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Ecuador: diciembre 8, 2024

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Se justifica declarar en emergencia a la justicia, señala exviceministro Torres

Esteban Torres, exviceministro de Gobierno, y actual candidato a la Asamblea Nacional por el oficialista ADN, coincidió en la necesidad de una posible declaratoria de emergencia para la justicia. Consultado por “Punto de Orden”, explicó que esta eventual emergencia apuntaría, casi exclusivamente, a canalizar recursos económicos para mejorar las sedes judiciales. Sin influencias Torres descartó que, en este marco, la intención final sea influir o manejar de alguna manera a los jueces. LEER TAMBIÉN: Viceministro Torres denuncia acuerdo parlamentario para tumbar al gobierno LEER TAMBIÉN: Viceministro Torres y presidente de la Conaie, con cruces verbales En cuanto a la selección de los mismos, precisó que el real objetivo es mejorar las capacidades de los concursos, de modo que sean transparentes ante todo el país, con calificaciones justas, y sin “metidas de mano” ni mañoserías. Solo así, dijo, lograremos tener jueces imparciales. Bloque de ADN será fuerte En materia electoral, el postulante recordó que, de acuerdo a las más recientes encuestas, el presidente Daniel Noboa sacó una ventaja de 2 puntos a su seguidora más cercana, la correísta Luisa González. A nivel parlamentario, en cambio, la Revolución Ciudadana tiene mayor porcentaje en las preferencias, pero a su vez seguida de cerca por el movimiento oficialista. Torres destacó que es la primera vez, que un grupo político distinto al correísmo disputa la cabeza en la primera vuelta. Crítica por archivo de “Ley Antipillos” Finalmente, el aspirante cuestionó la decisión de la Asamblea Nacional, de archivar la ley planteada por el Ejecutivo, destinada a mejorar el combate al lavado de activos. Esta iniciativa, conocida como “Ley Antipillos”, no superó siquiera el primer debate, pese a ser de urgencia económica. A su criterio, el archivo del proyecto tuvo como único fin el político, para “no darle gusto a Noboa”.

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Presidente Noboa se mantiene como favorito para las próximas elecciones

El presidente Daniel Noboa sigue a la cabeza de las preferencias de los ciudadanos, con miras a las elecciones del 2025. Así lo revela una reciente encuesta, realizada por la empresa Informe Confidencial. LEER TAMBIÉN: CNE afina detalles para debate presidencial de enero próximo LEER TAMBIÉN: CNE recuerda que rigen multas por no votar o integrar mesas electorales De acuerdo a la investigación, Noboa tiene el 34% de intención de voto, seguido ahora de cerca por la aspirante correísta, Luis González, con el 32%. Mucho más atrás, y sin posibilidades, aparecen Jimmy Jairala, de Centro Democrático, con el 4%, y otros aspirantes que no superan el 2% de las preferencias. Con estas cifras, salvo que ocurran drásticos cambios, habría una segunda vuelta. En cuanto al ámbito parlamentario, la misma encuesta afirma que la Revolución Ciudadana, tiene el 29% de la intención de voto, mientras que ADN, el partido del actual Gobierno, tiene el 25%. Es decir, ambos partidos combinados podrían conseguir más de la mitad de todas las curules en juego. El Partido Social Cristiano apenas llega al 5%, seguido de Pachakutik, con el 4%. La encuesta, según señala Informe Confidencial, fue realizada los días 23 y 24 de noviembre pasados, a nivel nacional.

