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Ecuador: septiembre 18, 2024

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Ecuador, septiembre 18, 2024
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Gustavo Petro pone el foco en la compra de votos

Internacionales /

El País .- El presidente colombiano anuncia un plan de recompensas para enfrentar la corrupción electoral en los comicios del próximo domingo El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado este martes el valor de las recompensas que planea ofrecer para evitar la compra de votos en las elecciones territoriales del próximo domingo 29 de octubre. “Se pagará al informante hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la policía nacional”, escribió en X. Unos minutos antes, en la misma red social, había explicado que todos los jefes seccionales de la Policía Nacional serán evaluados este fin de semana electoral “de acuerdo al balance que tengan en la captura de responsables de delitos contra el sufragio” y que “Se pagará entre un millón a 5 millones de pesos a quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos.” También pidió a la ciudadanía “grabar toda actividad irregular en las campañas” y hacerla llegar al Gobierno. Las medidas intentan controlar un problema endémico que desde hace años plaga la democracia del país. La compra de votos, asegura Petro, “da inicio a todo el proceso de la corrupción de Colombia”. En un audio difundido a varios medios de comunicación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó que la cartera a su cargo ha venido trabajando con el director general de la Policía Nacional, William René Salamanca, en la estrategia anticorrupción electoral. Velasco destacó la mañana de este martes en Blu Radio que el plan busca transparencia en los comicios, en respuesta a las varias alertas que han recibido sobre prácticas en diferentes ciudades que “afectan la democracia”. El pasado 14 de octubre, la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG especializada, presentó un mapa de riesgo electoral en el que advirtió de que casi el 54% de los más de 1.102 municipios del país presentan “algún nivel de riesgo” para los próximos comicios. 317 de ellos están en riesgo medio, 212 en riesgo alto y 67 en riesgo extremo. La MOE se refería tanto a los desafíos de corrupción electoral, que incluyen la compra de votos y otros delitos como el soborno de jurados o de funcionarios que vigilan las urnas, como a los riesgos de seguridad en un país con una violencia creciente y en el que los diversos actores armados han buscado incidir en los resultados electorales. Frente a este panorama retador, el ministro Velasco aseguró que “le sale más barato al Gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto, que lo que le puede salir a la sociedad dejar que unos bandidos compren votos”. No mencionó que la estrategia, que detallará en una rueda de prensa a las 10.30 a.m. de este miércoles, incluya elementos para otras modalidades de delitos electorales. Respecto a la seguridad, que hasta ahora no ha merecido el mismo despliegue del presidente, hay una discusión. Además de la MOE, la Defensoría del Pueblo ha señalado que 399 de los municipios de Colombia tienen un riesgo alto de problemas de seguridad en los comicios y que 113 de ellos están en alerta máxima. Sin embargo, el presidente desmiente estas cifras y asegura que son solo 17 los que están en riesgo. “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17, y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional”, declaró en X a finales de agosto. El domingo de las elecciones se instalará un puesto de mando unificado para supervisar lo que ocurra, junto con un dispositivo de unos 250.000 militares y policías para custodiar los más de 12.000 puestos de votación del país.

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La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasileña

