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Guillermo Lasso pide a Fiscalía realizar investigaciones ‘rigurosas y con profundidad’, luego que la Asamblea aprobó informe que recomienda su juicio político

Nacionales / streaming streaming / 05/03/2023

EL UNIVERSO .- Un total de 104 integrantes del pleno de la Asamblea Nacional aprobaron una resolución que recomendó la interpelación del presidente Guillermo Lasso. Como un informe “inusual e infundado” que contiene “elucubraciones inconexas” sobre supuestos actos de corrupción fue calificado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el documento con la investigación denominada El Gran Padrino que fue aprobado por 104 votos de la Asamblea Nacional y que, entre otras cosas, recomendó llevar a juicio político al primer mandatario. La respuesta de Lasso llegó poco después de una jornada de debates en el pleno del Legislativo. La carta está dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, pues en el informe existe la recomendación de que el contenido del informe aprobado sea puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que investigue los nombres ahí señalados y hechos como una “comisión por omisión” y la existencia de delitos de “cohecho, peculado, y concusión”. “Solicito a usted que desarrolle todas las investigaciones pertinentes con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita. La acusación de la Asamblea Nacional se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de robar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica”, apuntó el mandatario ecuatoriano. También, más allá de lo “inusual e infundado” del informe aprobado, el cual, dice Lasso, contiene “elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente” se le pretende inmiscuir, el primer mandatario dispuso que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que realice la Fiscalía en torno a la investigación que decida abrir y en especial a datos respectos a cualquier actividad que hubiera podido desarrollar Danilo Carrera, su cuñado. “Con la fuerza de la verdad, la democracia y la razón, confío en encontrar en la justicia la rigurosidad de la que el informe referido carece”, concluyó Lasso. Con la votación dada en la Asamblea, el presidente Lasso será llevado a juicio político por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública. 104 asambleístas aprobaron una resolución que recomendó la interpelación tras una investigación política a nivel legislativo. La Asamblea Nacional, el sábado 4 de marzo, cerró un debate de 54 días que se originó por una filtración de audio sobre supuestos negocios de Danilo Carrera en las empresas públicas, y que terminó recomendando un juicio político, en el que se habla de posibles vinculaciones con el narcotráfico. Tras siete horas de sesión, la Asamblea Nacional aprobó el texto de resolución planteado por la presidenta de la Comisión ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, Viviana Veloz (UNES), donde se incluyeron algunas modificaciones y dio paso a un pedido de su aliado político el Partido Social Cristiano, que pidió precisar que Guillermo Lasso será llevado a juicio político “en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

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Catedrático afirma que no hay pruebas para enjuiciar al presidente Lasso

Política / Fernando Castilla Fassio / 17/02/2023

No hay ninguna prueba que involucre al presidente Lasso, en los supuestos actos de corrupción denunciados dentro del “Caso Encuentro”. Así lo señaló Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, en entrevista con “Punto de Orden”. En su opinión, la Asamblea Nacional carece de elementos para enjuiciar políticamente al jefe de Estado, y más aún porque las supuestas “pruebas”, proporcionadas por el polémico portal “La Posta”, son bastante flojas, sin argumentos reales, y propias de una prensa sensacionalista. Moscoso justificó la indignación mostrada por Lasso dentro de este proceso, porque se lo vincula incluso al narcotráfico. La intencionalidad de la oposición es clara, dijo, porque busca una causal para la destitución. “Quieren defender a líderes corruptos” El catedrático anotó que la Asamblea, controlada por grupos opositores, tratará de encontrar “la quinta pata al gato”, y justificar así una eventual interpelación. Por suerte, agregó, para un juicio político debe existir primero la aprobación de la Corte Constitucional, que felizmente está conformada por gente proba, seria e inteligente, que no se prestará al sainete que quiere montar la comisión parlamentaria. En este ámbito, Moscoso lamentó que la mayoría de asambleístas no sepa ni siquiera los reglamentos básicos, mucho menos la Constitución, lo cual los lleva a cometer disparates y saltarse las leyes cuando les conviene. A su criterio, lo único que quieren ciertos asambleístas es proteger sus intereses, y en el caso del correísmo, conseguir la impunidad para sus líderes, sentenciados por casos de corrupción. El resto, como la grave situación económica y social del país, les tiene sin cuidado y les importa un pepino. Moscoso es partidario de que el presidente Lasso disponga la muerte cruzada, para librar al país de esta Asamblea, y gobernar, al menos durante unos meses, mientras se convocan elecciones, por decreto. Indígenas buscan detonante Para Arturo Moscoso, la posible movilización indígena, que está en análisis, no es más que un detonante que buscan ciertos sectores, para justificar el juicio político contra el presidente de la República. A su juicio, son “voces destempladas” que quieren configurar un supuesto “escenario de conmoción interna”, que permita dar paso a la interpelación. Y para ello no tienen empacho en disfrazarse de “defensores sociales”, con el único fin de desestabilizar al país.

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Corte Constitucional admitió acción legal que busca revertir fallo que ordena devolver bienes incautados a los hermanos Isaías