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Consejero del CPCCS insiste en que intentaron chantajearlo

El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, insiste en sus denuncias: el correísmo intentó chantajearlo. En diálogo con “Punto de Orden”, explicó que la presión apuntó a miembros de su equipo legal. Con su equipo legal Guarderas detalló que hace pocos días, sus abogados acudieron a la Asamblea Nacional, a fin de informarse sobre el juicio político planteado en la Comisión de Fiscalización, por supuesto “incumplimiento de funciones”, tráfico de influencias y hasta falsificación de firmas. LEER TAMBIÉN: Vocal del CPCCS denuncia presiones y amenazas del correísmo LEER TAMBIÉN: Juan Esteban Guarderas sería el reemplazo de Alembert Vera en el Consejo de Participación Ciudadana Durante esta gestión, agregó, gente vinculada al correísmo se acercó a los juristas, y le envió un mensaje: se libraría de la censura y destitución en el Parlamento, si desistía de su demanda contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. El objetivo de este “trato”, en su opinión, es que Abad asuma el poder cuando el presidente Noboa pida licencia, con motivo de la campaña electoral. Y una vez en el poder, conceda indulto al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente recluido en “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad del país, por actos de corrupción. Obviamente no aceptó ni aceptará la propuesta, dijo. TCE trata de forma lenta caso de “Liga Azul” Por otra parte, lamentó la lentitud con que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tramita el caso de los integrantes de la llamada “Liga Azul”. Se refiere a los vocales correístas del CPCCS, que llegaron a sus cargos con el apoyo de su partido, pese a que la ley expresamente prohíbe todo vínculo político en este organismo. El TCE los destituyó. Sin embargo, los señalados apelaron, y ese proceso es muy largo, y de paso avanza con gran lentitud. Guarderas recordó que, durante la demanda contra el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, las apelaciones ante el TCE retrasaron la destitución cerca de un año. CPCCS debe desaparecer Asimismo, Guarderas se mostró a favor de que el CPCCS desaparezca, debido a su pésimo diseño y mala gestión. Como argumento mencionó que el único país que tiene una institución similar es Venezuela, justamente el menos democrático de toda América Latina. Finalmente, opinó que difícilmente se podrá reemplazar a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que su periodo ya venció. Hay 2 motivos: el pronunciamiento de la Procuradoría General, que los exhorta a prorrogarse hasta ser legalmente reemplazados, y a la existencia de un proceso electoral, que les impide abandonar sus puestos hasta proclamar los resultados.

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Asamblea analiza este martes polémicas reformas al Código de la Niñez

El proyecto de Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, denominado “Copina”, será el foco central este martes en la Asamblea Nacional. La sesión del pleno tratará, en segundo y definitivo debate, esta controversial propuesta, que contiene 761 artículos, una disposición final, tres disposiciones derogatorias y 23 transitorias. LEER TAMBIÉN: Controversia en Asamblea por posibles reformas penales contra menores asesinos LEER TAMBIÉN: Ministra de Gobierno: «Ya están identificados» los asesinos de cuatro niños en el Guasmo Sur Correísmo quiere mantener inimputabilidad El informe final fue emitido por la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, que preside Pierina Correa. Uno de los temas de la polémica, es el trato que deben recibir los adolescentes que cometen crímenes contra la vida, como asesinatos e intentos de asesinato. La ley actual considera que los menores son inimputables, pero varios bloques consideran que sí deben serlo, a partir de los 12 años, y ser juzgados como adultos. Para Correa, si un menor asesino es enviado a una prisión, será violado por los demás internos, o caso contrario, se graduará “de experto en delitos”. La legisladora advirtió que recién a los 29 y 30 años se alcanza el nivel de madurez, y por tanto se opone a juzgarlos como adultos. Sí deben ser juzgados En cambio, Jorge Peñafiel, de Construye, advirtió que imputarlos desde los 12 años es necesario, en el caso ya mencionado de delitos contra la vida. Según Peñafiel, una reforma en este sentido le daría herramientas a la justicia y a la Policía Nacional, para combatir el crimen organizado.