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El País .- La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras.   Islas Caimán, Mauricio, Bermudas, Liechtenstein, Panamá, Suiza, Andorra, China…..Camargo Correa, la que fuera la tercera constructora de Brasil -8.782 de euros de ingreso neto en 2014- tejió una alambicada red financiera con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera estatal del país sudamericano Petrobras.   Así lo confirman documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que afloran nuevos detalles sobre el funcionamiento de este esquema corrupto, sus tretas de ocultación y la maraña de testaferros, sociedades ficticias y cuentas cifradas para mover el dinero sucio.   Tras adentrarse en los secretos de la organización, un juez de Andorra –un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario- ha procesado por blanqueo al exdirectivo de la constructora Fernando Días; a la compañía con la que opera la firma desde 2018, Mover; y a tres filiales de este conglomerado brasileño al que la Justicia del país pirenaico indaga desde 2017.   El magistrado también ha encausado al banco que presuntamente colaboró en diseñar el laberíntico engranaje financiero de ocultación, la Banca Privada d’Andorra (BPA), una pequeña entidad a más de 8.000 kilómetros de distancia de la sede de la compañía brasileña. El juez ha encausado a ocho de sus exdirectivos, entre los que figura uno de sus antiguos máximos accionistas, Higini Cierco.   Camargo Correa movió en este banco 100 millones entre 2008 y 2011.   El Club del tenis   Para entender esta historia de maletines y política hay que remontarse a julio de 2015. Un tribunal federal de Curitiba (Brasil) sentencia que Camargo Correa integró entre 1998 y 2014 un cártel corrupto con otros cuatro gigantes latinoamericanos de la construcción para repartirse las adjudicaciones públicas de Petrobras, una mole que el pasado año apuntó un beneficio récord de 33.023 millones.   Bautizado como G-5 o Club del tenis, los miembros de este grupo secreto, a los que pertenecieron también las firmas Odebrecht, Oas, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, desembolsaron sobornos de un 3% a ejecutivos de la energética estatal. Y ahí es donde entre en juego el hermético mecanismo financiero conocido como las “reglas de juego club” para esconder el flujo de capitales. Normas que tenían siempre un elemento común: la firma de contratos simulados con sociedades pantalla, emisión de facturas falsas y utilización de cuentas bancarias de terceros y cifradas.   Solo a través de una de sus derivadas, la compañía instrumental Sw shoutern investment de Islas Caimán, Camargo Correa movió 20,6 millones entre 2007 y 2010. Y derivó parte de estos fondos a través de Suiza al bolsillo de José Sergio de Oliveira Machado, exdiputado brasileño y presidente hasta 2014 de Transpetro, filial de la petrolera pública.   Otra clave del engranaje fue la sociedad panameña Desarrollo Lanzarote, que canalizó 3,4 millones que acabaron también en una sociedad pantalla a nombre de una cuenta del HSBC en el país helvético controlada por Sergio Firmeza Machado, hijo del citado expresidente de Petrobras. “[Sergio Firmeza] actuó como hombre de paja de su padre para recibir sobornos”, concluyen las pesquisas.   