Nacionales / streaming streaming / 02/02/2023

Dio un plazo de diez días para que los jueces que tramitaron el caso envíen sus explicaciones. La Corte Constitucional (CC) aceptó a trámite las acciones extraordinarias de protección presentadas por la Procuraduría General del Estado (PGE), el Centro de Inteligencia Estratégica (CIE), la Unidad de Gestión y Regulación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MATE) y el Banco Central del Ecuador (BCE) en contra de los fallos judiciales que ordenaron la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios del Filanbanco. En mayo del 2022, el juez Johnny Lituma, de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, resolvió restituir a los Isaías los bienes inmuebles y acciones de compañías que les fueron incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en el 2008. Su decisión se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros “fueron vulnerados” en estas incautaciones. Lituma dispuso, además, la nulidad de todo el proceso de determinación de las obligaciones de carácter civil seguido contra Roberto y William Isaías, incluidas las resoluciones AGD en que se basó la incautación de sus bienes, derechos, acciones y activos en general; que el juez competente determine el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos; y que el juez competente determine el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados. Esta decisión fue ratificada por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que tramitó las apelaciones a la sentencia de Lituma que fueron planteadas por la Procuraduría General del Estado y otras entidades públicas. La CC ordenó que tanto Lituma como los integrantes del Tribunal “presenten un informe de descargo en el término de diez días, contados a partir de la notificación con el presente auto respecto de la demanda que motiva la presente acción”. En la Corte se presentaron ocho acciones extraordinarias de protección, pero finalmente se aceptaron seis de las entidades ya citadas, pues cumplieron todos los requisitos. Se quedaron fuera la Superintendencia de Bancos e Inmobiliar. Para sustentar su petición, la PGE, el Centro de Inteligencia Estratégica, la Unidad de Gestión y Regulación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el BCE alegaron que las decisiones judiciales vulneraron sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en las garantías de cumplimiento de normas; defensa; ser juzgado por autoridad competente; observancia del trámite propio en los procedimientos; contar con el tiempo y medios adecuados para la defensa; presentar de forma verbal y escrita los argumentos y contradecir los de las partes; motivación y el derecho a la seguridad jurídica. “Todas las entidades argumentan que los jueces que sustanciaron este caso vulneraron su derecho a la tutela judicial efectiva y la motivación debido a que no se ha procedido a explicar las razones por las cuales luego de cuatro años el juez de la Unidad Judicial convirtió de oficio la medida cautelar en una acción de protección. Con lo cual existiría una desnaturalización de la garantía jurisdiccional, debido a que se ha declarado la vulneración de un derecho y supuestamente se ha verificado el cumplimento de un dictamen emitido por un organismo internacional a través de esta garantía”, señala el auto de admisión de la Corte. Como jueza sustanciadora del caso se designó a Karla Andrade Quevedo. Este Diario buscó una versión de Jorge Zavala Egas, abogado defensor de los Isaías, pero no fue posible contactarlo. Fuente: El Universo

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«Era necesario», dice jurista, sobre destitución de vocales CPCCS

Política / Fernando Castilla Fassio / 26/01/2023

La destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), dispuesta por la Corte Constitucional, fue correcta y necesaria, aunque algo tardía. Así lo afirmó el constitucionalista Ismael Quintana, quien estuvo en nuestro noticiero “Punto de Orden”. En su opinión, el cese de los integrantes del CPCCS debió ocurrir mucho antes, ya que, en lugar de cumplir su tarea de elegir autoridades de control, se dedicaron a mantener pugnas internas, y “arrancharse el poder”. Por ello Quintana considera que la destitución es apropiada, pues deja un mensaje y precedente, así como una sanción ejemplar. De acuerdo al artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público, “la servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un período de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de la que fue destituido”. Por tanto, agregó el jurista, los vocales cesados, algunos de los cuales buscan ahora la reelección, en caso de ganar no serán posesionados por este motivo. Sin embargo, dijo que de seguro “ya a pondrán acciones de protección”, porque “quieren aferrarse con uñas y dientes a un sueldo público”. Quintana recordó que la Corte Constitucional tiene el poder de destituir a cualquier funcionario que falle en sus funciones, y al ser el máximo órgano legal, ningún juez del país debería aceptar un reclamo en contra de su fallo.

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Fausto Murillo dispone se apliquen los mecanismos para cumplir con la orden de posesionar como presidente temporal de la Judicatura a Álvaro Román Márquez

Nacionales / streaming streaming / 24/01/2023

El 3 de febrero pasado Fausto Murillo fue posesionado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura en reemplazo de María del Carmen Maldonado. Tan solo horas después de que el pleno de la Corte Constitucional (CC) ordenó que sea Álvaro Román Márquez quien presida temporalmente al Consejo de la Judicatura (CJ) hasta que el órgano competente nombre al presidente definitivo de esta instancia, Fausto Murillo, presidente temporal de la Judicatura, dispuso que se apliquen los mecanismos internos para dar cumplimiento a lo resuelto. La noche del lunes 23 de enero pasado, el pleno de la CC, luego de una sesión extraordinaria, declaró, por unanimidad, el “incumplimiento deliberado y sistemático” de la sentencia correspondiente a nombrar al presidente del CJ y decidió destituir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Dentro del auto de verificación de la sentencia de la CC, como medida de reparación se ordenó que hasta que el órgano competente, en este caso el CPCCS, nombre a uno de los candidatos de la cuarta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), los actuales jueces nacionales Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, Román Márquez debía ser posesionado como presidente temporal del CJ y para ello la Judicatura emita la acción de personal correspondiente. Pese a que los candidatos Terán, Caicedo y Rivera cumplieron con los requisitos legales para participar y enfrentaron las etapas de impugnación ciudadana y presentación de sus propuestas de trabajo ante el CPCCS, el 2 de enero último, los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, quien presidente del Consejo de Participación, no llegaron a un acuerdo y no eligieron a la que sería la primera autoridad del CJ. “No hubo rechazo de parte de CPCCS, simplemente no hubo un acuerdo en el acto de la deliberación. Entiendo que esto puede ser un problema, puede ser mal visto, pero nosotros como Consejo de Participación, aún estando en mayoría, tenemos nosotros la independencia y autonomía para poder decidir”, señaló Ulloa al tiempo de asegurar que existió un incumplimiento de la sentencia. Murillo, mediante su cuenta personal de Twitter, señaló que ha dispuesto que se apliquen los procedimientos internos para dar cumplimiento inmediato al acto de verificación de sentencia de la CC. Agregó además que él hará la entrega de la presidencia del CJ a Álvaro Román Márquez y presentará el respectivo informe del estado situacional de la institución, así como de sus principales proyectos. Desde el 3 de febrero pasado, el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, se desempeñó como presidente temporal del organismo. Esta designación se dio luego de que María del Carmen Maldonado renunció al cargo, debido a que no compartió una decisión de la Corte Constitucional que le retiraba competencias en el tema sancionatorio al líder del CJ. Román Márquez era el vocal suplente de Maldonado. El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, reaccionó a la decisión tomada por la CC diciendo: “Se hizo justicia a la justicia” y explicando que la justicia le dice al país que debe respetarse la Constitución, la democracia y la institucionalidad. “Este es un precedente histórico e importante para el Ecuador, valió la pena nuestra lucha, la posesión del pleno de la Corte Nacional”. En su momento el pleno de la CNJ señaló que el CPCCS, durante este proceso que ha durado más de diez meses, ha adoptado resoluciones sin sustento técnico ni jurídico, “demostrando más bien, a través de cualquier excusa, su pretensión de mantener en acefalía al órgano administrativo de la Función Judicial, afectando el normal ejercicio de las atribuciones de este Poder del Estado, y fundamentalmente atacando la independencia judicial, principio rector de un estado democratico”. Con esta conducta, se afirmaba desde la Corte Nacional, el CPCCS incumplió con lo dispuesto por la CC en su sentencia 2019-22-EP/22 del 26 de septiembre de 2022, que ordenó nombrar a la brevedad a quien presidirá el CJ. Trascendió que el vocal Álvaro Román Márquez que acudiría al CJ para iniciar los trámites para su posesión como presidente del órgano de gobierno, administración y sanción de la Función Judicial. NO se conoce una hora específica, ni tampoco el Consejo de la Judicatura ha informado de si se dará una reunión para concretar formalmente el traspaso en la presidencia del organismo. Fuente: El Universo

