 de mayo pasado de que la investigación previa en el denominado caso Singue se reabre. En total fueron notificadas en este caso trece personas, entre ellas nuevamente los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, además de Aníbal Cazar, César Guerra y Gustavo Donoso. Hace casi siete meses que de forma unánime un Tribunal de la Corte Nacional resolvió en el caso Singue, en el que se analizó el delito de peculado, declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la solicitud de formulación de cargos hecha por la Fiscalía e ingresada en la CNJ el 12 de febrero de 2019.    En esa misma declaratoria de nulidad, el juez Luis Rivera, presidente de la Sala, dejó a salvo la potestad que asiste a la Fiscalía General de iniciar la acción penal pertinente, “sobre la base de los elementos de convicción distintos a aquel que ha sido declarado nulo y para este caso que hayan sido recabados en la fase preprocesal de investigación previa 47-2017″.   El efecto práctico de la nulidad fue dejar sin vigencia la sentencia de ocho años para Jorge Glas; los exministros Pástor y Pareja Yannuzzelli; César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; y de cuatro años para los exfuncionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos.   Glas, Pástor, Pareja Yannuzzelli y Guerra fueron sentenciados inicialmente como coautores; mientras que Cazar, Donoso y Burgos recibieron una pena de cuatro años de prisión como cómplices de un supuesto peculado cometido en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue,

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Tribunal de Ejecución definirá la reparación económica que deben pagar al Estado Daniel Mendoza y otros siete condenados por corrupción

El Universo .- De los 19 procesados que existían en la causa hospital de Pedernales, ocho ya tienen sentencia y seis han sido sobreseídos.   Pese a que el exasambleísta Daniel Mendoza y el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René Tamayo, ambos sentenciados por una delincuencia organizada ocurrida en el manejo de recursos del Estado destinados como anticipo para la construcción del hospital de Pedernales, salen de la cárcel o piden que se levante el arresto domiciliario por el cumplimiento de la pena, aún están a la espera de conocer cuál es el monto individualizado de reparación integral que les corresponde.   El 12 de noviembre de 2020 un Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ordenó en este caso el pago de una reparación integral de $ 8 millones, valor que se debería dividir entre los ocho sentenciados. Desde marzo de 2023 el fallo por delincuencia organizada está en firme, pues un Tribunal presidido por el juez nacional Byron Guillén negó los pedidos de casación hechos por Mendoza y Tamayo.   En la resolución del Tribunal de Juicio en la que se ordenó el pago solidario de una reparación integral de $ 8 millones, el juez Marco Rodríguez, presidente de esa sala penal, aclaró que el pago se deberá dar de conformidad con los grados de participación (autor o cómplice), lo cual se deberá ventilar en la fase de ejecución, anotó.   Una vez en firme la sentencia por delincuencia organizada, desde el 15 de mayo pasado avocó conocimiento el Tribunal de Ejecución de la causa. Esta fase se iniciará cuando se individualice y notifique lo que debe cancelar cada sentenciado.   Durante la casación, las defensas de Mendoza y Tamayo aseguraron que existía una contravención expresa de la norma en lo que tiene que ver con la garantía de la motivación en cuanto a la reparación integral definida en $ 8 millones. Para la abogada del exasambleísta, existía una insuficiente motivación, mientras que para la defensa del exfuncionario del Secob, había una inexistencia de motivación. El Tribunal de Casación descartó el argumento explicando que los jueces de segunda instancia señalaron los hechos que sirvieron para determinar el monto de reparación y aclaró los motivos por los que concluye que el monto de $ 8 millones es lo que se debe pagar.   “De ahí que al encontrarse una argumentación jurídica respecto a la reparación integral no puede asegurarse que la motivación es inexistente. (…) Existe una respuesta jurídica que aunque no es coincidente con la pretensión de los recurrentes aborda el argumento planteado, lo que permite establecer que se cumple con el parámetro de suficiencia normativa y fáctica de la motivación. Al verificarse que esta alegación contiene una contestación mínima por parte del Tribunal de Apelación se desacredita la alegación de motivación inexistente o insuficiente, por lo que, en consecuencia, se declara improcedente la alegación de falta de motivación”, señaló el Tribunal de Casación.   Desde el 30 de mayo último, Daniel Mendoza, exasambleísta por Manabí por el entonces movimiento Alianza, dejó la Cárcel 4, ubicada en Quito, donde cumplía su pena por delincuencia organizada. El hecho se produjo horas después de que la jueza de Garantías Penitenciarias Soledad Manosalvas le concedió el beneficio penitenciario de régimen semiabierto que solicitó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) por pedido de Mendoza.   Bajo este nuevo régimen penitenciario deberá permanecer el exlegislador hasta el 5 de agosto de 2024, fecha en la que cumpliría el 100 % de la pena de 50 meses que se le confirmó en tres instancias en la Corte Nacional. Mendoza completó en prisión el 71,55 % de la pena, aunque para acceder al régimen semiabierto, según la norma vigente, debía completar por lo menos el 60 % de la pena de cárcel impuesta.   La jueza Manosalvas dispuso que el exlegislador cumpla presentaciones periódicas una vez por semana, mínimo cinco horas, en la Unidad de Reinserción Social o a su vez el Centro de Privación de la Libertad de Portoviejo, que se debe presentar una vez por mes ante la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, la prohibición de salida del país, el uso del grillete y continuar recibiendo tratamiento psicológico.   En cambio, el exdirector del Secob René Tamayo, desde inicios de mayo está solicitando que se le levante la medida cautelar de arresto domiciliario que pesa en su contra, pues asegura haber ya cumplido la pena de 34 meses impuesta en sentencia dictada en noviembre de 2020 y que se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley desde el 24 de marzo de 2023.   La respuesta del juez de la Corte Nacional que recibió el pedido fue trasladar la solicitud a un juez de garantías penitenciarias que es quien tiene la potestad legal de conocer ese tipo de pedidos.   De los 19 procesados que existían en esta causa, ocho ya tienen sentencia, seis han sido sobreseídos y cinco, entre los que están el exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Secob Jorge Jalil, fueron llamados a juicio. De estos cinco, dos fueron sentenciados como coautores y uno fue sobreseído, mientras que Azuero y Jalil aún se mantienen como prófugos.