El mecanismo también recurrió a los denominados doleiros, cambistas ilegales que recaudan fondos en efectivo de comercios y empresas brasileñas y que habrían sido usados para borrar el rastro de los sobornos. A través de su constelación de cuentas opacas en la BPA, Camargo Correa compensó fondos –un sistema de blanqueo- a estos cambistas. Por su estructura invisible de los doleiros circularon 48 millones.   BPA Serveis, filial de la institución financiera andorrana dirigida por Cristina Lozano, formó también parte del mecanismo corrupto, según el juez. La sociedad movió 32 millones de origen delictivo. Y cobró a Camargo Correa una comisión 300.000 dólares en 2008 “por participar en esta actividad delictiva como sociedad pantalla interpuesta poniendo su propia cuenta bancaria corporativa al servicio de Camargo Correa como cuenta puente”, según el magistrado, que apunta directamente al corazón de esta entidad que fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de fondos de grupos criminales.   Y es que su exaccionista mayoritario, Higini Cierco, figuró como representante en una cuenta cifrada a nombre de Intervención General (la propia BPA) junto al exdirector general Joan Miquel Prats, que movió parte de los fondos de la constructora brasileña en el país pirenaico supuestamente para ocultar el origen del dinero. El depósito en cuestión llegó a registrar 1,6 millones. “No llevaron a cabo ninguna medida de diligencia debida, ni simplificada ni reforzada ni de ningún tipo”, carga el magistrado, que acusa al banco y a sus exdirectivos de crear contratos ficticios para justificar las transferencias.   Las pesquisas sostienen además que la cúpula de la BPA conocía desde marzo de 2009 que los directivos de Camargo Correa habían sido arrestados por asociación ilícita, blanqueo y financiación ilegal de partidos y no lo comunicaron a las autoridades del país pirenaico. “Cooperaron con la defensa de Camargo Correa”, carga el juez.   Camargo Correa asegura que “no hay una demanda contra la empresa” en Andorra y considera que la investigación de este país afecta a un exdirectivo que se desvinculó de la compañía “hace casi una década”. “Todos los activos de la Constructora Camargo Correa están debidamente registrados en sus libros de contabilidad”, zanja la firma a través de un portavoz.   Junto al exdirectivo de la constructora procesado en Andorra, Fernando Dias, el foco de la investigación en el país pirenaico también apunto inicialmente al antiguo al exejecutivo de la firma Pietro Francesco Giavina, ya fallecido. Los dos fueron arrestados en 2009 en el marco del caso Castillo de Arena, que investigó una red de sobornos y financiación de campañas a cambio de adjudicaciones en Perú y Brasil. El Tribunal Supremo de este último país archivó la causa en 2011 tras anular los pinchazos telefónicos que fundamentaban las acusaciones.   Con su modus operando, Camargo Correa –un conglomerado que llegó a