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Organizaciones del Seguro Social Campesino se movilizarán

Nacionales / Victor Gonzalez / 09/01/2023

Sentencia por acción de protección no fue favorable para el FUT, pero impulsan otras acciones jurídicas y planifican medidas de hecho. Dirigentes de las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) indicaron este lunes 9 de enero del 2023 que esta semana habrá una movilización nacional de los afiliados al Seguro Social Campesino, a quienes la plataforma respaldará. Además, desconocen a Richard Gómez como vocal principal de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y buscan evitar que tome decisiones. “Gómez (dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores) no representa los intereses de los afiliados y de los jubilados, representa los intereses del actual Gobierno. Por eso hemos tomado la decisión de asumir todas las acciones legales y políticas necesarias para impedir que ese sujeto actúe dentro del Consejo Directivo”, advirtió una vez más Marcela Arellano, presidenta de turno del FUT, en una rueda de prensa. Acuerdo y posturas Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, acusó que hay un acuerdo entre el presidente Guillermo Lasso, el presidente del Consejo, Alfredo Ortega, y Gómez. Intentan asaltar la vocalía de los asegurados para no cumplir con el pago de la deuda del Estado al IESS, los candidatos Ramiro García y Ramiro Beltrán plantearon en su programa como vocales demandar que se pague esa deuda; además que se establezca una auditoría integral para combatir la corrupción, señaló Erazo. El FUT mantiene su postura de protagonizar acciones de hecho, pero estas se decidirán en la convención nacional que se desarrollará el 14 de enero. Sin embargo, apoyará la movilización nacional que efectuará el 12 de enero la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc). Esta organización convoca a sus dirigentes a un consejo ampliado que se realizará desde las 08:30 en la Unión Nacional de Educadores (UNE), en Quito. Analizarán cuatro puntos: Situación actual del IESS y del Seguro Social Campesino; proceso de elecciones 2023; balance de las actividades de la Feunassc 202; tareas, compromisos y resoluciones. Acciones judiciales El 6 de enero se efectuó la audiencia de acción de protección que solicitó el FUT en el cantón Mejía, con el objetivo de que se reconozca a García como vocal de los asegurados y se impida la posesión de Gómez. “De acuerdo al Juez, no hubo violación de derechos. Se apelará la sentencia”, indicó Arellano. Las organizaciones aún no reciben la sentencia por escrito. No obstante, continuarán con el procedimiento de apelación a la sentencia del Juez de Quevedo, que dio paso a la calificación de la candidatura de Gómez. “No descartamos una acción directa en la Corte Constitucional, como una medida para evitar que se reúna el Consejo Directivo y tome decisiones”, esto se hará en el trascurso de esta semana, agregó la presidenta del FUT. Los dirigentes insisten en que la intención del Gobierno es privatizar al IESS y por eso sostiene a Gómez en el Consejo Directivo. Consideran que esa instancia está conformada de manera ilegal y piden que sea renovado completamente. Fuente: El Comercio

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Corte Constitucional revisará de oficio el cumplimiento de su sentencia que ordenó elegir al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura

