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Ecuador: diciembre 8, 2024

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Ecuador, diciembre 08, 2024

“Caso Purga” detenido por recusación contra el juez ponente

El denominado “Caso Purga” cayó en un nuevo bache. La causa, que comenzó en marzo pasado, investiga los alcances de una red de corrupción, integrada por jueces, fiscales, funcionarios, políticos y policías. LEER TAMBIÉN: Implicada en “Caso Purga” pretendía casarse en España LEER TAMBIÉN: Prisión preventiva para 8 de 13 nuevos implicados en “Caso Purga” Esta organización se dedicaba a gestionar nombramientos de ciertas autoridades, y sentencias a favor de cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Dentro de la causa hay por ahora 25 procesados. Eran más, pero el resto fue sobreseído o realizó acuerdos con la Fiscalía, para obtener sentencias más leves a cambio de confesar sus culpas y delatar a sus cómplices. De esos 25, 2 recibieron dictamen fiscal abstentivo. Recusación Una de las principales implicadas, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, planteó una recusación contra el Javier de la Cadena, el juez de la Corte Nacional que lleva la causa. El trámite retrasa aún más el proceso, y apuntaría a que Gallardo y demás detenidos cumplan el año en prisión sin sentencia, lo cual les permitiría obtener su libertad. De acuerdo a la ley, los detenidos que rebasen un año sin ser sentenciados, tienen derecho a pedir su excarcelación. La recusación impidió tratar los pedidos de revisión y sustitución de la orden de prisión preventiva, solicitados por 3 de los acusados. Solo cuando se resuelva ese punto, sea ratificando al magistrado o designando otro, el juicio podrá avanzar. El “Caso Purga” arrancó el 4 de marzo pasado, con un operativo simultáneo en Guayas y Pichincha, donde varias personas fueron detenidas, por estar involucrados con una estructura delictiva, conformada para favorecer a líderes del narcotráfico. El proceso está detenido desde el 4 de julio pasado, debido a permanentes diferimientos.

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30 procesados en “Caso Metástasis” fueron llamados a juicio

Manuel Cabrera, juez de la Corte Nacional, llamó a juicio a 30 de los 37 implicados en el denominado “Caso Metástasis”. El proceso estableció la existencia de la red de corrupción, que vendía sentencias y fallos a cabecillas de organizaciones criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Luego de analizar los argumentos presentados en la audiencia preparatoria de juicio, Cabrera acogió el pedido de Fiscalía, y llamó a los encausados a junio, bajo cargos de delincuencia organizada. LEER TAMBIÉN: Definida millonaria reparación que deberán pagar implicados en “Caso Metástasis” LEER TAMBIÉN: Nueva sentencia reducida para otro implicado en “Caso Metástasis” En su resolución, el magistrado afirmó que existen suficientes y fundadas presunciones, sobre la participación de los procesados en el delito imputado, y que su situación jurídica deberá resolverse en la etapa de juicio. Terán y Aleaga, entre los acusados Entre ellos están el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exlegislador del correísmo, Ronny Aleaga, actualmente prófugo de la justicia. También dictó auto de sobreseimiento a favor de los otros 7 procesados, identificados como José S, Santiago Z, Rommel T, Glenda O, Yannina V, Myriam D y Elio A. En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio, sustentado en 340 elementos de convicción –tanto comunes como individuales. Entre los implicados hay exjueces y exfuncionarios judiciales, que se confabularon para favorecer con diversas medidas a líderes de organizaciones terroristas, a sus familiares y amigos. Explotación de celulares La Fiscalía informó que la investigación de este caso, comenzó tras el asesinato de Norero en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Al analizar sus dispositivos celulares, se descubrió que, desde la cárcel, Norero dirigía una organización criminal, que operaba con el objetivo de asegurarle beneficios y privilegios. Los colaboradores se encargaban de vigilar y seguir a la Fiscal del caso de lavado de activos, proporcionar información sobre acciones policiales, facilitar la entrega de sobornos, e incidir en la toma de decisiones judiciales para beneficiar a Norero y su familia, además de recuperar los bienes incautados en el allanamiento a su domicilio. Para 7 de los procesados, incluyendo Aleaga, se suspende la etapa de juicio, debido a que se encuentran prófugos de la justicia. 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐛𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚𝐝𝐨 En este caso, doce personas ya fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado, tras aceptar su participación en los hechos imputados. Por esta colaboración, recibieron sentencias menores.