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Ecuador “no es un narco-estado”, pero corría peligro de serlo, afirma ministro José de la Gasca

La versión que brinda “The Economist”, prestigioso medio de comunicación internacional, sobre la situación del Ecuador, no corresponde a la realidad. La publicación afirma que nuestro país se ha vuelto un “narco-estado”. LEER TAMBIÉN: Presidente Noboa declara “conflicto armado interno” y ordena reprimir a bandas criminales LEER TAMBIÉN: Embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick: “Ecuador no es un narco estado porque los narcos no lo dirigen” Sin embargo, para José de la Gasca, ministro de Gobierno, esta es una “foto del pasado”. Es decir, antes que Daniel Noboa asumiera el poder. En diálogo con “Punto de Orden”, de la Gasca reconoció que, efectivamente, Ecuador iba en ese camino. Sin embargo, el actual régimen tomó las medidas necesarias para torcer el rumbo. Combate al crimen organizado El ministro destacó los esfuerzos del presidente Noboa, quien declaró el conflicto armado interno y ordenó combatir de frente al crimen organizado, a pesar de unas arcas fiscales vacías, y de un hueco presupuestario superior a los 4.000 millones de dólares. Para el premier, el mandatario “tomó el toro por los cuernos”, y gracias a ello evitamos convertirnos en un “narco-estado”. A su criterio, las críticas de ciertos sectores de la oposición, se deben a que las acciones del Gobierno Nacional tocan el punto más sensible: sus bolsillos. Solo así se aplica que aparezca dinero para financiar marchas y calentar las calles, y en manos de mujeres que fueron funcionarias del correísmo. De la Gasca cuestionó a ciertos grupos políticos, que se decían antes antagonistas, y que ahora, aprovechando la crisis energética, no dudan en golpear la gestión del presidente. Se justifica reversión de contrato de internet Por otra parte, el ministro justificó la decisión tomada por Arcotel, de retirar el título habilitante a Cable Andino SA, operador de Telconet, y por ende de Jan Topic. LEER TAMBIÉN: Telconet pierde concesión de internet en Ecuador por incumplimiento de contrato De la Gasca hizo notar que el contrato, firmado hace casi 10 años, entregaba una concesión por 2 décadas, sin cumplir los requisitos legales, gracias a un descontrol absoluto de los entonces funcionarios de Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones. Topic, agregó el premier, debería entender que la ley es para todos, y que ya no puede jugar “con la cancha inclinada a su favor”, y con funcionarios “atornillados” a sus puestos. De hecho, dejó en claro que para extinguir el título habilitante de Cable Andino no era necesario un proceso. Bastó que Arcotel hiciera respetar las condiciones del contrato. El funcionario apuntó que en este retiro no hay política ni revancha alguna, como argumenta Topic. Emergencia judicial Finalmente, confirmó que está en proyecto una posible declaratoria de emergencia en el sector judicial, debido a los graves problemas que existen, y a la suspensión del nuevo concurso para la elección de jueces de la Corte Nacional. De la Gasca afirmó que el Gobierno respetará siempre la independencia de poderes, y que una eventual emergencia no significaría “meter la mano” en la justicia. El objetivo, acotó, es que nunca más tengamos un Wilman Terán, sinónimo de actos de corrupción.

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Carlos Pareja Yannuzzelli seguirá cerca de 3 años más en prisión

Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Energía y exgerente de Petroecuador, no logró su objetivo de que le unifiquen las condenas recibidas. Pareja afronta varias sentencias por diversos casos de corrupción, durante el gobierno de Rafael Correa. LEER TAMBIÉN: Carlos Pareja solicita unificación de penas y régimen de prelibertad El exfuncionario está detenido desde hace 7 años, y esperaba que se unifiquen las penas pendientes, a fin de salir en libertad a corto plazo. Sin embargo, su pedido fue negado, y deberá cumplir todavía más de dos años y medio de cárcel. Es decir, su condena final se acercaría a los 10 años. Según su defensa, se convertiría en el preso político más largo en la historia ecuatoriana. Pareja fue uno de los hombres fuertes en la administración de Correa, pero fue encausado por casos de corrupción en Petroecuador. Los cargos fueron peculado, cohecho, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y asociación ilícita. Pareja Yannuzzelli, conocido por sus amigos como “Capaya”, es ingeniero químico, con larga experiencia en el sector hidrocarburífero. También ocupó la Gerencia de Refinación de Petroecuador.