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Dos exministros de Defensa de Rafael Correa y otros 16 procesados conocerán, el próximo 19 de mayo, si son o no llamados a juicio por peculado en el caso Dhruv

El Universo .– La Fiscalía solicitó que sean llamados a etapa de juzgamiento los 18 acusados del delito de peculado ocurrido en la compra de siete helicópteros Dhruv. Diez meses después de que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv se suspendió para que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, entre a deliberar la decisión de si llama o no a juicio a los 18 acusados del delito de peculado, el magistrado define para el próximo 19 de mayo, a las 16:00, la reinstalación de la diligencia. Esta diligencia se suspendió el 30 de julio de 2022 y desde ese momento lo único que esperan los sujetos procesales es que se cierre la fase preparatoria de juicio, conociendo si la decisión del juez es llamar a juicio a todos a varios o a ninguno. En cinco días de diligencia participaron entregando sus alegatos la fiscal general, Diana Salazar, la Procuraduría General (acusadora particular) y los abogados de los 18 acusados, en mayoría, integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en servicio pasivo (sp). Los 18 procesados son acusados por la Fiscalía de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, ocurrido en 2008. La investigación comprende hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados a la adquisición de estos helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa, y la HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A. La fecha para la reinstalación se concreta luego que el 8 de mayo pasado, la fiscal Salazar envió un escrito al juez Rivera señalando que en el caso, desde julio de 2022 hasta la presente fecha, “ha transcurrido el tiempo suficiente y razonable para que su señoría se pronuncie conforme al numeral 5 del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”. Dos días después el juez responde el escrito definiendo la fecha para la audiencia. “Uno de los derechos garantizados en la Constitución y que igualmente es garantía de los ciudadanos sometidos a controversia judicial es la tutela judicial efectiva, derecho y garantía que además exige se observe los principios procesales de legalidad, oportunidad y debida diligencia. Su inobservancia reviste una responsabilidad conforme establece el artículo 9 del ordenamiento constitucional”, señaló la fiscal en su escrito. En su momento, Diego Chimbo, abogado del procesado brigadier general (sp) de la FAE Jorge Mejía, aseguró que el tiempo que se ha tomado para deliberar supera todo plazo razonable dentro de un proceso judicial. En esa línea, el defensor cree que es un derecho que tienen los procesados a conocer en un “tiempo prudente” cuál es la situación jurídica que enfrentan. Además de Mejía, por peculado son procesados los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa Javier Ponce y Wellington Sandoval. También hacen parte de los investigados Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos Morales; al exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; y Eduardo Esparza, brigadier general (sp) de la FAE. Finalmente completan la lista de sospechosos Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres. Para Salazar, los funcionarios públicos investigados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Ellos arbitrariamente, explicó, haciendo uso de su función en sus diferentes roles, quebrantando sus obligaciones establecidas en la Ley y la Constitución, terminaron beneficiando a la empresa HAL con la adjudicación del contrato con el que se adquirió los helicópteros Dhruv. El proceso de compra de los helicópteros se formalizó mediante un contrato suscrito el 5 de agosto de 2008. Según la Fiscalía, el peculado investigado causó un perjuicio al Estado ecuatoriano de $ 66,4 millones. El abogado Chimbo espera que la decisión que está por dar el juez Rivera no se vea influenciada por lo sucedido en febrero pasado, cuando la Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección y ordenó a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que en el plazo de tres