Nacionales / streaming streaming / 04/01/2023

El organismo dio 24 horas al Consejo de Participación Ciudadana para presentar un informe; la ley prevé hasta la destitución por incumplir sus fallos. La Corte Constitucional (CC) activó de oficio el mecanismo de revisión del cumplimiento de sus sentencias, luego que cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no designaron al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Un fallo de los jueces de la Corte Constitucional emitido en septiembre pasado, ordenó al Consejo de Participación Ciudadana designar de forma célere al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentó el vocal suplente Álvaro Román, quien aspiraba a principalizarse y presidir dicho organismo. Sin embargo, este 2 de enero, cuatro de los siete vocales del CPCCS, que conforman la mayoría: María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, no llegaron a un acuerdo y no eligieron a la autoridad de entre los candidatos Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco, pese a que cumplieron con los requisitos legales para participar y enfrentaron las etapas de impugnación ciudadana y presentación de sus propuestas de trabajo. Con ese fundamento, este martes 3 de enero, la Corte Constitucional solicitó al CPCCS que en el plazo de 24 horas le remita “un informe detallado sobre el estado de la designación” de ese vocal. Autoridades de la Corte Constitucional, que pidieron la reserva, explicaron a este Diario que dicho informe es “indispensable para verificar el cumplimiento de la obligación impuesta por la Corte”. La Corte Constitucional puede iniciar a petición de parte o por oficio la revisión del cumplimiento de sus sentencias. En el artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se determina que en el “caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, esta de oficio o a petición de parte ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectiva su decisión”. La misma norma, en su artículo 22 numeral 4, advierte que en el caso de que los servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, el juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el reemplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones. Asimismo, la Constitución en el artículo 436, sobre las atribuciones de la Corte Constitucional, le permite en su numeral 9 “conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”. Esto ocurre luego que la Corte Nacional de Justicia envió una terna para que el CPCCS elija a su vocal y por ende a quien presidirá el Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 179 de la Constitución. Sin embargo, los cuatro vocales no llegaron a un acuerdo por ninguno de los tres postulantes. Quito, 2 de enero del 2023.- Wilman Terán (i), Luis Rivera (c) y, Mercedes Caicedo, candidatos a ser vocal del Consejo de la Judicatura. Foto: Sugey Hajjar El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, defendió la decisión con el argumento de que los consejeros no llegaron a un acuerdo, pero que ello no implicaba un incumplimiento de la sentencia de la CC y tampoco que se descalificó a los integrantes de la terna. “Aquí operó la voluntad y postura de cada uno de los consejeros y no puede ser tomado como un desacato”, manifestó Ulloa, en declaraciones de prensa este 3 de enero. Aseguró que ellos fueron responsables con este proceso de designación y que no se configuraría un incumplimiento de sentencia, porque él y sus colegas motivaron sus decisiones y se procedió con las diferentes etapas del proceso. “No tengo temor a que eso exista”, anotó la autoridad, en referencia a una posible medida de la Corte Constitucional en la revisión del cumplimiento de su fallo. El presidente del Consejo ahondó en que esto no implica una “afrenta” en contra de la Corte Nacional de Justicia y tampoco una acción deliberada de prorrogar a las autoridades. Esto debido a que el Consejo de la Judicatura se encuentra presidido desde hace once meses y bajo la figura del encargo por el consejero Fausto Murillo, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a esa vocalía y a la presidencia que la presentó en febrero del 2022. El artículo 179 de la Constitución determina que el Consejo de la Judicatura se compone de cinco vocales elegidos por el CPCCS de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado lo presidirá; de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República. Después de no elegir a ninguno de los candidatos, el CPCCS se acogió al artículo 21 del reglamento de selección que dispone que el proceso se ha agotado y se procederá con la solicitud de una nueva terna. De darse ese hecho, la CNJ deberá remitir una quinta terna, pues el presidente Iván Saquicela envió previamente dos propuestas de candidatos sobre los que no se tramitaron los procesos de designación. Luego envió una tercera que fue devuelta a la Corte, porque dos nominados incurrieron en un incumplimiento de los requisitos y se solicitó una cuarta, sobre la que los cuatro consejeros no se decidieron por ningún postulante. Wilman Terán tuvo dos votos para ser elegido: de Francisco Bravo y Hernán Ulloa. La candidata Mercedes Caicedo contó con el respaldo de María Fernanda Rivadeneira y tres abstenciones. Y Luis Rivera tuvo los votos de Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Rivadeneira, pero Ulloa se abstuvo. Fuente: El Universo

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La falta de acuerdos en el Consejo de Participación Ciudadana para elegir al vocal de la Judicatura extendería la prórroga en funciones de Fausto Murillo