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Cristina Kirchner: “Si me van a meter presa, no me importa”

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EL PAÍS .- El Grupo de Puebla arropa a la vicepresidenta de Argentina en un evento con críticas a los jueces que la condenaron por corrupción.   Cristina Kirchner dice que no le importa si la meten presa por corrupción. “Lo que me importa es reconstruir un país como el que alguna vez tuvimos”, aclaró. Se refería a “la década ganada”, como llama a los 12 años, entre 2003 y 2015, en los que gobernó Argentina junto a su marido ya fallecido, Néstor Kirchner. Cristina Kirchner ya no habla de la gestión que integra como vicepresidenta y ni siquiera nombra a Alberto Fernández, el presidente. Prefiere destinar las pocas apariciones que hace a criticar a los jueces que en diciembre la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta vez fue en centro cultural que lleva el nombre de su marido, ubicado en la exsede del correo, a metros de la Casa Rosada en Buenos Aires. Kirchner cerró un encuentro del Grupo de Puebla organizado en su honor bajo el lema Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial. El partido judicial trabaja, según la lectura del kirchnerismo, por la proscripción de Kirchner en las elecciones generales de octubre.   Lo de este martes fue un mitin kirchnerista. Participaron tres expresidentes latinoamericanos – Rafael Correa, Evo Morales y Ernesto Samper- y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Entre el público estaba el uruguayo José Mujica. La excusa fue la presentación de un libro coordinado por el exjuez Baltasar Garzón que desgrana con duras críticas la causa judicial contra Kirchner, a la que consideran víctima de lawfare, esto es el uso político de la Justicia para perseguir opositores. Garzón agradeció al presidente argentino, Alberto Fernández, por promover la creación del Grupo de Puebla. La mención de Fernández, que no asistió al evento, no mereció un solo aplauso. Pero cuando el colombiano Samper nombró a Kirchner, los 2.500 asistentes estallaron en un “Cristina, presidenta” que duró varios minutos. Kirchner apoyó la mano en el corazón y escuchó el clamor con una sonrisa. “Qué bueno una caricia después de tantos golpes”, dijo en el arranque de su discurso.   Kirchner recibió el primer golpe el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó asesinarla de un disparo en la cabeza en la puerta de su casa. El 6 de diciembre, fue condenada en la llamada causa Vialidad por recibir sobornos para el reparto de la obra pública. Dijo entonces que era víctima de un “pelotón de fusilamiento judicial”, se declaró proscripta y anunció que no sería “candidata a nada” en las próximas elecciones.   En cada de sus apariciones escucha el pedido de sus seguidores para que revea su decisión y se presente a la presidencia. El “Cristina presidenta” interrumpió varias veces su discurso. Kirchner habló de lawfare, de economía, del FMI y de la oposición, a la que acusó de entregar en 2019 “el país hecho percha”. Criticó también al Fondo Monetario Internacional y el crédito de 44.000 millones de dólares que en 2018 entregó a Mauricio Macri.   “Discúlpenme si hablo mucho de economía últimamente, pero todas las persecuciones tienen que ver con la economía. Tiene que ver con esa Argentina que vino a reconstruir el Estado democrático constitucional”, dijo. Sobre la Justicia, la acusó de “disciplinar a los dirigentes del campo popular”. Al final, el público volvió a pedir que sea candidata, pero Kirchner nada dijo al respecto.   El entuerto judicial en el que está complica la estrategia electoral de la vicepresidenta, pese a que es la dirigente que más caudal de votos tiene dentro del peronismo. En la práctica puede ser candidata, porque su condena a inhabilitación para ejercer cargos públicos no está firme. Pero Kirchner teme que si se lanza a la carrera, la Corte Suprema se apure a ratificar la sentencia antes de las elecciones. Por ahora solo puede aspirar a que, tras el operativo clamor de sus seguidores, el peronismo se rinda a su popularidad y le ceda la estrategia para las elecciones de octubre.