meses entregue un informe pericial sobre los presuntos autores intelectuales de la muerte del general de la FAE, Jorge Gabela, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010. De una parte se habla que el asesinato del general Gabela se dio durante el asalto que se produjo en su casa; mientras que la familia del uniformado sostiene que la muerte está relacionada con las denuncias que él hizo sobre la compra de los siete helicópteros Dhruv. El artículo 278 del COIP señala que cometen la figura de peculado los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo. Quienes sean encontrados culpables del delito de peculado serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Nilsen Arias y nueve personas más son vinculados a caso por cohecho Petroecuador; la causa penal cuenta ahora con 17 procesados

EL UNIVERSO .- Con la vinculación de las diez personas desde este momento la causa contará con 17 procesados y se extiende por 30 días más la etapa de instrucción fiscal.   La vinculación de diez personas más al caso que investiga un delito de cohecho al interior de Petroecuador, entre ellas, Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador en el período presidencial de Rafael Correa, es lo que se decidió, la noche de este jueves 16 de febrero, el juez penal de Pichincha, Geovanny Freire.   Para Arias, quien se encuentra en Estados Unidos siendo acusado del delito de lavado de activos y colabora con la justicia de ese país en un caso relacionado al negocio petrolero, la Fiscalía pidió su presentación periódica, pero el juez solo dispuso la prohibición de enajenar bienes. No dio paso al pedido de Fiscalía, pues Freire explicó que el delito de cohecho puede ser juzgado en ausencia y Arias, quien es visto por Fiscalía como líder de la red, al momento está a órdenes de las autoridades de justicia estadounidense.   También fueron vinculados a la causa los hermanos Antonio y Enrique Peré Icaza, quienes aceptaron su responsabilidad ante autoridades estadounidenses en ilícitos relacionados con el tema petrolero; Raymond Kohut, exfuncionario canadiense de la transnacional Gunvor; Mauricio Samaniego, Irma Romero, José Luis Moreno, Tomás Meneses Petrochelli, Mario Barrigon y Javier Aguilar.   Esa misma medida los alcanzó, ya que seis de ellos están también en Estados Unidos y otro en España. A Freire le tomó más de dos horas decidir respecto a las medidas cautelares y a la fiscal del caso, Ivonne Proaño, le llevó la mañana y la tarde de este jueves presentar los elementos con que contaba para fundamentar su pedido de vinculación.   Desde este momento la causa contará con 17 procesados y se extiende por 30 días más la etapa de instrucción fiscal. En noviembre pasado se formuló cargos a Galo Garzón, Miguel Palacios, Lenín Armijos y Andrés Racines, exadministrador de Contratos, exsubgerente Comercial de Operaciones, exasesor de la Gerencia General y exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, respectivamente; al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Willam Vásconez, Wilson Naranjo y Jorge Ponce.   La teoría que maneja la Fiscalía habla de que los investigados desde sus posiciones se asociaron para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos. El cohecho investigado habría alcanzado los $ 22 millones.   Proaño en su formulación de cargos de inicios de noviembre pasado dijo que los cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera, el extrabajador del Ministerio de Finanzas y los dos ciudadanos habrían colaborado en algún nivel con el entonces gerente Arias para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.   Nilsen Arias ha sido acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años, entre el 2010 y 2017, que fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana.   La Fiscalía mantiene como uno de los elementos de convicción la investigación remitida como asistencia penal internacional por Estados Unidos, la cual haría referencia “al modus operandi de la cadena de corrupción, para sobornos y lavado de activos, que operaba en Petroecuador”. Dentro de esa investigación las autoridades estadounidenses tienen la cooperación de Arias, pues se declaró culpable.  