Nacionales / streaming streaming / 04/01/2023

El CPCCS no eligió al vocal y presidente de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia; según Hernán Ulloa, no fue ‘deliberado’. Tres escenarios abren la posibilidad de que Fausto Murillo se mantenga de forma indefinida como presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), luego que el bloque de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no llegó a “un acuerdo” para designar al vocal principal y presidente de esa institución. El 2 de enero último, los cuatro consejeros que integraban la mayoría en el CPCCS, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, no se decidieron por ninguno de los tres candidatos de la cuarta terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se elija a su vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 179 de la Constitución. Los otros tres vocales de minoría, David Rosero y Javier Dávalos se encontraban en uso de vacaciones y Sofía Almeida no participó de la plenaria. Esa terna la componían Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Carrillo, quienes cumplieron los requisitos para participar, no enfrentaron impugnaciones por falta de probidad y se presentaron a exponer sus planes de trabajo, como parte del proceso de designación que certificó el CPCCS. Sin embargo, ninguno satisfizo las expectativas de cuatro de los siete vocales y, por tanto, ninguno obtuvo los votos necesarios para ser electo pese a que, desde hace once meses, el organismo está presidido por Fausto Murillo, como presidente encargado, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado. Quito, 2 de enero del 2023.- Wilman Terán (i), Luis Rivera (c) y Mercedes Caicedo, candidatos a ser vocal del Consejo de la Judicatura. Foto: Sugey Hajjar En su defensa, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, aseguró que no es que los tres nominados de la terna fueron descalificados, “solo no hubo consenso” para decidirse por uno de ellos. Pero eso “no quiere decir que pretendamos mantener una institución con una autoridad prorrogada, simplemente no existió consenso”, insistió Ulloa, en declaraciones de prensa dadas este 3 de enero. Como efecto de esa falta de acuerdos, el reglamento de designación establece la solicitud de una nueva terna, lo que entrará al análisis del pleno de la Corte Nacional de Justicia, que prevé reunirse en las próximas horas. No obstante, se abren tres escenarios que viabilizarían que Fausto Murillo se mantenga en la presidencia de la Judicatura y una de ellas es la decisión que tome la Corte. El pleno de los jueces nacionales resolverá la respuesta que enviarán al Consejo y si ello implicará el envío de una quinta terna, apenas sean notificados con la devolución de la cuarta. Entre esas decisiones no se descarta que la Corte Nacional plantee ante la Corte Constitucional (CC) una demanda por acción de incumplimiento de sentencia en contra del CPCCS, se informó extraoficialmente. Esto, porque la elección del vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura fue una orden que dio la Corte Constitucional en el trámite de una acción extraordinaria de protección que interpuso Álvaro Román, vocal suplente del CJ, quien aspiraba a ser principalizado y presidir dicho órgano. La CC en su fallo de septiembre pasado ordenó al Consejo de Participación Ciudadana que de forma “célere” elija a la autoridad hasta que se cumpla el periodo por el cual fueron designados los vocales; es decir, hasta enero del 2025. Y, que solo elija al principal, porque Román mantendría la suplencia. Al respecto, Ulloa aseguró que el pleno dio trámite a la solicitud de la CC y que no podría considerarse como un incumplimiento. “Hemos tratado de ser responsables; es normal que no se llegue a acuerdos y no existe la intención de mantener prorrogada a una autoridad. (…) Aquí operó la voluntad y postura de cada uno y no puede ser tomado como un desacato”, anotó. QUITO (03-01-2023).- Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), durante una rueda de prensa sobre la designación del vocal del Consejo de la Judicatura y la principalización de consejeros alternos, en el quinto piso del CPCCS. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo El segundo escenario es que la Corte Nacional envíe su quinta terna, pero en el CPCCS no hay los votos suficientes para elegirlo, pues se prevé una reconfiguración del pleno debido a la incorporación de consejeros suplentes. A propósito de los comicios del 5 de febrero, cinco de los siete vocales solicitaron licencia sin sueldo para participar de la campaña electoral, pues aspiran a ser reelectos en sus cargos. De los cinco, tres hacían mayoría con Ulloa: Rivadeneira, Bravo y Estupiñán. Rosero y Dávalos en conjunto con Almeida formaron la minoría. Hernán Ulloa anunció que convocará a una sesión este miércoles para continuar con las actividades institucionales y notificará a los consejeros suplentes que han sido posesionados por la Asamblea Nacional para que se sumen al pleno. Entre ellos están Mónica Moreira (quien también está de candidata al CPCCS), Karina Ponce, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. Según Ulloa, resta que la legislatura posesione como suplentes a Carlos Figueroa, Aland Molestina y Teddy Tama, que participaron en los comicios del 2019, para que puedan principalizarse en lugar de Rosero y Dávalos. Un tercer escenario es que no se logre designar al nuevo miembro del CJ hasta que se conozcan los resultados de los comicios de febrero próximo, en los que la ciudadanía se pronunciará por el Sí o el No por el referéndum de ocho preguntas de enmienda constitucional. La sexta pregunta propone quitarle al CPCCS la atribución de designar a autoridades, entre ellas, los vocales de la Judicatura, y en sus anexos plantea que todas las autoridades que no han sido renovadas “se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas”, mediante el nuevo procedimiento que lo asumirá la Asamblea Nacional. Así también, los concursos públicos que están organizándose en el organismo se declararían

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Suspender la objeción de conciencia en casos de aborto por violación se apega a sentencia de la Corte Constitucional con la que lo despenalizó, aseguran expertos

Nacionales / streaming streaming / 28/12/2022

Para otros profesionales de la salud, la decisión atenta contra un derecho personal que tienen y que está sustentado en normativas internacionales. La decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente la objeción de conciencia a la que podían apelar los médicos para negarse a practicar un aborto en casos de violación en el marco de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Ecuador divide opiniones de especialistas de la medicina y del derecho, para unos va acorde con lo que dictaminó en la sentencia de 2021 con la que lo despenalizó, mientras para otros atenta contra el derecho personal que tienen los profesionales. El médico Víctor Álvarez, expresidente del Colegio Médico de Pichincha, considera que la resolución de la CC “es muy abierta” y que está violentando el derecho a la objeción. El galeno explica que este derecho personal a la objeción de conciencia es un elemento que está sustentado en normativas internacionales y al que puede optarse a base de creencias religiosas, pero no puede ir en contra de la vida de los pacientes en ningún caso. “Si un médico es el único que puede realizar un procedimiento de este tipo y se encuentra ante una emergencia que involucre la vida de un paciente, este derecho a la objeción no tiene validez y tiene que hacerlo”, comenta y refiere que en el tema del aborto, “hay que analizarlo de la siguiente manera: si la objeción va a arriesgar la vida de otra persona, no se lo puede aplicar, pero si un proceso se puede hacer por otro profesional sea en ese centro o en otro y no hay ningún riesgo de vida de la persona, sí sería adecuado poder acceder a este derecho”. Virginia Gómez de la Torre, también médica y directora de la Fundación Desafío, celebra la decisión de la CC y difiere en que exista esa facilidad de buscar otro centro u otro profesional que realice un aborto en zonas rurales, alejadas o para víctimas de bajos recursos. Además dice que el tiempo, que se fijó en doce semanas, hace que la ley sea restrictiva en términos de temporalidad y que al estar en la búsqueda de otro profesional una víctima pueda pasarse con el tiempo, así sea por un día, y dejar de ser apta para el proceso, por lo que la suspensión de la objeción es completamente favorable. Fotografía de archivo en la que se registró a un grupo de activistas feministas ecuatorianas, durante una manifestación frente a la sede de la Corte Constitucional de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/Andrés Ávila Foto: Andrés Avila “La Corte suspende esta objeción temporalmente, lo hace a través de la medida cautelar presentada por grupos feministas que le dicen que la ley permite la objeción de conciencia institucional, que es una barbaridad, que permite que los médicos sean objetores en el sistema público, pero no en el privado, un día si un día no, que no tiene claridad en el derecho constitucional y que no es un cheque en blanco”, subraya. Gómez refiere que en la sentencia que emitió la CC, esta ordenó regular justamente el tema de la objeción de conciencia y elaborar un marco legal que no sea obstaculizador, algo que no se logró con la ley que entró en vigencia y que dista mucho del que se aprobó en la Asamblea Nacional en segundo debate, texto al que no logró ratificarse. Henry Cucalón, abogado y exasambleísta, hace énfasis en que se debe tener en claro que la decisión de la CC implica una suspensión y no una eliminación definitiva, tal y como ocurrió con el artículo 19 de la misma norma, relacionado con los requisitos para acceder al procedimiento y que son temas que deberán resolverse en su momento y que dan pie a que se abra un debate jurídico sobre la existencia de barreras para acceder al procedimiento, las que no deben existir. “Hay que tener en consideración qué pasa en esas localidades remotas, donde no hay más médicos y el único ejerce objeción y ese es el sentido que está analizando la Corte. Ya van dos artículos suspendidos y esto evidencia lo complejo que ha resultado este tema”, dice. Cucalón refiere también que el que se haga énfasis en el texto de la ley en zonas remotas, alejadas y difícil acceso, no implica que la suspensión deje fuera a zonas urbanas. “La lógica nos lleva a pensar en que en otros lados no pasaría lo mismo, ya que hay más alternativas” dice y añade que la suspensión de una parte del numeral 5 del artículo 25 en la que se elimina la objeción institucional, cuando se trate de hospitales estatales tiene también completo sentido. En tanto, para Gómez ahora la expectativa se concentra en los lineamientos que el Ministerio de Salud debe elaborar para definir cómo será el acceso al aborto en casos de violación y comenta que la institución trabaja para tener un censo de objetores. “En los lineamientos tiene que aclararse por ejemplo, qué pasa con víctimas que se enfrentan a un objetor, pero lo solicitaron a tiempo”, manifiesta. Asimismo, Gómez confía en que este 2023, la CC dedique tiempo para resolver otras demandas de inconstitucionalidad y de incumplimiento relacionadas al aborto. “La Corte está reaccionando ante estos recursos que grupos feministas han impuesto, se ha dado cuenta que la ley es una antítesis de lo que mandó a elaborar, entonces es inconstitucional”, apunta. Sobre el tiempo que tiene la CC para atender estas demandas o las suspensiones recientes, Cucalón explica que muchas veces se realizan según la prioridad del tema. “Son plazos muy discrecionales entre etapa y etapa de la sustanciación del proceso y que pueden llegar a tomarse hasta 120 días término, es decir laborales”, refiere. Fuente: El Universo