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Juez nacional llama a juicio a exministro Javier Córdova por enriquecimiento ilícito

Javier Córdova, quien fue ministro de Minas durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno, fue llamado a juicio. El juez nacional, Marco Rodríguez, lo señala como presunto autor directo del delito de enriquecimiento ilícito. La resolución fue tomada este lunes, durante la audiencia preparatoria de juicio que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Contra Córdova existen 110 evidencias, que confirmarían un aumento injustificado de su matrimonio, en más de 1,2 millones de dólares. De acuerdo a las investigaciones, el exfuncionario se enriqueció gracias al pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, cheques y transferencias, por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos. Nada de eso estuvo justificación o respaldo documentado. Asimismo, movió dinero con la compra y venta de motocicletas, adquirió vehículos pagados por terceros, y recibió depósitos para cubrir sus tarjetas de crédito, de parte de personas sin vínculo comercial con él. El sindicado estuvo a cargo del Ministerio de Minería casi 3 años: entre febrero del 2015 y enero del 2018. Además, fue ministro del Interior y ministro de Recursos Naturales No renovables. En su contra existe una orden de prisión. Sin embargo, actualmente se encuentra fuera del país, aunque ha seguido su causa de forma telemática.

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Juez que liberó a Jorge Glas, sentenciado a 40 meses de prisión

Más implicados en la trama del denominado “Caso Metástasis”, reciben condenas de prisión algo reducidas, gracias a que decidieron acogerse al procedimiento abreviado. Uno de los más recientes es Emerson Curipallo, exjuez de Santo Domingo, y quien liberó al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, a cambio de 200.000 dólares. En su testimonio, Curipallo aceptó su culpabilidad en este acto de corrupción, y se acogió al procedimiento abreviado. En compensación, recibió una condena de 40 meses de prisión, así como una multa, y la orden de pedir disculpas públicas. Serán 5.520 dólares como sanción y 11.040 dólares de reparación en favor del Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría General del Estado. También deberá devolver el dinero que recibió por liberar delincuentes. Además de Glas, Curipallo facilitó la excarcelación de 2 de los sicarios de confianza del fallecido narcotraficante Leandro Norero, previo el pago de un cuantioso soborno. Los chats hallados en los teléfonos celulares de Norero, y decomisados en la Cárcel de Latacunga después de su muerte, establecieron la forma en que operaba con Curipallo. Pero las investigaciones establecieron que desde mucho antes, desde el año 2015, el exjuez ya tenía la costumbre de aceptar fuertes pagos, a cambio de liberar presos peligrosos. Allanamientos Mientras tanto, y también dentro del “Caso Metástasis”, La Fiscalía allanó inmuebles y oficinas en Santo Domingo de Los Tsáchilas, para recabar indicios dentro de la investigación por presunta asociación ilícita. En la misma están implicados los exjueces Wilman Terán y Emerson Curipallo, así como otros funcionarios judiciales.