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Fiscalía concluye presentación de prueba en caso Sebastián Yunda; procesados arrancan exposición de elementos para rechazar las acusaciones

Pese a que son cinco los llamados a juicio por el delito de asociación ilícita ocurrido en el Municipio de Quito, solo tres asisten a la etapa de juzgamiento.   Tres días le fueron suficientes para la fiscal Mónica Tirado presentar los diez testigos, dos peritos y la prueba documental con los que se demostraría la participación en el delito de asociación ilícita de la exfuncionaria del Municipio de Quito, Cinthya Puga; Adrián Haro, exgerente de la empresa pública municipal EMSeguridad; y el exdirectivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, Yinlong Wang.   La audiencia de juzgamiento a la que han asistido solo tres de los cinco procesados llamados a juicio se instaló el pasado lunes en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Sebastián Yunda, hijo del cesado alcalde de Quito y actual candidato a esa misma dignidad, Jorge Yunda, y César Yunda Pancho, tío materno de Sebastián, al no haber sido detenidos y estar fuera del país se les suspendió esta etapa.   La teoría manejada por la Fiscalía es que los procesados se habrían aprovechado de relaciones familiares y de amistad en el Municipio de Quito, el cual a ese momento estaba bajo el liderazgo de Jorge Yunda, padre de uno de los sospechosos, todo esto para gestionar contratos relacionados a temas de seguridad, entre otros.   En este caso la Fiscalía acusa por una asociación ilícita definida en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, la cual refiere que cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con una pena de tres a cinco años de cárcel.   La mañana de este 19 de enero se instaló el cuarto día de audiencia de juicio y se arrancará con la presentación de pruebas periciales, testimoniales y documentales que mantienen las defensas de los tres procesados para rechazar las acusaciones fiscales. Fernando King, abogado de Cinthya Puga, adelantó que usará como medio de defensa al menos 14 testigos, entre quienes estarían el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, el cesado alcalde Jorge Yunda y ciertos concejales. Para la Fiscalía Puga, Haro y Yinlong Wang son coautores del delito de asociación ilícita, mientras que Sebastián Yunda y César Yunda son autores de una asociación ilícita que supuestamente tuvo como fin el ofertar la realización de un tráfico de influencias al interior del Municipio de Quito. Fuente: El Universo

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Exasambleísta Daniel Mendoza conocerá este viernes si un Tribunal de la Corte Nacional acepta casación planteada en caso hospital de Pedernales

El exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero fue también llamado a juicio por el delito de delincuencia organizada, pero se mantiene prófugo de la justicia. Este viernes 20 de enero, el exasambleísta Daniel Mendoza y el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo, ambos sentenciados por el delito de delincuencia organizada ocurrido en el proyecto de construcción del hospital de Pedernales, en Manabí, conocerán si un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acoge o no su pedido de casación al fallo en lo que respecta a la reparación económica impuesta de $ 8 millones.   Tanto Mendoza como Tamayo fueron parte de la lista de 8 personas sentenciadas en abril de 2021. En este caso la Fiscalía investigó a una estructura criminal armada para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de 30 camas para Pedernales, localidad ubicada en el norte de la provincia de Manabí.   En junio de 2021, de forma unánime, los jueces de la Corte Nacional Adrián Rojas (ponente), Hipatia Ortiz y Daniella Camacho rechazaron por improcedentes los recursos de apelación planteados contra la sentencia de primera instancia. En esta ocasión a cargo de la casación están los jueces nacionales Byron Guillén (ponente), Mercedes Caicedo y Javier De la Cadena.   En su momento el juez Rojas explicó que rechazaban de forma unánime por improcedentes los recursos planteados no solo contra el tiempo de pena dispuesto para los entonces ocho apelantes, sino también contra la reparación integral. En lo que tiene que ver con Mendoza, a quien se le dio una pena reducida de 50 meses de prisión, y Tamayo, sentenciado a 34 meses de cárcel, el Tribunal de Apelación resaltó que las mismas nacieron del consentimiento y aceptación de los procesados, luego de acogerse a figuras como la cooperación eficaz y el procedimiento abreviado.   A más de un año de esta negativa en segunda instancia, las defensas de Mendoza, Gabriela Moreira, y de Tamayo, José Terán, asistieron el martes último a una audiencia de casación solicitada por ambos en la CNJ. El argumento de las defensas es que existía una contravención expresa de la norma en lo que tiene que ver con la garantía de la motivación en cuanto a la reparación integral definida en $ 8 millones. Terán aclaraba que a diferencia de la defensa de Mendoza que alegaba una insuficiente motivación, él creía que lo que hay es una inexistencia de motivación. El exasambleísta por Sucumbíos, Eliseo Azuero, es una de las siete personas contra la que se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada relacionado al hospital de Pedernales. (CORTESÍA) El 12 de noviembre de 2020 un Tribunal de Juzgamiento ordenó en este caso el pago de una reparación integral de $ 8 millones, valor que se debería dividir entre todos los sentenciados. Este pago, explicó el juez ponente Marco Rodríguez, se tenía que dar de conformidad con los grados de participación, lo cual se deberá ventilar en fase de ejecución.   Para las defensas de Mendoza y Terán no existe una línea argumentativa que justifique por qué se definió la cantidad de $ 8 millones como reparación integral y tampoco se define el valor que debe cancelar cada procesado. Moreira señaló que la cifra de $ 8 millones no tiene coherencia con ninguna de las cifras expuestas en audiencia, es decir, en el juzgamiento se habló de un monto de contrato de $ 16,4 millones, un anticipo de $ 8,2 millones y un supuesto cobro de cheques por ventanilla por el monto de $ 7,3 millones.   Fuertemente resguardado llegó la tarde de este viernes a la Fiscalía el asambleísta Daniel Mendoza, para ampliar su versión dentro de la instrucción fiscal por delincuencia organizada.   El abogado Terán pidió al Tribunal que case la sentencia y emita la que en derecho corresponda, mientras que Moreira dijo que la consecuencia de la violación expresa de la norma debería ser el que se case el fallo y que se modifique la sentencia.   Los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría que asistieron a la audiencia rechazaron los argumentos expuestos por los abogados de Mendoza y Tamayo. Ambos señalaron que no procede el cargo casacional esgrimido y lo que corresponde es que el Tribunal de Casación declare improcedentes los pedidos y los rechace.   De los 19 procesados que existían en esta causa, ocho ya tienen sentencia, seis han sido sobreseídos y cinco, entre los que están el exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Secob, Jorge Jalil, fueron llamados a juicio. De estos cinco, dos fueron sentenciados como coautores y uno fue sobreseído, mientras que Azuero y Jalil aún se mantienen como prófugos.   Luego de escuchar los argumentos y las réplicas de cada uno de los sujetos parte de la casación, Guillén explicó a la Sala que el Tribunal necesitaba tiempo para analizar lo expuesto y tomar una decisión. Informó que en ese punto, la tarde del lunes pasado, se suspendió la diligencia y se reinstalaría para hacer conocer su decisión a las 08:00 del viernes próximo.   Además de la casación de Mendoza y Tamayo, los jueces Guillén, Caicedo y De la Cadena también deberán emitir una resolución sobre el pedido de suspensión condicional de la pena solicitado por Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob que fue condenada a la pena de privación de libertad de 40 meses, pues solo se acogió al procedimiento abreviado y no a la cooperación eficaz.   Según su defensa, Cobeña ya ha cumplido en el Centro de Privación de la Libertad de Manabí más de 31 meses de los 40 impuestos y además mantendría problemas de salud. Solicito se libere la boleta de excarcelación para que así la exfuncionaria pública se reúna con su familia. Fuente: El Universo

