La Hora .– Salazar habla sobre el caso de los vocales de la Judicatura acusados de tráfico de influencias y que siguen en sus cargos. Pueden ser llamados a declarar Iván Saquicaela, presidente de la Corte Nacional de Justicia y Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional. La fiscal General del Estado, Diana Salazar, es una de las mujeres más peligrosas para un grupo de políticos y activistas ligados al correísmo. Estos intentan cumplir el designio del líder prófugo Rafael Correa de sacarla del cargo por que es supuestamente “corrupta” o “incompetente”. Sin embargo, la jugada que hay detrás es continuar en la búsqueda de impunidad, limpiando el camino de funcionarios que puedan sostener las condenas en la Justicia y abrir nuevas líneas de investigación de la era correísta. La Fiscal Salazar parece que está en el primer lugar de una lista de funcionarios a ser atacados. No obstante, la Fiscal Salazar no ha bajado los brazos. En la última semana vinculó a Jorge Glas en el caso de malos manejos en la reconstrucción de Manabí y continuó con el caso de supuesto tráfico de influencias de dos de los vocales del Consejo de la Judicatura, máximo organismo administrativo de la Justicia. Los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo tienen medidas cautelares para asegurar su presencia en el proceso penal. Es decir, son administradores de la Justicia procesados por delitos graves a la administración pública, en este caso en la propia Función Judicial. Salazar recibe a LA HORA para conversar sobre ese tema, que tiene en vilo a la Justicia. P. ¿Usted cree que el país está entendiendo lo que significa que haya pedido prisión para dos vocales de la Judicatura y que ahora tengan medidas cautelares? Pero bastaría con remitirnos al expediente y ver lo que consta ahí. Es un audio en el que la Fiscalía basa su formulación de cargos, que tiene una duración de una hora, 11 minutos y 3 segundos. En este audio se dibuja la forma cómo se maneja la Justicia, con pedidos directos a los jueces para que fallen a favor de uno u otro caso. Hacen referencia también a los movimientos, a las ubicaciones, a que si conocen o no conocen un proceso. La forma cómo pretenden llegar a los jueces para que fallen en su beneficio. También nos da una mirada de los arreglos y las componentes políticos. Y esto viene de personas que deberían tener una absoluta imparcialidad y objetividad. No estoy diciendo que el Consejo de la Judicatura dicta sentencias, pero designa a las personas encargadas de ejecutar estas sentencias. P. Usted pidió prisión preventiva para ellos. La Corte no dio paso a eso. ¿Qué es lo que usted piensa sobre esa decisión? La Fiscalía motivó y fundamentó de conformidad con lo constitucional y lo legal. También adecuando a lo establecido en el artículo 534, sobre los requisitos de la prisión preventiva, y se expusieron los riesgos procesales. ¿Cuáles son? Lo que usted manifestó en su primera pregunta, que en el máximo órgano de control, administración, sanción de la Justicia están siendo procesados. ¿Pero, quién les está juzgando? Un conjuez que fue designado por ellos. ¿Quiénes podrían revisar o conformar un tribunal? Aquellos jueces que pueden ser sometidos a su evaluación… Mire lo que sucedió con el juez Walter Macías. El día en que se iba a instalar la primera audiencia, el primer señalamiento, fue notificado cuando estaba sentado ya en la sala de audiencias con una recusación. Como no lograron la recusación, el mismo día en que fue rechazada, fue notificado con una suspensión por una denuncia ingresada unos ocho días antes, en un caso de corrupción. Esto fue presentado por el hermano del ex Contralor General del Estado. Presentan una denuncia o queja en contra de dos jueces y solamente lo suspenden a uno. ¿A quién? Al que iba a conocer esta causa. Entonces, dígame usted, con qué imparcialidad, con qué tranquilidad el Juez iba a dictar una medida que es la que correspondía. P. El testimonio anticipado de la alta funcionaria judicial es clave en el caso. Pero también están involucradas otras altas autoridades. Se menciona a Iván Saquicaela, presidente de la Corte Nacional de Justicia y Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional. ¿Ambos deberían responder? Durante los 80 días que tenemos para la instrucción fiscal, vamos a llamar a todas las personas que han sido mencionadas. Porque no solamente aparecen el señor Saquicela o los señores Saquicela. También aparecen otros actores como jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y lo que debemos observar es que, dicho sea de paso, ya se cometió el delito en el momento en que le dijeron: necesitamos que usted falle a favor de esta causa… Ahí se configuró el delito. P. ¿No hay duda del tráfico de influencias? Mire, el hecho de que no haya salido la sentencia favorable, no fue porque ellos llamaron al juez y le dijeron: falle como usted considere. Eso fue por el escándalo o por la filtración de estos audios, que se dio el 15 de junio. Porque de lo contrario iba a salir conforme al pedido de los vocales de la Judicatura. Incluso el Juez, a raíz de la filtración de estos audios, se excusó de la causa, se quiso separar de la causa. Pero no denunció en ese momento. P. Claro, hay más jueces involucrados. Incluso la propia Jueza del testimonio anticipado. Por supuesto. Ahora la Jueza se convierte en testigo porque sobre ella no ejerció influencia. ¿Por qué no ejerció influencia? Porque ella no conocía la causa; además ella grabó y está colaborando con la Fiscalía. Entregó voluntariamente la grabación original. En la audiencia pusieron en duda la originalidad de este audio. Pero ella le entregó al Presidente de la Corte, indicando que era como una especie de denuncia. Porque también hay que entender, no tenía confianza. ¿Cómo va a denunciar ante el Consejo de la