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Exvocal del CJ Xavier Muñoz, condenado a 9 meses de prisión

El exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, logró su cometido. Gracias a su confesión, y a su colaboración eficaz en el denominado “Caso Independencia Judicial”, logró una sentencia benigna. El juez de la Corte Nacional, Julio Inga, lo condenó a 9 meses y 6 días de cárcel, de los cuales se descontará el tiempo que lleva detenido. Es decir, saldría en libertad probablemente en octubre. Muñoz, acusado de obstrucción a la justicia, aceptó su culpabilidad, se sometió a un procedimiento abreviado voluntario y dio su cooperación. Por tanto, la Fiscalía aceptó reducir en un 90% su sentencia. El exvocal se exponía, en caso de persistir en su declaración de inocencia, a recibir hasta 9 años de prisión. Dicha condena se establece por el agravante de haber sido funcionario judicial. Según el dictamen, Muñoz “develó información no solo relevante para esta causa (Independencia Judicial), sino que ha permitido que se abran tres investigaciones previas, y que ha ayudado a sustentar otras dos causas que ya se están procesando”. El exvocal lleva preso más de cinco meses en la Cárcel 4, de Quito. Pero las buenas noticias se limitan a él. Su excompañero en el CJ, el entonces presidente Wilman Terán, sí recibiría los 9 años de cárcel, y otra exvocal, Maribel Barreno, posiblemente algo similar. Terán y Muñoz provocaron un escándalo nacional, por formar “mayoría de 2” en el pleno del CJ, conformado por 5 vocales, sin respetar que se necesitaban al menos 3 votos para ello. Muñoz fue declarado responsable de interferir en las actuaciones del entonces juez Walter Macías, quien llevaba un caso por tráfico de influencias contra los ahora exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. Como parte de la sentencia, deberá pagar una multa de 24 salarios básicos, y ofrecer disculpas a Walter Macías.

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Fiscalía acusará a vicepresidenta Verónica Abad por concusión

La Fiscalía General solicitó a la Corte Nacional de Justicia, que determina fecha y hora para formular cargos contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, dentro del llamado “Caso Nene”. La acusación, tanto para ella como para su asesor, Lenín Redrován, sería por concusión. De acuerdo al artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, se considera “concusión” cuando servidores públicos, o personas con potestad estatal, abusan de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, para exigir la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. En este proceso está inmerso el hijo de Abad, Francisco Barreiro, quien exigía diezmos a funcionarios de la Vicepresidencia, a cambio de mantenerlos en sus cargos. Estos pagos muchas veces alcanzaban gran parte del salario de los denunciantes. Inicialmente, el “Caso Nene” investigaba el delito de oferta de tráfico de influencias, pero ahora la Fiscalía quiere reformular cargos hacia concusión. La vicepresidenta Verónica Abad está en Tel Aviv, Israel, desde el 10 de diciembre pasado, ya que el presidente Daniel Noboa, en uso de sus atribuciones, ordenó que cumpla funciones de embajadora por la paz. El encausamiento se produce gracias a que el fiscal del “Caso Nene”, Leonardo Alarcón, pasó el fuero de Corte Nacional a conocimiento de la fiscal general, Diana Salazar, quien a su vez pidió al juez de la Corte Nacional de Justicia que fije fecha para la audiencia. De prosperar el proceso, se requerirá autorización de la Asamblea Nacional para iniciar una causa penal, que a su vez podría devenir en un enjuiciamiento político.

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Prisión preventiva para 8 de 13 nuevos implicados en “Caso Purga”

El juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva para 8 de los 13 involucrados en el “Caso Purga”. La Fiscalía General había solicitado la detención de todo el grupo, pero el magistrado se limitó a 8 de los implicados. Para el resto estableció otras medidas cautelares y sustitutivas. En este caso están acusados en total 25 personas, incluyendo jueces, exjueces, funcionarios judiciales y militares. El “Caso Purga” investiga la conformación de una red de corrupción en la Corte de Justicia del Guayas, que vendía por fuertes sumas de dinero sorteos y sentencias a cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. La red era liderada por el exasambleísta Pablo Muentes, quien está detenido junto con varios implicados más en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país. En su intervención, la fiscal, Diana Salazar, solicitó la prisión preventiva, en vista de la gravedad de las acusaciones y el riesgo de fuga. Con el arresto, explicó, se aseguraría la presencia de los imputados en el proceso. El juez de la Cadena dictó prisión preventiva para José Poveda, exjuez de la Corte del Guayas; Esteban Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; Mercedes Villarreal, exdirectora provincial de la Judicatura (CJ) en Guayas; Tatiana Villafuerte, exasesora de Pablo Muentes en la Asamblea Nacional; Susana Batalla, ex técnico de ventanilla en el Consejo de la Judicatura del Guayas; Jackeline Domínguez, coordinadora de Talento Humano de la Judicatura del Guayas; Mirian Rodríguez, coordinadora de Secretaría de la Judicatura del Guayas; y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil, Mercantil e Inquilinato de Guayaquil. En cambio, para Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura del Guayas; Hugo González, expresidente de la Corte del Guayas y juez de la sala especializada de lo Civil y Mercantil; Juan Xavier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Freddy José Játiva, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el juez dictó medidas cautelares que les prohíben ausentarse, del país y les obligan a presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad designada. Finalmente, Andrea Patiño, jueza de Durán, por estar embarazada recibió medidas sustitutivas, y debe presentarse semanalmente ante la justicia en Guayaquil. Como parte del dictamen, el periodo de instrucción fiscal se extendió por 30 días.

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Esta tarde se retoma audiencia por habeas corpus planteado por Jorge Glas

La Sala de la Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, retomará la tarde de este viernes la audiencia, en torno al pedido de habeas corpus que planteó la defensa de Jorge Glas. El exvicepresidente está detenido desde hace casi una semana en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país, tras ser arrestado dentro de la embajada de México, a donde la Policía irrumpió. La diligencia comenzó este jueves en la tarde, y se extendió hasta las 04h00 de este viernes. Ahí fue suspendida por los jueces, que convocaron a la reanudación para las 15h00. Es decir, duró casi 12 horas. Entre los asistentes al acto estuvieron adeptos al correísmo, a fin de respaldar el pedido de libertad. Fotos: Alberto Suárez/API Durante su intervención, realizada de forma telemática desde “La Roca”, Glas denunció que la Policía lo sacó a la fuerza de la embajada, como se aprecia en los videos de seguridad emitidos por el gobierno mexicano. También dijo que “le dislocaron los pulgares y lo vejaron”, pero apuntó que los mismos agentes le colocaron los dedos en su lugar, sin saber cómo. Glas exigió que lo entreguen a la legación diplomática mexicana más cercana. Por su parte, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, también de forma telemática, afirmó que Glas no es un perseguido político, sino un delincuente común, y que pretendía escapar. Mientras se efectuaba la audiencia, un pequeño grupo de adeptos a la Revolución Ciudadana se apostó fuera de la Corte Nacional, para expresar su apoyo al detenido exvicepresidente. También para hoy está previsto que se reúna el ex segundo mandatario con autoridades consulares de Alemania, toda vez que tiene la doble nacionalidad, y por tanto, cuenta con el derecho de pedir ayuda de la embajada de ese país.

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Eliminados varios aspirantes a conjueces temporales de la Corte Nacional

El Consejo de la Judicatura (CJ), durante su sesión de este jueves, excluyó a varios de los postulantes del concurso, para designar conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. La resolución establece que los candidatos descalificados, estaban inmersos en inhabilidades. La medida abarca a 28 de los 43 candidatos, que optaban por ser conjueces temporales de la Corte Nacional Justicia. El CJ señala que los postulantes en cuestión recibieron sanciones disciplinarias, participaron en declaraciones jurisdiccionales previas, o estaban señalados por investigaciones penales, deudas por pensión de alimentos o deudas con el Servicio de Rentas Internas. El proceso comenzó el 29 de enero pasado. En vista que algunos jueces titulares terminaron su periodo, el CJ decidió que, para garantizar la continuidad del servicio judicial, debían contar con conjueces temporales. Las postulaciones se abrieron entre el 14 y el 16 de febrero de 2024, una vez anulado el polémico concurso convocado por el anterior presidente del CJ, Wilman Román, procesado ahora en el caso Metástasis.