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Hija de Fernando Villavicencio niega veracidad a supuestos chats telefónicos

Amanda Villavicencio, hija del asesinado dirigente político, Fernando Villavicencio, restó toda veracidad a los supuestos chats telefónicos de su padre, difundidos por activistas del correísmo y por el comunicador Andersson Boscán. Según Boscán y los correístas, el teléfono del malogrado excandidato presidencial está en sus manos, y gracias a ello obtuvieron información de los chats, que difundieron en redes sociales. LEER TAMBIÉN: Pronunciamiento de Amanda Villavicencio en red social «X» LEER TAMBIÉN: Fiscalía niega que celular de Fernando Villavicencio esté en manos ajenas al proceso Lo tiene el FBI Por la misma vía, Amanda Villavicencio, en un video, recordó que el dispositivo fue entregado al FBI de Estados Unidos, organismo que se encargó del peritaje respectivo. Por tanto, dijo que no había forma de que los activistas políticos, supuestamente, accedieran a la información que contenía. Los archivos muestran supuestas interacciones entre Villavicencio y la fiscal general, Diana Salazar; el periodista Christian Zurita; y Carlos Pareja Cordero. Para Amanda Villavicencio, lo que hace el correísmo es una afrenta a la dignidad de un hombre, que ya no puede defenderse. Información es reservada Además, en el supuesto que la información fuera cierta, estarían publicando información reservada de denuncias, y se violaría el secreto de correspondencia de su padre, y de las personas con las que se comunicaba, exponiendo así a sus fuentes. Su pedido es que se sancione esta “acción infame”. Por su parte, la Fiscalía aclaró que el teléfono, en efecto, está en manos del FBI, y que los aparentes chats difundidos por el correísmo son falsos.

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Habrá juicio político contra la ministra Mónica Palencia

El correísmo se salió con la suya en la Asamblea Nacional. Al menos por ahora. Con 89 votos afirmativos y 40 en contra, sin abstenciones ni pronunciamientos en blanco, el Pleno aprobó la moción de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, de continuar con el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. La sorpresa fue el pronunciamiento del Partido Social Cristiano, que se sumó a la RC5 para apoyar la iniciativa. El bloque de Gobierno, en cambio, votó en contra. LEER TAMBIÉN: «Mamarrachada y sinvergüencería»: la definición de reconocido jurista al juicio político contra Mónica Palencia LEER TAMBIÉN: Ministra Mónica Palencia insiste que correísmo no ha presentado pruebas válidas en su contra Esto a pesar que, en la Comisión de Fiscalización, no hubo los votos necesarios para aprobar el informe, que recomendaba la interpelación. En manos del CAL Algo similar pasó antes con la canciller, Gabriela Sommerfeld, y la fiscal general, Diana Salazar. En ambos casos, el pleno resolvió archivar las causas. Con base al resultado, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), deberá establecer las fechas del juicio político. Intensas presiones La jornada en la Asamblea estuvo llena de presiones. El bloque oficialista de ADN colocó en sus curules carteles, que decían “La patria o la mafia”. Una medida que generó que algunos bloques, que se sintieron aludidos, expresaran su rechazo. El correísmo insistió en el llamado a la ministra. Incluso Paola Cabezas, una de las más revoltosas, amenazó con renunciar si no se producía el juicio político contra Palencia. La ministra está acusada de “incumplimiento de funciones”, por no controlar los intensos brotes delictivos. Previamente fue cuestionada por el operativo policial en la embajada mexicana, donde fue arrestado el exvicepresidente Jorge Glas.