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Corte Nacional de Justicia tiene plazo hasta el viernes para enviar su cuarta terna para que se elija a su vocal en el Consejo de la Judicatura

Nacionales / streaming streaming / 14/12/2022

Así lo decidió el Consejo de Participación Ciudadana, que concluyó que el último listado enviado por Iván Saquicela, está «caducado». Hasta este viernes, tiene como plazo la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para remitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una nueva terna para la designación del vocal faltante y quien presidirá el Consejo de la Judicatura (CJ). La noche de este 13 de este diciembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó una resolución en la que dio un plazo de tres días para que la CNJ envíe una nueva terna de la que se elegirá al vocal del Consejo de la Judicatura que falta y que por disposición del artículo 179 de la Constitución, presidirá dicha entidad. La nueva terna que llegue hasta el CPCCS será la cuarta en menos de un año, sin que se avance en el proceso de designación de la autoridad: la primera fue enviada a finales de febrero y estuvo compuesta por Alberto Ordóñez, Paola Jarrín y Andrés Valencia. La segunda llegó el 19 de agosto, conformada por Maritza Romero, Antonio Tello y Fabiola Gallardo; y, la tercera terna, fue la de Marco Tello Sarmiento, Blanca Vallejo Bazante y Andrés Mogrovejo Abad. La decisión se tomó luego de que este 12 de diciembre, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela remitió una consulta al CPCCS para que se aclare si la terna que envió en un primer momento fue descalificada en su totalidad o, solo requería del cambio de dos candidatos. “El pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión extraordinaria de este 8 de diciembre, resolvió que se consulte al Consejo de Participación Ciudadana, respecto de si la decisión de devolver la terna enviada por el presidente de este Alto Tribunal para la designación del vocal presidente del Consejo de la Judicatura, involucra solamente a los postulantes Marco Tello Sarmiento y Andrés Mogrovejo Abad o incluye también a la postulante, Alexandra Vallejo Bazante”, cita el oficio suscrito por Saquicela. Esta consulta se hace luego de que el 23 de noviembre, los consejeros de mayoría del CPCCS resolvieron descalificar a los dos candidatos y devolver la terna a Saquicela para que envíe una nueva. En la revisión de sus documentos se observó que Marco Tello Sarmiento y Andrés Mogrovejo Abad incurrían en un incumplimiento, en tanto que Blanca Vallejo Bazante había cumplido los requisitos legales. Sobre los dos participantes, se concluyó que en su declaración juramentada no confirmaban no estar incursos en la prohibición contemplada en el artículo 11, literal O, del reglamento, que refiere: “Quienes hubieren sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para otras funciones”. Al contrario, la declaración juramentada de estos dos ciudadanos señalaba: “No haber sido designado por el CPCCS como miembro del Consejo de la Judicatura”. Ulloa pidió a la Secretaría General que certifique en esa plenaria si Tello y Mogrovejo completaron la información, pero no hubo registros de ello, por lo que fueron descalificados y se devolvió la terna a la CNJ. Luego de 20 días de ese hecho, Saquicela hizo esta consulta al Consejo de Participación Ciudadana, y este le dio un plazo de tres días para que envíe una nueva nómina. En la resolución se alega que la “terna caducó” y que en los próximos tres días debe enviar una nueva para proceder con la designación. Entre los consejeros, el comentario fue para exhortar a Iván Saquicela que envíe una terna compuesta por consenso del pleno de la Corte Nacional de Justicia; a la vez que el presidente, Hernán Ulloa, advirtió que el plazo de tres días empieza a correr desde este miércoles y concluirá el viernes. De forma paralela, en la Corte Nacional de Justicia hay un ambiente de preocupación entre los magistrados que integran el pleno, quienes se reunieron por dos ocasiones para escoger a los perfiles que ocuparán este cargo, sin éxito. La elección de este vocal se da debido a que en febrero pasado, María del Carmen Maldonado renunció a su consejería y por ende a la presidencia del CJ, que actualmente está en manos del consejero, Fausto Murillo. El vocal suplente de Maldonado, Álvaro Román interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC) para que se reconozca su derecho a ser principalizado y asumir la presidencia. Sin embargo, la Corte negó su pedido y concluyó que Román no provenía de la terna de la CNJ para principalizarse; pero, dispuso al CPCCS que inicie de inmediato un proceso de designación del vocal de la Judicatura. Esto, porque el artículo 179 de la Constitución establece que el Consejo de la Judicatura se integrará por cinco vocales, escogidos de ternas enviadas por la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y, la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado lo presidirá. Fuente: El Universo