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Cristina Kirchner se declara víctima de una proscripción

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En su primer discurso desde que fuera condenada por corrupción, la vicepresidenta de Argentina dijo que su decisión de no ser candidata en 2023 no fue “un renunciamiento ni una autoexclusión”   “Ni renunciamiento ni autoexclusión, acá hay proscripción”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en su primera aparición pública desde que fuera condenada por corrupción el 6 de diciembre pasado. Aquel día, minutos después de la lectura del fallo, la vicepresidenta de Argentina se bajó de la carrera presidencial en 2023. “No voy a ser candidata a nada”, dijo entonces, y se consideró víctima de una “mafia judicial” que buscaba sacarla de la política. Este martes, ante cientos de personas reunidas en la inauguración de un centro deportivo a las afueras de Buenos Aires, dijo que lo suyo no fue un renunciamiento voluntario. “El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón [a ser candidata a vicepresidenta, en 1951], y acá tampoco hay autoexclusión. Hay proscripción”, insistió Kirchner.   Cristina Kirchner pateó el tablero hace tres semanas. Sin ella como candidata, el peronismo se enfrascó en una carrera sin rumbo para encontrar un nombre que lograse unificar las múltiples corrientes internas que lo atraviesan. El presidente, Alberto Fernández, incluso jugó con la posibilidad de la reelección, pese a que su popularidad está por los suelos y la crisis económica arrecia. Lo de este martes fue parte del libreto con el que el kirchnerismo acompañó el juicio contra la expresidenta. Según su lectura, los jueces han creado en complicidad con la oposición un “partido judicial” cuyo objetivo es encarcelar a líderes populares como Cristina Kirchner. La estrategia, sostienen, es incluso regional; basta como ejemplo los más de 500 días que Luiz Inácio Lula da Silva estuvo preso a instancias del juez Sergio Moro, luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.   Esta vez, sin embargo, el mitin kirchnerista sumó un elemento nuevo: en la previa del discurso de la vicepresidenta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió que reconsidere su decisión de no ser candidata. “Te necesitamos”, le dijo, en el inicio de lo que sin duda será, a partir de ahora, un operativo clamor por el regreso. Kirchner, de hecho, habló con tono de campaña. Y concentró sus ataques en el Poder Judicial. “Lo que hicieron fue armar un juicio con denuncias, con una cronología electoral casi quirúrgica. Luego de un juicio armado de tres años, decidieron que el juicio oral en que me iban a sentar en el banquillo de acusados era el 21 de mayo de 2019. Quince días exactos antes de que cerraran los plazos para armar los frentes electorales donde se disputaría la Presidencia. Tres días antes yo desarticulé esa maniobra cuando anuncié que íbamos a un frente con quien hoy es presidente. Aquella fue una clara maniobra proscriptiva”, dijo.   Para Kirchner, su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos fue la consumación de la estrategia. En la práctica, la vicepresidenta no está impedida de ser candidata hasta tanto el fallo judicial quede firme ante la Corte Suprema, un largo periplo que puede demorar hasta ocho años. Pero la vicepresidenta jugó la carta de la proscripción, una figura muy cara al peronismo. Tras el golpe de 1955, Juan Domingo Perón se exilió en España y no pudo regresar a Argentina hasta 1973. El “Perón vuelve” fue el grito de batalla del peronismo durante aquellos años de prohibición militar. Kirchner se coloca a la altura de aquella gesta del movimiento. Pero a diferencia de Perón, que a su regreso ganó las elecciones con comodidad, no está tan clara la suerte electoral de la vicepresidenta.   Argentina cerrará este año con una inflación por encima del 90% y una crisis económica que tiene al país al borde del abismo. El éxtasis mundialista apenas sirvió para patear los problemas para adelante. El Gobierno, mientras tanto, ya está enfrascado en una nueva guerra abierta contra la Corte Suprema y la oposición. La semana pasada, los supremos ordenaron a la Casa Rosada que suba del 2,32% al 2,95% la porción de fondos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires, bastión del macrismo. Se inició así una crisis institucional sin precedentes en democracia, que arrancó en 2016 cuando el presidente Mauricio Macri aumentó por decreto las partidas de la capital del 1,40% del total al 3,75%. Fue una decisión política para aupar a Horacio Rodríguez Larreta, su delfín político y sucesor al frente de la alcaldía porteña. Rodríguez Larreta llevó al Gobierno ante la Corte cuando el presidente, Alberto Fernández, bajó el porcentaje de la torta al 2,32%.   Arropado por 14 gobernadores, Fernández anunció entonces que no acataría el fallo de la Corte. Esta semana ya había dado marcha atrás, a medias: dijo que pagaría, pero con bonos del Tesoro. Rodríguez Larreta volvió a la carga ante la Corte. Y Cristina Kirchner se metió en medio. “Estamos ante un hecho ajurídico, como su hubiera desaparecido el Estado de derecho”, dijo, y llamó al Gobierno “a despabilarse”. Fue, como no, un tiro por elevación al presidente. Fuente: El País