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No se aprueba informe que recomendaba juicio político a la ministra Palencia

Mal día para el correísmo. Poco después de conocerse que el Gobierno de Estados Unidos, declaró “no elegibles” para futuros visados al expresidente Rafael Correa, y al exvicepresidente Jorge Glas, fracasa el intento de llevar a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. LEER TAMBIÉN: Denuncian presiones para apoyar juicio contra ministra Palencia LEER TAMBIÉN: Ministra Mónica Palencia insiste que correísmo no ha presentado pruebas válidas en su contra Durante la sesión telemática de este miércoles, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea analizó el informe, que recomendaba la interpelación de la funcionaria. La legisladora Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana, mocionó la aprobación del documento. Su iniciativa tuvo el apoyo de su coideario Lenín Barreto. Sin embargo, 5 de los integrantes de la mesa votaron en contra, haciendo estériles los 4 votos a favor del correísmo. Pleno decidirá De acuerdo a la ley, la resolución pasará a manos del pleno, que deberá establecer si archiva definitivamente la causa, o si lleva a Palencia a juicio político. Tomando en cuenta lo que sucedió con los 2 procesos anteriores, contra la canciller, Gabriela Sommerfeld, y la fiscal general, Diana Salazar, lo más probable es que la interpelación a Palencia sea archivada. Tanto en el juicio a Sommerfeld como a Salazar, la misma mayoría (5 contra 4) negó la recomendación. Y en vista que este viernes vence el plazo de ley, o hay más tiempo para debates. Con visible malestar, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, calificó la resolución como “una victoria para la democracia”.

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Largas disertaciones pero pocos argumentos durante juicio contra ministra Palencia

El correísmo está en guerra con la ministra del Interior, Mónica Palencia. Durante la sustanciación del juicio político, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ambas partes intercambiaron acusaciones y críticas. Y si bien las sesiones últimas han sido virtuales, no por ello carecen de tensión. Todo apunta a Glas Los argumentos, aunque empiezan con los niveles de inseguridad del país, se dirigen inevitablemente a la incursión policial a la embajada de México, donde fue arrestado Jorge Glas. El exvicepresidente está recluido en la Cárcel “La Roca”, la de mayor seguridad del país, donde deberá cumplir su condena pendiente por los casos Odebrecht y Sobornos, y afrontar los cargos por peculado en el Caso Reconstrucción de Manabí. LEER TAMBIÉN: Incidentes en la Asamblea al retomarse juicio político contra ministra Palencia LEER TAMBIÉN: Incidentes durante sesión por juicio político contra ministra Palencia Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana y proponentes de la interpelación, afirman que la actuación de Palencia en este caso equivale a “incumplimiento de funciones”, a pesar que el presidente Noboa reveló que fue él quien dio la orden de capturar a Glas, debido a que pretendía huir. Para guardar las formalidades, los legisladores correístas cuestionaron a la ministra, por supuestamente “no fortalecer a la Policía Nacional”. Palencia presentó en descargo declaraciones de varios funcionarios de su cartera, que señalaron lo contrario. Cabezas dice ser «perseguida» Pero la RC5, finalmente, volvió al tema de su interés principal: la incursión en la embajada mexicana. Berrezueta afirmó que, más allá de las sentencias que pesan sobre Glas, gozaba de un asilo político. Por su parte, Cabezas disertó largamente sobre estadísticas poco claras sobre los niveles de inseguridad, exponiendo su opinión, y quejándose de ser “perseguida”. Sin embargo, no mencionó los gritos, insultos y desmanes que provocó en anteriores sesiones. Cada uno utilizó las 3 horas asignadas para hablar. El proceso seguirá hasta elaborar un informe, que recomiende o no el juicio político ante el pleno de la Asamblea, que finalmente será el que decida.

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Incidentes en la Asamblea al retomarse juicio político contra ministra Palencia