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Definidas las preguntas para la consulta popular del gobierno

Finalmente, solo 10 de las 19 preguntas, que había planteado formalmente el presidente Daniel Noboa, fueron aprobadas por la Corte Constitucional, con miras a la Consulta popular. Tras un primer filtro, el organismo calificó las interrogantes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de las cárceles, la tipificación de delitos vinculados con tenencia o porte de armas, y el incremento de penas en delitos como el terrorismo, delincuencia organizada, entre otros. Adicionalmente, aprobó temas que permitirían enmendar las Constitución. Sin embargo, la aprobación final depende de un nuevo pronunciamiento. Una vez analizados todos los puntos, la Corte aceptó las siguientes preguntas: -¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? -¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? -¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal? ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil? -¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? -¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? -¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? -¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? -¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización? -¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Rechazadas En cambio, la CC rechazó que forme parte de la consulta popular las interrogantes sobre la creación de zonas de interés nacional, en la que se revoquen concesiones mineras para evitar la infiltración de la minería ilegal. Tampoco validó la pregunta que propone reformar el Código Orgánico Integral Penal, para que el presidente indulte a policías, militares y agentes de prisiones que sean imputados por delitos relacionados con el uso de la fuerza contra sospechosos de delito. Otro tema que no pasó el filtro, fue el planteamiento para que policías y militares sean juzgados por tribunales policiales y militares en casos de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco que estos elementos no sean ingresados en prisión preventiva, mientras sean procesados. Similar rechazo mereció la pregunta para evaluar a los jueces, con una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, y de la posibilidad de que el presidente pueda calificar proyectos de ley urgentes más allá de aquellos en materia económica. Segunda evaluación Sin embargo, hay cuatro preguntas de referendo que deberán pasar por un control adicional de forma de la misma Corte, en un plazo de 20 días. Se trata los temas de: Extradición de ecuatorianos. Establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. Permisión del arbitraje internacional. Incorporación de contratos a plazo fijo y por horas. Inicialmente el Gobierno había presentado un total de 21 preguntas, pero retiró la que buscaba permitir nuevamente el funcionamiento de casinos.

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Gremios de abogados piden anular prórroga regalada por Wilman Terán a jueces de la Corte Nacional

Gremios de abogados de todo el país solicitarán al Consejo de la Judicatura, que revise su decisión de prorrogar a 6 jueces de la Corte Nacional hasta el año 2030. La resolución, tomada por el ex presidente del CJ, Wilman Terán, fue duramente cuestionada, y podría ser revisada por la nueva administración. Para el directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, fue una decisión “irregular e ilegal”, pues se tomó con apenas dos votos de los 5 que componen el cuerpo colegiado. En septiembre pasado, Terán argumentó que, para garantizar la estabilidad de los jueces y fortalecer la independencia de la Función Judicial, se reformó el artículo 3 de la Resolución 008-2021, relacionada con los magistrados que fueron designados por concurso público en el 2021, para períodos de tres y seis años, extendiéndolos a 9. Es decir, hasta el 2030. Los magistrados beneficiados fueron Rosana Morales, de la Sala de lo Contencioso Tributario; Fabián Racines, de lo Contencioso Administrativo; y Felipe Córdova, Byron Guillen, Walter Macías y Luis Rivera, de la Sala Penal de la CNJ. Sin embargo, la Federación Nacional de Abogados considera que dicha prórroga carece de asidero jurídico y moral, y planteó que el nuevo presidente de la Judicatura plantee su revocatoria.

