EL COMERCIO .- La Contraloría General del Estado confirmó tres responsabilidades civiles por USD 346 372, en el contrato para la construcción de obras que mitiguen la erosión regresiva del río Coca, en la Amazonía del Ecuador.   Las responsabilidades civiles recaen para la contratista y dos funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Ellos participaron en la contratación de dicha obra, entre 2020 y 2021, informó el ente de control este 6 de abril del 2023. Primera glosa La primera glosa, por USD 278 320, se determinó debido a que la constructora no cumplió las especificaciones técnicas en cuanto a las características de la estructura en el lecho del río.   El proyecto se ejecutó con 11 contenedores metálicos dispuestos transversalmente en dos secciones en la rivera, en lugar de que toda la estructura esté alineada en forma perpendicular al flujo de las aguas. Según el informe, esto no permitió proteger la orilla del efecto erosivo, ralentizar y asegurar su estabilidad frente a la fuerza del caudal.   El documento de Contraloría señala que, la contratista alteró el trazado del dique. Esto afectó la resistencia de la estructura, su estabilidad y no garantizó la mitigación del rápido y destructivo avance erosivo de la cuenca. Con esto se incumplió el propósito para el cual se contrató la obra.   El monto de la glosa corresponde al costo de los trabajos y se determinó para el funcionario que suscribió la recepción de los trabajos, el administrador del contrato, el fiscalizador de la obra y para el contratista del proyecto.   Segunda glosa La Contraloría confirmó otra responsabilidad civil, por USD 48 706, debido a que no se impusieron multas al contratista por emplear personal que no acreditó la experiencia necesaria para la construcción del dique.   El administrador del contrato y el fiscalizador tampoco verificaron el cumplimiento de los términos contractuales en cuanto a la utilización de equipos y maquinaria.   Tercera glosa Una tercera glosa por USD 19 346se desprende del pago sin sustento por el uso de maquinaria durante 25 días. Los auditores compararon los registros de uso diario con la planilla presentada por el contratista, lo que permitió concluir que los equipos no fueron utilizados esos días.   La erosión regresiva del río Coca se registra desde febrero del 2020 tras el colapso de la cascada San Rafael, en el límite provincial de Napo y Sucumbíos. En tres años, el fenómeno natural ha dañado infraestructura pública y privada, como oleoductos, carreteras, puentes, viviendas y otras.   Además, amenaza las obras de captación de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ya que el epicentro de la erosión está a solo unos 7 kilómetros de distancia. Por esta razón se contrataron las obras de mitigación.   En concordancia con la normativa vigente, las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría, o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo, señala el comunicado.