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea retomó el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. El proceso estaba paralizado, debido a que un juez de Quito había ordenado evacuar primero las interpelaciones de 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Dichas causas fueron archivadas, con lo cual se pudo reanudar la de Palencia. LEER TAMBIÉN: «No le temo al juicio político», advierte ministra Mónica Palencia LEER TAMBIÉN: Correísmo insistirá en juicio político contra ministras Sommerfeld y Palencia La ministra está acusada de la incursión policial a la Embajada de México, ocurrida en abril pasado, pese a que el presidente Daniel Noboa señaló públicamente que dio en persona la orden. También es señalada por el denominado “Plan Fénix” de seguridad, y por la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, en enero pasado. Incidentes La jornada, una vez más, se caracterizó por los incidentes, provocados de nuevo por la legisladora correísta Paola Cabezas. Al comenzar la sesión, Cabezas cuestionó duramente la aparente inasistencia de la ministra, quien apareció a los pocos minutos. Previamente había enviado a su equipo legal. El malestar apuntó específicamente a Fernando Yávar, defensor de la funcionaria. Las protestas de Cabezas, con gritos destemplados, no tuvieron finalmente efecto. La presidenta de la comisión, la también correísta Pamela Aguirre, trató de evitar la intervención de los defensores de Palencia. Mientras tanto, la ministra sostenía un acalorado debate con la asambleísta Cabezas, quien la acusaba de “tener muertes en su conciencia”. La tensión aumentó cuando Aguirre, a pedido de su coideario Leonardo Berrezueta, intentó dar paso al exministro de Gobierno, José Serrano, para que intervenga de forma telemática. De inmediato los demás integrantes de la mesa se levantaron en señal de protesta, dejando sin quorum la sesión. El pedido de Berrezueta no estaba incluido dentro de la agenda, por lo cual carecía de validez. Serrano se quedó con las ganas de intervenir, pues la propia Palencia pidió constatar el número de legisladores presentes, comprobando que eran insuficientes. Ante la falta de quorum, Aguirre, visiblemente molesta por el fracaso de su estrategia, no tuvo más salida que suspender la diligencia. En las próximas horas se anunciaría día y hora para reanudar la sustanciación del juicio político. Ministra promete que se defenderá En los pocos minutos en que hubo claridad, la ministra dejó en claro que no aceptará la forma de fiscalizar de la oposición. “Yo no tengo las manos manchadas de sangre. Me voy a defender en contra de cualquier precedente que no respete la Constitución y mi derecho a la defensa, de acuerdo con lo que establece el artículo 79”, dijo. “Es importante que este juicio político se mantenga, insisto, con la altura que se necesita”, agregó la funcionaria. Queja contra Cabezas Poco después de la accidentada jornada, la legisladora oficialista, Inés Alarcón, presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), una nueva queja contra Cabezas. Su reclamo se debe a la forma grosera y escandalosa con que se condujo la correísta, durante la mencionada sesión. “¿Hasta cuándo el país tiene que aguantar las rabietas, los gritos y los insultos del viejo Ecuador? ¿Cuándo vamos a elevar el nivel del debate con ideas y argumentos? ¿Hasta cuándo el país soporta este tipo de asambleístas como Paola Cabezas?”, se preguntó Alarcón. Es la segunda queja contra Cabezas. La primera fue archivada gracias a una mayoría formada por el correísmo y el PSC.

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No prosperó queja contra Paola Cabezas por insultos y desmanes

La legisladora correísta, Paola Cabezas, vuelve a salvarse de una sanción por mal comportamiento. Cabezas estuvo en el centro de la polémica, por su agresivo comportamiento en la Comisión de Fiscalización, durante la sesión del pasado 9 de septiembre. LEER TAMBIÉN: Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar LEER TAMBIÉN: “Al correísmo solo le importa la impunidad”, afirma periodista Roberto Aguilar Aquella jornada, cuando se trataba el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, Cabezas golpeó repetidamente la mesa, lanzó gritos e imprecaciones, e interrumpió las intervenciones de otros legisladores. Críticas Su actuación fue ampliamente difundida y criticada en medios de comunicación y redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la falta de cordura de la asambleísta. Debido a sus acciones, los legisladores Inés Alarcón y César Umajinga, plantearon ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sendas quejas, exigiendo que la representante correísta sea sancionada. Sin embargo, su pedido no tuvo éxito gracias a los votos de la RC5 y el PSC. El castigo para estos casos era de 3 meses de suspensión, obviamente sin derecho a sueldo. La queja se basaba en que Cabezas, con sus desmanes y altanería, lesionó la institucionalidad de la función del Estado. Además, Alarcón y Umajinga afirmaron que siempre reciben insultos de ella. Mayoría la salvó La también correísta, Esther Cuesta, salió en defensa de su coidearia, y planteó que el reclamo sea archivado, lo cual finalmente ocurrió. En cambio, el CAL calificó a trámite las denuncias contra Umajinga, Alarcón y Lenín Rogel, planteadas por Paola Cabezas, Jhajaira Urresta y Arisdely Parrales. La causa es haber dicho que la interpelación a la fiscal Salazar, era un “narcojuicio”.