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¡Vergüenza! Vocal del Consejo de la Judicatura analiza arresto de autoridades

La detención de numerosos operadores de la justicia, durante el “Operativo Metástasis”, deja un mal sabor a las autoridades del sector. Y más aún por los vínculos destapados con el narcotráfico. Para Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, solo cabe una palabra: “vergüenza”. Consultado por “Punto de Orden”, lo reiteró: es una vergüenza para quienes trabajan con dedicación y honestidad, que quede al descubierto la participación de jueces, fiscales y directivos en esta red de crimen organizado. Sin embargo, dijo, hay que rescatar la valiente gestión de la fiscal general, Diana Salazar, y de otros jueces, fiscales y policías, comprometidos con la verdad y que hicieron posible el mega operativo, el cual incluyó allanamientos y detenciones. Murillo confirmó que, por orden de la Corte Constitucional, el polémico concurso para elegir nuevos jueces de la Corte Nacional ya no seguirá. Asimismo, tras la renuncia de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura y detenido por sus vínculos con la red de crimen organizado y narcotráfico, fueron removidos los directores seccionales y provinciales. Muchos de ellos, según Murillo, eran “impresentables”, y respondían exclusivamente a Terán. La lista de despedidos incluye a la ex directora de la Judicatura en Cotopaxi, arrestada por cargos penales, y a quienes elaboraron el controversial concurso. Su aspiración es que los funcionarios entrantes sean honestos y dignos de sus cargos. El vocal se mostró satisfecho por el nuevo giro de la institución, y exhortó a los ecuatorianos a mantenerse vigilantes, para que se mantenga la transparencia.

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Concurso para elegir jueces de la Corte Nacional no se anulará

El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, anunció que no se anulará el concurso para elegir a nuevos jueces de la Corte Nacional, pese a las denuncias sobre graves irregularidades. Terán aseguró que el proceso terminará en febrero del 2024, como se había planificado. El concurso es blanco de fuertes críticas. El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados presentaron una acción de protección, para suspenderlo definitivamente. Asimismo, la Misión Internacional de Observadores también lo ha criticado. Pese a todos los señalamientos, Terán defiende el proceso. Dijo que nada está oculto, y por ello ofreció a completar la renovación parcial de la Corte Nacional en febrero próximo. Siete jueces serán los elegidos y reemplazarán a jueces de salas que no tienen sus magistrados titulares, como la laboral. Estos cambios no incluirán a la Sala Penal, que se encarga de tratar casos de corrupción, ya que esta instancia sí cuenta con todos sus jueces especializados.

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Colegio de Abogados de Pichincha pide suspender concurso de nuevos jueces de la Corte Nacional

El Colegio de Abogados de Pichincha planteó una Acción de Protección, para detener el concurso que realiza el Consejo de la Judicatura (CJ), para elegir nuevos jueces de la Corte Nacional. El recurso debería resolverse máximo hasta el viernes, según sus autores. Paul Ocaña, presidente del colegio, señaló que la intención del CJ: poner los jueces “a dedo”. El directivo denunció que el proceso se maneja de forma sesgada y con evidente manipulación, para favorecer a los candidatos apegados a cierta línea política. Como ejemplo citó que cierta aspirante, actual jueza de Azuay, recibió “cero” por no presentar su documentación a tiempo, mientras que otro postulante, con exactamente el mismo problema, fue calificado. Ocaña también advirtió la falta de idoneidad del supuesto “comité de expertos”, encargado de elaborar las preguntas y calificar las pruebas. A su criterio, de “expertos” no tienen nada, excepto su afinidad política con el organizador del concurso. Además, está el tema de la “prueba de confianza”, que comenzó como voluntaria, pero ahora es tomada en cuenta para la calificación final. El Colegio de Abogados, por todas estas irregularidades, exige que se otorgue la Acción de Protección, y que se detenga este concurso que carece de credibilidad.