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El escándalo de Odebrecht revive en Colombia

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La imputación de delitos contra uno de los fiscales que ha investigado el caso reactiva un episodio que envuelve corrupción y poder Como si se tratara del nuevo episodio de una intrigante serie, el caso Odebrecht ha vuelto a aparecer en Colombia. Tiene las miradas puestas encima porque toca las fibras del poder. Tras seis años de su estallido, la Fiscalía General de la Nación imputa cargos contra una decena de nuevos presuntos involucrados. Entre ellos está Daniel Hernández, quien como fiscal investigó el pago de millonarias coimas por parte de la multinacional brasileña a cambio de contratos como el de la Ruta del Sol II –un tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe–. Con ello, dio inicio a la “nueva temporada” de uno de los más grandes escándalos de corrupción en América Latina.   En un cara a cara con su propio funcionario, el organismo investigador le imputó a Hernández, de 44 años, los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos. Según la Fiscalía, el abogado omitió darles trámite a siete órdenes de captura que él mismo solicitó en 2017 ante un juez, contra presuntos implicados en el entramado de corrupción que reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre ellos figuraban Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, directivos de la constructora brasileña.   Según la Fiscalía, Hernández, quien lleva 18 años vinculado a la entidad, no registró las órdenes de captura en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones, un paso esencial para que se hicieran efectivas. “Tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los señores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia”, explicó el ente investigador en un comunicado.   Esta no es la única imputación contra Hernández. Hace apenas seis meses, en su condición de fiscal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), habría intimidado en el búnker de la Fiscalía en Bogotá al exsenador Otto Bula, uno de los primeros condenados y principales testigos en el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía dice tener pruebas de que quien fuera uno de sus más destacados investigadores buscaba favorecer a su antiguo jefe, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, y al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues le habría reprochado a Bula su intención de declarar contra ellos ante el FBI. La financiera Corficolombiana, filial del Grupo AVAL, el más grande conglomerado bancario del país y de propiedad de Sarmiento Angulo, formaba parte del consorcio liderado por la compañía brasileña que logró quedarse con la adjudicación de la Ruta del Sol II a cambio de sobornos, a finales de 2009.   “Usted doctor Hernández amenazó al ciudadano Otto Nicolás Bula, al advertirle que Néstor Humberto Martínez Neira y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos por cuanto él estaba teniendo acertamientos con la justicia para hablar de ellos, situación que logró generar en el testigo mucho temor y miedo según el relato brindado a la Fiscalía”, leyó el fiscal Víctor Salcedo en la audiencia de imputación. Agregó que este hecho ocurrió mientras el testigo adelantaba conversaciones bajo confidencialidad con altos funcionarios de la Fiscalía y del FBI, y que “sin haber rendido aún ninguna declaración oficial, personas que podrían estar vinculadas tenían conocimiento pleno de lo que estaba pasando, lo cual evidenciaba el poder que manejaban”. Para entonces, Hernández no tenía ninguna relación procesal con Bula porque ya no tenía a cargo las investigaciones de Odebrecht.   El nombre del exfiscal general Néstor Humberto Martínez salió a relucir con fuerza en el escándalo de la firma brasileña en 2018, cuando Noticias Uno publicó grabaciones de 2015 en las que quedaba en evidencia que Martínez conocía de denuncias de pagos irregulares desde antes de que estallaran las revelaciones de Estados Unidos y de ser nombrado fiscal, en 2016. Martínez era uno de los abogados externos más relevantes del Grupo Aval para la época en la que el consorcio liderado por Odebrecht se quedó, gracias al pago de sobornos, con el contrato para la ejecución de la megaobra vial. A su llegada a la Fiscalía, Martínez se declaró impedido en algunas líneas de investigación, no en todas.   Las grabaciones salieron a la luz pública días después de la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien aparecía en los audios como el interlocutor de Martínez. Pizano vigilaba el correcto manejo de los recursos como controller del proyecto y se había convertido en otro de los testigos clave. Según la Fiscalía, el deceso ocurrió por causas naturales. Apenas tres días después su hijo de 30 años, Alejandro Pizano, quien había viajado desde Barcelona a Bogotá para asistir al funeral, murió al ingerir agua de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre. La bebida que había consumido contenía cianuro, según el dictamen de Medicina Legal. Antes de morir, Pizano padre habría alcanzado a entregar a las autoridades norteamericanas las pruebas que tenía sobre pagos irregulares, de acuerdo con un informe publicado por la revista Cambio el pasado 3 de diciembre.   En su momento, en medio de la tormenta política que desataron las grabaciones, la Corte Suprema de Justicia nombró un fiscal ad hoc para las investigaciones sobre Odebrecht, removiendo a Martínez de esa función. Ante los nuevos capítulos que han surgido, el exfiscal general denuncia un complot judicial. En una carta dirigida a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, y a la fiscal Jamie Mickelson, delegada del Departamento de Justicia de ese país, alertó sobre supuestos ofrecimientos a terceros, entre ellos el investigado fiscal Hernández, para que declaren en su contra.   Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó los millonarios sobornos de Odebrecht en países de América Latina, entre ellos Colombia, donde los pagos habrían sumado 11 millones de dólares entre 2009 y 2014, se cuentan 18 condenas a nivel nacional, incluidas la de Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel

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Kirchner, a los jueces que la investigan: “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”