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Archivado pedido de juicio político contra Sebastián Corral

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó el pedido de juicio político contra el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral. Irónicamente, esta interpelación, junto con la del exministro de Economía, Pablo Arosemena, y de la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, fueron reactivadas en la mesa hace apenas 4 días, por orden de un juez de Quito. Leer también: Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso Los 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, habían sido llamados a juicio. Sin embargo, el correísmo, a fin de agilizar la interpelación de las ministras de Relaciones Exteriores y del Interior, y de la fiscal general, optó por archivarlos. Reactivados por orden de un juez Una acción de protección, concedida por un juez a una asambleísta de ADN, reactivó los procesos. Pero uno de ellos ya quedó en el pasado. La maniobra no tuvo efecto para el correísmo, pues tanto los juicios contra la canciller como contra la fiscal, fueron archivados también por falta de votos. Corral fue acusado por la asambleísta Patricia Núñez, de supuesto “incumplimiento de funciones”. Leer también: Contraloría multa a ex presidente Lasso por designar a Sebastián Corral Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, la propia Núñez anunció su decisión de retirar el pedido de juicio político. Ante la falta de interés de otras bancadas, su propuesta fue aprobada. La interpelación de Montalvo seguiría el mismo camino De los otros procesos pendientes, el de Montalvo también sería retirado, mientras que el de Arosemena sigue pendiente. El objetivo evidente del correísmo es apuntar sus cañones contra la única funcionaria disponible: la ministra Mónica Palencia.

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Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar

En medio de incidentes, reclamos y gritos destemplados, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió, durante su sesión de la noche del lunes, “recuperar” los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Además, no calificó el proceso contra la fiscal general, Diana Salazar, si bien la decisión final debe ser tomada por el pleno. Las normativas establecen que los informes de las comisiones deben ser aprobados o rechazados por todo el Parlamento. Leer también: Fiscal Diana Salazar reasume funciones y afrontará juicio político Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso La jornada se extendió hasta horas de la madrugada, y estuvo salpicada de acusaciones mutuas y algunos insultos. Asesores y parlamentarios ajenos a la comisión también estuvieron presentes, y por la falta de espacio la tensión aumentó. Con la decisión, la comisión ataca el fallo del juez de Quito, Edgar Romero, quien aceptó una acción de protección planteada por la legisladora de ADN, Inés Alarcón, y dispuso que se cumplan los citados procesos. Los juicios contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, y los exsecretarios de la Administración, Sebastián Corral, y de Educación Superior, Andrea Montalvo, habían sido archivados, pero ahora tendrán que cumplirse de forma obligatoria. Solo cuando sean evacuados, habrá vía libre para la interpelación de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El de la fiscal general, Diana Salazar, como quedó señalado, no fue calificado, tal como ocurrió semanas atrás con el de la canciller, Gabriela Sommerfeld. Leer también: Archivado el pedido de juicio político contra canciller Gabriela Sommerfeld Leer también: Diana Salazar insiste: no le teme a un juicio político La intención del correísmo, que preside la comisión a través de Pamela Aguirre, era enjuiciar a Palencia y a Salazar cuanto antes. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito. La causa contra la fiscal prácticamente está perdida, y el tiempo no alcanzaría para el de la ministra, pues quedan por tratar los otros 3 juicios ya citados. De acuerdo a la ley, las interpelaciones deben sustanciarse en el orden en que son presentadas. Durante la sesión, César Umajinga, vocal de la mesa, apeló la gestión de Aguirre, por no acatar el fallo judicial y no convocarlos con rapidez. Por 5 votos contra 4, y pese a sus reclamos, la correísta fue apartada provisionalmente de sus funciones. Luis Alvarado, del oficialista ADN, quedó a cargo de la sesión. El propio Umajinga planteó acatar la decisión del juez, lo cual fue aprobado por similar votación. A la hora de calificar el juicio contra la fiscal, el correísmo tampoco logró los votos suficientes. ADN, el PSC y CONSTRUYE se pronunciaron en contra, lo que prácticamente significaría el fin de la aspiración de la Revolución Ciudadana. Fiscal se pronunciará después de decisión del pleno Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, anunció en sus redes sociales que se pronunciará sobre la no calificación de su juicio político en la Asamblea Nacional, una  vez que el pleno se pronuncie al respecto. Salazar insistió en que se trata de un «narcojuicio», que solo busca la impunidad.