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Consejo Nacional Electoral prepara aprobación del presupuesto y diseño de la papeleta para el referéndum presidencial

Nacionales / Radio Centro 101.3 FM / 01/12/2022

Se estima un presupuesto que llegaría a los $ 20 millones, pero el organismo debe definir si habrá una sola papeleta u ocho por cada pregunta. La propuesta de referéndum del presidente del Gobierno de Guillermo Lasso ajusta la ejecución de las actividades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos cinco consejeros deberán definir si habrá una sola papeleta u ocho que integre cada una de las ocho preguntas de enmienda a la Constitución. El decreto ejecutivo 607 que suscribió el presidente de la República, Guillermo Lasso convocando a un referéndum de ocho preguntas de enmienda llegó al CNE la tarde-noche del 29 de noviembre y puso a los vocales electorales a acelerar las actividades administrativas, operativas y técnicas para operativizar ese proceso. Lasso esperaba que la ciudadanía se pronuncie sobre once preguntas: ocho de referéndum y tres de consulta popular, pero la Corte Constitucional (CC) frenó ese propósito al descalificar las tres últimas, porque contenían textos que incumplían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. De esa forma, el jefe de Estado divulgó el decreto ejecutivo 607 con las ocho preguntas de referéndum y en el que dispone al Consejo Electoral convocar al proceso electoral en el plazo de 15 días y organizarlo en los siguientes 60 días. Con esos plazos de por medio, la expectativa en el CNE es que ese proceso se sume a las elecciones seccionales y de los siete siete miembros del Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 5 de febrero del 2023, para lo que entre este jueves y viernes se prevé aprobar el Plan Operativo Electoral (POE) que incluye el presupuesto específico que se aproximaría a los $ 20 millones, estimó el consejero José Cabrera. Este presupuesto es independiente del que dispone el CNE para la organización de los comicios seccionales y del CPCCS, para el que el Ministerio de Economía y Finanzas asignó $ 97,3 millones. Al conocer el decreto ejecutivo presidencial, Cabrera junto al vicepresidente Enrique Pita, convocaron a los funcionarios del Consejo para analizar aspectos relacionados con la ejecución de este referéndum, relacionados con el presupuesto, diseño de papeletas, campaña electoral, entre otros. Según Cabrera, la meta es afinar el presupuesto en las próximas horas para aprobarlo en conjunto con el POE y con ello elaborar el proyecto de convocatoria a las urnas para este proceso, que se divulgaría a nivel nacional el 7 de diciembre y de esta forma, “empatarlo” con el sufragio del 5 de febrero próximo. El consejero explicó que el pleno del CNE debe establecer, con base en el presupuesto, si se imprime una sola papeleta que contenga las ocho preguntas del referéndum y al reverso los anexos; o, al contrario, se impriman ocho papeletas para cada pregunta, debido a la extensión de los anexos, en los que se explica el objetivo de las enmiendas a la Constitución para conocimiento del electorado. Lo que sí es seguro, de acuerdo con Cabrera, es que habrá ocho actas de escrutinio por cada una de las ocho preguntas para que sean llenadas por los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) el día de la elección, pues se deberá contabilizar los votos por el Sí, No, Blanco, Nulo. Por lo pronto, dependiendo la residencia electoral, el ciudadano recibirá entre siete y ocho papeletas: una para alcaldes; una para prefectos y viceprefectos; una para concejales urbanos; una para concejales rurales; y una, para los miembros de las juntas parroquiales. A estas se sumarán las tres papeletas para la elección de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana: una que contiene los rostros de los 20 candidatos hombres; otra papeleta para las 17 mujeres; y otra, para los 8 postulantes por los pueblos, nacionalidades indígenas, montubios, afroecuatorianos y ecuatorianos en el exterior. En el caso de que el CNE resuelva imprimir una sola papeleta para integrar las ocho preguntas del referéndum y sus anexos, los consejeros analizan que podría ser de tamaño A 3. Adicionalmente, el organismo electoral debe definir los rubros para la promoción electoral de este referéndum y cómo se procederá con la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y políticas a inscribirse para que participen de la campaña a favor o en contra de esta iniciativa. Desde el Consejo de Participación Ciudadana surgieron las primeras voces de descontento. En el cuestionario del referéndum hay dos preguntas relacionadas con el CPCCS. Una para quitarle su atribución de designar autoridades de control y traspasarla a la Asamblea Nacional y la segunda, para cambiar el mecanismo de designación de los siete consejeros, para que ya no sea mediante el voto popular, sino por un proceso de méritos que realice la Legislatura. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, expresó este miércoles que se debería hacer una consulta para “fortalecer las instituciones, en lugar de debilitarlas”. La consejera Ibeth Estupiñán opinó que hay “acción orquestada por parte del Ejecutivo y del Legislativo por tomarse la designación de autoridades”, por lo que lamentó que estas acciones restan el ejercicio de la participación ciudadana. Fuente: El Universo