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La vicepresidenta de Argentina lanza sus “últimas palabras” a días de la sentencia por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su Gobierno. “Últimas palabras…”, dijo Cristina Fernández de Kirchner desde su despacho en el Senado, la mirada fija a la cámara. Se detuvo un segundo, sonrió y lanzó la frase que ya había pensado como titular: “Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este tribunal: es un pelotón de fusilamiento”. La escuchaban los tres jueces federales que el día 6 de diciembre decidirán si es culpable o inocente de liderar una supuesta asociación ilícita montada en la Casa Rosada para defraudar al Estado. Los fiscales han pedido para Kirchner 12 años de cárcel y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “No es asociación ilícita un Gobierno elegido democráticamente tres veces”, dijo Kirchner, en referencia a la gestión de su marido, Néstor Kirchner (2003 -2007) y las dos etapas donde fue presidenta, entre 2007 y 2015. Kirchner habló menos de 20 minutos, lejos de los largos discursos que supo dar en el pasado cuando le tocó defenderse en el juicio. Su primera aparición fue el 2 de diciembre de 2019. Ya en aquella ocasión denunció que era víctima de un “partido judicial” que tenía la sentencia escrita. La intención, según la vicepresidenta, es sacarla de la carrera política y cargar contra el peronismo, el movimiento que representa. “¿En serio creen que mi Gobierno hizo un fraude contra la Administración pública?”, preguntó a los jueces del tribunal. “¿Mi Gobierno, el que le pagó al Fondo Monetario Internacional? ¿Nosotros estafamos al país, cuando las condiciones de vida eran muy superiores a las de ahora? Los que trajeron al FMI y endeudaron al país en 45.000 millones, dinero que no sabemos dónde está, no tienen problemas, están en Qatar mirando el Mundial”, dijo, en referencia al crédito que el organismo multilateral concedió como salvamento financiero a Mauricio Macri en 2018. “La sentencia está escrita, pero nunca pensé que estaría tan mal escrita”, disparó Kirchner. Y cargó una vez más contra los dos fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola. Los acusó de lanzar mentiras e injurias durante los 20 días que duraron los alegatos de la acusación. Para reforzar la idea del pelotón de fusilamiento, recordó que 10 días después de la petición de condena en su contra, un hombre intentó asesinarla en su casa. “Pero la bala no salió”, recordó sobre ese intento de magnicidio. “12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín nos regala esta tapa: ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Miren si no hay una identificación con esta causa. Durante la acusación se contaron cosas que no habían existido y se ocultaron otras. Y resulta ser que en los alegatos de la defensa se demostró que cada una de las cosas que habían sido acusación del fiscal no eran ciertas”, dijo Kirchner. Para completar su defensa, sus abogados subieron a las redes sociales un documento que titularon Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad. La suerte ya está echada para Kirchner. Han pasado dos años y medio desde el inicio del proceso y solo resta la sentencia, prevista para el 6 de diciembre. Si finalmente es condenada, no entrará en prisión, porque tiene fuero como vicepresidenta. Su eventual condena, en cualquier caso, iniciará un largo proceso de apelaciones que terminará en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. Los fiscales acusan a Kirchner de montar una asociación ilícita durante sus dos Gobiernos, entre 2007 y 2015, para beneficiar a amigos del poder con millonarios contratos de obra pública a cambio de sobornos. Entre los acusados hay funcionarios sospechosos de cobrar y empresarios sospechosos de pagar. Según el argumento del fiscal Luciani, la expresidenta montó un aceitado mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, condenado en 2021 a 12 años de cárcel por lavado de dinero, era el gran beneficiado con obras viales en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo en la Patagonia. Cristina Kichner dice sus “últimas palabras” ante los jueces que la investigan por presunta corrupción, este jueves, desde su despacho en el Senado argentino.HANDOUT (AFP) Luciani ha dicho que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando. Y estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, la empresa de Báez, hasta entonces un ignoto empleado de banco que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumento del presunto fraude, la Fiscalía dijo que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, celebraba una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner. El 23 de agosto, un día después de la solicitud de prisión presentada por Luciani, Kirchner se defendió de todas las acusaciones. Lo hizo, una vez más, mirando a una cámara montada en su despacho en el Congreso. Kirchner denunció en aquella declaración que la investigación que enfrenta es en realidad “contra todo el peronismo”, una “ficción” sin pruebas ni sustento jurídico. Colocó detrás de la jugada al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), representante de “aquellos que van por todo, por los salarios, los derechos de los trabajadores y los jubilados”. El peronismo cerró entonces filas alrededor de la vicepresidenta. Hubo marchas de desagravio y largas jornadas de vigilia frente al piso que ocupa en Recoleta, el barrio más acomodado de Buenos Aires. Las manifestaciones cesaron abruptamente la noche del 1 de septiembre, cuando intentaron asesinarla de un disparo en la cabeza. La vicepresidenta redujo entonces sus apariciones públicas. En la lista de acusados hay otras 12 personas. Está el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el hombre que manejaba el presupuesto de la obra pública. También Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, preso desde 2016 tras ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Kirchner sostiene que

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Cristina Kirchner pronunciará sus “últimas palabras” en un juicio por presunta corrupción