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Presidencia ordena a INEC investigar cifras reales de fallecidos durante gobierno de Correa

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), realizará una auditoría interna a las cifras de muertes violentas del Ecuador, desde que entró en vigor la actual Constitución. La orden fue emitida por el presidente de la República, Daniel Noboa, en respuesta a la polémica desatada por el tema. De acuerdo al expresidente Rafael Correa, durante su mandato (2007-2017) hubo muchos menos crímenes. Leer también: Cifra de homicidios baja en el 2024, según reporte de autoridades Leer también: El nivel de asesinatos resueltos está por debajo del 9% en cinco provincias costeras Sin embargo, diversos analistas afirman que esa apreciación es falsa, debido al avance de los carteles del narcotráfico en ese periodo. Y citan un alto número de decesos –más de 7.000- que aparecen como “causas indeterminadas”, en las provincias con mayor presencia de bandas. Basta de impunidad En un comunicado difundido en redes sociales, la Presidencia de la República advierte que no permitirá más impunidad, y señala que, «si no actuamos, somos cómplices». Esto a raíz de la controversia que han generado las estadísticas. Fiscalía debe investigar El mensaje anota que se pedirá a la Fiscalía General del Estado, que inicie la investigación que corresponda, ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos, precisamente para “maquillar” la cifra de fallecidos a consecuencia del narcotráfico. Según algunos analistas del correísmo, podría tratarse, incluso de “suicidios”. Hay que buscar justicia El objetivo de esta investigación, agrega el comunicado presidencial, es obtener justicia, y no buscar razones políticas. La Presidencia de la República invita a periodistas y a exfuncionarios, a rendir sus testimonios dentro de este proceso, y a brindar los datos que consideren más importantes para esclarecer el tema. Los resultados serán transmitidos a la Fiscalía, para que los investigue e incorpore al proceso abierto en torno a este polémico caso.

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Correísmo irá en alianza con RETO en elecciones próximas

Los movimientos Revolución Ciudadana y RETO anunciaron una alianza, con miras a las elecciones presidenciales del 2025. Sin embargo, ninguna de las 2 agrupaciones ha especificado las condiciones del pacto, y si el mismo cambiaría la conformación de sus candidaturas. El correísmo había planteado a Luisa González y Diego Borja como su binomio, mientras RETO tenía a Eduardo Sánchez y Katya Caicedo. Esta es la única alianza confirmada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), al vencer el plazo determinado por la ley. En caso de cambiar las candidaturas, la ley establece la obligación de paridad de género. Por tanto, González tendría que hacer binomio con Sánchez y Borja con Caicedo, al margen de quien vaya primero. También podría concretarse uno de los 2 binomios, y el otro movimiento lo apoyaría. RETO es liderado por el concejal de Guayaquil, Raúl Chávez, antes de la RC5. Otra figura muy cercana es el alcalde, Aquiles Álvarez.

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