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Corte Constitucional aprueba vía de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna

Nacionales / Radio Centro 101.3 FM / 29/11/2022

La iniciativa del Gobierno nacional deberá entregarse a la Asamblea Nacional para que la someta a dos debates y resuelva su aprobación. El presidente del Gobierno, Guillermo Lasso podrá presentar al pleno de la Asamblea Nacional su iniciativa de reforma parcial de la Constitución para que las Fuerzas Armadas intervengan de forma complementaria en la seguridad interna del Estado en conjunto con la Policía Nacional. La Corte Constitucional (CC) emitió este 29 de noviembre del 2022 un dictamen de constitucionalidad en el que calificó la vía de modificación de la norma legal, estableciendo que el procedimiento de reforma parcial establecido en el artículo 442 sí es apto para este objetivo. “La Presidencia de la República puede presentar su iniciativa de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional para que se inicie el trámite legislativo, conforme el artículo 442 de la Constitución”, cita el fallo, en el que se agrega que la Corte Constitucional cumplió el primer momento de control y deja a salvo su competencia para que, mediante sentencia, realice el control de constitucionalidad cuando fuere pertinente. La resolución se tomó en una sesión de este 28 de noviembre con los votos afirmativos de karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Alí Lozada, Teresa Nuques, Richard Ortiz, Daniela Salazar y las voluntades concurrentes (voto a favor de la sentencia, pero se difiere de la argumentación) de Carmen Corral y Enrique Herrería. El pasado 31 de octubre, el primer mandatario presentó al organismo constitucional su proyecto de reforma legal, que fue expuesto en un primer momento el 12 de septiembre, junto a su proyecto de ocho enmiendas a la Constitución. Pero no tuvo una respuesta favorable. En la actual coyuntura, los jueces concluyeron que la propuesta “no establece una restricción de derechos o garantías constitucionales ni se refiere, incide o modifica los procedimientos de reforma constitucional”, aunque reserva su potestad de realizar un control previo de la convocatoria a referéndum en el caso de ser aprobado por la Legislatura. El Ejecutivo propone cambiar el texto del artículo 158 de la Carta Política, incluyendo un cuarto inciso que señale: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico”. Este procedimiento de cambio constitucional está regulado en el artículo 442 y explica que la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías, ni modifique el procedimiento de reforma tendrá lugar por iniciativa del Presidente de la República o la solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante una resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Esta reforma parcial será tramitada por la Asamblea en al menos dos debates. El segundo se realizará al menos 90 días después del primero y de ser aprobado se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Fuente: El Universo

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Corte Constitucional suspende los requisitos para acceder al aborto por violación

Nacionales / Radio Centro 101.3 FM / 29/11/2022

La CC admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 de la Ley de regula el aborto en caso de violación. La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, el cual establece los requisitos que permiten la práctica del aborto en caso de violación. La Sala de Admisión de la Corte, conformada por los jueces Karla Andrade (ponente), Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz, dispuso conceder la medida cautelar solicitada por los accionantes y suspendió provisionalmente la vigencia del artículo 19. Dicha suspensión permanecerá hasta que la presente causa sea resuelta. Además, la Sala de Admisión aclara que la decisión de aceptar la solicitud de suspensión “no constituye un juicio anticipado sobre la conformidad o no de dicha ley en la Constitución”, indica el auto aprobado por unanimidad el 11 de noviembre. El artículo 19 de la Ley que Regula la Interrupción del Embarazo en caso de Violación señala que se podrá llevar a cabo el aborto consentido si se cumple uno de los siguientes requisitos: Que la víctima o cualquier persona que conociere del hecho hubiere presentado la correspondiente denuncia para la investigación y sanción del delito de violación y otros delitos conexos, salvo el caso de mujeres con discapacidad mental. Que se hubiere suscrito por parte de la víctima, una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, la declaración podrá suscribirla su representante legal o quien ejerza un rol de cuidado, salvo que fuere identificado como agresor por parte de la solicitante; o, Que se practique examen de salud por parte del médico tratante o el médico legista, según sea el caso, en el cual, bajo juramento, se certifique que la solicitante presenta serios indicios de haber sido víctima de violación. La norma dispone que en todos los casos se requerirá la firma del consentimiento informado por parte de la víctima o de su representante legal. Que antes de realizar el procedimiento deberán practicarse exámenes y profilaxis, y se deberá preservar posibles pruebas, evidencias o indicios sobre la existencia de la violación. La acción de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la ley fue impulsada por integrantes del Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres en Alerta (Magma) y otras personas. En los argumentos presentados por el colectivo de mujeres está que la norma impugnada es contraria a la Constitución en lo relacionados con el principio de igualdad y no discriminación, derecho a la salud, derechos de libertad, tutela judicial efectiva y protección reforzada a las víctimas de delitos. Además, sostienen que contradice a la prohibición de tortura y no ser no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que consta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño. Las accionantes cuestionan que exigir una denuncia para acceder a un aborto por violación, pone la carga de la detección de la violencia sexual en las víctimas, e irrespeta sus tiempos para procesar las traumáticas experiencias vividas. “El obligarlas a denunciar al no respetar sus tiempos como víctimas de violencia, vuelve a generar una situación traumática que las despoja de autonomía, que se asemeja a la violencia sexual vivida al despojarlas de la voluntariedad de denunciar o no hacerlo, por lo que en este momento concreto vuelve a constituirse en una vulneración de su autonomía sobre sus cuerpos, decisiones y plan de vida”, enfatizan las accionantes. La Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación entró en vigencia el 29 de abril de 2022, cuando se publicó en el Registro Oficial. Fuente: El Universo

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Ecuador: julio 15, 2025