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Cuestiones de salud de Jorge Glas hacen que jueza le permita participar vía telemática de la audiencia en la que se analizará su pedido de pena única

Jorge Glas lleva 43 días fuera de la cárcel debido a que un juez dio paso a un pedido de medidas cautelares autónomas solicitadas a favor del exvicepresidente. Aunque inicialmente se dispuso que quienes participen en la audiencia de pena única solicitada a favor del exvicepresidente Jorge Glas comparezcan de manera presencial, la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha, Melissa Muñoz, decide que únicamente el líder del correísmo use la vía telemática para asistir a la diligencia convocada para este 12 de enero en una de las salas del cuarto piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.   El 28 de noviembre pasado, Glas salió la Cárcel 4, ubicada al norte de la capital ecuatoriana, y se encuentra en la ciudad de Guayaquil cumpliendo una “libertad provisional” definida por el juez constitucional de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émersomn Curipallo, al acoger medidas cautekares autónomas planteadas a favor del exbinomio presidencial de Rafael Correa.   En la decisión de Curipallo se aclara que la “libertad provisional” estará vigente hasta que un juez de Garantías Penitenciarias la revoque. Desde la fecha en que dejó la carcel el exsegudo mandatario se ha presentado seis veces en la Penitenciaria del Llitoral, en Guayaquil, como parte de las medidas cautelares dispuestas por el juez constitucional. Glas también tiene la prohibición de salida del país. Para decidir que Jorge Glas sea él único sujeto procesal que asista a esta diligencia vía telemática, la jueza Muñoz tomó en cuenta la documentación parte del Informe Técnico de Documentos Médicos correspondientes al exvicepresidente, emitido por la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud. En el informe se justifica el aval del certificado médico suscrito por el doctor Paúl Mejía Andrade y se explica que Jorge Glas en semanas anteriores ha sido sometido a una intervención quirúrgica, por lo que requeriría comparecer vía telemática a la audiencia oral convocada para el 12 de enero próximo.   “Esta autoridad a fin de garantizar el derecho a la salud de la parte requirente (Jotge Glas) y considerando que uno de los fines del sistema procesal es velar por la eficacia y celeridad de la administración de justicia (…) se dispone que únicamente Jorge Glas comparezca de manera telemática a través de la plataforma zoom a la audiencia convocada”, explica la juexza en su providencia. La primera audiencia para definir la pena única estuvo dispuesta para el 12 de diciembre pasado, pero debido a un cambio de última hora de abogado defensor de Glas, la jueza Muñoz decidió diferir la audiencia en la que se iba a tratar el pedido para que se unifiquen las dos penas en firme que mantiene el líder correista por hechos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública: seis años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionado a la trama corrupta definida en Ecuador por Odebrecht y ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.   A la diligencia de pena única deberá comparecer el responsable del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Varones número 2 o Cárcel 4, para que sustente las condiciones subjetivas del privado de la libertad Jorge Glas, conforme lo dispone el artículo 35, inciso tercero, del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Además, Glas y su defensa y un representante de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública.   La defensa de Glas piensa que no existe argumento legal alguno para que se niegue la pena única que se solicita. Según los abogados del exvicepresidente, el expediente que debía presentar quien hace el pedido de pena única, Diego Flores, director de la Cárcel 4, está completo, pues contaría con las sentencias en firme de los casos Odebrecht y Sobornos, informes de buena conducta, de que estaba en un área de mínima seguridad, certificados de estudios realizados mientras ha estado en la cárcel y demás documentos subjetivos que deben agregarse a la petición. Fuente: El Universo

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