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“Sinvergüenzas”. El duro calificativo de jurista contra vocales del CJ

“Los vocales del Consejo de la Judicatura son unos sinvergüenzas”. Así lo afirmó el analista jurídico, Carlos Luis Sánchez Gaete, en diálogo con “Punto de Orden”. Y fue más allá. En su opinión, un escándalo como el que provocó dicho organismo, violando la ley repetidas ocasiones y haciendo “mayoría” en sus votaciones, con solo 2 de los 5 vocales, en cualquier otro país hubiera llevado a la renuncia de todos sus integrantes. Sánchez reiteró sus conceptos: son unos sinvergüenzas, y advirtió que se hace plenamente responsable de sus palabras. Su crítica se extiende a la marcha que convocó en Quito el presidente del Consejo, Wilman Terán, para apoyar su gestión. Otro episodio que también consideró vergonzoso. El jurista advirtió que la destitución de Walter Macías, juez de la Corte Nacional, en una sesión telemática convocada a medianoche, y con el voto favorable de apenas 2 de los 5 consejeros, fue “un acto administrativo burdo y sospechoso”. Tanto así, que su acción de protección fue acogida, y una jueza ordenó que sea restituido a sus funciones. En su opinión, la Fiscalía debe intervenir con energía, debido a esta intromisión contra los jueces más altos de la función. Para Sánchez, producto de estas intromisiones “Ecuador se ha vuelto un circo”, y no por falta de leyes, sino por falta de liderazgo político y de patriotismo. Más allá de la actuación del CJ, señaló que aquí “no hay buenos ni malos”, pues, lamentablemente, en todo nivel de la función judicial se han perdido probidad y decencia. Asimismo, advirtió el afán de la Judicatura de “meter mano” en la Fiscalía, aunque con malos resultados, ya que dicha institución se paró firme, y más bien contraatacó con allanamientos. Caso Synohidro debe avanzar En otro ámbito, el reconocido jurisconsulto lamentó que, una vez más, se retrase el trámite del llamado “Caso Synohidro”, antes llamado «Caso Inapapers», en el cual se comprobó cohecho para la contratación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En este caso está implicado el ex presidente Lenín Moreno, su esposa y su hija, quienes habrían recibido fuertes sumas, a cambio de asignar el mencionado contrato. Sánchez recordó la gravedad del cohecho como figura penal, y mostró su temor de que el caso quede en la impunidad.

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Juristas cuestionan polémica actuación del Consejo de la Judicatura contra juez Walter Macías

Como de una “vergüenza” calificó el jurista Francisco Pesantez, la controversial sesión por “zoom” del Consejo de la Judicatura del pasado martes, en la cual destituyó al juez de la Corte Nacional, Walter Macías. Consultado por Carlos Vera, en nuestro programa “Vera a su Manera”, Pesantez lamentó la forma ilegal en que se realizó dicha sesión, que tuvo el único propósito de dejar fuera a Macías, precisamente el magistrado que investiga a dos de los vocales del Consejo por “tráfico de influencias”, y que tiene a su cargo el “Caso Las Torres”. El jurisconsulto exhortó a los colegios de abogados y de periodistas, y a toda asociación judicial que exista en el país, a exponer las irregularidades cometidas por la Judicatura, ya que es necesario defender la ley. También aplaudió la decisión de la Fiscalía General del Estado, de allanar dicha institución y decomisar las computadoras, que contendrían información referente a este proceso. Aunque, en su opinión, debió comenzar por incautar los teléfonos celulares de los vocales implicados en la anomalía, como son Wilman Terán, presidente de la entidad, y Xavier Muñoz. Se sienten impunes En parecidos términos se pronunció Daniel Cury, ex funcionario del Consejo de la Judicatura, también destituido por los mencionados vocales. Cury, también entrevistado en “Vera a su manera”, advirtió que Terán y Muñoz se sienten a salvo de cualquier sanción legal, y que esa impunidad con la que actúan continuará, a menos que alguien les ponga freno. El jurista recordó que, de acuerdo a la ley, solo la Asamblea Nacional tiene la potestad de investigar y sancionar estas irregularidades. Ante su ausencia, debido a la “muerte cruzada”, ocurren estos sucesos lamentables. Lo peor, dijo, es haber visto a uno de los vocales, Xavier Muñoz, en evidente estado de ebriedad. Por ello coincide en que su actuación es una vergüenza.

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