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La vicepresidenta de Argentina enfrenta una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la llamada causa Vialidad. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, hará uso este martes de su derecho, como todo imputado judicial, a pronunciar unas “últimas palabras” en la causa que la investiga por presunta corrupción durante sus dos Gobiernos. Por decisión propia, estará sola en su despacho en el Congreso, sin el apoyo de sus abogados. Hablará a una cámara, como ya lo hizo en otras oportunidades, para rechazar cada una de las acusaciones. En agosto, el fiscal Pablo Luciani pidió contra ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si se cumplen los tiempos del proceso, Kirchner sabrá durante la segunda quincena de diciembre si los jueces la condenan o la absuelven. No irá presa, porque tiene fueros como vicepresidenta. Su eventual condena, en cualquier caso, iniciará un largo proceso de apelaciones que terminará en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. Kirchner ha sostenido desde el inicio de juicio, hace dos años y medio, que toda la investigación en su contra es un montaje de la oposición y “el partido judicial” para encarcelarla. Los fiscales, en cambio, la acusan de montar una asociación ilícita durante sus dos Gobiernos, entre 2007 y 2015, para beneficiar a amigos del poder con millonarios contratos de obra pública a cambio de sobornos. Entre los acusados hay funcionarios acusados de cobrar sobornos y empresarios sospechados de pagarlos. “Mañana a las 9.30 en el juicio de Vialidad: ‘últimas palabras’. Así le dicen…”, publicó este lunes Kirchner en sus redes sociales. Confirmó así que haría uso de su derecho. Se la podrá seguir en directo por su canal de YouTube y por la transmisión del Tribunal Federal que la juzga. Hasta ahora, ha dicho sus “últimas palabras” el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien ya está preso por su responsabilidad en la llamada tragedia de Once, un accidente de ferrocarril que dejó 52 muertos el 22 de febrero de 2012. De Vido dijo que el juicio era una “persecución injusta”, en línea con lo que ha sostenido Kirchner. La causa Vialidad es la que más complica a Kirchner, y la que está más avanzada. Según el fiscal Luciani, la expresidenta era la jefa de una asociación ilícita destinada a enriquecer a sus miembros con dinero público. Según su argumento, Kirchner montó un aceitado mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, hoy condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero, recibía a cambio de retornos contratos millonarios de obra pública en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo en la Patagonia. Luciani ha dicho que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Los imputados, en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control”, dijo en agosto, durante la lectura de su alegato. El fiscal estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Lázaro Báez, un ignoto empleado de banco que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumentos del presunto fraude, la fiscalía dijo que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, celebrara una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner. El 23 de agosto, un día después del pedido de prisión presentado por Luciani, Kirchner se defendió de todas las acusaciones. Lo hizo, una vez más, mirando a una cámara montada en su despacho en el Congreso, como lo hará este martes. Kirchner denunció que la investigación que enfrenta es en realidad “contra todo el peronismo”, una “ficción” sin pruebas ni sustento jurídico. Colocó detrás de la jugada al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), representante de “aquellos que van por todo, por los salarios, los derechos de los trabajadores y los jubilados”. Dijo además que su condena ya estaba escrita desde antes del inicio de la investigación. El peronismo cerró entonces filas alrededor de la vicepresidenta. Hubo marchas de desagravio y largas jornadas de vigilia frente al piso que ocupa en Recoleta, el barrio más acomodado de Buenos Aires. Las manifestaciones cesaron abruptamente la noche del 1 de septiembre, cuando un hombre de 35 años llamado Fernando Sabag Morel gatilló dos veces su arma contra el rostro de Kirchner, sin que saliese la bala. La vicepresidenta redujo entonces sus apariciones públicas. En la lista de acusados hay otras 12 personas. Además del exministro De Vido y el empresario Lázaro Báez, está el exsecretario de Obras Públicas José López, preso desde 2016 tras ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Los jueces deberán ahora decidir si el fiscal ha probado que las decisiones de un Gobierno pueden considerarse fruto de una asociación ilícita, que por definición nace para delinquir. Fuente: El País

Cristina Kirchner pronunciará sus “últimas palabras” en un juicio por presunta corrupción Leer más »

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